Los Confidenciales
El núcleo manabita de la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que las mismas fuerzas políticas que lograron que el contralor subrrogante, Pablo Celi, otorgara un Recurso de Revisión a los miembros que conformaron el Comité de Reconstrucción; ahora presionan ante la Fiscalía, para que su indagación previa prescriba.
Su coordinador, Patricio García Villavicencio recordó que ya son dos años y dos meses después de la denuncia por el presunto mal manejo de los fondos —USD 3.500 millones— para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, basada en el informe final de la Contraloría General del Estado , que estableció Indicios de Responsabilidad Penal, por la aprobación de obras no ejecutadas y no prioritarias como lo establece la Ley de Solaridad.
La aprobación de estas obras se evidencia con el Acta del del Comité de Reconstrucción, del 22 de Mayo 2017 (dos días antes de que Rafael Correa deje el poder), donde se aprobaron en dos horas, cerca de 600 contratos por un valor estimado de 2.900 mil millones dólares en obras como la Manta - Colisa por 120 millones. A ello se agrega la opaca información por USD 600 millones que se recibieron de la solidaridad internacional.
Sorprendentemente la Fiscal General Diana Salazar, aún no se pronuncia para que formule los respectivos cargos y sean llamado a juicio señaló la Comisión Anticorrupción.
Por su parte el Colectivo Ciudadano, Todo por Manabí , que preside Julio Villacreses Guillem , hizo un llamado a la unidad de los manabitas, "para que no quede en la impunidad el atraco de los USD 3.500 millones". Así mismo, pidió a Comisión de Fiscalización de la Asamblea presidida por Fernando Villavicencio, a estar vigilantes ante la Fiscalía General del Estado y llame a Diana Salar a dar un informe sobre casos emblemáticos, como: Puerto de Manta, Universidad Técnica de Manabí y Refinería del Pacífico por su lenta labor en Manabí.
Foto: Archivo
Sybel Martínez, activista por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en nombre del la Alianza por la Niñez y Adolescencia Ecuador envió una carta pública a los asambleístas del Comité de Ética y de la Comisión Permanente de la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta carta protesta por los actos públicos de la asambleísta Pierina Correa, hermana del ex presidente Rafael Correa y la más votada de la alianza UNES. Y dice así:
"Pocas veces causa tanta indignación y repudio en el país, actos como los que protagonizó la asambleísta Pierina Correa, el pasado 28 de junio de 2021, en la Plaza San Francisco en Guayaquil, donde firmó, acompañada de una niña víctima de abuso sexual infantil y su bebé, un “Acta por la Vida”, en apoyo al movimiento Pro-Vida.
"Esta situación que de por sí constituye una vulneración a los derechos al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen de esta niña madre y su hijo —quienes fueron fotografiados y video grabados en este evento proselitista— se agrava considerando que la arquitecta Correa ostenta una curul en la Asamblea Nacional y preside la Comisión Permanente de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, es su obligación conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y velar porque estos no les sean vulnerados.
"El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 52, expresamente prohíbe la utilización de niños, niñas y adolescentes en actos de proselitismo político, así como «la publicación y exhibición de imágenes, grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier referencia al entorno en el que se desarrollan». La obviedad de esta norma hace que la indignación tome las formas de repudio y gran preocupación, cuando quien la incumple tiene la enorme responsabilidad de encabezar las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia que actualmente se están analizando en la Asamblea Nacional.
"Son 13 niñas menores de catorce años las que día a día quedan embarazadas en el Ecuador, la gran mayoría producto de incesto. Es un país que ha respondido, hasta hace poco, con coerción y criminalización al sufrimiento de víctimas de crímenes atroces como el abuso sexual infantil y la violación.
La asambleísta Correa no estuvo sola, la acompañaba la asambleísta Geraldine Weber. Las dos asambleístas, en un acto ilegal e inhumano revictimizaron a dos niños en situación de vulnerabilidad, haciendo prevalecer sus convicciones religiosas personales por encima de sus derechos y de la protección especial y reforzada que dichos niños merecían.
"No es la primera vez que debemos hacer frente a este tipo de estridencias y confusiones en el país, ya en el 2019 en la Asamblea Nacional, este grupo autodenominado Pro-Vida, no tuvo reparo alguno en utilizar a otra niña y su hijo como “testimonios vívidos” y cruzada de su lucha anti derechos.
"En un país aconfesional como el nuestro, los sistemas de creencias religiosas no deben determinar en lo absoluto la trayectoria de las leyes ni tampoco deben ser el justificativo para evitar dar cumplimiento a mandatos jurisdiccionales nacionales o internacionales, como lo establecido en la Sentencia No. 34-19-IN y Acumulados emitida por la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto por violación y manda a la Asamblea Nacional a aprobar una ley que lo viabilice. Perturba y confunde, entonces, que dichas creencias, que podrían apelar a la compasión como ha sido en otros países, en el nuestro sirvan de pretexto para pretender negar a las víctimas de violencia sexual —de forma expresa o velada— la mínima decencia humana, esto es, su derecho a decidir no continuar con su embarazo, cuando este sea producto de una violación.
"El debate en la Asamblea Nacional, respecto a la despenalización del aborto por violación se agotó en septiembre del 2019, hoy su obligación está en debatir el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación remitido por la Defensoria del Pueblo, sin anteponer prejuicios, creencias o dogmas de fe y velando por garantizar un trato digno, oportuno y humano a las niñas, mujeres y personas gestantes, víctimas de violación, que hayan decidido interrumpirlo. El incumplimiento de este mandato constitucional puede acarrear responsabilidades individuales o colectivas de orden administrativo, penal e incluso internacional contra el Estado ecuatoriano.
"Por lo expuesto, demandamos al Comité de Ética de la Asamblea Nacional que evalúe y sancione el comportamiento de las asambleístas Pierina Correa y Geraldine Weber aplicando, sin favor ni temor, el Código de Ética por haber utilizado a una niña víctima de violación y su hijo en un acto proselitista ajeno a las funciones a ellas encomendades. Pedimos, también, a los miembros de la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, que retiren su respaldo a la asambleísta Pierina Correa —quien en un acto de ética y decencia debe renunciar a esta dignidad— de modo que se pueda escoger a otra u otro representante de entre sus miembros, a efectos de garantizar que dentro de la Comisión se legisle con conocimiento y neutralidad, no desde preconcepciones de índole distópicas y menos a partir de afinidades espirituales o religiosas".
Fotos: El Universo y Expreso
Los denunciados son el alcalde Jorge Yunda, alcalde de Quito; Freddy Merizalde, ex gerente general de la empresa La Cuadra Compañía Inmoliaria y Comercializadora -Inmosolución; Gustavo Espinel Jaramillo, gerente de Geincosolución; Guido Andrade, ex gerente de la Empresa de Agua Potable.
La denuncia es por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y oferta de tráfico de influencias. En su relación de los hechos, los denunciantes relataron que el 3 de febrero del 2021, la Contraloría General del Estado efectuó el examen especial de los proyectos desarrollados a través de cuatro contratos (adjuntados en la denuncia) en el cual "determinó indicios de responsabilidad penal del personal del Municipio de Quito (en concreto, EPMAPS), la companía Geincosolution y la compañía La Cuadra-Inmosolution".
Sobre el informe de la Contraloría, dice la denuncia, se desprende que "la EPMAPS contrató de manera irregular" a las compañías mencionadas.
"El examen antes mencionado recalca que la EPMAPS nunca fundamentó su decisión de contratar bajo un régimen especial ni para contratar directamente a la compañía La Cuadra-Inmosolución, motivo por el cual se evidencia que posteriormente las compañías Geincosolution y Cevallos Hidalgo hasta en un 95% de las obras totales a realizarse". Los denunciantes citan para esta afirmación lo que dijo el ex grente de la EPMAPS, Juan Pablo Espinosa, al diario La Hora.
Piden investigar también "la relación tan cercana que mantienen varios funcionarios del Municipio de Quito (incluido el alcalde Jorge Yunda Machado) con los funcionarios de la empresa Geincosolution" y citan varios extractos de prensa de: Teleamazonas, La Hora y 4Pelagatos.
Los denunciantes son dos abogados, representantes del colectivo ciudadano Fundación Lucha Anticorrupción: Juan Esteban Guarderas (ex abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción) y Bernardo Jijón Nankervis.
Guarderas dijo a Plan V que el pedido de investigación se basa en el informe de Cotraloría y las declaraciones "de los gerentes que fueron renunciados por no querer procesar los pagos de los contratos que estaban siendo observados. Es el asesor del alcalde el que hacia la solicitud para hacer los pagos. Esta bien el informe de contraloria y la remoción y si no se judicializa esto no hay "castigo" para la corrupción, si el castigo para la corrupción es dejar el cargo no es suficiente".
La Fundación, dijo Guarderas, está constituyendo una veeduría para analizar los permisos de construcción en la ciudad de Quito, permisos concedidos por la Secretaría de Territorio durante la alcaldía de Yunda, especialmente a la empresa Uribe & Schwarzkopf, señaló.
Foto: EFE. José Jácome
El ministro de Gobierno, César Monge, mantiene una agenda de actividades que incluye visitas a Guayaquil y a localidades del interior del país.
En el primer mes del gobierno de Lasso, ha realizado visitas a mercados, se ha reunido con los alcaldes de la provincia del Guayas y el gobernador, así como con frentes de organizaciones sociales de la Sierra y Amazonía. El ministro visitó Macas a principios de mes y se reunió con el embajador de Estados Unidos, Mike Fitzpatrick. Sostuvo también un diálogo con la alcaldesa Cynthia Viteri.
Pero a pesar de su agenda, este portal pudo conocer que hay ciertas inquietudes, sobre todo en sectores polítícos del oficialismo, sobre si la salud del ministro, quien padece un cáncer de páncreas que, aseguró, ha sido exitosamente controlado, pueda afectar su desempeño político. La duda surge debido a que el tipo de cáncer que padece el secretario de Estado es considerado muy agresivo, por lo que se ha sometido a tratamientos que le obligaron a raparse el cabello.
Monge es, desde la fundación de CREO, el principal estratega político de Guillermo Lasso, artífice de algunas de las operaciones políticas más importantes del lassismo y de la consolidación de CREO como movimiento nacional, por lo que -estiman fuentes consultadas- su debilitamiento físico o ausencia temporal podría afectar el funcionamiento de la maquinaria lassista.
Foto: Facebook César Monge
Tras su salida del Gobierno de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner ha vuelto a sus actividades privadas en Guayaquil. El empresario tiene una serie de actividades, entre ellas, una gran cantera en el puerto principal en cuya explotación se encuentra ocupado.
Pero no ha descuidado la política. Según pudo conocer este portal, Sonnenholzner lleva adelante conversaciones con organizaciones políticas como SUMA, el movimiento de centro derecha que llevó a Mauricio Rodas a la Alcaldía de Quito, y con Juntos Podemos, del político azuayo Paúl Carrasco, en busca de construir una plataforma política con miras, en principio, a las próximas elecciones seccionales.
Tras declinar su candidatura presidencial, Sonnenholzner, quien fue una de las caras visibles del Gobierno de Moreno en la lucha contra la pandemia, desistió también de cualquier postulación, pero pudimos conocer que analiza la posibilidad de crear no solamente una fuerza nacional, sino también de postularse a la Alcaldía de Guayaquil.
El empresario buscaría ser una tercera vía en el puerto principal pues tiene públicas diferencias con el oficialismo de CREO y con el PSC, que son las dos principales fuerzas políticas en la ciudad.
En el Informe anual de ejecución del Presupuesto General del Estado: Enero a diciembre del 2020, que lanzó el Ministerio de Econonía y Finanzas consta el dato de que (en plena pandemia), entre el 2019 y el 2020 el presupuesto de Salud Pública se redujo.
En el cuadro comparativo del gasto social (Cuadro 28 en el informe), las cifras oficiales muestran que el presupuesto para Salud devengado disminuyó de USD 2.976 millones en el 2019 a USD 2.738 en el 2020. Una reducción presupuestaria del 7,99% en plena pandemia.
El documento de 83 páginas tiene 33 cuadros y dos gráficos y aborda el difícil año 2020 y cómo actuó el gobierno central en medio de la parte más dura de la pandemia de Covid-19.
El informe destaca un capítulo especial a las acciones, en salud y protección social, que tomó el Estado para enfrentar la epidemia de SARS-CoV-2. El informe da cuenta de la caída de todos los índices fiscales, comparados con los del 2019. Por ejemplo, el PIB nominal cayó de USD 108.108 millones en el 2019 a USD 96.676 millones en el 2020, una reducción de USD 11.431 millones.
Desde la óptica de la oferta-utilización de bienes y servicios, dice el informe, en el tercer trimestre de 2020, se registró principalmente una disminución en la formación bruta de capital fijo de 14,8%, por su parte las importaciones disminuyeron en 13,1%; así como, el consumo final de los hogares se
redujo en un 8,9%.
El informe completo consta en este enlace
A modo de Conclusiones del ejercicio fiscal 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo lo siguiente:
"Para el ejercicio fiscal 2020 el presupuesto se vio afectado por el impacto social y económico de la emergencia sanitaria ocasionada por la presencia del COVID -19, mediante los Decretos Ejecutivos Nro. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020; 1052 de 15 de mayo de 2020; 1074 de 15 de junio de 2020 y 1126 de 14 de agosto de 2020, el señor Presidente de la República declaró estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 en Ecuador.
"La pandemia originada por la presencia del COVID-19 ocasionó que los servicios públicos y privados se suspendieran, a excepción de los considerados necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria en el país; los ingresos programados en el Presupuesto General del Estado 2020 se vieron directamente afectados, ya que producto de las medidas de aislamiento social, restricción de la movilidad y cierre de fronteras, la economía presentó poco dinamismo y la recaudación de los principales tributos (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a Consumos Especiales e Impuesto a la Renta) se vio afectada.
"Como consecuencia de la caída de los ingresos petroleros, tributarios y no tributarios, el Ministerio de Economía y Finanzas precautelando la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas, realizó ajustes en los presupuestos de todas las entidades que conforman el PGE. Los ajustes realizados, han implicado medidas de austeridad y control en el gasto público tanto en personal como en bienes y servicios.
"Dadas las restricciones de liquidez por las que atraviesa el Ecuador, con el propósito de fortalecer de manera urgente el sistema nacional de salud pública, y atender las obligaciones relacionadas al manejo de la emergencia sanitaria; se estableció el cobro anticipado del Impuesto a la Renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, como una herramienta de obtención de recursos inmediata, que supla las limitaciones en ingresos permanentes. Entre los gastos priorizados financiados con esta estrategia se tienen: servicios externalizados, medicamentos y dispositivos, mantenimientos, seguros, entre
otros.
"Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas en pro de un manejo eficiente de las finanzas públicas, resaltando su rol clave para promover e impulsar las diferentes políticas públicas, para hacer frente a la actual situación económica y sanitaria del país y dar un alivio a la ciudadanía, al sector productivo y a la economía popular y solidaria, impulsó reformas en el marco normativo entre las que destacan la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 así como las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento.
"El Presupuesto General del Estado del ejercicio fiscal 2020 proformado fue por USD 35.498,42 millones, en tanto que el codificado al 31 de diciembre de 2020 totalizó en USD 32.080,36 millones, que representó el 33,18% del PIB, con una disminución de USD 3.418,06 millones, esta disminución refleja el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-2019 en la economía ecuatoriana.
"Al finalizar el año 2020, los ingresos devengados del Presupuesto General del Estado ascendieron a USD 29.826,26 millones, lo que refleja un decremento del 14,24% frente al ejercicio 2019 el cual registró un monto de USD 34.780,27 millones; dentro de los efectos graves provocados por la crisis sanitaria está la disminución en la recaudación de los impuestos, los recursos fiscales recaudados muestran una caída del 22,32% con relación al año precedente.
"En el ejercicio fiscal 2020 los egresos devengados ascendieron a USD 29.983,13 millones, por egresos corrientes se devengaron USD 19.363,18 millones con un decrecimiento de 16,15% respecto del año anterior, en los egresos para inversión se devengaron USD 2.057,55 millones, monto que equivale a 6,86% del PGE ejecutado, por egresos de capital se devengó USD 3.728,47 millones, monto que equivale a 12,44% del PGE total y por Aplicación de Financiamiento se devengaron USD 4.833,93 millones, valor que equivale a 16,12% del total PGE ejecutado.
"El Gasto Social presentó un monto codificado a diciembre del 2020 de USD 12.962,80 millones y USD 12.072,23 millones devengados. El gasto social devengado con relación al PIB representa el 12,49% y con respecto al monto total del PGE representa el 40,88%.
"El gasto social para el ejercicio fiscal 2020 frente al 2019 muestra un crecimiento del 10,04% en el codificado y 2,48% en el devengado; lo cual obedece principalmente, al aumento en la competencia de Bienestar Social por la creación del Bono de Emergencia Sanitaria.
"El Plan anual de Inversiones al 31 de diciembre de 2020 contó con 1001 proyectos con un presupuesto codificado de USD 3,912.33 millones, de los cuales se devengaron USD 2.854,96 millones, esto tiene una incidencia de 40,48% respecto al total del PGE devengado y 2,95% frente al PIB estimado del año 2020.
La aerolínea Aeroregional suspendió sus vuelos desde Latacunga hacia México. La última vez que despegó fue el pasado 5 de junio. Su gerente general, Arturo Mirabal, explicó al medio digital cotopaxense Lupa y Cedazo que la decisión se debe a la falta de abastecimiento de combustible en esa terminal aérea. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tenía un contrato con Petroecuador para la comercialización y despacho del combustible. Pero hace más de dos meses, ese acuerdo terminó por mutuo acuerdo entre la DGAC y Petroecuador. La entidad respondió así a las inquietudes del portal periodístico. La DGAC agregó que no puede mantener ese servicio por la no asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas. Es así que la aerolínea mexicana decidió suspender los vuelos chárteres que salían con frecuencia desde Latacunga. Mirabal afirmó que ahora deben carga el combustible en Quito antes llegar a Latacunga, lo cual encarece sus costos y produce complicaciones técnicas. Ahora Aeroregional solo realizará vuelos chárteres desde Quito, según el medio.
Esto sucede en el contexto de una nueva ola migratoria de ecuatorianos hacia Estados Unidos. Después de que México eliminara la visa para los ecuatorianos, los viajes por Latacunga se incrementaron en los últimos meses. De acuerdo a las últimas estadísticas de la DGAC, en octubre del año pasado iniciaron los vuelos chárteres hacia México por Latacunga. En los últimos meses del 2020, salieron por esa ruta 2.149 ecuatorianos. Pero entre enero y mayo de este año, ese número se incrementó a 5.686 pasajeros que llegaron a dos aeropuertos mexicanos: al de Ciudad de México y al de Chichen Itza. Es decir, 7.835 utilizaron esta ruta para llegar hacia la frontera con Estados Unidos, pero hasta el momento de se ha registrado la muerte XX ecuatorianos en ese intento.
Foto: DAC
Foto referencial
En el mismo acto en el que el presidente Guillermo Lasso dijo que nadie se saltaría la fila, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, le pidió públicamente vacunas para los funcionarios electorales. El presidente no le dijo de plano que no, pero respondió que el plan de vacunación estaba claro y que ni siquiera él, que es un hombre mayor, se iba a vacunar hasta que no le tocara. Algunos influencers de tono solemne, comedidamente, le dijeron que se vacune enseguida apelando a la "seguridad del Estado" pero Lasso ha esperado, hasta el momento, como cualquier ciudadano y ya tiene cita para esta semana.
Pero de los anuncios a los hechos siempre hay un trecho. El pasado fin de semana, por lo menos mil abogados se presentaron en el Bicentenario, al norte de Quito, ante el rumor -que según el Ministerio de Salud solo fue eso- de que se estaba vacunando a los juristas con la sola presentación de su carnet del Foro de Abogados. Efectivamente hasta Gabriela Obando, jefa de la Agencia Metropolitana de Control del Distrito Metropolitano publicó a las 11:56 del domingo un mensaje que decía: "Colegas abogados y abogadas. Confirmado. Están vacunando en el centro de vacunación del Bicentenario con la credencial del Foro de Abogados de la Judicatura".
Luego, la funcionaria se desdijo en éstos términos: "Esto jamás fue una convocatoria. Fue lo que ocurrió se vacunaron a cientos de abogados con la credencial del Foro de Abogados de la Judicatura. Las convocatorias a vacunación se las revisa según cédula en la página del CNE . Saludos cordiales".
Pero ¿qué abogados sí recibieron la vacuna y por qué? Se estima que hasta 400 letrados fueron inoculados antes de la que auténtica estampida de los judiciales obligara a los vacunadores a suspender la inmunización. Según varios juristas presentes en el lugar, al parecer el vacunatorio recibió la orden de inmunizar a funcionarios del Consejo de la Judicatura que se presentaron con carnet.
El problema habría sido que en todos los carnets de los abogados dice "Foro de Abogados-Consejo de la Judicatura" y eso habría confundido a los encargados del punto de vacunación, que pensaron que todos quienes tenían esa identificación eran los funcionarios judiciales a quienes les habían dispuesto vacunar. No es la primera vez que funcionarios de instituciones como la Fiscalía o la Procuraduría reciben dosis saltándose la fila, por lo que la vacunación para los funcionarios judiciales no sería una novedad. Pero luego llegaron otros abogados y presentaron un carnet distinto: el del Colegio de Abogados de Pichincha, que no dice en ningún lado Consejo de la Judicatura. Y ahí empezaron los problemas.
Como por lo menos 400 abogados -no todos eran quienes debían ser vacunados- fueron pinchados, el rumor se corrió rápidamente en la ciudad y mil más se aglomeraron en el sitio, pero la vacunación finalmente se suspendió. Marcelo Espinel, un abogado que asistió al Bicentenario pero no fue vacunado, dijo que hubo desinformación en los vacunadores, y también entre los integrantes del gremio. Espinel cree que no hay información suficiente por parte del Gobierno, que se cometió un error en la verificación de a quién debían vacunar y que los juristas también debieron constatar qué efectivamente ocurría en el vacunatorio antes de ir masivamente. "Hay falencias en el plan de vacunación sobre todo en la comunicación, hay una aplicación que no te dice cuánto te vas a vacunar, y es necesaria una comunicación más proactiva en el tema", opinó Espinel.
Ganadero, empresario taurino, hacendado y castizo, amigo personal de Lenin Moreno, así como de varias figuras del toreo español y padre de su secretario de Gabinete. Esas fueron las credenciales para nombrar embajador del Ecuador en España a Cristóbal Roldán Cobo, quien representó al gobierno anterior en Madrid desde el principio de la administración de Moreno.
Al mismo tiempo, en Quito, su hijo, Juan Sebastián Roldán, ocupaba el cargo de secretario de Gabinete, aunque en la práctica era una especie de secretario de la Administración y embajador itinerante, una condición en la que realizó un viaje a España y también acompañó a Moreno en la audiencia que el rey Felipe VI le concedió en los salones de la residencia real de La Zarzuela, en Madrid.
Los Roldán, padre e hijo, fueron uno de los pilares de la administración morenista, pues desde los primeros días del régimen, ambos se pusieron a las órdenes del nuevo gobierno, e invitaron con frecuencia al ex presidente a su hacienda de Peñas Blancas, cerca de Pifo. Moreno y otros aficionados aparecieron en unas fotos con el matador español Enrique Ponce, quien asistió a una tienta en esa hacienda.
Pero la gestión de Roldán padre, al parecer, era más que toros, toreros y realeza. Según una carta firmada por Martha Sandoval Riofrío, cónsul del Ecuador en Málaga entre el 1 de septiembre de 2018 y el 20 de mayo de 2021, y dirigida a la encargada de Negocios del Ecuador en Madrid, Verónica Peña (la funcionaria actualmente a cargo de la misión, hasta que se posesione el nuevo embajador, Pascual Del Cioppo), la mujer asegura que fue "víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del señor Cristóbal Roldán Cobo, quien no merece siquiera ser llamado ex embajador".
La ex cónsul, quien también formaba parte de la cuota política, relata en la misiva "abusos de poder" de Roldán, ocurridos justo cuando la Cancillería había implementado un Protocolo contra el Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral. Sandoval explica que aunque la Cancillería anunció que se iba a implementar un enlace para enviar denuncias de este tipo de casos, nunca fue puesto en línea. Para la ex cónsul, "el Ministerio de Relaciones Exteriores no es una entidad libre de violencia de género, ni su personal, sea de nivel alto, medio o bajo, está preparado para afrontar ni corregir abusos de este calibre".
Para la ex cónsul, las autoridades de la Cancillería no inspiran la confianza en sus funcionarias para hacer una denuncia, en especial contra "un personaje oscuro e inmoral, a quién -increíblemente- le permiten representarlos en la esfera internacional", en alusión a Roldán Cobo.
Según relata Sandoval, los atropellos cometidos por Roldán eran conocidos en la diplomacia ecuatoriana, pero al parecer, en el Servicio Exterior el tema es un tabú, por lo que la ex funcionaria les recomienda capacitarse en el tema. Se describe como "una víctima que pocas veces puede hacer algo sin poner en riesgo su empleo, y, por ende, sus ingresos y la estabilidad de su familia". La ex funcionaria pone a la encargada de negocios Peña de testigo de los hechos y destaca que ella también fue víctima de "humillaciones, ofensas y abusos de parte del mismo individuo machista, misógino y embriagado del poder inmerecido y fugaz que tuvo gracias al mal logrado reparto de cargos que impera en nuestro país".
"Todos somos humanos, la tolerancia y la solidaridad son valores que abanderan como diplomáticos; ustedes son la élite del servicio público", dice la ex cónsul a los funcionarios de carrera de la Cancillería. La mujer describe que recibió el apoyo de la encargada de negocios, a pesar de que eso molestó a Roldán Cobo y ahondó sus diferencias con él.
Menciona entre las personas que conocieron el caso y le dieron su apoyo a la diplomática Loty Andrade, a Verónica Gómez, a Luis Vayas, a Christian Espinosa, a Magno Perlaza, y a la internacionalista, quien no forma parte del Servicio Exterior, Grace Jaramillo.
También acusa a Cristóbal Roldán de "trabas, omisiones, negligencias, injusticias, argumentos inexactos y artimañas tramposas" y se refiere a él como "acosador". La carta concluye con la mención de otros tantos funcionarios que habría sido "receptores de ofensas verbales inmerecidas" del empresario taurino que ocupaba la embajada del Ecuador en Madrid.
En declaraciones al portal colega Código Vidrio, Roldán Cobo señaló que “Cuando hay correspondencia no hay acoso, no puedo mencionar más detalles por respeto a mis hijas y a la familia de la señora”, dijo por vía telefónica. “Sí le debo insistir que cuando hay correspondencia no puede haber acoso. Esto fue anterior”, comentó el ganadero.
De su lado, en un comunicado, la Cancillería dijo que "realizadas las indagaciones pertinentes, ha establecido que en esta Cartera de Estado no reposa denuncia formal alguna sobre este particular.
Las partes involucradas en este penoso incidente están en todo su derecho para emprender las acciones legales que estimen pertinentes y que el sistema jurídico garantiza ante las instancias judiciales competentes, para que, en el marco del debido proceso, se puedan esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechaza y censura este tipo de actos repudiables y reitera su política institucional de cero tolerancia con estas acciones. Igualmente, sus autoridades estarán siempre atentas para evitar que se produzcan y, de darse, aplicar la normativa con el mayor rigor y objetividad".
La Cancillería precisó además que tanto Roldán cuanto Sandoval dejaron de ser parte del Servicio Exterior el pasado 20 de mayo de 2021.
Foto de Cristóbal Roldán: EFE
Gabriel González, conocido como "Crudo Ecuador" y Juan Mateo Zúñiga, dos jóvenes consultores que manejaron la campaña de Xavier Hervas y luego fueron fichados por la de Guillermo Lasso en la recta final contra Andrés Aráuz, desembarcaron en Lima, donde fueron llamados por la candidata peruana Keiko Fujimori. La abanderada del fujimorismo se enfrentará en la segunda vuelta con el candidato de las izquierdas, Pedro Castillo.
Según pudo conocer este portal, cuando terminó la campaña ecuatoriana, González y Zúñiga se despidieron de Lasso y retornaron a Quito, para continuar con sus actividades de consultoría privada.
Buena parte del equipo de campaña de Lasso, que forma parte de las élites guayaquileñas, prefirió no pasar al sector público y mudarse a la capital, -sobre todo porque ganan más en el sector privado- por lo que la mayoría de ellos se han quedado en Guayaquil. Otros, como Aparicio Caicedo, de la fundación Ecuador Libre, han aceptado cargos en el Palacio de Gobierno, pero como consejeros ad honorem.
Se conoció que Crudo Ecuador y Zúñiga fueron contactados por Fujimori, interesada en darle un giro a su campaña, sobre todo en redes sociales como Tik Tok. Sin embargo, el equipo de campaña de Fujimori sigue siendo el mismo de la primera vuelta, y los cambios en la estrategia de la candidata peruana no se evidencian hasta el momento.
La campaña de Fujimori se centra en un debate ideológico que pretende identificar a Castillo con Venezuela y Cuba, mientras que ella se presenta como una defensora de la libertad y el estado de derecho, a pesar del pasado populista y autoritario del movimiento fundado por su padre, Alberto Fujimori.
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