Acompañado por los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el presidente del organismo, Iván Saquicela, cuestionó duramente esta mañana al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por no realizar la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) de la terna enviada por Saquicela el pasado 22 de febrero. 

La tarde ayer, el presidente de la CNJ presentó un oficio dirigido a Hernán Ulloa, presidente a su vez del CPCCS. “Han transcurrido más de 83 días desde el ingreso de mi solicitud y, el Pleno del organismo que usted preside no ha designado al Presidente del titular del Consejo de la Judicatura, hecho que ha provocado que dicha institución venga actuando sin el representante del máximo organismo de justicia ordinaria del país, contraviniendo así con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico de la Fundación Judicial”. 

Según la Carta Magna, la Judicatura debe estar presidida por un delegado de la CNJ, pero en la actualidad la preside Fausto Trujillo, delegado de la Función Legislativa. Trujillo asumió la presidencia de la Judicatura después de la renuncia de María del Carmen Maldonado, el 2 de febrero pasado. Esa falta de designación ha dejado en una grave “acefalía” la administración de la justicia de Ecuador, dijo el titular de la CNJ. 

Carta de Saquicela sobre el retiro de la terna. Ver PDF

Por esa razón, Saquicela retiró la terna con sus tres candidatos. “Dejando a salvo el derecho de presentarlo cuando el respeto a la Constitución y a la seguridad jurídica lo permitan”. En la rueda de prensa, Saquicela criticó que en la actualidad el máximo organismo judicial no “tiene ni voz ni voto” en la Judicatura, una situación que se presenta por primera vez en la historia. 

“Adicionalmente indico que la conducta del Abogado Hernán Ulloa, presidente del CPCCS implica una vulneración al Estado Constitucional, a la independencia judicial y una observancia e incumpliendo de funciones que podría ser fiscalizada por la Asamblea Nacional”, advirtió Saquicela en la carta. 

Ulloa, en una entrevista con PlanV el pasado 6 de abril, anticipó de una demora para esa designación porque querían evitar salir “con resoluciones polémicas”. Esto lo ha repetido de forma reiterada en otros medios de comunicación. “Si finalmente el Consejo de la Judicatura ya se encuentra debidamente conformado, no había necesidad de nombrar a un vocal de la Judicatura”, dijo Ulloa recientemente en un medio y esas declaraciones las presentó Saquicela en la rueda de prensa y dijo que el retiro de la terna es para evitar que “se consume la arbitrariedad” y una nueva metida de manos en la justicia en el Ecuador. 

“Finalmente, responsabilizo al CPCCS por las fallas y problemas institucionales que devengan de las actuaciones del actual Pleno del Consejo de la Judicatura al no estar conformado con apego a lo establecido en la normativa legal antes referida”, dijo Saquicela en la carta. 

Saquicela reconoció que existe una grave crisis en la Función Judicial y cuyo organismo administrativo, es decir el CJ, no está debidamente conformado, en un contexto donde se “debe tomar políticas judiciales urgentes”. 

Más tarde, en rueda de prensa, Ulloa contestó al Saquicela esta misma tarde. Dijo que el CPCCS es una institución seria y de respeto ante la sociedad, y que se han propuesto no polemizar con ninguna autoridad ni ceder ante “presiones indebidas” que puedan afectar la institucionalidad, en este caso del CJ.

Ulloa dijo que para este proceso era necesario primero una normativa que establezca los requisitos de los postulantes a una terna y segundo el pedido formal de la terna por parte del CPCCS. Por eso, según Ulloa, la terna que remitió Saquicela fue “a priori” porque no había esos dos pasos previos. "Desde el inicio, el CPCCS se vio afectado con una imposición, una presión indebida para la designación de esta autoridad", refutó Ulloa.

“Sin embargo, con el objeto de no polemizar con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, y siendo subsanable la posición prudente que se adoptó por parte del presidente del CPCCS, en respeto absoluto a la independencia de la justicia, consistió en solicitar un informe de pertenencia a la coordinación de asesoría jurídica y luego esperar el pronunciamiento definitivo de la acción de protección de Álvaro Román (quien reclamó su derecho a ser presidente de la Judicatura) porque existía la posibilidad de que dicha sentencia lo reconozca como presidente de la Judicatura”, se justificó Ulloa. En segunda instancia, esa acción de protección fue negada. Pero Ulloa argumentó que esa sentencia lo reconoce como vocal del CJ. “¿Cómo el CPCCS puedo oponerse a una sentencia constitucional?, ¿esto puedo considerarse acaso como una metida de mano en la justicia? Por supuesto, que no”, explicó Ulloa.

Agregó que este no es un tema sencillo sino técnico, al punto que -afirmó Ulloa- Saquicela “se confunde con la decisión que el Consejo de Participación definitivo tomó respecto a la designación de una vocal de la fuente de la Asamblea para que ocupe el espacio que le correspondía a la fuente del Ejecutivo”. Dijo que ellos no tienen la facultad de cambiar un vocal de una fuente a otra, ni remover autoridades. Para Ulloa, este es un problema heredado del CPCCS transitorio, que estuvo liderado por Julio César Trujillo.

El CPCCS, arremetió Ulloa, no puede dar un trato preferencial al pedido de Saquicela porque están en medio de ocho procesos de designación de autoridades. “Doctor Iván Saquicela, con mucho respeto, le digo que no voy a permitir ninguna injerencia sobre el CPCCS, una institución del Estado que goza de independencia, no voy a permitir que el CPCCS sea considerado un escenario político donde se plantean solicitudes y luego de las retiran para llegar al CPCCS. Esta terna no es la terna del señor Iván Saquicela, sino del presidente y representante de la Función Judicial por lo que de la misma forma que no era factible que se la remita sin el pedido expreso del CPCCS sin normativa para la designación del vocal, tampoco es posible su retiro sino esperar el pronunciamiento del Pleno que es la máxima autoridad del CPCCS”, manifestó el presidente del CPCCS.

Agentes de la Policía acompañan permanentemente al asambleísta independiente Fernando Villavicencio, ante amenazas en su contra que atribuye al correísmo y también a políticos colombianos como Piedad Córdova. El asambleísta reveló que el vehículo en el que habitualmente se moviliza sufrió un ataque este fin de semana.

El carro, que es de su propiedad y no del Estado, no estaba siendo usado por él sino por una hermana, y a la altura del intercambiador de Carcelén, cuando se detuvo en un giro, desconocidos rompieron la ventana posterior derecha, en donde habitualmente se sienta el legislador cuando usa el carro. No se ha podido determinar cómo se rompió el vidrio del auto, que tenía una lámina polarizada de seguridad. 

La hermana del asambleísta había pedido prestado el carro por una emergencia médica, según explicó el legislador, y cuando ocurrió el ataque a la ventana del auto aceleró y huyó del lugar. Publicó en las redes las imágenes de la ventana destruida y del sitio del atentado. 

Vivimos en un país con alta probabilidad de que nos asalten nos roben o nos maten Pdte @LassoGuillermo ayer fui víctima del horror de la violencia gracias a Dios estoy viva no podemos seguir así @VillaFernando_ @kimontare @AparicioCaicedo @MinInteriorEc @PoliciaEcuador pic.twitter.com/VN53TZ3KHs

— @AleczaVillavicencio (@GAVVtech) May 15, 2022

Villavicencio destacó que hay informes policiales sobre supuestas amenazas a su seguridad, por lo que le acompañan policías, quienes también conducen el vehículo atacado el fin de semana. 

Políticos de varios sectores se solidarizaron con Villavicencio, entre ellos, ellos, el ex candidato presidencial Yaku Pérez y varios miembros de la Asamblea Nacional. 

Total solidaridad con @VillaFernando_ y su familia. La violencia venga de donde venga es mala consejera y hay que combatirla https://t.co/RcvyjohGx4

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) May 16, 2022

Los audios que circulan en los grupos de chat de policías y ex policías afiliados al Instituto de Seguridad Social de la Policía son claros. Una voz masculina, usando la jerga de los uniformados, usando palabras como "body" y "jefe" explica a un interesado en un préstamo en el ISSPOL que para que le "aguanten el cupo" en la entidad, para un préstamo, debe abonar por lo menos $1000 o $2000 de los $3000 que la red supuestamente pide. 

"Cómo está mi clase, buenas noches", dice, al otro lado del chat, un hombre joven. "Mi subsito", prosigue, "espero que sea serio usted y las dos personas que indicó" y le explica que el trámite para obtener un préstamo dura seis meses. La cuenta también a su "subsito" (se refiere a un policía de rango de suboficial) que las carpetas se recogieron desde el año anterior hasta enero de 2022 y se esperan los desembolsos para septiembre de este año. "Confírmeme que sea algo seguro para que le guarden un cupo", le dice el tramitador, quien también sostiene que si otra persona entrega los documentos "12-36" (completos) "mi capitán va a preferir a esa persona que pague y le va a aceptar los documentos".

El tramitador enfatiza que si la persona no se decide ahora, le tocará esperar hasta enero de 2023 y entregar su carpeta hasta diciembre de este año. "Entre hoy y mañana ya me van a preguntar body, me están cada rato preguntando mi jefe", dice el que sería otro policía trabajador del ISSPOL o de la Cesantía policial, quien destaca la complicidad de su jefe, quien tendría rango de capitán. 

El tramitador le dice al policía interesado en un préstamo  que "el cupo es un solo un tanto por ciento que se destina para créditos, se acaba el cupo y ya no cogen más carpetas", le advierte. 

El asunto fue puesto en conocimiento del coronel Renato González, director del ISSPOL, por un oficial del interior del país con este mensaje de texto: "Mi Coronel 7.3 buenos días, mi Coronel para que tenga conocimiento me llegó estos audios manifestando que un servidor policíal de Quito del Isspol, está solicitando una cantidad de 3 mil dólares por un supuesto cupo para acceder a un crédito de la cantidad de 100 mil dólares, le envío el audio y pueda reconocer la voz y sea verdad que el policía está trabajando allá en Quito". 

El coronel  González confirmó a este portal que se está investigando el caso y que ha puesto ya una denuncia al respecto en la Fiscalía el pasado 5 de mayo por el posible delito de concusión. En la denuncia Barragán relata que fue él quien recibió los audios y mensajes y los hizo de conocimiento público en un chat policial. 

En su mensaje en el chat policial, González escribió: "hemos presentado la respectiva denuncia para que se investigue penalmente a los responsables de intentar beneficiarse con actos de corrupción en la concesión de préstamos, bien sea en el ISSPOL y solicitamos se extienda al Servicio de Cesantía. Que les quede claro, que no permitiremos impunidad ante estas sucias intenciones, y las perseguiremos en la instancia que sea".

Siete policías y un civil, incluido el propio González, deberían ser llamados a declarar en este caso, según la denuncia del director del ISSPOL, quien además pidió que se llame a declarar a los funcionarios del Departamento de Crédito del Servicio de Cesantía de la Policía, en donde también se conceden créditos a los policías.

"Yo mismo he distribuido esos audios y los acompañé de un mensaje mío y de la denuncia presentada. De las primeras investigaciones pensamos que no es el ISSPOL sino en la Cesantía, por eso hemos pedido que se investigue tanto al personal del ISSPOL cuanto al de la Cesantía", explicó el oficial. 

La acusación particular que interpusiera el empresario de seguros y reaseguros, Diego Sánchez, en contra del director del ISSPOL, Crnel. Renato González, no prosperó, según la sentencia verbal emitida por un juez este 21 de abril.  El empresario apeló al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que dice: "Será sancionada con pena privativa de la libertad, de 15 a 30 días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra (...). La acusación se dio por expresiones emitidas por el oficial de la Policía Nacional, PN, que dirige el Instituto de Seguridad Social de la PN, y es uno de los oficiales que más a investigado y denunciado las irregularidades en el Instituto que llevaron a la pérdida de USD 700 millones de su patrimonio, hecho que está en investigación Fiscal. 

Las evidencias de Silva en contra del González se refieren que el oficial, desde su cuenta personal en la red Twitter "emitió afrentas en mi contra el día 26 de enero del 2022 . Según la acusación, "el usuario @CarlosF39466244, que usa el nombre Carlos Francisco Loyo y tiene la fotogafía de un payaso, pone un tuit que manifiesta lo siguiente: «¿Quieren ayudarnos hacer justicia? Las hijas de Diego Sánchez Silva parten hoy y mañana a España, donde estaría en trámite ciudadanía para él y su familia»" y menciona (etiqueta) la cuenta de Renato González así como de otros políticos del país.

Según la acusación, el coronel González compartió el tuit y añadió un enlace sobre una noticia publicada en diario El Universo sobre casos de corrupción en Petroecuador, Seguros Sucre y Odebretch y añadió todo lo que consta en el texto de la demanda:

Según la acusación del empresario Sánchez, los tuits de González, en calidad de oficial de la PN en servicio activo y como servidor público, perjudicaron su buen nombre en el área de su especialidad, lo cual es fundamental para su trabajo. Pidió que se sancione al director del ISSPOL. Antes de esta demanda, el presunto agraviado había presentado una reclamo a la Comandancia General de la Policía por las expresiones del oficial de Estado Mayor. 

González dijo a Plan V que el juez ratificó el estado de inocencia, que sus tuits "no eran para nada injuriosos". La defensa del oficial dijo que los tuits no habían nombrado al empresario con nombre y apellido. La defensa del oficial preguntó al perito privado que entregó su informe (el cual sustentó la acusación) si se había verificado desde cuál IP salieron los mensajes, que si había tomado contacto con el coronel González para hacer el peritaje, que cómo estableció que el presunto autor era González y que dijo para eso entró al portal del ISSPOL y había visto la foto, entre otras cosas. El oficial dijo que el juez en su sentencia narrativa habría indicado que no se había comprobado el nexo causal ni el autor materia ni tampoco había estado claro para el juez cuál era la afectación en concreto.

Dijo el coronel que se había organizado una protesta contra él en la Corte Constitucional, a la cual asistieron unas treinta personas, pero en la audiencia en su contra, en el Complejo Judicial Norte (norte de Quito), estuvieron centenares de personas.