Los Confidenciales
Desde hace por lo menos dos meses que comenzó la mudanza. Las oficinas de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía de la provincia de Pichincha y de la Fiscalía de Tránsito se han estado instalando en la torre de la Corporación Financiera Nacional, ubicada en las avenidas Patria y Juan León Mera. Los fiscales y funcionarios de la entidad están dejando varios edificios ubicados sobre todo en el norte de la capital, en donde tenían sus oficinas, para ocupar varias plantas de la torre de 18 pisos que mira al parque de El Ejido.
La Fiscalía General, sobre todo, abandonó el antiguo edificio de la Embajada de Estados Unidos, ubicado en Patria y Doce de Octubre. Durante la gestión del ex fiscal general, Galo Chiriboga, el Edificio fue decorado con un gran mural que supuestamente representa el triunfo de la justicia sobre la impunidad, en especial, en temas de violaciones a derechos humanos. La entrada de la Embajada fue convertida en un parque "De la memoria" dedicado, en cambio, a las personas desaparecidas.
Ahora todo el arte de inspiración judicial será para los funcionarios de la Secretaría de Planificación, que se han estado mudando paulatinamente a la antigua Embajada.
Foto: Fiscalía General de Estado
Foto: La Roche Spotters
Los vuelos de los aviones y helicópteros del Servicio Aéreo Policial, SAP, para traslados de funcionarios ha caído radicalmente desde mayo del 2017, cuando Lenín Moreno inició su administración. Un reporte del SAP al que tuvo acceso Plan V señala que entre el 2014 y el 2016 los aviones se usaron 420 veces, y los helicópteros en 322 ocasiones. En cambio, entre el 2017 y el 2019 (hasta la fecha, los aviones se han usado 163 (-61%) veces y los helicópteros 171 (-46%) veces.
Tanto en el uso de helicópteros como de aviones, el año en que más se usaron fue el 2016, con 154 y 195 ocasiones, respectivamente.
El abogado y catedrático universitario Salim Zaidán decidió tomarse un descanso en Twitter y eliminó su cuenta @salimzaidan. Zaidán, quien es profesor de la Universidad Católica, en la cátedra de Derecho Constitucional, había manifestado algunas opiniones polémicas contra el mainstream académico y político imperante. La decisión de la eliminar su cuenta en Twitter respondió a su intención de alejarse de las feroces polémicas que se producen en esa red social. Sin embargo, continuará ofreciendo entrevistas en los medios de comunicación sobre temas de actualidad.
Carlos Vera entrevistó al secretario Anticorrupción, Iván Granda, en su programa y revivió la denuncia de la legisladora independiente (ex CREO) Lourdes Cuesta, quien en una carta al contralor Pablo Celi, el 3 de julio de 2019, reveló que los ministros María Paula Romo e Iván Granda, así como dos hijos de un primer compromiso de éste, fueron trasladados en un helicóptero Airbus B2 y un avión Beechcraft King Air 350 de la Policía de Quito a Salinas y de ahí a Casablanca, un exclusivo complejo vacacional cerca a Esmeraldas, en el reciente feriado de carnaval, del 2 al 5 de marzo de 2019.
El avión, de dos motores, es en teoría el avión ambulancia de la Policía, y era usado con frecuencia por el ex ministro del Interior, José Serrano. Es, también, del mismo modelo, modernizado, de la nave en la que murió el ex presidente Jaime Roldós. Tiene capacidad para 12 personas y vuela con la matrícula PNE220.
Granda y Romo, quienes no han negado tener una relación sentimental ni el uso de las aeronaves de la Policía, se han defendido asegurando que lo usaron por motivos de seguridad de ellos y de los dos hijos de Granda, quienes se sumaron al paseo. En la entrevista con Vera, Granda destacó que solo tres escoltas les acompañaban y que por ello se prefirió usar la nave de la Policía para volar de Salinas, en donde asistieron a un evento oficial del Gobierno, hacia Casablanca. Descartó que pudiera viajar por tierra o tomar un vuelo comercial. Dijo también que él y su pareja sentimental son los ministros que más amenazas han recibido.
Cuando Vera le preguntó por qué no contrataron de su bolsillo una avioneta, Granda dijo "no tiene dinero" pues "no es Correa". Granda y Romo atribuyeron también al correísmo ortodoxo el uso político de la denuncia. Pero al interior de la Policía se dice que quien filtró el dato probablemente fue de la propia institución.
Y es es que en ese mismo carnaval, Enrique Espinosa de los Monteros, un ex general de la Policía, fue separado del cargo por usar otro helicóptero para trasladarse con su esposa desde Bahía de Caraquez a Quito, en un supuesto vuelo oficial cuya urgencia y pertinencia no pudo ser comprobada. El helicóptero se estrelló al aterrizar en Quito, lo que destapó su uso irregular.
En las redes más politizadas, como Twitter, se cuestionó tanto la relación sentimental de los dos miembros del Gabinete, cuanto que viajaran en un vuelo oficial para sus vacaciones privadas. También se manifestaron en esa línea algunos periodistas, quienes destacaron que quien no tiene plata simplemente no sale de vacaciones.
Foto: PlanV
La semana pasada se filtró en redes sociales una carta de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) a favor de las empresa de capital japonés Furukawa. Investigaciones periodísticas de este portal junto a La Barra Espaciadora y de la Defensoría del Pueblo revelaron que Furukawa, que se dedica a la exportación de abacá, tenía en condiciones de esclavitud a cientos de sus trabajadores. Según las investigaciones, los abacaleros no tenían relación de dependencia, pero figuraban como arrendatarios, una práctica que para las autoridades y expertos fue considerada como una forma de intermediación laboral, la cual está prohibida por ley. En la misiva del 23 de abril, Fedexpor se refieren a esos trabajadores como “proveedores de materia prima en calidad de arrendatarios”.
La carta fue enviada a tres ministros: Andrés Madero de la cartera de Trabajo, María Paula Romo de Interior y a Pablo Campana, de Producción y Comercio Exterior. Allí, el gremio de exportadores dice que manifiesta su profunda preocupación por ese caso. “Especialmente debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”. La organización dice en la carta que defiende los derechos de los trabajadores, pero “ponemos en alerta a las principales autoridades involucradas por existir elementos que a nuestro criterio configuran un caso de extorsión por parte de personas que no son trabajadores de la empresa, pero que de manera ilegal están buscando obtener un rédito económico e incluso generar un conflicto de tierras”. Según Fedexpor, Furukawa ha cumplido con las medidas impuestas por los inspectores de trabajo y las multas. Agregó que puso a disposición de las autoridades su contingente técnico. La carta está firmada por Daniel Legarda, como presidente ejecutivo de la Federación.
Raúl Chicaiza y Diana Falcón están libres desde hace unas cuantro semanas. Los dos agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional salieron bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Ellos admitieron su culpa en el secuestro del político Fernando Balda en Bogotá y con sus testimonios y pruebas documentales involucraron al ex presidente Rafael Correa y al ex jefe de la Senain, Pablo Romero. Los dos tienen orden de prisión y un pedido de alerta roja para la Interpol.
Los dos agentes fueron parte de los operativos Wilson y Guayacán, perpetrados por la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Correa para hacer espionaje en Bogotá y Medellín a Balda y sus contactos (incluido al expresidente colombiano Álvaro Uribe) y luego secuestrarlo en la capital colombiana.
Los dos agentes no pueden hablar con la prensa mientras mantengan su condición de testigos protegidos, pero por haber colaborado con la justicia se les impuso una pena mínima que ya cumplieron, acogiéndose al derecho de reducción de la pena. Ellos estuvieron presos desde abril del 2018.
Se llama Jorge del Castillo y su estudio jurídico es el que ha asupiciado los procesos de refugio político de personajes ecuatorianos como Ramiro González, Carlos Pareja Cordero (Capaco) o Wilmer Quezada. Es un personaje poderoso, antiguo militante del APRA (del fallecido expresidente Alan García), partido del cual se dice en Perú que "controla" la justicia peruana. Del Castillo fue alcalde de Lima, prefecto de Lima, diputado por varias ocasiones y presidente del Consejo de Ministros en el 2006, a inicios del segundo mandato de Alan García. Dos años después debió renunciar a su cargo luego de verse involucrado en el escándalo de los Petroaudios.
Del Castillo es uno de los abogados más poderosos del Perú, y ha hecho de este tipo de asilos o pedido de refugio un exitoso modus operandi, según fuentes peruanas vinculadas a los procesos.
La salida de prisión de González y la concesión del refugio es, para fuentes de la cancillería ecuatoriana un "acto inamistoso del Perú", pues se señala en el palacio de Najas que el gobierno del sur no ha dado paso a los pedidos del gobierno ecuatoriano para la extradición. Sin embargo, también el Ecuador tiene sus vacíos. Esta columna supo que la embajada del Ecuador en Lima dejó de recibir instrucciones sobre los procesos que se llevaban adelante con los respectivos pedidos de extradicción.
Ramiro García y Salim Zaidán solo tienen dos cosas en común: ambos son abogados y ambos dan clases de Derecho en universidades de Quito. García, además, es de la generación anterior a la de Zaidán.
En todo lo demás están en contra, y las diferencias se ventilan en redes sociales. García acusó a Zaidán y a otros colegas, como Rafael Oyarte e Ismael Quintana, de darle argumentos "seudo constitucionales" a las acciones del Consejo de Participación, que preside José Carlos Tuárez. Zaidán, en cambio, le ha tratado de "político camuflado de académico" y ha señalado que García fue comisionado para la designación de la Corte Constitucional, que está de evaluador de la Corte Nacional, que habla "a nombre de todos" los abogados como presidente del gremio en Pichincha pero solo "defiende sus propias acciones".
García le contestó en Twitter poniéndole un emoticón de payaso: "este pobre ni se cansa de hacer papelones. Por seguir sus "sabios" consejos Tuárez y compañía están al borde de la destitución y el procesamiento penal. Es que es "constitucionalista" dice".
Lo bueno es que, los abogados, como los bomberos, no se pisan las mangeras, por lo que hasta el momento la disputa no ha llegado a los tribunales.
La cercanía del ex canciller y ex candidato a la Presidencia de la República, Patricio Zuquilanda, al alcalde de Quito, Jorge Yunda, se hizo evidente esta semana, en la visita protocolaria del embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick al Palacio Municipal. El diplomático norteamericano fue recibido en el portal del Palacio por el alcalde Yunda, su hermana Liliana, quien dirige el Patronato San José, y dos de sus asesores más importantes: el economista Pablo Daválos y el propio Zuquilanda. Se sabía que Zuquilanda recomendó a su hija, Gabriela Zuquilanda, como directora metropolitana de Relaciones Internacionales, y a María Fuentes como jefa de Despacho del alcalde, pero es la primera vez que aparece en público junto con Yunda. Zuquilanda padre estuvo junto con el alcalde y el embajador de Estados Unidos en el balcón del Palacio Municipal, desde donde saludaron al público en la Plaza Grande. Foto: Twitter de Liliana Yunda
Los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia se blindarán ante el proceso de evaluación de sus cargos por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Esta evaluación ha tenido resistencia dentro de la Corte, incluso han traído un experto internacional para que soporte sus argumentos.
Para la evaluación, son dos los instrumentos de la Judicatura: el primero es un Reglamento para evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia; y, el segundo, es el Instructivo para la conformación y funcionamiento del Comité de Expertos y del Comité Evaluador del proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Ambas normas tienen serios cuestionamientos por su ambigüedad y legitimidad por parte de la Corte.
Los jueces nacionales, encabezados por su presidenta, Paulina Aguirre (foto), incluos fueron convocados a un Pleno, la primera semana de julio, para analizar los contenidos de una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en contra de los reclamentos para la evalución y posibles destituciones. Con esto, los jueces, salidos de la justicia correísta, se blindan. Foto: El universo
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