Los Confidenciales
La situación de extrema violencia se sigue mostrando en la zona de Imbabura, alrededor de las concesiones mineras que involucran a la empresa australiana Hanrine, con varias concesiones, las organizaciones de mineros independientes —que las empresas y el gobierno consideran mineros ilegales— y el gobierno, que es copropietario del bloque del proyecto Yarumahua, junto a la estatal Codelco, de Chile. Según fuentes vinculadas al sector, existe una enorme presión de miles de trabajadores mineros por obtener concesiones o sitios donde ejercer su oficio. Esta presión es considerada por algunas autoridades como "acciones de crimen organizado", lo cual niegan los mienros organizados. Pero la violencia desatada en estos días hace pensar lo peor.
"El 25-AGO-020, en contacto mantenido con F.H y con Representantes de la empresa HANRINE, se tomó conocimiento sobre daños ocurridos el día de hoy en el campamento del río JORDAN (quema del dormitorio y maquinaria de la empresa), dichos daños habrían sido ocasionados por comuneros del sector, quienes habrían ingresado por el sector de SAN PEDRO y LA ESPERANZA, bordeando el sector en donde se encuentra actualmente Personal Militar realizando controles.
"Además en la Y de CHISPO, en donde se encuentra ubicado el campamento principal, los comuneros habrían quemado la garita principal de guardia de seguridad, al momento el resto del campamento se encuentra sin novedad.
"IEBI se evidenció que las acciones estarían lideradas por la presidenta del GAD parroquial de BUENOS AIRES y el Sr. Ruperto BOLAÑOS ex dirigente de CUPMBAI, los cuales plantean el plan de cero minería en la zona, ya sea esta legal o ilegal, al momento existe la presencia de comuneros en el parque de la parroquia pernoctando en los vehículos.
"Adicional por información de la Policía Nacional se prevé que existan plantones y manifestaciones en el transcurso de estos días, cabe indicar que la P.N aumentó su contingente con un equipo completo de la UMO, personal del GEMA y 4 patrulleros.
Análisis
"Autoridades locales y dirigentes de la parroquia BUENOS AIRES, se encuentran incitando a la población a realizar acciones de protesta en contra de compañías mineras que mantienen concesiones mineras en esta parroquia, por lo que no se descarta que elementos delincuenciales y mineros ilegales estén tras estas acciones de sabotaje hacia instalaciones privadas a fin de impedir actividades de minería legal en el sector.
Esta acción fue difundida por el activista y periodista Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter.
ATENCIÓN| Pobladores de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, rechazan presencia de compañía minera Hanrine. pic.twitter.com/0GBhPdFZV6
— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) August 26, 2020
Días antes...
"ZONA: 01
SUBZONA: Imbabura
DISTRITO: Ciudad Blanca
CIRCUITO: Buenos Aires
LUGAR: Parroquia La Merced de Buenos
FECHA: 21/08/2020
HORA: 08H00 a 19H00
CAUSA: Acciones Operativas e Investigativas de Control en las Áreas de Minería Ilegal.
"De acuerdo a la planificación y enfoque investigativo-operativo relacionado al control, supervisión y acciones investigativas de la minería ilegal, por reportes del personal que permanece en el sector de Buenos Aires, se llegó a conocer que en el sector conocido como el Jordán, la Empresa HANRINE estarían realizando trabajos en la vía, motivo por el cual moradores del sector habrían iniciado concentraciones tanto a favor como en contra de dicha empresa, por lo que se procedió a verificar esta información con el equipo operativo que se encuentra en el territorio.
Verificaciones
"En las coordenadas UTM 17N 797604 72491, se pudo observar un aproximado de 40 personas, una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, por lo que se toma contacto con el señor Luis Sánchez encargado del Área de Operaciones de la empresa HANRINE, quien manifestó que la empresa se encuentra realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esta semana no han visto personas realizando actividades de mineria ilegal por el sector, que su único inconveniente era con personas que no están de acuerdo con el ingreso de la empresa al sector.
Acciones opertivas y control
"Al momento de retirarnos del lugar antes indicado, llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, los mismos que procedieron a exigir la salida de la Empresa del lugar, de igual manera llegó otro grupo de manifestantes en camionetas, sumando un aproximado de 100 personas, con la intención de sacar la maquinaria de la empresa HANRINE que estarían trabajando en ese sector, manifestantes liderados por las siguientes personas:
- Ruperto Bolaños
- Simón Bolívar Navarrete Revelo
- Patricio Romero
- José Fraga
- Diego Tirira Lima entre otros.
"Por el otro lado se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía (trabajadores de HANRINE), quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria, mientras se encontraban en una discusión los dos bandos se pudo observar que de los dos bandos son familiares y conocidos.
"Al lugar acudió el Coronel Marco Vinicio Narvaez Fuel, Tcnl. Diego Ramirez Recalde, con personal de la UMO, quienes verbalizaron con la comunidad y con representantes de la Empresa HANRINE (luego de hablar con sus superiores) el señor Alexis Enrique Aciptio Saant e Ing. Luis Fernando Sánchez López accedieron a que la maquinaria salga hacia Buenos Aires y por parte de los manifestantes, indicaron que una vez que salga la maquinaria ellos se retirarían, sin embargo, una vez que las tres máquinas (rodillo, gallineta y volquete) salieron del sitio, los manifestantes no se retiraron ya que indicaron que existía otra maquinaria vía Santa Lucía y que también salga. Es así que los manifestantes avanzaron a pie (por un camino recién abierto y muy lodoso) para exigir la salida de esa maquinaria, ya en horas de la tarde se observó que los manifestantes bajaban de la montaña caminando detrás de una maquinaria (pala mecánica), la cual ingresó a una casa ubicada en el sector de El Jordán (casa de uno de los comuneros que trabaja para HANRINE), lo cual molestó a los manifestantes ya que exigían que esa maquinaria salga también, en ese momento, nuevamente se intervino para mediar y evitar agresiones.
"Finalmente, los manifestantes decidieron retirarse indicando que el día de mañana volverán aún con más gente para exigir la salida total de la empresa.
Consideraciones
"Se consiguió actuar como mediadores a fin de evitar enfrentamientos, por lo cual, no fue necesario el uso progresivo de la fuerza, sin embargo, el problema sigue creciendo ya que los manifestantes (supuestos antimineros) indican que desean sacar en su totalidad a la empresa minera y volverán con mayor contingente, lo cual se solicitó al PMU de Buenos Aires disponga de mayor contingente policial, fin precautelar la seguridad ciudadana, orden pública e integridad de nuestro TH; de igual manera se le remitió al Jefe del PMU B Aires la resolución de fecha 17 de agosto del MERNNR, relacionado con el levantamiento de la suspensión de las actividades mineras del área IMBA02, cuyo titular es la Compañía Hanrine".
Plan V mantiene en su poder un video, editado, donde se muestra una reunión o asamblea previa de los mineros de Buenos Aires. En una de ellas el legislador Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura por CREO, participa en una reunión de mineros donde ofreció legalizar a los mineros llamados ilegales.
Los chats de Whatsapp entre Daniel Mendoza, ex asambleísta alineado con el Gobierno de Lenin Moreno y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fueron publicados por los periodistas de La Posta, Anderson Boscán y Luis Vivanco.
En un programa especial transmitido por internet, a las 16:30 de hoy, los periodistas de La Posta revelaron los chats de Whatsapp entre Romo y Mendoza, así como un gráfico que supuestamente fue entregado por el ex legislador manabita en donde aparece como centro la ministra de Gobierno, a quien haría responsable de haber entregado el control político de hospitales en Quito, Guayaquil y varias ciudades del interior del país a legisladores, a cambio de apoyo al bloque "morenista" en la Asamblea Nacional.
Estos son los chats más importantes entre Romo y Mendoza.
— La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) August 26, 2020
En este capítulo te mostramos cómo María Paula Romo le daba puestitos en el Gobierno a los panas del legislador manabita. #LaConfesiónDeMendoza pic.twitter.com/JxwJj58kpz
Durante casi una hora, los periodistas mostraron las capturas de pantalla de los chats entre Romo y Mendoza, que según dijeron, evidencian una cercana relación personal y política entre ambos. Romo, inclusive, fue invitada al matrimonio de Mendoza. Para Vivanco y Boscán, llama la atención lo que parece una estrecha cercanía entre ambos políticos, sobre todo cuando se decía que Mendoza era más bien del entorno del ex consejero de Palacio Santiago Cuesta, supuestamente enfrentado con Romo, Juan Sebastián Roldán y otros círculos en torno al presidente Lenin Moreno.
Este es el diagrama presentado por Mendoza ante Fiscalía, sobre cómo quedó el reparto. #LaConfesiónDeMendoza https://t.co/ELZ3kkeGT4 pic.twitter.com/gyHGzjz6TY
— La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) August 26, 2020
Boscán y Vivanco señalaron además que Romo habría estado al tanto del "reparto de los hospitales" que consistió en permitir a los legisladores morenistas el control político de las casas de salud en el interior de la República a cambio de apoyo político en la Asamblea. Los periodistas de La Posta relacionaron también dichos acuerdos con el archivo del juicio político en contra de Romo, en una Comisión de Fiscalización en la que Mendoza era una pieza clave. En varias capturas de pantalla se ve a Mendoza mencionando nombres para cargos públicos en la provincia de Manabí, como la gobernación, que depende del Ministerio de Gobierno.
En su cuenta de Twitter, Romo Rodríguez respondió a las preguntas formuladas por La Posta. La ministra de Gobierno cuestionó que el medio digital de cabida a las supuestas declaraciones de Mendoza, alegando que ella era quien lo había "investigado y denunciado". También negó que el voto de Mendoza por el archivo del juicio político en su contra haya sido decisivo.
Antes del mediodía, @LaPosta_Ecu me envió varias preguntas relacionadas al caso Mendoza. Comparto con ustedes las respuestas enviadas a su cofundador, @luisevivanco pic.twitter.com/nRIy1uc57T
— María Paula Romo (@mariapaularomo) August 26, 2020
A las pocas horas, la Fiscalía emitió un comunicado en donde reveló que el 20 de agosto, el padre de Mendoza entregó a los fiscales un celular, una grabadora de voz y un USB. Dichos aparatos fueron analizados en una audiencia privada este mismo 26 de agosto, a las 14:30. Para la Fiscalía, el contenido del celular de Mendoza "no ha sido judicializado aún" y la publicación de sus contenidos "podría incluso invalidarla como prueba". La Fiscalía dijo que publicaciones como esta, en su criterio, "interfieren" en las investigaciones y "pueden beneficiar a la impunidad".
#ATENCIÓN | Respecto a la información difundida por redes sociales, supuestamente vinculada al proceso que se sigue contra Daniel M. A. y otros, por presunta delincuencia organizada, relacionado con la construcción del #HospitalDePedernales, #FiscalíaEc informa pic.twitter.com/i3B8cK3QFe
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 26, 2020
Por su parte, el director de La Posta, Luis Vivanco, rechazó la tesis de la Fiscalía:
Se podría haber impedido trabajo de la justicia? JA!
— Luis Eduardo Vivanco (@luisevivanco) August 26, 2020
Cuál justicia? Si todos se fugan
Fiscalía sabe que prueba no se invalida, ellos mismos dicen que la cadena de custodio no se invalidó. Ese comunicado está escrito con iras no más
Ahora la gente lo sabe, eso también es justicia
La transferencia que Dalo Bucaram realizó a Estados Unidos el 30 de julio, por USD 76.871,07 era el dinero que tenía en una cuenta del Banco Guayaquil. Varios días antes, el 16 de julio, la cuenta corriente que tenía Bucaram fue cerrada unilateralmente por el Banco, que, según afirman sus abogados, sin orden judicial alguna y de su cosecha, decidió retener el dinero de Bucaram.
En una carta enviada el 16 de julio de 2020 al Banco Guayaquil por parte del abogado Daniel Veintimilla, procurador judicial de Bucaram, a la que tuvo acceso este portal, se explica que el Banco canceló la cuenta de Bucaram y retuvo todo su dinero. Para el abogado, el Banco, que actuó sin orden judicial alguna, cometió una "intromisión en el goce del bien", prohibido por convenciones internacionales.
El abogado alegó que se había violado la presunción de inocencia de Bucaram al cerrar la cuenta y retener el dinero, y explicó que a la fecha, Bucaram no estaba inmerso en "delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo y delitos por drogas, al tiempo que no tiene ningún llamamiento a juicio".
Esta carta fue entregada en la matriz del Banco Guayaquil por los abogados de Bucaram.
Además, explicó el apoderado de Bucaram, se le investigaba a la fecha en una indagatoria reservada a la cual ya había comparecido en la Fiscalía. Acusó al Banco Guayaquil de haber "roto el sigilo bancario" y pidió que se le devuelva el dinero con un cheque de gerencia.
Según se dijo desde la defensa, el Banco reconoció el error y devolvió el dinero el 30 de julio. "La verdad es que Dalo pidió el 16 de julio al Banco que le devuelvan esos fondos, coincidiendo que se los dieron el 30. Con ese dinero pagó en Estados Unidos por adelantado un año de arriendos (por ser extranjero no residente les exigen allá eso) y además, seis meses fuera también exigen la cobertura de otros gastos familiares. Aparte de que es un dinero bancarizado, con origen lícito y más que nada el dueño puede gastarse eso como a bien tenga", dijo uno de los abogados a cargo de la defensa de Bucaram.
Aunque un medio de Miami presentó el caso como un intento de Bucaram de evadir una orden de congelamiento que ahora pesa sobre sus cuentas, la defensa dijo que "esos son los valores que salieron del país para los pagos y gastos relatados. Salieron el 30 de julio coincidiendo infelizmente con el día de la audiencia y ocasionando todo tipo de comentarios y elucubraciones". Al momento de la transferencia, no había ningún impedimento legal para que Bucaram sacara su dinero del país.
Este el 18 de agosto de 2020, la jueza nacional Daniella Camacho, presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), firmó un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral. Se trata de una respuesta a una consulta formulada por la Función Electoral sobre el estado actual de la sentencia emitida contra Rafael Correa y otros jerarcas correístas, por el caso Sobornos. Correa fue condenado a ocho años de cárcel por ser el autor de una red que pedía dinero a grandes empresarios para financiar sus operaciones políticas, lo que luego retribuía con favores y contratos estatales.
Pero la sentencia, que fue emitida en el seno de la propia Corte Nacional por el fuero de corte de los involucrados, se encuentra en casación en esa misma Corte, recurso que fue interpuesto por las defensas de Correa y los otros condenados.
A pesar de ello, y de que el Código Orgánico Integral Penal señala en varias partes que la casación suspende la ejecutoria de la sentencia, la jueza Camacho sostuvo en su carta al Consejo Electoral que “se encuentran sustanciando los recursos de casación interpuestos por los procesados“. Y agregó esta frase polémica: “Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana, el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada.”
La oscura redacción de la carta de la jueza provocó una tormenta política, pues hubo quienes la interpretaron como la afirmación de que Correa ya no podría ser candidato a la vicepresidencia. Esto porque la Constitución prohíbe que sean candidatos quienes tienen sentencias ejecutoriadas.
Desde Bélgica, Correa reaccionó. "¡Están realmente desesperados! Rompen Constitución y elemental doctrina jurídica. Ahora sentencia se ejecuta antes de casación. La que dirige todo esto es la inefable jueza Camacho, sinvergüenza a la que #ElPeorGobiernoDeLaHistoria pondrá de presidenta de la Corte en enero", escribió en Twitter.
Para el jurista Ismael Quintana, quien no es precisamente un correísta, la carta de Camacho fue un papelón. "El papelón que hizo hoy la Corte Nacional con ese forzado oficio en que una juez de la Sala Penal indica que la casación es una “acción autónoma distinta” para intentar decir que el fallo sobornos está ejecutoriado, pretende arreglarse con un: “yo no puedo certificar eso.” ¡Mal!".
Y es que a las pocas horas, Camacho se desdijo y emitió una nueva carta. En ella, la magistrada aclaró que la certificación sobre en qué estado está la sentencia le corresponde a quien la tramita, en este caso, el conjuez Lauro Cadena, a cargo del tribunal de casación. Camacho, quien preside la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, admitió que "el juez ponente" es quien debe pronunciarse al respecto.
Para Quintana, "la casación no es tercera instancia, es cierto. Por eso se trata de un recurso extraordinario (no revisa hechos, no revisa prueba). Pero la ejecutoria del fallo solo se dará cuando se resuelva lo que corresponda sobre ese recurso".
Desde el correísmo, la lectura es que, dado que hasta el 16 de septiembre, que es la fecha tope, no se resolverá la casación presentada, Correa sí podría aspirar a ser candidato a vicepresidente de la República.
Quintana sostiene que, con o sin sentencia por el caso Sobornos, Correa no puede ser candidato a vicepresidente pues en el evento de que ganara, su única función constitucional es suceder al presidente electo y él ya no puede ser presidente por haber ejercido ya la primera magistratura.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, emitió un impulso fiscal el pasado 24 de julio, en el que pide se realicen algunas diligencias y se solicite información relacionada con el proceso de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, provincias afectadas por un terremoto con epicentro en Pedernales en 2016.
Entre los documentos que solicita el fiscal en el marco de su indagatoria, constan una pedido a la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, para que remita copias certificadas del “Informe Técnico detallado sobre el Plan Reconstruyo Ecuador”, en el que deberá señalarse las áreas en las que se invirtió y las compensaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las provincias afectadas.
Además, el fiscal pidió, en el documento de ocho páginas, que se pida al gerente de BanEcuador que remita copias certificadas del Informe Técnico, respecto del establecimiento de la línea de crédito denominada “Contigo Ecuador”, para la reactivación de las actividades productivas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en el que se deberá especificar las motivaciones de su realización, nombres completos, cargos y funciones de los responsables y de todas aquellas personas que intervinieron.
En el impulso, el fiscal insiste a varias entidades que aún no le entregan la información solicitada durante el mes de mayo. "Se insiste en el pedido al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que remita: Un informe respecto de la inversión de los 575 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas para las personas afectadas por el siniestro, así como sus contratos, administradores, inversores, empresas contratantes y señale detalladamente la cobertura y beneficio real para esas personas. El período respecto al cual se solicita información es desde abril de 2016 hasta diciembre de 2018 y tiene relación con los proyectos relacionados para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016".
El fiscal solicita información sobre obras de vialidad realizadas, hospitales y otras infraestructuras sanitarias, identidad de los contratistas y, además, su información tributaria al SRI, entre otros aspectos relacionados con la reconstrucción de ambas provincias tras el terremoto. Foto: Manabí Noticias
Las postulaciones para la XXIX Edición al Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, que otorga el Estado ecuatoriano a los hacedores de cultura y arte duplicó las del 2018. El premio es bianual. Se presentaron 199 candidaturas.
En el 2018 se abrió el proceso de selección para las candidaturas provenientes desde la sociedad y la posibilidad de que los propios hacedores de la cultura, artes o ciencias que han dedicado toda una vida a la gestión cultural, ejercicio artístico e investigación científica, puedan postular.
El ministerio de Cultura y Patrimonio informó que del total de candidaturas, 164 postulaciones fueron realizadas de modo digital mientras 35 se lo hizo de forma física. Asimismo, 158 corresponden a ecuatorianos, 38 a ecuatorianas y tres provienen de personas jurídicas.
Las postulaciones se dieron de este modo:
Categoría Creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes, 100 candidaturas.
Categoría Creaciones, realizaciones o actividades literarias, 25 candidaturas.
Creaciones, realizaciones o actividades científicas, 27 candidaturas.
Sin categoría de postulación, 47 candidaturas.
El 31 de julio de 2020, el Ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, entregará las tres ternas al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en el cual se adjuntará un informe donde se argumentarán las razones que motivaron la conformación de dichas ternas.
Para el domingo 9 de agosto de 2020, el Presidente de la República del Ecuador conferirá a tres nuevos ciudadanos, ciudadanas o instituciones el XXIX Premio Nacional Eugenio Espejo, en el marco del Día Nacional de la Cultura.
Desde el año 1975, el Premio Nacional Eugenio Espejo es el máximo galardón que confiere el Estado ecuatoriano como estímulo a la acción sobresaliente de aporte al desarrollo del país en los ámbitos: artístico, literario y científico; y, como reconocimiento a una brillante trayectoria de más de 25 años de desempeño de ciudadanos ecuatorianos y de instituciones.
"La CONAIE no forma parte del espacio Unión por la Esperanza, UNES, ni tiene ningún acuerdo con alguno de sus dirigentes. Rechazamos intento de confundir a la ciudadanía con el uso de un nombre similar al de nuestra organización en clara señal de desesperación electoral". Esa fue la respuesta oficial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en sus cuentas en redes sociales, luego de que circulara un comunicado de una alianza política vinculada al correísmo en la que se mencionaba a la Conaie como parte integrante, lo cual desató una avalancha de comentarios en redes en favor y en contra.
Entre otras organizaciones que conforman este frente electoral, aparecen nombres como Federación Nacional de Mujeres, Frente Amplio de Organizaciones Sociales, Fuerza Compromiso Social lista 5, Fuerza Rural, Coalización Nacional por la Patria. Movimiento Centro Democrático lista 1, Frente Patriótico Nacional y SurGente. Y aparece el Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, lo cual hace diferencia con la original, que es Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (sin la palabra pueblos).
¿De dónde salieron estas organizaciones? La verdad política de este frente es la (nueva) alianza entre el correísmo y Jimmy Jairala, exprefecto del Guayas y un aliado de Correa hasta cuando salió del poder y luego se hizo aliado de Lenín Moreno.
Del resto de organizaciones no son parte del acerbo histórico de los movimientos sociales del Ecuador. Son, a criterio de analistas consultadados por este portal, supuestas organizaciones que están vinculadas a personajes del correísmo.
Foto: Luis Argüello. PlanV
En el Ecuador las autoridades judiciales no han avanzado en nada en las investigaciones del proceso por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, ocurrido en abril del 2018, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de los familiares, dice que ahora mismo el caso está en el limbo al no existir una claridad sobre qué fiscal se hará cargo una vez que se hicieron cambios al interior de la Comisión de la Verdad.
Hay otros temas que están detenidos: después de dos años y tres meses no hay reactivos para cotejar las huellas dactilares que se encontraron en la camioneta del conductor Efraín Segarra. Tampoco hay respuesta sobre la cadena de custodia que no se siguió con las pertenencias del equipo periodístico en el hotel de San Lorenzo. No hay vinculados, no hay cooperación con la Fiscalía de Colombia. Hasta ahora no se ha tomado versión a los tres detenidos que alias Guacho solicitaba en el canje de "prisioneros".
Lo curioso, dice Yadira, es que este caso es uno de los mejores documentados desde la investigación periodística, tanto como los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, en su libro Rehenes, como el colectivo Periodistas Sin Cadenas, con su especial Frontera Cautiva, que hicieron un riguroso trabajo de seguir las pistas del secuestro; pero parece que, como no da réditos políticos, a la Fiscalía no le interesa ni siquiera leer los libros que le han enviado, dice Yadira Aguagallo.
Hace pocas semanas, los Gobiernos de Ecuador y Colombia se felicitaron entre ellos por la captura de alias Julián, pero hasta el momento no han explicado cómo se lo vincula, cuál fue su participación, qué indicios se encontraron. La orden de captura de alias Julián es por delincuencia organizada, no por secuestro. Hasta ahora no hay una carta de una autoridad del Ecuador pidiendo explicaciones por la liberación de alias Barbas. Hasta ahora, los dos funcionarios que recibieron el informe del Equipo de Seguimiento Especial, hace 6 meses en la CIDH, no lo han entregado a la Fiscalía General.
Foto: Luis Argüello. PlanV
¿Se puede amenazar a los jueces de modo directo en una sociedad democrática? Rafael Correa lo hizo en un tuit, en el cual "respondió" a un tuit del juez Iván Saquicela que fue parte del tribunal penal que lo condenó a 8 años de prisión y culpable del delito de soborno en el llamado Caso Arroz Verde. El juez Saquicela participaba en una conversación en la red social, con otros abogados, sobre la necesidad de que se use un lenguaje claro y sencillo al redactar leyes y providencias. El juez de la Corte Nacional de Justicia opinó que en su cuenta que "El lenguaje claro y sencillo, eso es mejor y más persuasivo, sobre todo en las resoluciones de los jueces. Se debe abandonar la errada idea de que el lenguaje difícil y oscuro hace buenos abogados". Nada del otro mundo. Pero de inmediato Correa, "respondió" al mensaje del juez que lo sentenció con lo siguiente: "Qué descaro! Lo dice quien suscribió una sentencia de 800 hojas que tuvo que salir a defender al día siguiente, prevaricando. “Las buenas sentencias se defienden solas”. Pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse. Sin odio, pero con memoria".
¡Qué descaro!
— Rafael Correa (@MashiRafael) June 19, 2020
Lo dice quien suscribió una sentencia de 800 hojas que tuvo que salir a defender al día siguiente, prevaricando.
“Las buenas sentencias se defienden solas”.
Pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse.
Sin odio, pero con memoria. https://t.co/vq5Ss660XE
Según fuentes judiciales consultadas por este portal, este tuit constituiría un delito de intimidación. El delito de intimidación está tipificado en el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece que la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La frase: pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse devela una amenaza directa al juez Saquicela, dicen las fuentes. ¿No tendrán dónde esconderse, de qué, por qué? Se preguntaron: ¿de ser perseguidos políticamente, de ser asesinados, secuestrados, torturados?
Uno de los jueces que habló con este portal, a condición de anonimato, dijo que "en qué país e ha visto que una persona que se encuentre condenada, amenaza de manera terrible, dice lo que quiere y no pasa nada". Un juez relató a este portal que a partir de las amenazas de Correa a los jueces reciben también amenazas e insultos en sus cuentas de redes sociales. Este no es un estado democrático si no de savajismo".
En Cuenca, dice un juez, se organizó en la Universidad del Azuay un seminario donde habló Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa. Fueron auspiciados por el Instituto Eloy Alfaro, que responde al correísmo. Participó una abogada cubana sobre una sentencia dictada por las cortes del Ecuador.
El juez consultado considera que el Estado de Derechos del Ecuador signiica que si no se está conforme con una sentencia, no se acuda al insulto, a la amenaza y a la intimidación a los jueces que dictaron esa sentencia, sino que se impugne y se pelee jurídicamente en los tribunales. Hay algunos abogados de los acusados, en el caso Sobornos, dijo el juez, que se la pasan amenazando, insultando a los jueces.
Aunque hasta la fecha cuenta solo con dos antiguos aviones 737 (uno de los cuales dejó de operar durante semanas antes de la pandemia sin ninguna explicación), Aeroregional, la aerolínea local del empresario mexicano Manuel Rodríguez Campos, se ha hecho con buena parte de las frecuencias que operaba la empresa estatal TAME, que fue liquidada por medio de un decreto del presidente Lenin Moreno.
Desde febrero de este año que Aeroregional, una empresa conformada por los capitales y aviones de la desaparecida empresa mexicana Aerolíneas Damosh, que cerró en México tras un accidente con más de cien muertos en Cuba, había pedido a la Dirección de Aviación Civil, que dirige el piloto Ányelo Acosta, que le otorgara un aumento de frecuencias, en especial, hacia Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca, Loja y Lago Agrio.
Ver Pdf de resolución de la DAC
Hubo dos reparos: el primero provino de la desaparecida empresa estatal TAME, que aseguró que darle más frecuencias a Aeroregional afectaría sus operaciones, y el segundo de la propia DAC, que, según un informe interno, estableció que Avianca, que opera la ruta a Lago Agrio, ya cuenta con suficiente oferta y que abrir más frecuencias a la ciudad amazónica no sería rentable.
Antes de la pandemia, el 27 de febrero, tuvo lugar una audiencia, a la que acudieron representantes de TAME y de Aeroregional, para discutir el tema. Pero mientras la DAC tomaba la decisión, el 20 de mayo, el Gobierno sacó a TAME de la ecuación, decretando su disolución.
Así, el 26 de mayo, Acosta firmó una resolución en la cual, por un lado, negó el pedido de Aeroregional de volar a Lago Agrio, anticipando una posible caída de la demanda de pasajes por la pandemia, y, al mismo tiempo, amplió las frecuencias para Aeroregional, que, según dice la DAC, cuenta con capacidad técnica y económica para operarlas.
La resolución de la DAC le concede a Aeroregional cinco frecuencias semanales desde Quito a Guayaquil, cinco entre Quito y Cuenca, cinco entre Quito y Santa Rosa (El Oro), doce semanales entre Quito y Catamayo (Loja), nueve entre Quito y Coca (Orellana), y cinco entre Quito y Táchina (Esmeraldas) con lo que cubrirá por lo menos la mitad de la oferta de TAME. Aeroregional suma así un destino nuevo, Esmeraldas, que era servido solamente por TAME.
Foto: Jorge Villón
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