Los Confidenciales

El pasado domingo, en el programa Políticamente Correcto de Carlos Rojas, que se transmite en el canal Ecuavisa, el periodista Christian Zurita realizó varios señalamientos contra el secretario jurídico de Palacio, Fabián Pozo, y su esposa, la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, quien forma parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Zurita dijo que al llegar al ministro de Energía Xavier Vera, empezó a gestionar la designación de los gerentes de las unidades de negocio en los sectores mineros y eléctricos. Zurita dijo que Vera contaba con el apoyo de Fabián Pozo y su esposa, quienes fueron "los principales defensores de Vera" y bloquearon en la Asamblea la investigación de las acciones del ex ministro.
"Son ellos quienes taparon en primera instancia a Vera", explicó el comunicador.
#CasoEncuentro | En #PolíticamenteCorrecto, Christian Zurita (@christianzr) llama al #Estado a investigar al secretario de la #presidencia @fabianpozo, la #asambleísta Ana Belén Cordero (@abcorderoc), y al exministro de #Energía @XavierVeraG por posibles corruptelas. pic.twitter.com/OpY3HcUlPP
— Políticamente Correcto (@politikcorrecta) January 29, 2023
De su lado, Pozo reaccionó con un comunicado en donde precisó que ni él ni la asambleísta por Azuay tienen ningún interés en común con Xavier Vera. Para el secretario, las afirmaciones de Zurita podrían constituir "la difusión de insinuaciones infundadas, sea por malicia o fruto de la manipulación de terceros".
Mi respuesta, con total transparencia y respetando la libre expresión: https://t.co/CDvuWjMWAA pic.twitter.com/dwj6OSxjs9
— fabian pozo (@fabianpozo) January 29, 2023
Este portal pudo conocer que en Carondelet, se cree que Zurita responde a la agenda mediática del legislador Fernando Villavicencio, quien tiene un enfrentamiento en la Comisión con Cordero. La azuaya ha pasado de apoyar las iniciativas de Villavicencio a oponerse a todas, lo que ha creado un conflicto entre ambos y ha puesto en evidencia el alejamiento de Villavicencio del régimen.

El millón de dólares que el ex secretario anticorrupción, Iván Granda, ordenó depositar en la cuenta de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Austria, aún sigue sin ser recuperado, según reveló en el programa Mesa de Análisis, de PlanV y Radio Sucesos, el ex secretario anticorrupción, Luis Verdesoto.
El dinero fue enviado por orden de Granda a Austria para que la Oficina organizara la logística de una comisión anticorrupción que el Gobierno de Moreno conformó con expertos internacionales. Pero la comisión nunca se concretó y los expertos demandaron al Gobierno ante la justicia de Pichincha. Los expertos llegaron a afirmar que habían sido estafados.
Según explicó Verdesoto, se llegó a un acuerdo con los demandantes, que reclamaban que el Ecuador les pague por su tiempo y sus gastos, pues no les reembolsaron los viáticos, estimado en por lo menos $200 mil, que contó con el visto bueno de la Procuraduría General del Estado. Pero el juez de la causa se ha negado a aceptar el acuerdo, alegando que es lesivo para los derechos laborales del grupo de expertos extranjeros. Los demandantes pedían 100 mil para cada uno, lo que alcanzaba el medio millón de dólares.
Verdesoto dijo que, en consecuencia, cuando se logre oficializar el acuerdo ante la justicia local, se podrá pedir a la Oficina de la ONU que devuelva el resto, es decir, por lo menos 800 mil, que deberían ser usados en la lucha anticorrupción. Esa, precisó Verdesoto, es una de las tareas pendientes de la Secretaría anticorrupción de la Presidencia, que sigue sin titular.

Imagen referencial
Los modelos más baratos de este tipo de equipos se pueden conseguir en Amazon. Se trata de micrófonos de largo alcance, que pueden captar ruidos y conversaciones a larga distancia, de entre 30 y 100 metros. Por algo menos de 50 dólares, es posible obtener un micrófono espía capaz de captar conversaciones humanas hasta a 100 metros de distincia, en especial, si es que el blanco de la escucha habla en su celular, a gritos, en un sitio público.
Se lo vende como un inocente juguete para escuchar el canto de los pajaritos en los árboles, pero si alguien sostiene una conversación en, por ejemplo, una terraza de un lujoso restaurante, sería muy posible que un equipo de espionaje, desde la calle, capte lo que está diciendo. Sería posible también escuchar la conversación de alguien en un celular, aunque ya sería más complicado escuchar al interlocutor.
Durante el correato, hubo reportes del uso de este tipo de aparatos, por parte de la Inteligencia del Estado, para seguimientos y espionaje de naturaleza política. Pero al llegar el actual Gobierno al Centro de Inteligencia, pudo constatar que no había rastro de equipos espía.
Según fuentes de la Inteligencia del Estado consultadas por este portal, que hablaron a condición de la reserva, se baraja la hipótesis de que al menos una buena parte de las grabaciones que se han publicado como revelaciones exclusivas en los últimos días serían producto del uso de este tipo de artefactos. No se descarta que un grupo dedicado a seguimientos y escuchas con aparatos similares o más sofisticados sea el autor de esas grabaciones.
Las otras posibililidades, que se consideran más improbables, es que se hayan colocado micrófonos ocultos en las habitaciones, o que los propios interlocutores se hayan grabado y filtrado los audios. La opción más complicada sería lo que se conoce como "hombre en medio" que es el uso de una antena de intercepción que se cruza entre el celular y la antena de la operadora, permitiendo grabar la conversación, aunque eso sería más caro y difícil de hacer.

Foto: Archivo
Nuevos documentos publicados en el proceso judicial contra Carlos Pólit en EE.UU. detallan las investigaciones que ese país ha hecho sobre el excontralor. Los fiscales federales informaron el pasado 6 de enero que pidieron a las autoridades de Panamá, Curazao y Ecuador los registros bancarios del exfuncionario en esos países y de empresas relacionadas.
Los fiscales hicieron estos pedidos entre el 27 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de ese mismo año. En los tres países, los investigadores norteamericanos solicitaron registros de las empresas intermediarias que fueron parte del esquema para el lavado de sobornos, según la acusación formal que hizo EE.UU. contra Pólit.
Por ejemplo, a Panamá le requirieron documentos de la empresa intermediaria; a Curazao, los registros de una cuenta que recibió fondos de la empresa intermediaria 2 en o alrededor de 2016 y posteriormente envió fondos a una cuenta de depósito en garantía que fue utilizada por el co-conspirador 1 para comprar bienes raíces en el sur de Florida en beneficio de Pólit; a Ecuador, los registros oficiales y bancarios relacionados con las empresas de propiedad del co-conspirador 3.
La acusación no cita los nombres de las empresas intermediarias ni de los co-conspiradores de Pólit. Pero al co-conspirador 1 lo describe como un familiar de Pólit que vive en el Sur del Distrito de Florida. Ese perfil encaja con el de John Pólit, hijo del excontralor, cuyas propiedades de lujo aparecieron en un reportaje del Miami Herald en 2019. Mientras que el co-conspirador 3 es un empresario ecuatoriano. Algunas de estas propiedades forman parte de la acusación contra Pólit.
Esta información aparece en la respuesta del fiscal federal Michael N. Berger y de la abogada Jil Simón, del Departamento de Justicia de EE.UU., que presentaron el 6 de enero pasado a la Corte. En ella se oponen al pedido de Pólit de que cinco de los seis cargos de la acusación sean desestimados. Según la defensa del ecuatoriano, esos cargos supuestamente habían prescrito, algo que las autoridades norteamericanas lo niegan y aseguran que presentaron a la Corte dos solicitudes para suspender los plazos legales de la norma estadounidense.
Según Berger y Simon, el gobierno de EE.UU. emitió varias solicitudes oficiales a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, del Departamento de Justicia, a autoridades extranjeras en busca de evidencia relacionada con la investigación del acusado. Pero tuvieron que pedir más plazo porque la respuesta de esos países no llegaba o no habían recibido todas las pruebas solicitadas. Jueces de la Corte de Miami aprobaron todas las ampliaciones de plazo, según los fiscales.
En su escrito, también cuentan que recibieron varias respuestas parciales de las autoridades extranjeras a esas solicitudes. El 24 de marzo de 2022, un Gran Jurado de Miami emitió la acusación contra Pólit por conspirar para cometer lavado de dinero. Dos meses después de la acusación, el Departamento de Justicia recibió la respuesta de Ecuador.
En su respuesta, los investigadores sostienen que esa información era relevante para el caso. “Específicamente, en cuanto a la solicitud a Panamá, el gobierno buscó registros bancarios y registros corporativos de la Compañía Intermediaria 3. Esta solicitud fue relevante porque esta entidad recibió sobornos de Odebrecht en relación con el esquema de soborno del demandado y los fondos fueron transferidos posteriormente a la Compañía de la Florida 1; dinero que financió la transferencia subyacente al Cargo V. Se creía razonablemente que esos registros estaban en Panamá y, de hecho, se recibieron en respuesta a una solicitud oficial del gobierno. Además, en cuanto a la solicitud a Ecuador, el gobierno buscó registros bancarios, registros corporativos y otros registros financieros de la empresa del co-conspirador 3, que eran relevantes para probar el beneficio corrupto que recibió el co-conspirador 3 a cambio del soborno de aproximadamente $500.000, que el co-conspirador 3 pagó al acusado. El cargo II se basa en el uso de fondos obtenidos por el acusado y el co-conspirador 1 de estos sobornos. Se creía razonablemente que los registros relevantes al pago del soborno del co-conspirador 3 estaban en Ecuador y, de hecho, se recibieron en respuesta a la solicitud oficial del gobierno”.
Agregaron que las respuestas de los gobiernos a esos pedidos fueron entregadas a Pólit, en junio de 2022. “Los materiales adicionales recibidos de Ecuador en enero de 2022 y mayo de 2022 se proporcionaron más recientemente al demandado, incluida la carta de presentación de la respuesta que constituye la "acción final" de Ecuador”.
Por estas razones Berger y Simon pidieron a la Corte que rechace la solicitud de Pólit. Esta solicitud se suma a otra carta, donde ya expresión su rechazo a la pretensión del excontralor de que la Corte desestime sus cargos. Aún está pendiente la resolución de la jueza Kathleen M. Williams, quien lleva este caso.
Michael N. Berger y Jil Simón firmaron la carta en representación de las máximas autoridades judiciales: Juan Antonio González, fiscal de EE.UU, y Glenn S. Leon, jefe de la Sección de Fraude, de la División Criminal, del Departamento de Justicia de EE. UU., respectivamente.

El presidente Guillermo Lasso recibió a Juan Carlos Calderón en Palacio de Carondelet. Fotos: Luis Argüello. PlanV
No está claro si en los claustros de Palacio de Carondelet rondan los fantasmas de los presidentes del pasado o de alguno de los antiguos gobernadores españoles que vivieron en el sitio hace siglos.
Pero sí pudimos constatar que en la Presidencia buscan un fantasma: un "infiltrado" que les pasa los datos a los de La Posta. Y los funcionarios, asesores, empleados y granaderos parecen estar viendo al fantasmal infiltrado en todos los rincones.
Durante la entrevista que el presidente Guillermo Lasso concedió a PLANV y Radio Sucesos el pasado 11 de enero, en el salón de Banquetes de Palacio, el séquito presidencial escenificó una situación de paranoia verdaderamente insólita. El equipo de PlanV, además de grabar la entrevista para su difusión el día siguiente, había previsto enviar unos cuantos mensajes en nuestra cuenta de Twitter con la expectativa de qué respondía Lasso a las denuncias de corrupción en el sector eléctrico.
El tuit original de PlanV y el que publicó La Posta. En Palacio solo leyeron el segundo.
Y tal como se había acordado, se publicaron en nuestra cuenta de Twitter varios mensajes con lo que el presidente había dicho al respecto, que fueron citados por la cuenta de La Posta. Dos de los altos funcionarios de la Presidencia, reaccionaron inmediatamente. Lo curioso es que no habían leído nuestros tuits, sino el comentario que sobre ellos se publicó en La Posta.
Guillermo Lasso rodeado de militares y de su entorno más cercano, mientras se dirigía al Salón de Banquetes para el diálogo con este portal.
Y creyendo que había un “agente” del otro medio en el Salón, hicieron llamar a miembros de la seguridad palaciega. Inclusive se increpó a nuestro director por supuestamente pasarle el dato al otro medio digital, y mostraron el celular al propio presidente Lasso con la publicación. Que el fantasma de García Moreno se paseara por la sala en ese momento no habría provocado más estupor. El propio presidente Lasso los tranquilizó. Pidió ver los tuit de La Posta que citaban los tuits previos de Plan V, y dijo: "Pero eso mismo es lo que dije. No se preocupen". Y se fue.
Hasta el fotógrafo oficial de Palacio, (quien para no desentonar con el militarismo imperante en el Gobierno ahora se viste de camuflaje verde oliva) preguntó a nuestro equipo si es que la transmisión era en vivo y por eso se había enterado el otro medio.
Aclarado el asunto, la seguridad de Palacio permitió salir a nuestro equipo, convertido por pocos instantes de invitado a infiltrado.

General (sp) Víctor Araus, a quien le fue retirada la visa estadounidense mientras se encontraba en servicio activo. Foto: Diario Extra
Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, está siendo emplazado por el General (sp) de la Policía Nacional, Víctor Araus, en una campaña sostenida en redes sociales. La embajada de EE.UU. retiró la visa al mencionado general en diciembre del 2021, en el contexto de la denuncia del embajador de la existencia de narcogenerales en el Ecuador. Araus reclama constantemente que el embajador presente las pruebas de su presunta participación en esas actividades criminales.
Ahora ha enviado una carta al ministro del Interior, Juan Zapata, para que lo reciba en su despacho y exponerle "todos los hechos con los que han intentado destruir mi honra". Además pide al ministro Zapata que requiera al director de Centro de Inteligencia Estratégica, al director de Investigaciones de la Policía Nacional y al director de Antinarcóticos de la misma entidad —que ejercieron esas funciones entre octubre y diciembre del 2021— para que "proporcionen cualquier información inherente o relacionada a la denuncia sobre supuestos narcogenerales". El general Araus asegura en su carta que "la única" institución en el Ecuador que puede haber proporcionado cualquier información, que llevó al embajador a decir lo que dijo, es la Policía Nacional.
Esta es la carta envida por el general (sp) Víctor Araus. Ver la carta completa
En declaraciones públicas, el ministro Zapata ha dicho que no existen tales narcogenerales en la Policía Nacional, que no se presentaron pruebas sobre lo dicho y que cada uno de los generales presuntamente involucrados han presentado sus respectivos descargos.

Foto: Archivo
Los fiscales Juan Antonio González y Michael N. Berger, así como Glenn S.Leon, jefe de la sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU., y los abogados Jil Simon y Alexander Kramer, de la misma dependencia, rechazaron el pedido que hiciera el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit para que sean desestimados los cargos que existen en su contra por presunto lavado de activos.
El pasado 9 de diciembre, Howard Srebnick y Fernando Tamayo, abogados de Pólit, sostuvieron que cinco de los seis cargos que enfrenta el exfuncionario ecuatoriano habían prescrito y, por lo tanto, solicitaron a la jueza Kathleen Mary Williams, de la Corte de Miami, que los rechace. La defensa de Pólit dijo en sus escritos que los hechos que se le imputan a Pólit ocurrieron hasta el 2017 y que la justicia norteamericana tuvo cinco años para acusarlo, pero no lo hizo.
Los fiscales de EE.UU. recordaron, en su respuesta escrita del 6 de enero, que el 25 de marzo de 2022, un Gran Jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal contra Pólit por ser parte de una conspiración para lavar dinero y participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. La acusación incluyó para todos los cargos que la “actividad ilícita especificada” es “un delito contra una nación extranjera, específicamente Ecuador, que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público”.
Estos cargos, afirmaron los fiscales, surgieron de la solicitud y recepción de Pólit de más de $ 11 millones en pagos de sobornos mientras se desempeñaba como Contralor General de Ecuador desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2017. En apoyo del esquema, la acusación alega que Pólit buscó enriquecerse ilegalmente aceptando sobornos a cambio de usar su posición oficial como contralor para proporcionar ventajas comerciales indebidas, incluida la eliminación de multas y sanciones monetarias, así como influir en la adjudicación de contratos gubernamentales.
Con la ayuda del co-conspirator 1- siguieron los fiscales-, Pólit promovió el esquema de soborno y ocultó las ganancias a través de transacciones financieras que ocurrieron, en parte, en los EE.UU. Se refieren a transacciones bancarias en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, así como a la compra de bienes raíces y otros activos en la Florida.
La acusación dice además que Pólit fue involucrado en tres cargos de lavado de dinero, específicamente por transferencias electrónicas que suman más de $3.7 millones y dos cargos por la participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas por más de $5 millones. Ambos montos, según la justicia de EE.UU., son producto de los sobornos.
El exfuncionario pidó que la acusación sea desestimada porque además “no identifica el ‘delito contra una nación extranjera’ que contaminó el producto supuestamente derivado de ‘actividad ilícita especificada…’, por lo tanto, Pólit aseveró que no está adecuadamente informado de las acusaciones en su contra. Además, alegó que “no está claro si el Gran Jurado recibió instrucción legal y encontró causa probable en cuanto a todos los elementos esenciales de los delitos imputados en la acusación”.
Para los fiscales, estos argumentos no tienen fundamento y argumentaron que nada en la jurisprudencia norteamericana respalda que se requiera que el Gobierno de EE.UU. alegue una violación específica de la ley extranjera en una acusación. También dijeron que el acusado no tiene derecho a la transcripción del Gran Jurado “Ha sido durante mucho tiempo la política de la ley que los procedimientos del Gran Jurado se mantengan en secreto”, argumentaron.
“Debido a que la acusación establece suficientemente los elementos esenciales de los delitos imputados, los argumentos del acusado se contradicen con el texto legal y la jurisprudencia”, manifestaron los fiscales y por eso pidieron a la jueza Williams que rechace la moción de Pólit para desestimar la acusación, su solicitud de transcripciones del Gran Jurado y su pedido de una audiencia probatoria porque la acusación establece suficientemente los elementos esenciales de los delitos imputados.

Captura de Video de Café La Posta
Leonardo Cortázar, uno de los que aparece en la foto de la piscina de Miami, y quien, ofendidísimo porque se lo vincule con manejos, al parecer ilícitos, en CNEL intentó agredir al legislador Fernando Villavicencio en el aeropuerto de Quito, cambió repentinamente de opinión.
En un diálogo con Andersson Boscán, de Cafe La Posta, se confesó y arremetió contra Danilo Carrera, familiar político y parte del entorno íntimo del presidente Guillermo Lasso, al que calificó como el "padrino" de una mafia que estaría controlando el sector eléctrico por lo menos desde el gobierno de Rafael Correa, que prosperó en el de Lenin Moreno y que, increíblemente, siguió lucrando en esta administración.
En su diálogo con Boscán, Cortázar, quien tras intentar agredir a Villavicencio pasó la noche en la cárcel de Flagrancia, admite que es una suerte de operador y cabildero de contratos y manejos en CNEL, la estatal eléctrica que sirve a buena parte del país, y que tuvo un cercana relación con Gary Moreno, hermano del ex presidente Lenin, cuyo fallido movimiento Libertad es Pueblo habría ayudado a financiar.
Cortázar presume en el diálogo con Boscán de su cercanía con "Doble Rueda" como se refiere a Moreno, y luego relata que se enchufó con el lassismo por medio del fallecido César Monge, quien, insinúa, habría pedido el control de la eléctrica para beneficio personal, pues tenía un cáncer fulminante y quería "asegurar a su familia".
Cortázar relató a Boscán que Danilo Carrera, cuñado del presidente y su mentor en el mundo de las finanzas, estaría controlando el sector eléctrico, por medio de Hernán Luque, a quien presidente nombró como zar de las empresas públicas y quien dejó el cargo hace varias semanas. Además de Luque, la supuesta red estaría en conocimiento del secretario de la Administración, Iván Correa.
Entre las personas que menciona La Posta como parte de la supuesta "mafia" en el sector eléctrico están Danilo Carrera, Rubén Cherres, Roberto Bueno, Antonio Icaza (gerente de CNEL), Jorge Orbe y Julio León, la mayoría de los cuales serían operadores y cabilderos sin cargos públicos pero quienes realmente hacen el manejo de la empresa.
También dijo que estarían involucrados Nicolás Andrade, Ítalo Cedeño, Martha Morlas, Hugo Aguilar y Oswaldo Rosero, estos últimos gerentes de Petroecuador y Flopec.
Además de sus relaciones con Correa, Moreno, Monge y Luque, Cortázar habla de manejos de cientos de miles de dólares de dineros que habrían sido sustraídos o desviados por la red.
¿Cómo se distribuyeron y controlan las empresas públicas en el gobierno de Guillermo Lasso? Este es el organigrama de la estructura que montó #ElGranPadrino.
— La Posta (@LaPosta_Ecu) January 9, 2023
Míralo completo https://t.co/8YKOIIGcqy pic.twitter.com/3HeXoqEOnK
De su lado, por medio de su abogado, Eduardo Carmigniani, Danilo Carrera emplazó a Boscán a que "cese y desista" en las "afirmaciones injuriosas", a pesar de lo cual, advierte con acciones legales por injurias.
Ver la carta completa en PDF
En la carta, para "efectos de su buen gobierno", Danilo Carrera le aclara a Boscán la "acusación inaudita" de estar a la cabeza de una estructura de corrupción en el Estado. El cuñado del presidente negó también conocer o haberse reunido alguna vez con Leonardo Cortázar, Jorge Orbe o Julio León. Carrera negó también cualquier injerencia en el actual gobierno, así como "repartos" en empresas públicas. El abogado Carmigniani emplazó a Boscán a que si tiene pruebas reales de sus acusaciones, las presente.
El Gobierno emitió un comunicado en el que sostiene que difundir infamias también es corrupción y ratifica su apertura y transparencia a cualquier investigación.
COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/5geHcJGMlj
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) January 10, 2023

Foto: Twitter de la Conaie
Leonidas Iza fijó su postura antiminera en recientes declaraciones, previas a una Asamblea en Defensa de la Vida, convocada este 12 de enero en Cotopaxi, y que busca poner en la mira los proyectos de minería que hay en el país.
El dirigente indígena destacó que, en opinión, la minería ocasiona más daños ambientales y sociales que beneficios económicos, por lo que sostuvo que se debe pensar más bien en el turismo que en la destrucción de escenarios naturales.
Iza dijo que tampoco se puede permitir que la Policía y el Ejército se conviertan en "guardias privados" de las empresas mineras. La postura de Iza lo pone en un nuevo curso de colisión con el Gobierno, una de cuyas estrategias para promover la inversión minera es, precisamente, la promoción de la minería en el país.
Iza agregó que la convocatoria del 12 de enero busca aglutinar a todas las comunidades afectadas por la minería, entre ellas, las que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito.
La minería es un daño permanente al medio ambiente, en términos económicos no aporta y solo incrementará el conflicto social.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) January 5, 2023
La vida está en riesgo, nos compete a todos/as por ello invitamos a participar de la Asamblea Nacional en Defensa de la Vida el 12 de enero en #Cotopaxi. pic.twitter.com/3v7vxDG87g

El periodista Freddy Paredes negó haber abierto los sobres que le había entregado el Comité Nacional de Debates con las preguntas para los candidatos a alcalde de Quito y prefecto de Pichincha.
"No fueron abiertos. Solo abrí el sobre grande y dejé ver dos sobres que contenía para alcaldes y prefectos. No se por qué hacen tanta polémica por eso en redes", dijo el comunicador, en diálogo con este portal.
"Yo renuncie por motivos de salud", agregó el ex presentador de Teleamazonas, quien actualmente se encuentra preparando un nuevo proyecto comunicacional. En octubre de 2019, Paredes fue brutalmente agredido por un manifestante indígena en las cercanías de la Casa de la Cultura.
Una fuente del Comité de Debates dijo a este portal que se le había indicado claramente a Paredes que los sobres se debían abrir solamente en el momento del debate, y que al mostrarlos en redes sociales habría actuado de manera inadecuada.
Las reacciones al vídeo de Paredes en Instagram motivaron que el Comité prepare un nuevo cuestionario, al tiempo que se invitó a la periodista Gisella Bayona a la moderación. Los miembros del Comité prepararon y sellaron personalmente los sobres para el debate en Quito y Pichincha.
.@gisella_bayona asume la moderación de #EcuadorDebate2023 para la prefectura de #Pichincha y alcaldía de #Quito. En garantía de transparencia, la profesional de la comunicación contará con un nuevo banco de preguntas, elaborado por el Comité Nacional para el efecto. pic.twitter.com/B0c5LkrvGp
— Diana Atamaint (@DianaAtamaint) January 7, 2023