Los Confidenciales
Luego de varios meses de auditoría interna, en julio del 2019, el gerente general del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, el principal del IESS en Quito, Dr. Juan Páez Moreno, hizo público un perjuicio al hospital por la caducidad de medicina. Se reportó entonces que se trataba de multivitaminas, hierro, ácido fólico y otros compuestos, los cuales se habían caducado almacenados en la bodega del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), de Quito, entre 2012 y abril de 2018.
La pérdida por esos medicamentos, dijo entonces el gerente Páez Moreno, que se habrían comprado hasta para siete años, ascendía a más de USD 7’000.000. Para el directivo, la situación se había desencadenado "debido a la corrupción con la que se manejaron los contratos con los proveedores en administraciones anteriores". En muchos casos, los acuerdos de compra "no permitían cambios ni devoluciones y que las compras excesivas y sin criterio causaron pérdidas".
Páez había entregado a la Contraloría General del Estado nada menos que 17 procesos relacionados con estos hechos para que se investigue y se determine a los responsables. Pero para julio del año pasado las denuncias aún no han tenido resultado, por lo que no pueden pasar a la Fiscalía. El gerente denunció un "esquema generalizado de corrupción".
El cardiólogo de 67 años fue nombrado gerente en abril del 2017 y se había mantenido en el cargo, incluso cuando fue afectado por la Covid-19 en junio del 2020, permaneciendo en terapia y tratamiento de complicaciones graves que lo tuvieron al borde de la muerte, nada menos que 115 días. Durante este tiempo fue subrogado. Él salió con el alta el 16 de octubre último.
Ese mismo día en que el gerente general y médico escapaba de la muerte y salía con el alta médica en medio de los aplausos del personal de HECAM, el presidente del Directorio del IESS, Jorge Wated Reshuan, hacía público en su cuenta de Twitter que que la entidad había perdido USD 5,7 millones en medicamentos, los cuales habrían caducado en al menos 10 de sus hospitales, entre 2016 y 2020. De una lista de hospitales del Seguro Social, el HECAM, decía Wated, había perdido USD 2,5 millones en medicamentos caducados.
El trino del alto funcionario, colocado en el cargo por el presidente Moreno, luego del escándalo de corrupción que involucró al anterior presidente, Paúl Granda, anunciaba que "en una primera investigación, detectamos más de USD 5,7 millones sobre medicamentos caducados en ciertas unidades médicas del IESS".
En una primera investigación, detectamos más de USD 5,7 millones sobre medicamentos caducados en ciertas unidades médicas del @IESSec. Estas casas de salud son las que, por el momento, nos muestran una mayor cifra. Profundizaremos en las investigaciones. La salud es prioridad. pic.twitter.com/2VbNPwKfzp
— Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) October 16, 2020
Pero la que anunciaba Wated como primicia no era la "primera investigación". Un informe de la Contraloría General del Estado, hecho público seis semanas antes del anuncio de Wated, a fines de agosto del 2020, y como fruto de las denuncias del gerente Juan Páez, determinó que medicinas e insumos médicos por USD 4,74 millones habían caducado en las bodegas del HECAM. La Contraloría acusó a los jefes de bodega y guardalmacenes que se habían turnado en el cargo entre el 2013 y el 2018. Se trataba de 87 mil medicamentos y 100 mil insumos y dispositivos médicos. Fruto de esta negligencia o corrupción, fueron afectados pacientes enfermos de cáncer, trombosis, párkinson o que necesitaban antivirales. También se provocó que no existieran medicamentos para pacientes hípertensos ni para tratamientos con antibióticos, o enfermedades gastrointestinales; para cirugías oculares, neurológicas y de traumatología.
A la par del informe, también había una indagación previa en curso, la 17010181XXX sobre las denuncias presentadas 14 meses antes por el gerente del H. Carlos Andrade Marín. Para el Dr. Páez, esta "denuncia" presentada por Jorge Wated, solo buscaría "sustentar el cambio de funcionarios de esta casa de salud". Pues las notas periodísticas, producto de la información entregada por Wated, se han referido a que estas irregularidades habrían ocurrido entre el 2018 y el 2020. Todo este propósito, dijo el gerente, "es para justificar tres aspectos: el cambio de ciertas autoridades del HECAM durante mi ausencia, implementación de directrices erradas para administrar el hospital que tendrán como resultado el fracaso a muy corto plazo y realizar una compra centralizada en lo que resta de la administración central".
Según el gerente, durante su ausencia en el cargo por estar afectado por la Covid-19, se tomaron algunas resoluciones por parte de sus reemplazos, que buscarían revertir decisiones tomadas durante su administración, entre las cuales expuso:
«Pagar a la empresa Pamaux, por cuanto existe informe de Contraloría que dijo, como un hallazgo de la entidad, que "no se evidencia que la contratista haya cumplido y hay un criterio jurídico institucional que recomienda el no pago". "Dejar sin efecto el estado de contratista incumplido de la empresa Abbot del Ecuador, "tal cual la exigencia de un asesor del Presidente del Consejo Directivo"."Dejar sin efecto el estado de adjudicatario fallido de la empresa Oxialfarm".
«Entregar en calidad de préstamo cantidades exageradas de medicamentos la Hospital Teodoro Maldonado Carbo y desabastecer al HECAM, exponiéndolo a una crítica situación de stock en fármacos, tal cual la disposición que obra en el memorando IESS-DSGCIF-2020-7109-M.
«Mantener la decisión de no derivar a pacientes del IESS a unidades de salud privada, salvo casos estrictamente necesarios. Pretender la derivación internacional sin criterio técnico-médico que sustente y motive el uso adecuado y óptimo de los recursos de los afiliados (...) es dar por hecho que nuestro sistema de salud y nuestros profesionales de salud no están preparados para afrontar situaciones de salud que están en el campo de las especialidades.
«Suscribir un contrato complementario de alimentación en el HECAM sin informe del administrador del contrato y pese a las constantes negativas.
«Detener en el Consejo Directivo del IESS la aprobación del proyecto de transplante de médula ósea, el cual se puede hacer en el HECAM, lo cual ahorra 200 mil dólares por transplante, lo cual afecta directamente a los recursos económicos de los afiliados.
«Ofrecer, a los afiliados, soluciones en redes sociales soluciones que técnicamente no son ejecutables, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad del fondo de salud, generando falsas expectativas de entregar medicamentos que no están en el Cuadro Básico de Medicamentos».
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), una institución dependiente del Ejecutivo, presentó una denuncia penal contra Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Según los funcionarios del régimen, Alarcón habría difundido "información restringuida" aunque lo que publicó en su cuenta de Twitter fueron datos de la encuesta de empleo, que el INEC realiza todos los meses.
Todo empezó el 7 de agosto, cuando el dirigente gremial publicó en su cuenta de Twitter: "Encuesta de empleo del INEC – ENEMDU Telefónica (Mayo-Junio 2020): De cada 100 trabajadores más del 80% no tiene un empleo adecuado. La tasa de desempleo se dispara al 13,3%". En el tuit del dirigente gremial, se presentaba además un cuadro explicativo elaborado por la Cámara.
La publicación de Alarcón, quien ha sido crítico de algunas de las medidas económicas del Gobierno y de sus propuestas, como la "contribución" de trabajadores y empresas para, supuestamente, combatir la crisis causada por la pandemia, fue inmediatamente comentada por el ex presidente Rafael Correa, también en Twitter:
"Lo bueno de cogobernar! El INEC aún no saca las cifras, pero el representante de los grandes comerciantes ya las tiene. En todo caso, ya no pueden ocultar la tragedia a la que nos ha llevado el Gobierno que tanto apoyaron".
La respuesta del régimen, al otro día, es decir, el 8 de agosto, a la publicación de Alarcón fue ponerle una denuncia penal en la Fiscalía, por un presunto delito de "divulgación de información restringuida". Según explicó Caridad Vela, secretaria de Comunicación del Palacio, el Ejecutivo y los fiscales no quieren encarcelar hasta tres años a Alarcón, sino que les cuente quién le entregó la información que, tal como dice Correa, aún no se había publicado oficialmente.
La medida del Gobierno, que se suma a una reciente denuncia penal contra el periodista de La Posta, Anderson Boscan, también por un trino, en la cual un oficial de Policía que supuestamente actúa de su cosecha y no por órdenes del régimen, aseguró que al publicar cuántos policías habían dado positivo para COVID hace meses les está violando "la intimidad" a los uniformados, provocó el rechazo de los gremios empresariales.
Para Fundamedios, que emitió un comunicado, la denuncia "violenta el derecho de acceso a la información pública" y debe ser "inmediatamente retirada". De su lado, por lo menos 32 gremios del empresariado apoyaron a Alarcón y pidieron el retiro inmediato de la denuncia.
Mientras tanto, el 15 de octubre, el INEC y el ministro de Trabajo, en el Palacio de Gobierno, sostuvieron que los resultados de su encuesta evidencian un fenómenos curioso: según ellos, entre junio y septiembre de este año, por lo menos 477 mil personas "salieron del desempleo", lo que no significa que tenga empleo formal necesariamente, sino que pueden haber engrosado el subempleo y el empleo inadecuado del que hablaba Alarcón.
Esta vez, el INEC aseguró que hizo la encuesta en un 98 por ciento de forma presencial durante el mes de septiembre. Aunque si se compara con los propios datos del INEC del año pasado, se puede ver que el desempleo en septiembre de 2019 estuvo estimado en 4.9%, mientras en septiembre de 2020 es de 6.6%, es decir, aumentó en lugar de disminuir con relación al año pasado. Por otro lado, a principios de agosto, se evidenciaba una gran caída del empleo formal, cuando el IESS reportó que en cuatro meses de pandemia había perdido por lo menos 270 638 afiliados, el 91% por despidos.
La ficha metodológica de la encuesta, publicada por el INEC en la página 11 de este documento, muestra la cobertura efectiva de viviendas de la encuenta y evidencia un curioso fenómeno: 574 viviendas fueron cubiertas en Quito. De esas, solo 126 fueron del estrato bajo. Mientras tanto, se planteó encuestar 896 viviendas en Cuenca, 840 en Ambato y 1428 en Guayaquil. En Guayaquil se repitió el mismo sesgo metodólogico que en Quito: solo 252 viviendas del estrato bajo fueron consultadas, concentrando la encuesta en los sectores medios y altos de la población. En Ambato, en cambio, se consultó la misma cantidad de viviendas en los estratos alto, medio y bajo de la población. ¿Significa esto que las conclusiones del INEC subestiman el impacto de la pandemia en los sectores populares de las principales ciudades?
Lea la carta de Jacobo Bucaram Pulley aquí
"Me siento feliz y orgulloso de este encierro, porque sigue el mismo curso la historia de la persecución a la familia más honorable y luchadora del Ecuador, me siento más orgullos que nunca de ser un BUCARAM, ahora me tocó a mi porque siguiendo los pasos de mi tío Don Buca, de mi tío Jaime Roldós Aguilera y de mi padre el líder de los pobres más grandes que ha tenido este país en toda su vida soberana, somos de esos hombres que desafiamos a los poderes de la sociedad, combatiendo toda clase de injusticias y abusos de poder contra los más necesitados, esta actividad termina a uno hasta costándole la vida como sucedió con mi tío Jaime Roldós...".
La carta de Jacobo Bucaram mencionó dos veces a Jaime Roldós. Pero Santiago Roldós, el hijo menor del expresidente, le replicó:
"Jacobo Bucaram Pulley tendría que lavarse la boca y la consciencia antes de atreverse a aludir a Jaime Roldós Aguilera, por más que haya sido efectivamente su tío, por la misma coincidencia genética que hizo que mi madre, Martha Bucaram Ortiz, una mujer excepcional e íntegra, fuese hermana de un miserable traidor y ratero como Abdalá Bucaram Ortiz, insolente guardaespaldas, gánster y mercachifle de la oligarquía a la que Jaime Roldós y Martha Bucaram combatieron, y de la que nunca quisieron ser parte, a diferencia de la mafia sangrante y ominosamente arropada por la espantosa bandera del PRE y luego de FE.
"Hay muchas posibilidades de ser Bucaram y decente; no se escondan en la misma lógica de pacotilla usada por las mafias intocadas de los social y demócratas cristianos de ayer y de hoy: con todo lo sufrido en mi propia historia, con toda la violencia patriarcal sufrida por mí y mis hermanas a manos de una familia enloquecida por el poder y el dinero, no creo que los cínicos de Abdalá y sus secuaces sean peores que Alarcón, Mahuad, Lucio, Correa, el saliente ministro Richard Martínez u otros decentes especímenes de la estirpe de extractivistas y déspotas que nos gobiernan".
Un médico de la provincia de Cañar dijo haber sido deshonrado por un mensaje en la red social twitter de Fernando Villavicencio, periodista y precandidato a asambleísta nacional, que lo señala a él y su familia como poseedores de carnés de discapacidad. El demandante tuvo la coincidente suerte que el caso cayó en manos de un juez que también obtuvo un carné de discapacidad. El autor del mensaje de twitter, ahora demandado, es el periodista Fernando Villavicencio.
Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).
El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad. En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.
El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.
El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.
Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.
Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. El medio www.periodismodeinvertigación.com señaló que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registraba discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tenía discapacidad del 60%.
Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.
Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.
El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.
Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%, según el medio. Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.
El abogado Diego Salamea, procurador judicial del médico Juan Fernando Quevedo dijo sobre esta medida judicial que: “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.
El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.
El portal de Villavicencio dijo en una nota que "el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos".
El abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen; señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente".
El portal www.periodismodeinvestigación.com publicó que parientes del médico demandante también tienen carnés de discapacidad. Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado Salamea indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.
Villavicencio cuestionó la acción del juez
Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostuvo que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años. Cuestionó la jurisdicción donde se inició la causa.
Reveló además que nunca fue notificado personalmente, pues se enteró por un medio de comunicación, diario El Mercurio, de Cuenca, que no circula en Quito sino de modo limitado. En el texto, la defensa del periodista observó la violación a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señaló que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparecía vinculado en la investigación periodística de su autoría.
La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero), quien también fue señalado en el reportaje El Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Según el portal, Feliciano Azuero, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, "vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador".
El Gobierno, por medio de la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso el nombre de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para ocupar la silla en el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que deja el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Mera Giler, quien fue el abogado de confianza del ex presidente Rafael Correa durante toda su administración, fue condenado a ocho años de cárcel en el marco de la trama del caso Sobornos, por haber cometido el delito de cohecho, al participar en una red que recibía dinero de empresarios privados para el financiamiento de Alianza PAÍS.
Según confirmó a PLANV el CEJA desde Santiago de Chile, donde se encuentra la sede de la entidad, el Gobierno propuso a Maldonado para una de las tres vacantes que se producirán en el Consejo Directivo del CEJA, que realiza tareas de promoción judicial en el hemisferio. Los miembros del Consejo Directivo del CEJA duran tres años en sus funciones y participan ad honorem, se explicó desde Santiago de Chile. El CEJA tiene cerca de 20 funcionarios de planta entre abogados y personal de apoyo, la mayoría chilenos y argentinos.
En la Asamblea número 47 de la OEA, que tuvo lugar en Ciudad de México en junio de 2017, el Gobierno de Lenin Moreno propuso y obtuvo la designación de Mera como parte del Consejo Directivo, pero, según aclaró el CEJA, el abogado guayaquileño ha dejado de participar en el Consejo tras el inicio del proceso penal en su contra por el caso Sobornos. Mera fue electo junto con otros dos juristas, de Uruguay y Canadá, con la aprobación de la moción presentada por Canadá.
El Gobierno de Moreno llegó a pedir también el beneplácito para Mera como embajador del Ecuador en Estados Unidos, pero Washington no respondió siquiera la solicitud, lo que se considera, en diplomacia, una negativa.
La 50 Asamblea General de la OEA, que se reunirá de manera virtual el 20 y 21 de octubre de 2020, deberá nombrar a tres nuevos integrantes del Consejo Directivo, pues quienes fueron electos con Alexis Mera y él mismo ha terminado sus periodos. Al momento hay cuatro candidaturas: Benjamín Berger de Canadá, María Victoria Rivas de Paraguay, Margarita de Hedegus de Uruguay y María del Carmen Maldonado del Ecuador, por lo que uno de los cuatro postulantes no será electo.
El portavoz del CEJA, Claudio Soto, informó a este portal que "no existen vacantes por país" aunque no puede haber más de un consejero de la misma nacionalidad.
Las candidaturas, dijo el portavoz, son determinadas soberanamente por los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país, y en caso de que haya más candidatos que vacantes, se deberá resolver por medio de una votación, en el seno de la Asamblea General, en la que participan los cancilleres del hemisferio.
A la izquierda la pintura original, llamada El silencio, que fue creada hace cinco años. Usada por la ministra María Paula Romo en la portada de una revista, fue resignificada e interpretada como una alusión y burla a la represión de octubre.
A la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no la dejan de poner en el centro de la polémica. Luego de las filtraciones de los chats entre ella y el exasambleísta acusado de corrupción, Daniel Mendoza, y su polémica con La Posta, estalló en redes sociales —que a veces parecen estar sometidas a un intenso delirium tremens— el "debate" por una blusa que la ministra Romo usó para una foto de portada en la revista Mariella.
En esa blusa está estampada una pintura, llamada por su autora, la pintora Michelle Merizalde, El Silencio. Muestra el rostro de una mujer sin un ojo. La blusa fue comprada por Romo hace un par de años. Y es parte de una colección de diseño textil combinado con arte de la empresa Mayta.
El hecho es que los sectores afectados por la represión en el levantamiento de octubre del 2019 se declararon ofendidos en las redes sociales, suponiendo que la ministra se estaba burlando de quienes perdieron sus ojos por supuestos proyectiles policiales. Desde las cuentas de la Conaie, cuentas correístas, cuentas de activistas políticos se juntaron para criticar esta supuesta "analogía", que se hacía con esa foto. Pero también hubo quien defendió a la ministra. La abogada y feminista Lorena Grillo los llamó en su cuenta "psicópatas que piensan barbaridades".
Los reclamos de una de las víctimas de la represión de octubre 2019, Jhajaira Urresta, quien ahora es candidato a asambleísta por el correísmo.
De su lado, la pintora Merizalde puso lo siguiente en su cuenta de Facebook (las palabras con mayúsculas son originales)
En referencia a la portada de la Revista Mariela, en la cual la señora Ministra María Paula Romo viste una blusa con esta obra ACLARO lo siguiente:
La obra es de mi autoría. FUE CREADA EN EL 2015. Se titula EL SILENCIO. Es acuarela sobre cartulina.
EL SILENCIO se enfoca en lo que muchas mujeres deben callar en sociedades predominantemente machistas como lo son en latinoamérica.
La oscuridad sobre uno de los ojos hace alusión a la imposibilidad de poder ver una realidad más justa para la mujer, además al ser los ojos el lugar donde se ve el alma, la esencia de las personas, también hago alusión a la pérdida parcial de la esencia femenina (magia, dulzura, sanación, fuerza) producto de una problemática social que va más allá de clases económicas o educación, se trata de una realidad que tiene varias dimensiones, sobre lo cual podría escribir varias hojas.
Los derechos de uso de esta imagen fueron otorgados por mi a Mayta, una empresa ecuatoriana de diseño de ropa de alta calidad, que trabaja con varios artistas, y que ha puesto en alto el nombre del Ecuador dentro y fuera del país con su trabajo, y esta es una de varias obras de mi autoría que han sido convertidas en diseños espectaculares gracias a Mayta. Ante lo cual me siento muy honrada.La blusa en cuestión salió al mercado en febrero del año 2017
ES MUY PENOSO VER COMO EN REDES SOCIALES SE HA QUERIDO TERGIVERSAR EL SIGNIFICADO DE ESTA OBRA.
EVIDENTEMENTE UNA OBRA DE ARTE ES CREADA POR EL ARTISTA CON LA IDEA DE EXPRESAR LO QUE ESTA EN SU ALMA...A TRAVÉS DE UN LENGUAJE ÚNICO QUE BUSCA TOCAR EL CORAZÓN DEL OBSERVADOR.
Esta obra y la blusa diseñada hace AÑOS ATRÁS tiene el único objeto de entregar al público la belleza de un trabajo artístico en acuarela y que fue convertido en una blusa hermosa gracias a toda la gente espectacular que trabaja en Mayta que hacen cada cosa con mucho amor y dedicación.
Les invito a conocer más de mi trabajo y del trabajo de Mayta.
La situación de extrema violencia se sigue mostrando en la zona de Imbabura, alrededor de las concesiones mineras que involucran a la empresa australiana Hanrine, con varias concesiones, las organizaciones de mineros independientes —que las empresas y el gobierno consideran mineros ilegales— y el gobierno, que es copropietario del bloque del proyecto Yarumahua, junto a la estatal Codelco, de Chile. Según fuentes vinculadas al sector, existe una enorme presión de miles de trabajadores mineros por obtener concesiones o sitios donde ejercer su oficio. Esta presión es considerada por algunas autoridades como "acciones de crimen organizado", lo cual niegan los mienros organizados. Pero la violencia desatada en estos días hace pensar lo peor.
"El 25-AGO-020, en contacto mantenido con F.H y con Representantes de la empresa HANRINE, se tomó conocimiento sobre daños ocurridos el día de hoy en el campamento del río JORDAN (quema del dormitorio y maquinaria de la empresa), dichos daños habrían sido ocasionados por comuneros del sector, quienes habrían ingresado por el sector de SAN PEDRO y LA ESPERANZA, bordeando el sector en donde se encuentra actualmente Personal Militar realizando controles.
"Además en la Y de CHISPO, en donde se encuentra ubicado el campamento principal, los comuneros habrían quemado la garita principal de guardia de seguridad, al momento el resto del campamento se encuentra sin novedad.
"IEBI se evidenció que las acciones estarían lideradas por la presidenta del GAD parroquial de BUENOS AIRES y el Sr. Ruperto BOLAÑOS ex dirigente de CUPMBAI, los cuales plantean el plan de cero minería en la zona, ya sea esta legal o ilegal, al momento existe la presencia de comuneros en el parque de la parroquia pernoctando en los vehículos.
"Adicional por información de la Policía Nacional se prevé que existan plantones y manifestaciones en el transcurso de estos días, cabe indicar que la P.N aumentó su contingente con un equipo completo de la UMO, personal del GEMA y 4 patrulleros.
Análisis
"Autoridades locales y dirigentes de la parroquia BUENOS AIRES, se encuentran incitando a la población a realizar acciones de protesta en contra de compañías mineras que mantienen concesiones mineras en esta parroquia, por lo que no se descarta que elementos delincuenciales y mineros ilegales estén tras estas acciones de sabotaje hacia instalaciones privadas a fin de impedir actividades de minería legal en el sector.
Esta acción fue difundida por el activista y periodista Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter.
ATENCIÓN| Pobladores de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, rechazan presencia de compañía minera Hanrine. pic.twitter.com/0GBhPdFZV6
— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) August 26, 2020
Días antes...
"ZONA: 01
SUBZONA: Imbabura
DISTRITO: Ciudad Blanca
CIRCUITO: Buenos Aires
LUGAR: Parroquia La Merced de Buenos
FECHA: 21/08/2020
HORA: 08H00 a 19H00
CAUSA: Acciones Operativas e Investigativas de Control en las Áreas de Minería Ilegal.
"De acuerdo a la planificación y enfoque investigativo-operativo relacionado al control, supervisión y acciones investigativas de la minería ilegal, por reportes del personal que permanece en el sector de Buenos Aires, se llegó a conocer que en el sector conocido como el Jordán, la Empresa HANRINE estarían realizando trabajos en la vía, motivo por el cual moradores del sector habrían iniciado concentraciones tanto a favor como en contra de dicha empresa, por lo que se procedió a verificar esta información con el equipo operativo que se encuentra en el territorio.
Verificaciones
"En las coordenadas UTM 17N 797604 72491, se pudo observar un aproximado de 40 personas, una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, por lo que se toma contacto con el señor Luis Sánchez encargado del Área de Operaciones de la empresa HANRINE, quien manifestó que la empresa se encuentra realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esta semana no han visto personas realizando actividades de mineria ilegal por el sector, que su único inconveniente era con personas que no están de acuerdo con el ingreso de la empresa al sector.
Acciones opertivas y control
"Al momento de retirarnos del lugar antes indicado, llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, los mismos que procedieron a exigir la salida de la Empresa del lugar, de igual manera llegó otro grupo de manifestantes en camionetas, sumando un aproximado de 100 personas, con la intención de sacar la maquinaria de la empresa HANRINE que estarían trabajando en ese sector, manifestantes liderados por las siguientes personas:
- Ruperto Bolaños
- Simón Bolívar Navarrete Revelo
- Patricio Romero
- José Fraga
- Diego Tirira Lima entre otros.
"Por el otro lado se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía (trabajadores de HANRINE), quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria, mientras se encontraban en una discusión los dos bandos se pudo observar que de los dos bandos son familiares y conocidos.
"Al lugar acudió el Coronel Marco Vinicio Narvaez Fuel, Tcnl. Diego Ramirez Recalde, con personal de la UMO, quienes verbalizaron con la comunidad y con representantes de la Empresa HANRINE (luego de hablar con sus superiores) el señor Alexis Enrique Aciptio Saant e Ing. Luis Fernando Sánchez López accedieron a que la maquinaria salga hacia Buenos Aires y por parte de los manifestantes, indicaron que una vez que salga la maquinaria ellos se retirarían, sin embargo, una vez que las tres máquinas (rodillo, gallineta y volquete) salieron del sitio, los manifestantes no se retiraron ya que indicaron que existía otra maquinaria vía Santa Lucía y que también salga. Es así que los manifestantes avanzaron a pie (por un camino recién abierto y muy lodoso) para exigir la salida de esa maquinaria, ya en horas de la tarde se observó que los manifestantes bajaban de la montaña caminando detrás de una maquinaria (pala mecánica), la cual ingresó a una casa ubicada en el sector de El Jordán (casa de uno de los comuneros que trabaja para HANRINE), lo cual molestó a los manifestantes ya que exigían que esa maquinaria salga también, en ese momento, nuevamente se intervino para mediar y evitar agresiones.
"Finalmente, los manifestantes decidieron retirarse indicando que el día de mañana volverán aún con más gente para exigir la salida total de la empresa.
Consideraciones
"Se consiguió actuar como mediadores a fin de evitar enfrentamientos, por lo cual, no fue necesario el uso progresivo de la fuerza, sin embargo, el problema sigue creciendo ya que los manifestantes (supuestos antimineros) indican que desean sacar en su totalidad a la empresa minera y volverán con mayor contingente, lo cual se solicitó al PMU de Buenos Aires disponga de mayor contingente policial, fin precautelar la seguridad ciudadana, orden pública e integridad de nuestro TH; de igual manera se le remitió al Jefe del PMU B Aires la resolución de fecha 17 de agosto del MERNNR, relacionado con el levantamiento de la suspensión de las actividades mineras del área IMBA02, cuyo titular es la Compañía Hanrine".
Plan V mantiene en su poder un video, editado, donde se muestra una reunión o asamblea previa de los mineros de Buenos Aires. En una de ellas el legislador Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura por CREO, participa en una reunión de mineros donde ofreció legalizar a los mineros llamados ilegales.
Los chats de Whatsapp entre Daniel Mendoza, ex asambleísta alineado con el Gobierno de Lenin Moreno y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fueron publicados por los periodistas de La Posta, Anderson Boscán y Luis Vivanco.
En un programa especial transmitido por internet, a las 16:30 de hoy, los periodistas de La Posta revelaron los chats de Whatsapp entre Romo y Mendoza, así como un gráfico que supuestamente fue entregado por el ex legislador manabita en donde aparece como centro la ministra de Gobierno, a quien haría responsable de haber entregado el control político de hospitales en Quito, Guayaquil y varias ciudades del interior del país a legisladores, a cambio de apoyo al bloque "morenista" en la Asamblea Nacional.
Estos son los chats más importantes entre Romo y Mendoza.
— La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) August 26, 2020
En este capítulo te mostramos cómo María Paula Romo le daba puestitos en el Gobierno a los panas del legislador manabita. #LaConfesiónDeMendoza pic.twitter.com/JxwJj58kpz
Durante casi una hora, los periodistas mostraron las capturas de pantalla de los chats entre Romo y Mendoza, que según dijeron, evidencian una cercana relación personal y política entre ambos. Romo, inclusive, fue invitada al matrimonio de Mendoza. Para Vivanco y Boscán, llama la atención lo que parece una estrecha cercanía entre ambos políticos, sobre todo cuando se decía que Mendoza era más bien del entorno del ex consejero de Palacio Santiago Cuesta, supuestamente enfrentado con Romo, Juan Sebastián Roldán y otros círculos en torno al presidente Lenin Moreno.
Este es el diagrama presentado por Mendoza ante Fiscalía, sobre cómo quedó el reparto. #LaConfesiónDeMendoza https://t.co/ELZ3kkeGT4 pic.twitter.com/gyHGzjz6TY
— La Posta Ec (@LaPosta_Ecu) August 26, 2020
Boscán y Vivanco señalaron además que Romo habría estado al tanto del "reparto de los hospitales" que consistió en permitir a los legisladores morenistas el control político de las casas de salud en el interior de la República a cambio de apoyo político en la Asamblea. Los periodistas de La Posta relacionaron también dichos acuerdos con el archivo del juicio político en contra de Romo, en una Comisión de Fiscalización en la que Mendoza era una pieza clave. En varias capturas de pantalla se ve a Mendoza mencionando nombres para cargos públicos en la provincia de Manabí, como la gobernación, que depende del Ministerio de Gobierno.
En su cuenta de Twitter, Romo Rodríguez respondió a las preguntas formuladas por La Posta. La ministra de Gobierno cuestionó que el medio digital de cabida a las supuestas declaraciones de Mendoza, alegando que ella era quien lo había "investigado y denunciado". También negó que el voto de Mendoza por el archivo del juicio político en su contra haya sido decisivo.
Antes del mediodía, @LaPosta_Ecu me envió varias preguntas relacionadas al caso Mendoza. Comparto con ustedes las respuestas enviadas a su cofundador, @luisevivanco pic.twitter.com/nRIy1uc57T
— María Paula Romo (@mariapaularomo) August 26, 2020
A las pocas horas, la Fiscalía emitió un comunicado en donde reveló que el 20 de agosto, el padre de Mendoza entregó a los fiscales un celular, una grabadora de voz y un USB. Dichos aparatos fueron analizados en una audiencia privada este mismo 26 de agosto, a las 14:30. Para la Fiscalía, el contenido del celular de Mendoza "no ha sido judicializado aún" y la publicación de sus contenidos "podría incluso invalidarla como prueba". La Fiscalía dijo que publicaciones como esta, en su criterio, "interfieren" en las investigaciones y "pueden beneficiar a la impunidad".
#ATENCIÓN | Respecto a la información difundida por redes sociales, supuestamente vinculada al proceso que se sigue contra Daniel M. A. y otros, por presunta delincuencia organizada, relacionado con la construcción del #HospitalDePedernales, #FiscalíaEc informa pic.twitter.com/i3B8cK3QFe
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 26, 2020
Por su parte, el director de La Posta, Luis Vivanco, rechazó la tesis de la Fiscalía:
Se podría haber impedido trabajo de la justicia? JA!
— Luis Eduardo Vivanco (@luisevivanco) August 26, 2020
Cuál justicia? Si todos se fugan
Fiscalía sabe que prueba no se invalida, ellos mismos dicen que la cadena de custodio no se invalidó. Ese comunicado está escrito con iras no más
Ahora la gente lo sabe, eso también es justicia
La transferencia que Dalo Bucaram realizó a Estados Unidos el 30 de julio, por USD 76.871,07 era el dinero que tenía en una cuenta del Banco Guayaquil. Varios días antes, el 16 de julio, la cuenta corriente que tenía Bucaram fue cerrada unilateralmente por el Banco, que, según afirman sus abogados, sin orden judicial alguna y de su cosecha, decidió retener el dinero de Bucaram.
En una carta enviada el 16 de julio de 2020 al Banco Guayaquil por parte del abogado Daniel Veintimilla, procurador judicial de Bucaram, a la que tuvo acceso este portal, se explica que el Banco canceló la cuenta de Bucaram y retuvo todo su dinero. Para el abogado, el Banco, que actuó sin orden judicial alguna, cometió una "intromisión en el goce del bien", prohibido por convenciones internacionales.
El abogado alegó que se había violado la presunción de inocencia de Bucaram al cerrar la cuenta y retener el dinero, y explicó que a la fecha, Bucaram no estaba inmerso en "delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo y delitos por drogas, al tiempo que no tiene ningún llamamiento a juicio".
Esta carta fue entregada en la matriz del Banco Guayaquil por los abogados de Bucaram.
Además, explicó el apoderado de Bucaram, se le investigaba a la fecha en una indagatoria reservada a la cual ya había comparecido en la Fiscalía. Acusó al Banco Guayaquil de haber "roto el sigilo bancario" y pidió que se le devuelva el dinero con un cheque de gerencia.
Según se dijo desde la defensa, el Banco reconoció el error y devolvió el dinero el 30 de julio. "La verdad es que Dalo pidió el 16 de julio al Banco que le devuelvan esos fondos, coincidiendo que se los dieron el 30. Con ese dinero pagó en Estados Unidos por adelantado un año de arriendos (por ser extranjero no residente les exigen allá eso) y además, seis meses fuera también exigen la cobertura de otros gastos familiares. Aparte de que es un dinero bancarizado, con origen lícito y más que nada el dueño puede gastarse eso como a bien tenga", dijo uno de los abogados a cargo de la defensa de Bucaram.
Aunque un medio de Miami presentó el caso como un intento de Bucaram de evadir una orden de congelamiento que ahora pesa sobre sus cuentas, la defensa dijo que "esos son los valores que salieron del país para los pagos y gastos relatados. Salieron el 30 de julio coincidiendo infelizmente con el día de la audiencia y ocasionando todo tipo de comentarios y elucubraciones". Al momento de la transferencia, no había ningún impedimento legal para que Bucaram sacara su dinero del país.
Este el 18 de agosto de 2020, la jueza nacional Daniella Camacho, presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), firmó un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral. Se trata de una respuesta a una consulta formulada por la Función Electoral sobre el estado actual de la sentencia emitida contra Rafael Correa y otros jerarcas correístas, por el caso Sobornos. Correa fue condenado a ocho años de cárcel por ser el autor de una red que pedía dinero a grandes empresarios para financiar sus operaciones políticas, lo que luego retribuía con favores y contratos estatales.
Pero la sentencia, que fue emitida en el seno de la propia Corte Nacional por el fuero de corte de los involucrados, se encuentra en casación en esa misma Corte, recurso que fue interpuesto por las defensas de Correa y los otros condenados.
A pesar de ello, y de que el Código Orgánico Integral Penal señala en varias partes que la casación suspende la ejecutoria de la sentencia, la jueza Camacho sostuvo en su carta al Consejo Electoral que “se encuentran sustanciando los recursos de casación interpuestos por los procesados“. Y agregó esta frase polémica: “Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana, el recurso de apelación pone fin al juicio. El recurso de casación, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada.”
La oscura redacción de la carta de la jueza provocó una tormenta política, pues hubo quienes la interpretaron como la afirmación de que Correa ya no podría ser candidato a la vicepresidencia. Esto porque la Constitución prohíbe que sean candidatos quienes tienen sentencias ejecutoriadas.
Desde Bélgica, Correa reaccionó. "¡Están realmente desesperados! Rompen Constitución y elemental doctrina jurídica. Ahora sentencia se ejecuta antes de casación. La que dirige todo esto es la inefable jueza Camacho, sinvergüenza a la que #ElPeorGobiernoDeLaHistoria pondrá de presidenta de la Corte en enero", escribió en Twitter.
Para el jurista Ismael Quintana, quien no es precisamente un correísta, la carta de Camacho fue un papelón. "El papelón que hizo hoy la Corte Nacional con ese forzado oficio en que una juez de la Sala Penal indica que la casación es una “acción autónoma distinta” para intentar decir que el fallo sobornos está ejecutoriado, pretende arreglarse con un: “yo no puedo certificar eso.” ¡Mal!".
Y es que a las pocas horas, Camacho se desdijo y emitió una nueva carta. En ella, la magistrada aclaró que la certificación sobre en qué estado está la sentencia le corresponde a quien la tramita, en este caso, el conjuez Lauro Cadena, a cargo del tribunal de casación. Camacho, quien preside la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, admitió que "el juez ponente" es quien debe pronunciarse al respecto.
Para Quintana, "la casación no es tercera instancia, es cierto. Por eso se trata de un recurso extraordinario (no revisa hechos, no revisa prueba). Pero la ejecutoria del fallo solo se dará cuando se resuelva lo que corresponda sobre ese recurso".
Desde el correísmo, la lectura es que, dado que hasta el 16 de septiembre, que es la fecha tope, no se resolverá la casación presentada, Correa sí podría aspirar a ser candidato a vicepresidente de la República.
Quintana sostiene que, con o sin sentencia por el caso Sobornos, Correa no puede ser candidato a vicepresidente pues en el evento de que ganara, su única función constitucional es suceder al presidente electo y él ya no puede ser presidente por haber ejercido ya la primera magistratura.