Los Confidenciales
El comandante general del Ejército, general Luis Altamirano, emitió en su cuenta de Twitter una carta abierta, en la cual hay un mensaje, que entre otras cosas dice: "Jamás traicionaría a quien con orgullo dedico mi esfuerzo por un mañana mejor, sin ambición, sino con el único propósito de servir. Dejo a los cobardes la angustia de su notoriedad pasajera y la pobreza en la que viven. Podrán rebuscar entre las piedras, pero solo encontrarán mayor frustración...".
Este mensaje estuvo dirigido más hacia los miembros del Ejército que hacia los usuarios de la red de Twitter. Y fue una respuesta a un video que fue lanzado en redes sociales, por la propagandista del correísmo llamada Ebi Camacho. En el video ella se dirige directamente al general Altamirano y le dice que le cuente "a todo el Ejército, oficiales y tropa, en qué viene trabajando a puerta cerrada mientras estamos en cuarentena"... Y mostró las copias de un oficio y una resolución publicada en el Registro Oficial Secreto que supuestamente es para reducir el tamaño del Ejército, desde agosto del 2020. Y la modalidad de reducción sería que en los ascensos de julio no ascenderían más de 800 personas, entre oficiales y tropa, siendo lo normal unas 2400 personas. Y la correísta Camacho lo trata de "desleal" y que el título de señor "le queda grande".
En el video se nota claramente que Camacho lee un papel que le dieron, pues ella nada sabe de temas militares, o al menos nunca se le había escuchado antes hablar sobre eso. Fuentes de Inteligencia dijeron a Plan V que detrás de esto estarían exgenerales que salieron de la institución a raíz de los sucesos del levantamiento indígena y popular de octubre (Ndlr. Lea la carta del general Javier Pérez al final de esta not). También atribuyeron el ataque a la intención de impedir que el general Altamirano sea nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y busca también dividir a los mandos de la institución militar.
Al respecto, el señor general (sp) Javier Pérez rechazó cualquier alusión a su persona en esta situación. En carta enviada a Plan V dijo lo siguiente:
Me dirijo a ustedes sobre el artículo que aparece en el portal digital de su revista con el título “El correismo ataca al comandante general del ejército”, en el texto mencionan "Fuentes de Inteligencia dijeron a Plan V que detrás de esto estarían exgenerales que salieron de la institución a raíz de los sucesos del levantamiento indígena y popular de octubre(…)”.
Al respecto expreso mi rechazo a esta afirmación; en las actuales circunstancias, como todo ciudadano y ser humano me preocupa lo que ocurre en el país y en el mundo con la pandemia COVID-19, todo mi tiempo y energía lo he dedicado a tareas constructivas aportando desde el plano de las ideas en procesos educativos y de investigación académica, alejado de cualquier actividad que no sea la búsqueda de soluciones a las dificultades presentes.
Debo manifestar mi profunda preocupación por la forma tan ligera con la que se difundió esta nota, sin contraste con los aludidos; los medios de comunicación, en su momento hicieron conocer que los oficiales generales que fuimos separados de la institución luego de la crisis de octubre de 2019, fuimos: Gral. Roque Moreira y Javier Pérez. En lo que a mí me compete, he manifestado mi solidaridad al mando del ejército por la forma con la que se pretende afectar a la institución, con verdades a medias y cuestionamientos salidos de todo contexto. El documento al que se refiere "la propagandista del correísmo llamada Ebi Camacho” -tomado literalmente de Plan V- fue elaborado en mi período como comandante general del Ejército, siendo el General Altamirano el Director de planificación y gestión estratégica, su finalidad era la de regularizar los ascensos del año 2019 y garantizarlos en el futuro, actuando con apego absoluto a las leyes y normas vigentes.
Jamás estaré de lado de quienes nos han conducido a la quiebra moral y económica del país. En espera de una pronta rectificación, me suscribo
Atte.
Javier David Pérez Rodríguez
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Foto: El Universo
El nuevo ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, reveló al país en cadena nacional que los dos millones de pruebas que la exministra Andramuño había anunciado, reiteradamente, que habían sido contratadas en Corea del Sur, no llegarían al país. Y que estaban por llegar apenas el 10% de esa cifra: 200 mil pruebas. ¿Mintió la exministra? Altas fuentes del Gobierno lo admitieron: nunca hubo tal contratación. Y mencionaron otros hechos para mostrar por qué se dio la renuncia de la alta funcionaria en plena crisis. Por ejemplo, el papelón de los laboratorios privados. Según fuentes del Gobierno, estos laboratorios nunca estuvieron listos, ni tenían los reactivos para hacer las pruebas. La exministra habría pasado la lista de los mismos al Vicepresidente de la República, a la Ministra de Gobierno, y estos funcionarios los anunciaron en cadena nacional. Como más rápido cae el mentiroso que el ladrón, la realidad de la gente que no se pudo hacer las pruebas echó al traste esta información. ¿Otra evidente mentira? Y la gota que derramó el vaso, según las altas fuentes, fue que gente del Ministerio de Salud habría filtrado al equipo del alcalde Jorge Yunda, información sensible y reservada sobre la epidemia, que su vez fue filtrada a redes sociales. Esta información indicaba, por ejemplo, las parroquias de Quito donde estaban localizados los casos, el rango de edades de los afectados y otros detalles que ponían en peligro a los pacientes, dada la reacción cavernaria de algunos ciudadanos que han empezado a tratar como "apestados" a las personas infectadas, poniendo en riesgo su seguridad y las de sus familias.
Pero eso no es todo: ante la indignación del Vicpresidente y de los demás ministros por esta situación (y otras cosas que se llegarán a saber, advirtieron) estos pidieron al Presidente Moreno la destitución inmediata de la ministra, pero el primer mandatario dijo que había que darle la oportunidad de salir con dignidad. Foto:AFP
La semana pasada mientras un periodista de Plan V consultaba el estado de un pedido de acceso de información para un tema de investigación, el Ministerio de Ambiente, a través de sus funcionarios, informó que no responderá ese tipo de solicitudes hasta que las nuevas autoridades asuman sus despachos y conozcan los pedidos. Ambiente inició la semana pasada su fusión con la Secretaría del Agua y perdió a su cuarto ministro. Ahora, el funcionario que está al frente de ese cambio es Juan DeHowitt, quien asumió como nuevo titular de esa cartera y ha anunciado que pedirá un análisis jurídico de la polémica fusión. Según informó una funcionaria, hay cambios en los cargos de nivel jerárquico.
Juristas expertos en acceso a la información pública informaron a Plan V que suspender los pedidos de información por cambios internos no tiene asidero jurídico. El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LOTAIP) dice: “El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario”. Esta redacción ingresó el pedido de información el pasado 17 de febrero y los 10 día estipulados ya fenecieron. Ambiente tampoco cumplió la disposición de pedir una prórroga. No es la primera que una institución pública transgrede la LOTAIP.
En un vídeo en Facebook, el correísta chileno Patricio Mery Bell denunció lo que consideró un maltrato sufrido en España, a donde había llegado procedente de Italia, en donde, aseguró había estado dando conferencias. El correísta, que se presenta como periodista y consultor político -de hecho, llegó a tener algunos contratos durante el gobierno de Rafael Correa- aseguró que fue "encerrado" en un cuarto por la Policía española, quien lo declaró en "cuarentena", sin que le brinden atención médica a pesar de tener solo un leve dolor de garganta.
El hecho ocurrió en Barcelona, en donde el correísta aseguró que había ido a un centro de salud para ser atendido y que ni siquiera lo examinaron, sino que lo pusieron bajo custodia policial. "No sé si es un problema conmigo por ser periodista", dice el chileno en su vídeo, en donde se lo ve usando una mascarilla en un cuarto de hospital.
Mery Bell, quien es muy aficionado a las teorías de conspiración, dejó entrever que el trato que habría recibido en el hospital en Barcelona podría estar relacionado con su activismo político.
"No hay exámenes en España para coronavirus, se están demorando semanas, me han lanzado una manta para que me tape desde hace cinco metros como si tuviera lepra o estuviera en un película de zombies", explicó el chileno, quien aprovechó para destacar que es joven y hace deporte.
Merry Bell aprovechó para acusar "a los grandes medios de comunicación" por su situación. Aprovechó para destacar la "telemedicina" que se aplica en nuestro país.
A la postre, Mery Bell dijo que le dejaron salir del centro de salud, luego de la presión de un grupo de ecuatorianos residentes en Barcelona y sin que, según sostuvo, ningún médico le examinara ni le hicieran ningún examen. Foto: el Ciudadano
A finales de julio del 2019 se anunciaba que la historia de Arthur, el perro callejero ecuatoriano que fue llevado a Suecia luego de una competencia, sería llevada al cine. El medio especializado The Hollywood Reporter, había confirmado que la película estaba ya en fase de producción, pues se tenía ya al guionista, productor y actor principal, y a Arthur, por supuesto. La película estaría basada en un libro sobre el can, en el cual, Mikaeli Lindnord, el jefe del equipo sueco en el Huairasinchi de el 2014, contaba cómo como este perro se juntó al equipo durante la esforzada compencia y nunca abandonó a sus nuevos amigos hasta que resolvieron llevarlo a Suecia. Ahora se lo muestra feliz en los campos nórdicos con la familia de deportistas que lo adoptó.
Esa es la parte linda de la historia. Pero hay otra que parece película de terror. Es que los productores buscaron las locaciones para la película en Ecuador, naturalmente. Pero al parecer han existido una serie de dificultades y trabas burocráticas para poder acceder locaciones, como el pago de una garantía para poder filmar en un parque nacional, y el cobro para el ingreso de equipos de filmación. Los permisos también han complicado la filmación.
El fiscal Fabián Chávez, con ayuda de un policía, que al parecer actuaba a sus órdenes, obligó a una fotógrafa del diario Expreso a borrar de la cámara una foto suya, que había sido tomada en un sitio público. El hecho fue denunciado por la periodista judicial del medio, Marieta Campaña, en su cuenta de Twitter.
"Hoy en los exteriores de la Fiscalía un fiscal que tiene un caso mediático y que ha asistido a la audiencia de Sobornos, ha venido con un policía para exigir a la fotógrafa de Expreso que borre una foto, tomada en un lugar público y mientras cumplimos nuestro trabajo", dijo la periodista en su tuit.
Campaña protestó por escrito ante el Director de Comunicación de la Fiscalía en éstos términos:
"Esta mañana hemos estado con mi fotógrafa en una cobertura en los exteriores de la Fiscalía porque iban a rendir su versión los pilotos de las aeronaves presidenciales. Como se acerca la audiencia en el caso Ola Bini ha coincidido que ingresaba en ese momento el fiscal del caso Fabián Chávez. Para graficar esa nota pedí a la fotógrafa que le haga unas fotos. Eso se hizo mientras el fiscal ingresaba. Minutos después regresó el fiscal con un policía a pedir que las fotos sean borradas. Pedimos explicaciones, que nos diga por qué cuando él es un personaje público. No nos dio ninguna razón más que la exigencia de que la foto sea borrada. Ante esa intimidación se borró la foto. Diario Expreso quiere conocer si es que esa es una disposición nueva de la Fiscalía o cuál es la circunstancia del pedido del fiscal".
El caso al que hace referencia Campaña es la investigación contra el programador sueco Ola Bini, en la que el fiscal trata de probar que el extranjero ingresó sin permiso a un sistema informático. En varias audiencias, el fiscal intentó que Bini "colabore" dándole las contraseñas de sus dispositivos electrónicos, aunque finalmente la Policía, revisando las cámaras de vídeo del edificio donde vive el sueco, logró obtener la contraseña del Iphone, pues Bini hasta la fecha no se las entrega.
Luego, el fiscal alegó que exigió el borrado de la foto porque estaba en compañía de familiares suyos, los cuales no quería que salgan en la foto.
La agencia Reuters ha lanzado al mundo la información de que el consorcio minero chino Ecuagoldmining inició una disputa con el gobierno ecuatoriano sobre el proyecto de minería de oro, Río Blanco, en el Azuay, que está detenido más de un año por objeciones de activistas de la comunidad. La disputa podría llevar a una lucha de arbitraje de USD 480 millones, dijo el viceministro de Minas, a la agencia británica.
La mina Río Blanco de Ecuagoldmining apenas había comenzado la producción en 2018 cuando los activistas exigieron que se les consultara si se debía permitir la mina, y ganaron una orden judicial para detener las operaciones.
El viceministro de Minería, Enrique Gallegos-Anda, dijo que era la primera disputa de este tipo desde que Ecuador comenzó un fuerte impulso para expandir su sector minero, lo que atrajo el interés de los inversores, pero también enfrenta preocupaciones sobre el poder de los grupos locales para detener los proyectos.
"La disputa internacional se presentó en enero", dijo Gallegos-Anda a Reuters. "El ministerio necesita recibir oficialmente la invitación para las conversaciones. Vamos a tener un diálogo y buscaremos una solución".
El proceso de seis meses es el primer paso en un posible arbitraje según lo establecido en un tratado de inversión entre Ecuador y China, dijo Gallegos-Anda. El Gobierno espera que un fallo de la Corte Constitucional permita que el proyecto reanude las operaciones, evitando un procedimiento de arbitraje. "Lo lógico es esperar a que los magistrados de la corte concluyan que los jueces interpretaron incorrectamente las normas", dijo Gallegos-Anda. "Poco después, la compañía podría reanudar sus actividades".
Si se somete a arbitraje, la mina Ecuagold buscará el valor total del oro que esperaba producir durante la concesión de 11 años, dijo, y agregó que no sabía qué panel de arbitraje escucharía la disputa.
Ecuagoldmining, un consorcio compuesto por las firmas chinas Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group, declinó hacer comentarios.
Foto: M Puertas
El 22 de marzo del 2011, el ciudadano Rafael Correa interpuso una demanda penal por injurias en contra de Emilio Palacio, director de opinión de El Universo, sus directivos: Carlos, César y Nicolás Pérez y a la persona jurídica El Universo. En este juicio de acción privada, menos de cuatro meses después, el 20 de julio del 201, el juez Juan Paredes sentenció a los acusados a tres años de prisión y a pagar USD 30 millones al ciudadano Correa Delgado, a la sazón Presidente de la República. Y la compañía El Universo es condenada a pagas USD 10 millones adicionales. En total USD 40 millones. Dos meses después, el 20 de septiembre, se ratifica la condena en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Y el 12 de febrero del 2012, la Corte Nacional rechaza la casación y ratifica la sentencia, luego de una audiencia de 13 horas.
Los acusados del Caso Sobornos o Arroz Verde, han denunciado la supuesta velocidad con la cual está actuando la justicia en el procesp. Comparado con el caso El Universo, tenemos que:
Caso El Universo:
Demanda de Correa a El Universo: 22 de marzo del 2011
Sentencia en primera instancia: 20 de julio del 2011
Total: 4 meses
Caso Sobornos:
Instrucción fiscal: 3 de mayo del 2019.
Instalación de audiencia de Juicio: 10 de febrero del 2020
Total: 9 meses
La situación del programador sueco Ola Bini continúa sin solución legal. Aunque fue liberado tras concedérsele un hábeas corpus, todos los viernes se presenta en la Fiscalía de Pichincha y sigue con medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y el congelamiento de sus cuentas.
Según su abogado, Carlos Soria, a pesar de que se presentó una recusación contra la jueza Yadira Proaño, la magistrada deberá conocer nuevamente el caso, y ha fijado fecha para el 9 de marzo para la audiencia preparatoria de juicio. En la audiencia, explicó Soria, se planteará la nulidad del proceso y se pedirá el archivo de la causa, pues la Corte Provincial de Pichincha consideró ilegal la detención del sueco y también la forma en la que se obtuvieron las pruebas en su contra.
Desde octubre, cuando la audiencia se suspendió por las protestas de ese mes, no ha habido mayores novedades en el caso, en donde se acusa a Bini de haber ingresado sin autorización a un servidor de la CNT, si bien la prueba es una captura de pantalla en donde se ve la pantalla de ingreso al servidor pero no parece haber ocurrido la intrusión, destaca el abogado.
Mientras tanto, Bini continúa trabajando en desarrollo de programas de código abierto y en seguridad digital desde su departamento, pues, asegura su abogado, tiene todavía clientes en el mundo que contratan sus servicios y con los cuales se comunica por medio de la internet. Bini tiene ya una visa de inversionista con la que cual se ha legalizado en el Ecuador, aunque los USD 40 mil que invirtió están congelados.
En el primer día de la audiencia de juicio por el caso Sobornos, un caos se vivió al inicio de la diligencia. El juicio fue convocado para las 08:00, pero a esa hora aún los medios no pudieron ingresar. Abogados, testigos y periodistas se amontonaron en la puerta principal para pugnar por entrar a tiempo, sin que ningún funcionario de la Corte pusiera orden. Solo por el chat de prensa, el equipo de Comunicación deslizó una disculpa. Pero eso no cambió que varios equipos ingresaran tarde a la sala. Con los ascensores colapsados, camarógrafos y fotógrafos subieron por las gradas hasta el octavo piso. Para muchos fue sorpresivo ver al tribunal del caso instalado y dando indicaciones. Incluso el juez ponente del tribunal, Iván León, dio escasos minutos para que los equipos de TV y de la prensa hicieran fotos y videos. Los comunicadores tuvieron que hacerlo de forma atropellada.
A esto se sumó la discreción con que las funcionarias del área de Comunicación y Relaciones Públicas de la Corte hicieron pasar a las periodistas. Aunque la periodista de este medio estuvo en la fila y a tiempo para el ingreso, no se le dejó ingresar en el orden que estaba. Una funcionaria hizo a pasar a otros colegas sin que explicara el por qué de la preferencia. La capacidad de la sala es limitada y solo quienes logran un asiento pueden quedarse, por lo que el orden es importante. Más tarde, Gema Novoa, directora de Comunicación de la Corte, dijo a Plan V que se dio prioridad a los medios que “cubren todas las audiencias” en ese órgano judicial. Es decir que, según su explicación, el carné que facilita un ingreso preferencial a la Corte depende del número de horas que pasa un periodista en esa institución. Algo que discrimina a los otros medios, como revistas y semanarios, que no tienen las mismas lógicas que un medio de cobertura diaria.
Además, Comunicación no informó por ningún medio oficial sobre los nuevos carnés. Ese reciente proceso de acreditación fue anunciado verbalmente a un grupo de periodistas por la funcionaria, según dijo, en un día de enero, cuya fecha exacta no recuerda. Sin embargo, hubo periodistas de otros medios digitales que pasaron sin ninguna restricción este lunes. Los periodistas que estén por fuera de la lista de los 35 medios con los carnés preferenciales, tendrán que pedir uno provisional todos los días que asistan a la Corte y esperar a que un funcionario de Comunicación se los entregue.