Los Confidenciales
Según estadísticas internas de la Policía Nacional, los casos de homicidios en el país subieron de 801 en el último semestre del 2017 a 909 homicidios entre enero y octubre del 2019. Esto significa un incremento del 13,5% entre los dos años. En el mismo periodo (enero-octubre del 2018 y enero-octubre del 2019) los robos a personas subieron 8%, los robos a unidades económicas crecieron 8,3%, los robos de carros aumentaron en el 22%, los de motos el 32% y los de accesorios se mantuvieron casi igual con un ligero incremento del 0,6%. Lo que disminuyó en ese periodo fue el robo en carreteras, con -12,7% y el robo en domicilios con -14,3%. En total, en lo que va del 2019, se han denunciado 55.185 incidentes de robos. Foto referecial
La destacada intelectual mexicana Raquel Serur Smeke fue nombrada embajadora de México en Ecuador, por el gobierno de Andrés López Obrador. Lo que pocos saben es que ella fue esposa del fallecido filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, quien desarrolló la mayor parte de su pensamiento en el país azteca.
Según información del Gobierno mexicano, la diplomática tiene una licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios de Maestría en Letras Españolas en la misma institución y completó sus estudios del Doctorado en Letras de la misma universidad.
Serur Smeke ahora se encuentra en un dilema, pues la embajada mexicana en Quito mantiene refugiados a siete políticos y activistas de filiación correísta, y hay sectores ciudadanos que se han autoconvocado para pedir que México no les otorgue refugio, pues no están perseguidos ni tienen demanda ni acusación penal alguna. También pidieron a la Cancillería ecuatoriana que no les otorgue salvoconducto
La embajadora ha dicho que México respetará su tradición de país de refugio político.
El boletín oficial decía: "La pobreza extrema en la población rural cayó de 21,6% a 17,4%, lo cual significa que aproximadamente 230 mil personas dejaron de ser pobres extremos en la ruralidad". Los datos, según el gobierno, correspondían a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Enemdu, desarrollada por el INEC y que se presentó el miércoles 16 de octubre.
Un experto consultado por Plan V sobre la realidad de estos datos presentó sus dudas al respecto. Esta fuente, que pidió anonimato, trabajó en el INEC y en el Frente Social del gobierno y hacía el estudio estadístico de la evolución de la pobreza y la pobreza extrema. Él señala que resulta extraño que el INEC publique las cifras este mes, pues la entidad nunca ha sacado datos de medición de pobreza en septiempre u octubre, se lo hace siempre en junio y diciembre de cada año. La misma página de la entidad entrega como último dato de pobreza la encuesta de junio del 2019. Y la extrema pobreza en junio fue de 17,9%, y en septiembre (es verdad) la pobreza extrema está en 17,4%, pero estadísticamente no existe cambio alguno en estos cuatro meses.
Así que no es como dice el INEC, que la pobreza haya caído desde el 21,6%. Ese dato corresponde a septiembre del 2018. O sea, al gobierno le faltó decir que fue en un año.
Según los datos del INEC, la pobreza en el sector rural está en el 43%, a junio del 2019.
El sábado, el día más intenso y violento del levantamiento indígena y paro nacional, la salud del líder de la Conaie, Jaime Vargas se resquebrajó. Pensaron que se trataba de un pre infarto, y, por medio de las entidades mediadoras, el ministerio de Gobierno recibió el pedido de facilitar que Vargas sea atendido de emergencia en un hospital de Quito. Así se lo hizo, y luego el ministerio de Gobierno dispuso de un vehículo de la entidad para que devuelva a Vargas a su domicilio. El chofer se sorprendió porque el líder de la Conaie le pidió que lo dejara en uno de los edificios de la exclusiva avenida González Suálrez.
Los misterios en torno al programador sueco Ola Bini, cuya audiencia preparatoria de juicio está prevista para el 10 de octubre a las 10H00 de la mañana, desconconciertan a abogados locales.
El golpe más contundente que la Fiscalía pudo atestar a la defensa del sueco fue lograr entrar a su Iphone, en donde encontró un "pantallazo" con el que el CNT se sumó a la acusación de que ingresó, sin autorización, a sus sistemas informáticos. Pero el teléfono contendría mucha más información que el pantallazo y Ola Bini buscó consejo legal para impedir que se extraiga cualquier otra cosa que no tenga relación con el motivo por el cual es investigado en el Ecuador. Pero su actitud desconcertó a abogados a quienes sus defensores pidieron criterio. Cuando le preguntaron qué más contenía el celular, Bini se limitó a responder de forma cortante que simplemente "información privada" y se negó a darles cualquier otro detalle.
Las especulaciones sobre qué es la "información privada" que el sueco se niega a describir aún entre su entorno ecuatoriano crecen mientras se acerca la fecha del proceso. Ese mismo entorno maneja la teoría de que el interés del Gobierno, encabezado por el presidente Lenin Moreno y su ministra, María Paula Romo en el caso se debe a fuertes presiones de Estados Unidos para que Bini se convierta en un testigo clave en contra de su amigo, Julián Assange, preso en Gran Bretaña y con un proceso de extradición que podría sentarlo ante los tribunales norteamericanos. Foto: Luis Argüello / PlanV
La pareja lésbica conformada por Pamela Troya y Gabriela Correa llegó a su fin, cuando se oficializó su divorcio a fines de la semana pasada. Troya confirmó la noticia por medio de su cuenta de Twitter, pero destacó el logro de culminar su lucha de seis años por el matrimonio igualitario. "En vista de que un medio digital ya publicó una noticia que aún quería mantener en privado, pues sí: me divorcié. Pero, ¿saben qué? Eso no es lo importante y únicamente nos concierne a Gabriela y a mí. Finalmente se logró el #MatrimonioIgualitarioEC y eso nadie lo puede quitar", tuiteó Troya.
Las dos mujeres, que durante seis años abanderaron el matrimonio igualitario en el país, se separaron poco después de 15 días de su enlace en el Registro Civil capitalino, el pasado 5 de agosto, pero el divorcio se oficializó recién este viernes 27 de septiembre.
La relación de las dos jóvenes estaba complicada por divergencias emocionales y problemas económicos, y motivó que Gabriela dejara el hogar que compartían. La separación, tramitada de común acuerdo, se produjo luego de varias semanas en las que en el entorno de Troya se buscó minimizar el golpe de opinión pública que puede significar para la lucha por los derechos de las minorías sexuales en el país. Varios abogados de la diversidad sexual intentaron mediar en el conflicto pero no tuvieron éxito y la noticia se filtró en redes sociales con comentarios homofóbicos que fueron censurados por algunos usuarios, como el abogado Salim Zaidán, quien recordó que se trata de un asunto personal y su colega Arturo Moscoso, quien destacó que así que se ha producido el enlace, es posible que tenga lugar una separación. En el mismo sentido se pronunciaron Mariana Andrade del cine Ocho y Medio y Diana Maldonado, activista de Guayaquil.
Pamela Troya ha continuado en su activismo por los derechos de las mujeres, y, en especial, en la defensa del aborto en casos de violación, que no fue aprobado en la Asamblea Nacional por la negativa de bloques como la mitad de la Alianza PAÍS de Lenin Moreno, casi todo Pachakutik, la mayor parte de CREO y la mitad del PSC. Foto: Luis Argüello / PlanV
Nota de la Redacción:
En sus redes sociales, Pamela Troya ha publicado el tuit que reproducimos.
Al respecto, este portal reitera que Plan V ha sido el medio que más cubrió y de manera más respetuosa la lucha por el matrimonio igualitario desde sus inicios. En varias ocasiones, Pamela Troya y Gabriela Correa fueron entrevistadas e, inclusive, invitadas a escribir en nuestros espacios de opinión con absoluto respeto a sus ideas y posturas.
Ambas hicieron noticia de esa lucha por tratarse de un tema de derechos, porque un matrimonio también es un asunto privado (técnicamente) y lo volvieron un asunto público, lo cual también convierte a su divorcio en un asunto público. De la misma forma que contamos a nuestros lectores las incidencias de esa lucha, centrada en su orientación sexual y su relación de pareja, consideramos que quienes siguen el tema tienen derecho de conocer su epílogo.
Plan V siempre habló con las fuentes vinculadas al tema de la lucha por el matrimonio igualitario como periodistas; lo hacemos en todas las circunstancias, sin que simpatías o antipatías personales condicionen un acercamiento profesional, transparente y honesto a los hechos. Como periodistas somos fieles a los hechos que son asuntos públicos, como lo ha sido, por voluntad de las protagonistas, este matrimonio igualitario y por tanto su lamentable separación.
Con poca o ninguna resistencia de la Policía, una marcha de activistas por los derechos de las mujeres logró llegar al propio Palacio de Gobierno y dejó una serie de graffitis con pintura verde en las paredes del edificio, en la Plaza de la Independencia y en la columna que recuerda a los héroes del Diez de Agosto de 1809, así como en algunas paredes del Palacio Municipal y las casas del sector. Los hechos provocaron un airado debate en redes sociales. El Municipio de Quito, que dirige Jorge Yunda, no dudó en calificar de "vandalismo" a los actos, y mostró imágenes de sus agentes pintando de nuevo las paredes y quitando el spray de las piedras de la fachada de Palacio.
Activistas como Pamela Troya cuestionaron la postura del Municipio: "Quito, sobre todo, el Centro Histórico es un gran meadero. Además de que está atestado de comercio informal. Toda la ciudad en general está cubierta por rayones vandálicos, y solo cuando las mujeres protestamos, se preocupan del cuidado del Patrimonio", explicó la activista, quien también compartió un análisis sobre hechos similares ocurridos en la Ciudad de México, en donde también ocurrió lo mismo con el monumento a la Independencia.
Foto: Diario El Universo
Hubo confusión inicial aunque el comunicado de Twitter era bastante claro. En Ecuador, la red social dio de baja a más de 1000 cuentas que estaban vinculadas al Gobierno de Lenin Moreno y su movimiento político oficial, Alianza PAÍS. Pero hubo quienes, a pesar de ello, sostuvieron que detrás del trollcenter cancelado por Twitter estaba Rafael Correa. Twitter, sin embargo, explicó que nada tenía que ver el correísmo en la trama, pues de los 700.241 mensajes que esas cuentas publicaron, la mayoría respondían al hashtag #ElGobiernodetodos y se dedicaban a retuitear información de las cuentas de la Secretaría de Comunicación, el presidente Lenin Moreno, la Presidencia de la República, Jimmy Jairala, Andrés Michelena, la Prefectura del Guayas, la CNT y la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.
Los temas que el trollcenter morenista pretendía colocar en las redes sociales eran la agenda gubernamental, las reformas a la Ley de Comunicación, las giras del presidente Moreno en el exterior, el cambio de Guardia en Palacio Nacional, y los informes semanales que el Gobierno transmite los lunes.
Las cuentas no fueron creadas en tiempos de Rafael Correa, sino entre 2018 y 2019, precisó Twitter. Twitter ha hecho el mismo ejercicio en países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, en donde suspendió 271 cuentas que usaban para atacar a sus rivales en la región. Lo mismo ocurrió en Arabia Suadita, con seis cuentas, en España con 259 y en China con 200 mil. Twitter explicó que seguirá combatiendo "la manipulación de la plataforma".
Esta semana se conoció que el cuerpo de la Valentina Cosíos fue exhumado. La niña, de 11 años, apareció sin vida en su escuela, en Quito, el 24 de junio de 2016. Han pasado más de tres años sin que exista un solo culpable por el crimen. El hecho ocurrió en la escuela Global del Ecuador en Quito, que cerró, pero luego abrió otra institución con otro nombre en Sangolquí. La exhumación es una diligencia más dentro de las investigaciones del caso que siguen en etapa inicial. Su madre, Ruth Montenegro, ha denunciado desde el inicio que la niña fue encontrada con signos de violencia sexual y física. Unas de sus principales denuncias fue el cambio de versión de la forense que analizó el cuerpo de Valentina. Primero informó que la niña había sido violentada y luego dijo que se había suicidado con su bufanda, supuestamente. La madre refutó esa posibilidad y tuvo que esperar un año y medio para que la Fiscalía confirmara que la menor fue asesinada en el establecimiento educativo. La historia de Valentina y la lucha de Ruth por encontrar justicia fue contada por Plan V en el especial Sobrevivientes y fue uno de los videos más vistos en redes sociales. Cientos de personas cuestionaron la lentitud de las investigaciones y alentaron a la madre a seguir con su lucha.
Un grupo de 40 personas, la mayoría colombianas, entre las que se encuentran mujeres y niños, peregrina durante por lo menos tres meses por varios sitios en la capital. Se trata de refugiados del país vecino que insisten en lograr que se les envíe a un país europeo, pues aseguran que no se sienten seguros en América Latina y que han sufrido amenazas. Pasaron varias semanas en una vereda de la calle Wympher, al norte de Quito, ante el edificio que alberga las oficinas de la ACNUR, pero la policía los desalojó. Luego se trasladaron a la Iglesia de Santa Teresita, en La Mariscal y a continuación fueron al sur de Quito, a un albergue de Fe y Alegría. La noche de este 31 de agosto intentaron instalarse en la Cancillería, con la intención de presionar por su pedido, pero fueron violentamente desalojados. Según el Consejo de Protección de Derechos de Quito, los inmigrantes fueron reprimidos por un piquete antimotines de la Policía. "De algunos testimonios que han circulado este día en redes sociales se conoce que los pocos bienes que las personas refugiadas llevaban han sido incautados por la Policía Nacional, entre ellos, sus documentos personales", dijo el Consejo en un comunicado.
La entidad municipal capitalina exigió al Ministerio de Gobierno una investigación sobre lo que consideró un uso de fuerza desmedida contra los refugiados, así como pidió que se devuelvan los enseres del grupo, que fueron incautados por las autoridades municipales.