Los Confidenciales

A las 22:00 del jueves, 2 de enero, fue acribillado alias Vanila, un cantante guayaquileño de salsa urbana. Él estuvo procesado por narcotráfico y era considerado por la Policía como uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. El hecho sucedió mientras Jorge Fernando L. M. comía cangrejos en un puesto en la Av. 9 de Octubre. Dos hombres cruzaron la calle y lo acribillaron. Le dispararon varias veces en el piso. Alias Vanila se encontraba con dos acompañantes que buscaron esconderse durante los disparos. Todos los comensales a su alrededor corrieron despavoridos. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad.
En un cangrejal de Guayaquil matan al cantante de salsa urbana Jorge Lino Macas, conocido como "Vanilla", con antecedentes por narcotráfico, y por “guerra de mafias”. El caso ya se investiga.
— Diario El Mercurio (@mercurioec) January 3, 2020
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Video: Daniel Aguilera Rios pic.twitter.com/WgKIcrcHqi
Alias Vanila fue acusado por ser líder de una banda de narcotráfico. En octubre de 2018 su organización fue capturada por enviar droga desde el Puerto de Guayaquil hacia Centroamérica y México. El destino final de los cargamentos era Estados Unidos. En su poder fueron hallados 741.400 gramos de cocaína (741 kilos). La droga había sido empacada dentro de cartones con logotipos de una empresa fabricante de botellas plásticas. Alias Vanila fue detenido junto con otros tres hombres, que fueron sentenciados por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, conformado por los jueces Gabriel Enrique Noboa Ycaza, Edwin Walberto Logroño Varela y Segundo Gavino Mina Sifuentes. Pero el único que fue declarado inocente fue alias Vanila, quien también fue policía. En su historial quedaron registradas detenciones por tentativa de asesinato y otros procesos judiciales por estafa, asociación ilícita y tenencia de armas. Su libertad fue cuestionada por el mismo Gobierno. Los jueces usaron la figura de “duda razonable” para sobreseerlo el 18 de agosto del año pasado. Esta investigación fue publicada en Plan V el 2 de septiembre de 2019. Foto: Captura de Video
En este otro video se pueden ir contando los balazos que le pegaron a Vanilla, el de la 24. Un sujeto que tapiñó sus malos pasos creando el grupo musical Promedio 20 pic.twitter.com/hybRPrKfij
— Vicente Tagle León (@PAPAViche1) January 3, 2020

El nombre lo dice todo: El Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB) fue creado en 2015 para financiar grandes proyectos de infraestructura. Según sus propias declaraciones, pretende contribuir a "mejorar el desarrollo social y económico en Asia". Para ello, no sólo invierte en Asia, sino también "más allá", como lo indica en su página web.
La fuerza detrás de la fundación de la AIIB fue China. La República Popular tiene, por mucho, la mayor participación en el capital del banco y tiene alrededor del 27 por ciento de los derechos de voto. El banco, con sede en Pekín, no puede decidir nada en contra de la voluntad del Estado.
el Presidente Xi dejó claro desde el principio que el AIIB también debería promover los "vínculos económicos" entre los países de la región de Asia y el Pacífico. Esto podría incluir proyectos bajo la Nueva Ruta de la Seda, también conocida como la iniciativa Belt and Road.
En este importante proyecto, China está financiando inversiones en infraestructura en numerosos países con la esperanza de mejorar las rutas comerciales y abrir nuevos mercados. China ha creado un fondo específico para este fin y también está concediendo préstamos directos. AIIB también puede actuar como prestamista.
El compromiso chino en África es el principal titular. Pero China también está activa en América Latina: A finales de 2018 Ecuador se unió oficialmente a la iniciativa Belt and Road. En esa ocasión, el país también recibió un préstamo de China por 900 millones de dólares. Otros países latinoamericanos que se han unido al proyecto de la Ruta de la Seda son Panamá, Cuba, Venezuela, Chile, El Salvador y Trinidad y Tobago.
"Por primera vez, Ecuador forma parte de una organización financiera asiática", dijo el martes un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas ecuatoriano. Anteriormente, el país figuraba en la lista como "futuro miembro" de la AIIB.
Los miembros con pleno derecho tienen "ventajas para la promoción del desarrollo", continúa. A modo de ejemplo, el Ministerio citó préstamos directos, garantías e inversiones en empresas que operan en el país.

Las tensiones verbales en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) suben de tono. El consejero José Cabrera (PSC) acusó a Luis Verdesoto de no tener título de licenciado. A la denuncia se sumó el asambleísta de Pachakutik, Eddy Peñafiel (Orellana) quien también sostuvo que habría un consejero del CNE "sin título", al tiempo que minimizó el pedido de juicio político contra su coidearia Diana Atamaint. Peñafiel también es el jefe de la Bancada de Integración Nacional (BIN) que reúne a legisladores de movimientos y partidos pequeños.
La "aplanadora" conformada en el CNE por el PSC, Pachakutik y la correísta Estela Acero ha sido objeto de críticas por parte de Verdesoto y de Enrique Pita (CREO) quienes estiman que Atamaint debería ir a juicio político en la Asamblea Nacional. De ahí que busca apoyos también en la Función Legislativa.
Verdesoto respondió publicando en su cuenta de Twitter una copia de un título de licenciado en Filosofía, emitido en 1975, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el título expuesto por Verdesoto se pueden observar sellos y firmas tanto de la Universidad Católica cuanto del Ministerio de Educación. Según explicó el consejero, en la época en que fue emitido, no existía el registro en línea del Senescyt, por lo que en efecto no aparece en la consulta electrónica.
"La belleza de estupidez es "denunciar" que pude haber obtenido mi magíster en sociología y mi doctorado en ciencias políticas, en las más reconocidas universidades del mundo, sin tener título de licenciatura", escribió en la red social.
En el entorno del consejero empezaron ya los trámites para el registro en la entidad de educación superior.
Verdesoto se mostró especialmente ofendido por la insinuación, al asegurar que ha sido profesor e investigador en centros de educación superior del país y del exterior, además de haber obtenido otros títulos académicos, porque obviamente, cuenta con el de licenciado.

En los últimos días, la fiscal General, Diana Salazar, ha aparecido en entrevistas en televisión y radio. Algo inusual pues por lo general sus apariciones mediáticas han sido durante o después de procesos judiciales que lleva adelante. De hecho, hace un par de semanas canceló una intervención suya en un foro público que tenía como tema género y lucha contra la corrupción. Pero este domingo, 15 de diciembre, Salazar atendió una extensa entrevista en Hora 25 en Teleamazonas. Dijo que ha encontrado una Fiscalía General obsoleta y aspira a 2020 renovar equipos tecnológicos. Pero uno de los temas centrales ha sido el caso Sobornos 2012-2016, mejor conocido como Arroz Verde. Dijo que ha encontrado un esquema muy claro de designación de funcionarios en carrusel, que estuvieron en puestos estratégicos y tuvieron la facilidad de contratar a empresas que entregaron fondos para Alianza País. “No es un cuaderno son 11 cuadernos que reposan como evidencias. El juego de comunicación de quienes son objeto de investigación ha puesto en el colectivo de que no hay una sola prueba, pero sí las tenemos”, dijo. “Los empresarios no solo aportaban para las campañas, aportaban también para celebrar los cumpleaños de los más altos funcionarios o para pagar sus tarjetas de créditos”, agregó. Sus declaraciones se dan días después de que se conociera la postergación de la audiencia del caso en la Corte Nacional de Justicia. La jueza Daniella Camacho debe anunciar si acepta o no llamar a juicio a los 24 procesados, entre ellos Rafael Correa. Pasó del 12 de diciembre al 3 de enero.

El pasado 2 de diciembre, el asambleísta José Serrano compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a pedido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Las declaraciones de Serrano, quien fue ministro del Interior de Rafael Correa, fueron tomadas como prueba de descargo a favor de Romo, quien afronta un proceso por juicio político.
Uno de los principales temas que tocó Serrano durante una hora de intervención tuvieron que ver con la lucha contra el crimen organizado. Dijo que en su administración se desarticularon 290 organizaciones criminales, integradas por 2.572 personas que fueron detenidas. Eran bandas peligrosas y por eso se redujo la tasa de homicidios y asesinatos, agregó. A estas bandas se les incautó 29 toneladas de droga. Enseguida manifestó: “Seguramente ahora tendremos muchos enemigos. Y aquí lo digo públicamente, señora presidenta y señores vocales de la Comisión de Fiscalización, yo no le tengo miedo a los narcotraficantes, no le tengo miedo a Gerald, no le tengo miedo a (César) Vernaza, no le tengo miedo a los Choneros. Y tampoco les tengo miedo a los politiqueros, que se alían a los narcotraficantes para buscar estigmatizar y hacer daño a mi familia, al apellido de mi familia y a mí. Aquí los voy a enfrentar siempre, aquí estaré presente. No soy temerario, simplemente actúo con la dignidad que me ha enseñado a crecer, no he crecido mucho señora presidenta, pero con lo que he podido crecer sobre todo en dignidad, actúo con la dignidad suficiente para enfrentar estos avatares”. Afirmó que aunque ya no es ministro, mantiene un seguridad reducida para él y su familia (hijos, esposa y hermana), que se la da la Policía.
Sobre las cárceles, aseguró que en su gestión estableció un protocolo para que la Policía Nacional tenga una gestión directa con el Ministerio de Justicia. Los centros penitenciarios, con la desarticulación de las bandas, se convirtieron en un espacio de altísimo riesgos para que se siga cometiendo delitos en los barrios y calles del país, manifestó. Por eso, entre la Policía y la cartera Justicia (hoy Secretaría de DDHH) crearon una unidad de inteligencia antidelincuencial carcelaria que entregaba “muchísima información” para evitar motines y delitos como el ingreso de droga y otros bienes. Esa unidad, añadió, fue clave para reducir asesinatos e incautar drogas. Dijo que muchos de los cabecillas de las bandas, los Choneros, Vernaza, ‘mamas luchas’ estaban dentro de las cárceles y esa unidad alertaba cuando ellos tenía comunicación para delinquir. Informó que en 15 ocasiones tuvieron alertas de motines y el rol de la unidad fue fundamental.
Sostuvo que Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, maneja las cárceles del país. Él es el cabecilla de Los Choneros. Serrano mostró a la Comisión una fotografía de Zambrano, que dijo haber sido tomada en Colombia, cuando fue recapturado tras la fuga de la Roca. “Este país no lo puede permitir. A esta gente hay que ponerle orden, no puede estar manejando las cárceles en el país”. Manifestó que la unidad de inteligencia fue desarticulada, pero que se la volvió a crear hace algunos meses. Están acribillando a los internos para que los ecuatorianos tengan miedo, sostuvo. “El Estado debe recuperar nuevamente el control de los centros penitenciarios”, finalizó.
Foto: Flickr Asamblea Nacional

En la secretaría de Comunicación del Municipio de Quito hubo cambios. El secretario Esteban Michelena, escritor, asesor de comunicación, comentarista deportivo e hincha a muerte de El Nacional, puso su renuncia, pero seguirá en la institución como asesor del alcalde Jorge Yunda, dijeron fuentes municipiales. En su reemplazo ingresó como nuevo secretario el reportero Javier Gallo. El flamante funcionario fue reportero de Televicentro, TVC, el canal de televisión del Grupo El Comercio.
Esteban Michelena dijo al respecto que la idea del cambio es tener más tiempo para estar junto al trabajo del alcalde, Jorge Yunda; es decir 24/7 de acuerdo a las necesidades del despacho de la Alcaldía de Quito. Y que todo está bajo control en ese aspecto.
Gallo ocupa la secretaría de Comunicación desde inicios de Diciembre. Nacido en Tena, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y, según la información oficial, fue llamado a colaborar en la Alcaldía por su experiencia en medios de comunicación.

Alexandra Córdova, madre del joven David Romo, denunció que el pasado jueves 5 de diciembre, acudió a la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas a las 13:15, víspera de un feriado por las Fiestas de Quito. Llegó para dejar un oficio dentro de los trámites que ha realizado por la desaparición de su hijo desde el 16 de mayo de 2013. “La sorpresa que me llevo, tremenda farra de algunos servidores públicos, lo más indignante sucedió, cuando al ver y escuchar la fiesta de algunos servidores de esta Unidad, manifesté como madre de una persona desaparecida: ‘con razón, los desaparecidos continúan desaparecidos’. La respuesta de una indolente mujer y servidora pública fue: ‘sí continúan desaparecidos’”. De Romo aún no hay rastro desde hace más seis años. El caso ha pasado por varias investigaciones fallidas. Primero se indagó por asociación ilícita a tres trabajadores del bus en el que viajaba David el día de su desaparición y a un familiar de uno de ellos. Luego se detuvo a los dueños de una clínica clandestina para adicciones, donde supuestamente fue visto el joven. Pero ningún proceso ha arrojado nuevos elementos. La madre del joven ha reclamado que nunca se entrevistó a todas las personas que lo vieron la noche de su desaparición. Tampoco se ha logrado establecer si bajó o no del bus. Ni siquiera ha sido posible establecer qué persona conducía la unidad de transporte en mención. El de David Romo es uno de los casos más emblemáticos de desaparecidos en Ecuador por la lucha de su madre, pese a las trabas judiciales. “Hay momentos y momentos, ¿quién controla el cumplimiento efectivo de un trabajo en el que de por medio está la vida de personas que fueron desaparecidas?”, reclamó Córdova en sus redes sociales tras el episodio de la farra en la fiscalía.

Turistas y usuarios de redes han destacado el penoso aspecto de la fachada del Palacio de Carondelet, en donde siguen colocadas alambradas de púas, vallas antimotines y unas mallas muy altas que impiden el paso hacia el pretil del histórico edificio.
Aunque ya está entrado diciembre y las protestas de octubre se acabaron hace meses, el aspecto del Palacio parece indicar que la Presidencia de la República sigue en guerra. El acceso sur del Palacio se mantiene clausurado, por una gruesa alambrada de púas, unas vallas y parte de la misma malla. La alambrada de púas - que los militares llaman "serpentina"- ha sido colocada envolviendo meticulosamente los balcones de hierro forjado del pretil, que según algunos historiadores, provienen de los enrejados del desaparecido Palacio de las Tullerías de París, y fueron comprados de remate por un embajador ecuatoriano en la Francia del siglo XIX.
Desde lejos se puede divisar a los soldados de la Guardia de Granaderos de Tarqui entre las alambradas, en una escena que parece sacada de una película de las batallas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En el acceso norte, que da la calle Chile, y que tradicionalmente se usa como ingreso principal a la Casa de Gobierno, se permite el paso en medio del alambre de púas.
De noche, el aspecto de Carondelet es todavía más lastimero: se ha apagado la iluminación decorativa de la fachada totalmente. Las ventanas del segundo piso lucen a oscuras y apenas se ilumina con los grandes faroles de la entrada monumental, entre cuyas columnas se mantiene una malla muy alta. "Parece un gallinero", comentan algunos usuarios de redes sociales y hasta algunos concejales, que ven desde sus ventanas del Palacio Municipal el descuidado aspecto de la sede del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, en la Plaza Mayor de Quito, nada indica que ha llegado la temporada navideña, pues el parque de la Plaza de la Independencia carece de cualquier adorno de temporada.

El ciclo económico está en su punto más bajo en todos los cantones del Ecuador. Según señala el Servicio de Rentas Internas, SRI, casi la totalidad de los 221 cantones reportaron una drástica caída en la variación anual de sus ventas, salvo una decena de circunscripciones que igual registraron caídas pero se salvaron de los números totalmente rojos.
En los mapas expuestos se nota claramente que el color mayoritario en el 2017 era el verde, lo cual significaba, de acuerdo a la gradación de la tabla de colores, que mientras más verde más crecimiento de ventas había. El verde oscuro refleja que un cantón creció más del 20% en su volúmen de ventas. Para el 2018, el color del país varió hacia un verde pálido y algunos amarillos, aunque los cantones en rojo (-20% en ventas) pintaban pocas partes del país. Pero para el 2019 la situación se ha vuelto dramática: las ventas en el Ecuador están en rojo, y no se sabe si caerán más para el año próximo.
Solo por poner un ejemplo. En el 2017, Quito tuvo un crecimiento de ventas promedio del 8% al 12%. En el 2018 creció mucho menos: entre 0% y 4%. Pero en el 2019 se registra una caída en las ventas igual o superior al -20%.

La Defensoría del Pueblo de Galápagos presentó una acusación particular contra varios pescadores extranjeros, peruanos y venezolanos, a los que la Armada detuvo con pesca ilegal en el Archipiélago. La jueza de la causa, en su sentencia condenatoria contra los pescadores extranjeros, que cumplen su pena en la Cárcel de Loja, concedió una indemnización pecunaria a favor de la naturaleza, representada por el Defensor provincial.
Pero Castillo debió remitir el dinero a las cuentas de la Defensoría del Pueblo, que a su vez las entregó al Tesoro Nacional. Para el funcionario, se debe reglamentar qué hacer con este tipo de recursos, que deberían ser entregados para tareas específicas de conservación de la naturaleza en el país, en lugar de ingresar al presupuesto.