Los Confidenciales
El Gobierno de Lenín Moreno se paraliza por las disputas internas y por no tener claro la estrategia política en este año y medio que les falta de gestión. Lo segundo significa que la agenda política se agotó y, de alguna manera, ha quedado de rehén de las fuerzas en disputa, las cuales, por cierto, tienen ya puesta la mira en las legisltivas y presidenciales del 2021, en ese orden de importancia.
La pregunta que no se hacen en la Mesa Chica es ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué falta por hacer en la transición política? Por ejemplo, falta por resolver el tema del CPCCS y de la administración de Justicia: aunque dentro del Gobierno hay voces que prefieren pensar que el Ejecutivo ha terminado su tarea en la transición y que es preferible dejar que las instituciones trabajen.
Pero lo que está ocurriendo, fruto de esa falta de estrategia para "cerrar el partido", es que las discrepancias en el Gabinete han ploriferado. Hay quienes tratan de convencer a Lenín Moreno que tiene posibilidades de correr en las presidenciales del 2021, como ya se dijo en esta columna y lo han dicho tambien los 4Pelagatos. O en su defecto, hay sectores que se creen herederos del "legado" de Lenín Moreno, como el grupo que asesora al vicepresidente Otto, el cual ha logrado ya poner en el gabinete a dos personas de su entera confianza: el Secretario Nacional de Comunicación de la Presidencia, Gabriel Arroba, hijo del comunicador radial Vicente Arroba; y a Gabriel Martínez, un muy cercano amigo del vicepresidente, hijo de Galo Martínez Leisker, titular de la empresa Granasa, editora de los diarios Extra y Expreso, de Guayaquil.
Por otro andarivel también se mueven el grupo vinculado a Ruptura de los 25, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Iván Granda... ensayando las posibilidades de un cierre político del Gobierno, sin descartar las posibilidades del futuro político para ellos.
Foto: Flickr Presidencia de la República
Nelson Dávalos es un joven periodista que dirige el canal de Udla Channel, en donde los estudiantes de la Universidad de las Américas dan muestras de nuevo periodismo. A ese medio le llegó la captura de pantalla de un partido de fútbol, transmitido en medios internacionales, en un estadio de Madrid. Lo curioso no era el partido, sino que en primera fila, en un palco cuyo costo es de varios cientos de euros, se vio a la pareja de ministros María Paula Romo (Gobierno) e Iván Granda (Anticorrupción) de vacaciones en Europa. El joven periodista consultó en el chat del Ministerio de Gobierno si la toma era auténtica. La respuesta fue sacarlo del grupo de Whatsapp. La torpeza informativa del Ministerio no aclaró si Romo y Granda fueron al partido de su cuenta o alguien los invitó. Udla Channel confirmó que la pareja de ministros pidió licencia y está de vacaciones.
Pero ¿es noticia lo ocurrido? El periodista y realizador del programa Visión 360 que transmite Ecuavisa, Tomás Ciuffardi se pronunció al respecto con un hilo en Twitter:
"¿Son hinchas?¿pagaron por ese palco o les invitaron? ¿quién les invitó? ... ¿por qué están ahí en vez de ver Liga-Boca que pinta más interesante?" se preguntó Ciuffardi y agregó: "Hace pocos días usaron un helicóptero policial para irse de vacaciones a Casablanca y Granda dijo que no tenían plata. ¿Entonces ahora sí hubo plata para ir a Madrid? o ¿alguien se mandó una linda invitación a dos ministros ecuatorianos por puro altruismo?". "Amigos y colegas periodistas, con todo respeto, no me jodan diciendo que aquí no hay noticia y no hay nada que averiguar... por que sí lo hay. Dejemos de tomar partido por funcionarios que nos caen bien o nos caen mal... tenemos que ser vigilantes ante estas cosas", advirtió el periodista.
"Y si esto no es noticia... explíquenme ¿por qué sí fue noticia una selfie en Bélgica en la que se ve atrás a Rafael Correa sentado en un café con cara de que no le sirven el bolón? Ahí sí corrió mucha tinta", finalizó Ciuffardi.
Desde hace por lo menos dos meses que comenzó la mudanza. Las oficinas de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía de la provincia de Pichincha y de la Fiscalía de Tránsito se han estado instalando en la torre de la Corporación Financiera Nacional, ubicada en las avenidas Patria y Juan León Mera. Los fiscales y funcionarios de la entidad están dejando varios edificios ubicados sobre todo en el norte de la capital, en donde tenían sus oficinas, para ocupar varias plantas de la torre de 18 pisos que mira al parque de El Ejido.
La Fiscalía General, sobre todo, abandonó el antiguo edificio de la Embajada de Estados Unidos, ubicado en Patria y Doce de Octubre. Durante la gestión del ex fiscal general, Galo Chiriboga, el Edificio fue decorado con un gran mural que supuestamente representa el triunfo de la justicia sobre la impunidad, en especial, en temas de violaciones a derechos humanos. La entrada de la Embajada fue convertida en un parque "De la memoria" dedicado, en cambio, a las personas desaparecidas.
Ahora todo el arte de inspiración judicial será para los funcionarios de la Secretaría de Planificación, que se han estado mudando paulatinamente a la antigua Embajada.
Foto: Fiscalía General de Estado
Foto: La Roche Spotters
Los vuelos de los aviones y helicópteros del Servicio Aéreo Policial, SAP, para traslados de funcionarios ha caído radicalmente desde mayo del 2017, cuando Lenín Moreno inició su administración. Un reporte del SAP al que tuvo acceso Plan V señala que entre el 2014 y el 2016 los aviones se usaron 420 veces, y los helicópteros en 322 ocasiones. En cambio, entre el 2017 y el 2019 (hasta la fecha, los aviones se han usado 163 (-61%) veces y los helicópteros 171 (-46%) veces.
Tanto en el uso de helicópteros como de aviones, el año en que más se usaron fue el 2016, con 154 y 195 ocasiones, respectivamente.
El abogado y catedrático universitario Salim Zaidán decidió tomarse un descanso en Twitter y eliminó su cuenta @salimzaidan. Zaidán, quien es profesor de la Universidad Católica, en la cátedra de Derecho Constitucional, había manifestado algunas opiniones polémicas contra el mainstream académico y político imperante. La decisión de la eliminar su cuenta en Twitter respondió a su intención de alejarse de las feroces polémicas que se producen en esa red social. Sin embargo, continuará ofreciendo entrevistas en los medios de comunicación sobre temas de actualidad.
Carlos Vera entrevistó al secretario Anticorrupción, Iván Granda, en su programa y revivió la denuncia de la legisladora independiente (ex CREO) Lourdes Cuesta, quien en una carta al contralor Pablo Celi, el 3 de julio de 2019, reveló que los ministros María Paula Romo e Iván Granda, así como dos hijos de un primer compromiso de éste, fueron trasladados en un helicóptero Airbus B2 y un avión Beechcraft King Air 350 de la Policía de Quito a Salinas y de ahí a Casablanca, un exclusivo complejo vacacional cerca a Esmeraldas, en el reciente feriado de carnaval, del 2 al 5 de marzo de 2019.
El avión, de dos motores, es en teoría el avión ambulancia de la Policía, y era usado con frecuencia por el ex ministro del Interior, José Serrano. Es, también, del mismo modelo, modernizado, de la nave en la que murió el ex presidente Jaime Roldós. Tiene capacidad para 12 personas y vuela con la matrícula PNE220.
Granda y Romo, quienes no han negado tener una relación sentimental ni el uso de las aeronaves de la Policía, se han defendido asegurando que lo usaron por motivos de seguridad de ellos y de los dos hijos de Granda, quienes se sumaron al paseo. En la entrevista con Vera, Granda destacó que solo tres escoltas les acompañaban y que por ello se prefirió usar la nave de la Policía para volar de Salinas, en donde asistieron a un evento oficial del Gobierno, hacia Casablanca. Descartó que pudiera viajar por tierra o tomar un vuelo comercial. Dijo también que él y su pareja sentimental son los ministros que más amenazas han recibido.
Cuando Vera le preguntó por qué no contrataron de su bolsillo una avioneta, Granda dijo "no tiene dinero" pues "no es Correa". Granda y Romo atribuyeron también al correísmo ortodoxo el uso político de la denuncia. Pero al interior de la Policía se dice que quien filtró el dato probablemente fue de la propia institución.
Y es es que en ese mismo carnaval, Enrique Espinosa de los Monteros, un ex general de la Policía, fue separado del cargo por usar otro helicóptero para trasladarse con su esposa desde Bahía de Caraquez a Quito, en un supuesto vuelo oficial cuya urgencia y pertinencia no pudo ser comprobada. El helicóptero se estrelló al aterrizar en Quito, lo que destapó su uso irregular.
En las redes más politizadas, como Twitter, se cuestionó tanto la relación sentimental de los dos miembros del Gabinete, cuanto que viajaran en un vuelo oficial para sus vacaciones privadas. También se manifestaron en esa línea algunos periodistas, quienes destacaron que quien no tiene plata simplemente no sale de vacaciones.
Foto: PlanV
La semana pasada se filtró en redes sociales una carta de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) a favor de las empresa de capital japonés Furukawa. Investigaciones periodísticas de este portal junto a La Barra Espaciadora y de la Defensoría del Pueblo revelaron que Furukawa, que se dedica a la exportación de abacá, tenía en condiciones de esclavitud a cientos de sus trabajadores. Según las investigaciones, los abacaleros no tenían relación de dependencia, pero figuraban como arrendatarios, una práctica que para las autoridades y expertos fue considerada como una forma de intermediación laboral, la cual está prohibida por ley. En la misiva del 23 de abril, Fedexpor se refieren a esos trabajadores como “proveedores de materia prima en calidad de arrendatarios”.
La carta fue enviada a tres ministros: Andrés Madero de la cartera de Trabajo, María Paula Romo de Interior y a Pablo Campana, de Producción y Comercio Exterior. Allí, el gremio de exportadores dice que manifiesta su profunda preocupación por ese caso. “Especialmente debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”. La organización dice en la carta que defiende los derechos de los trabajadores, pero “ponemos en alerta a las principales autoridades involucradas por existir elementos que a nuestro criterio configuran un caso de extorsión por parte de personas que no son trabajadores de la empresa, pero que de manera ilegal están buscando obtener un rédito económico e incluso generar un conflicto de tierras”. Según Fedexpor, Furukawa ha cumplido con las medidas impuestas por los inspectores de trabajo y las multas. Agregó que puso a disposición de las autoridades su contingente técnico. La carta está firmada por Daniel Legarda, como presidente ejecutivo de la Federación.
Raúl Chicaiza y Diana Falcón están libres desde hace unas cuantro semanas. Los dos agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional salieron bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Ellos admitieron su culpa en el secuestro del político Fernando Balda en Bogotá y con sus testimonios y pruebas documentales involucraron al ex presidente Rafael Correa y al ex jefe de la Senain, Pablo Romero. Los dos tienen orden de prisión y un pedido de alerta roja para la Interpol.
Los dos agentes fueron parte de los operativos Wilson y Guayacán, perpetrados por la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Correa para hacer espionaje en Bogotá y Medellín a Balda y sus contactos (incluido al expresidente colombiano Álvaro Uribe) y luego secuestrarlo en la capital colombiana.
Los dos agentes no pueden hablar con la prensa mientras mantengan su condición de testigos protegidos, pero por haber colaborado con la justicia se les impuso una pena mínima que ya cumplieron, acogiéndose al derecho de reducción de la pena. Ellos estuvieron presos desde abril del 2018.
Se llama Jorge del Castillo y su estudio jurídico es el que ha asupiciado los procesos de refugio político de personajes ecuatorianos como Ramiro González, Carlos Pareja Cordero (Capaco) o Wilmer Quezada. Es un personaje poderoso, antiguo militante del APRA (del fallecido expresidente Alan García), partido del cual se dice en Perú que "controla" la justicia peruana. Del Castillo fue alcalde de Lima, prefecto de Lima, diputado por varias ocasiones y presidente del Consejo de Ministros en el 2006, a inicios del segundo mandato de Alan García. Dos años después debió renunciar a su cargo luego de verse involucrado en el escándalo de los Petroaudios.
Del Castillo es uno de los abogados más poderosos del Perú, y ha hecho de este tipo de asilos o pedido de refugio un exitoso modus operandi, según fuentes peruanas vinculadas a los procesos.
La salida de prisión de González y la concesión del refugio es, para fuentes de la cancillería ecuatoriana un "acto inamistoso del Perú", pues se señala en el palacio de Najas que el gobierno del sur no ha dado paso a los pedidos del gobierno ecuatoriano para la extradición. Sin embargo, también el Ecuador tiene sus vacíos. Esta columna supo que la embajada del Ecuador en Lima dejó de recibir instrucciones sobre los procesos que se llevaban adelante con los respectivos pedidos de extradicción.
Ramiro García y Salim Zaidán solo tienen dos cosas en común: ambos son abogados y ambos dan clases de Derecho en universidades de Quito. García, además, es de la generación anterior a la de Zaidán.
En todo lo demás están en contra, y las diferencias se ventilan en redes sociales. García acusó a Zaidán y a otros colegas, como Rafael Oyarte e Ismael Quintana, de darle argumentos "seudo constitucionales" a las acciones del Consejo de Participación, que preside José Carlos Tuárez. Zaidán, en cambio, le ha tratado de "político camuflado de académico" y ha señalado que García fue comisionado para la designación de la Corte Constitucional, que está de evaluador de la Corte Nacional, que habla "a nombre de todos" los abogados como presidente del gremio en Pichincha pero solo "defiende sus propias acciones".
García le contestó en Twitter poniéndole un emoticón de payaso: "este pobre ni se cansa de hacer papelones. Por seguir sus "sabios" consejos Tuárez y compañía están al borde de la destitución y el procesamiento penal. Es que es "constitucionalista" dice".
Lo bueno es que, los abogados, como los bomberos, no se pisan las mangeras, por lo que hasta el momento la disputa no ha llegado a los tribunales.