Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, cuestionó duramente la justicia y la norma penal ecuatoriana que pone trabas a las investigaciones contra el crimen organizado. Después de asegurar que para el presidente Joe Biden la corrupción es un cáncer, recordó que hace un año hizo unas declaraciones que se volvieron noticia en referencia a la existencia de narcogenerales. Y luego su discurso siguió así:

“Pero aquí hay otro titular que no es sorpresa para la gran mayoría de ciudadanos, de los seres honestos de este país y de mi país también.

“La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de derecho en algo irrelevante, irrelevante, la legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sabiencia.

“Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierda relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella.

“Ecuador vive un momento complejo, en el que la verdad como valor clave de la convivencia pacífica en una sociedad democrática corre el riesgo de quedarse en el olvido. Lo que sucede en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país.

“Según la Policía Nacional, la tasa de muertes violentas en la Zona 8, es decir en Guayaquil, Samborondón y Durán en los primeros meses del año 2019, estaba parecida a la tasa nacional, alrededor de 8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Bastante bien en términos nacionales y globales. Y en los primeros 11 meses de este año, en la zona 8 (hubo) más de 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es cinco veces más alto que hace solo tres años.

“Y, en Esmeraldas, la tasa de homicidios en este año en los primeros 11 meses bordea 74 homicidios por cada 100.000 habitantes. A modo de comparación, solo en 2021, en dos ciudades de mi país -un país con más armas letales que ciudadanos y una cantidad incontable de masacres escalofriantes de inocentes- nosotros solo tuvimos dos ciudades con tasas de homicidios superiores a 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

“Estas cifras locales son claras, de Guayaquil y Esmeraldas. Han superados las tasas nacionales de homicidio más altas de las Américas, registradas en 2021. Más que las tasas nacionales de Venezuela, Jamaica y Honduras. Una de las razones principales de estos sorprendentes aumentos en los asesinatos es porque el gobierno está incautando cantidades enormes de drogas ilícitas que están pasando por el país. Obvio, ha subido enormemente, han tenido muchos éxitos acá. Y hay una reacción.

“Hace unos pocos años Ecuador quizá incautó unas 50 toneladas al año, pero en el último año, Ecuador agarró casi cinco veces más. ¡Cinco veces más! En un país que no produce cocaína. Es el país número de tránsito de drogas en el mundo quizás. Y los carteles están peleando por el control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia.

“Si bien es cierto que la gran mayoría de los homicidios en la Zona 8, más del 80% -según la Policía Nacional- están vinculados directamente con el narcotráfico, pero esto no significa que los muertos han sido enjuiciados por una corte de ley, tampoco significa que no son ciudadanos de este querido país o que no dejan a familias queridas, padres y madres en luto.

“La impunidad es uno de los factores que alimenta la llama de la violencia y la corrupción. Un ejemplo de esto es el atentado terrorista sucedido en Cristo del Consuelo, en Guayaquil. A las 02:00 del domingo 14 de agosto en este barrio de personas dignas, pero de escasos recursos, se registró una explosión de gran magnitud, destruyó varios edificios, cinco personas murieron, 17 resultaron heridas.

“Y, a pesar de ser un hecho ampliamente publicitado, es uno de los casos más claros de impunidad, porque hasta la fecha, hasta hoy, no hay ninguna persona sancionada. Una muestra más de las fallas colectivas del sistema de justicia.

“La impunidad en el crimen transnacional organizado y la corrupción es grande, en todas tardes. El crimen organizado y la corrupción toman ventaja en las jurisdicciones, donde la institucionalidad está en construcción porque les garantiza la impunidad.

“Para reducir la impunidad, los poderes judiciales de varios estados deben trabajar para compartir información a nivel internacional y comprometerse a colaborar entre ellos, y rápidamente porque la justicia demorada es justicia negada.

“La extradición es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las NNUU contra el crimen transnacional organizado y la corrupción. Un tratado internacional que cuenta ahora 20 años y 190 convenios suscritos en todo el mundo.

“Así como el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los estados deben trabajar juntos para dar con los criminales. Hace más de 30 años, estructuras criminales conocidas como mafias dominaban jurisdicciones que les garantizaban la impunidad sobre Italia, donde yo vivía.

“Fue imposible juzgarlos hasta que se crearon cortes con jurisdicción nacional capaces de traer justicia y sancionar a estos criminales. El Ecuador ha adoptado recién un modelo similar al de Italia, a través de los jueces especializados contra la corrupción y el crimen organizado, y los crímenes financieros complejos. Muchas felicidades, ojalá que sea a tiempo.

“La especialización de la justicia es estructural para poder comprender y entender las especialización de acciones en un sindicato criminal, casos de corrupción y del crimen organizado que típicamente son casos sofisticados y con entramadas complejas que requieren de jueces y juezas capaces de entender detalladamente el fenómeno, las formas de lavar activos usando criptomonedas, acciones financieras complejas en varios países y jurisdicciones, la compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los ppl en este país, a los pobres que no tienen acceso a un narco abogado.

“Por eso, es un gran paso contar con esta corte nueva, con esta arquitectura institucional reformada, quisiera felicitar a todos los involucrados en este esfuerzo, a los miembros del sector judicial y de la academia, a quienes propusieron esta reforma, y a quienes reconocieron esta necesidad y urgencia para actuar. Es un paso necesario, pero no es suficiente porque se requiere de acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque al crimen organizado transnacional.

“Por un lado, se requiere normativa que encuentre un balance necesario para no permitir la indefensión, pero tampoco que raye en la impunidad. Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de investigación? Es como decir, estimado señor Pablo Escobar le escribo para avisar a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche y otra por el sicariato de esta mañana. No hay acusación todavía en su contra porque solamente ahorita empezamos a investigarlo. Pero ahora estás avisado, que tengas un feliz día. Firmado, formalmente, Fiscalía General del Estado.

“¡Imagínense! (Es) tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas y ¿Ecuador? Normativas como estas garantizan la impunidad porque las organizaciones criminales desaparecen todos los testigos del crimen antes de que puedan ser llevados a la justicia, porque estaban avisados por el sector judicial.

“También me han dicho que es legalmente inadmisible para este país confesar un asesinato, ser sicario, no sé si es verdad, pero me han dicho que sí, ya sea por tener punzadas de culpabilidad o como parte de un acuerdo de culpabilidad para testificar contra cómplices de una red involucrada en crímenes aún mayores. ¿Por qué? Porque quizás la pena es mayor a 10 años prisión. ¿Entonces solo puede confesar por cosas menores, puede ser cierto?

“Es así cómo se hace justicia a las víctimas, a sus familias, cuando el estado incautó 2 millones de dólares en todos los casos de lavado de activos en cuatro años. Y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta 10 millones en efectivo solamente en un caso -que estuvieron ocultos- a la familia de un líder de una pandilla y solamente, ¿porque el capo fue matado por otros delincuentes?

“Cuando los jueces al azar liberan a los asesinos y a sus protectores repetidamente. Estos asesinados y sus narco abogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y van en camino hacia el banco. Se requiere que las instituciones, todas las ramas del Estado trabajen de manera articulada, la Asamblea Nacional tiene una deuda para proveer los cambios normativos que se requieren y la CNJ debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales.

“El CJ debe sancionara q quienes abusan del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes. Y el Ejecutivo, como jefe de Estado, tiene un papel de concertación para que todo el Estado trabaje y haga justicia de forma transparente a favor de la sociedad civil, para los ciudadanos.

“Para traer real justicia y no solo procesar el papeleo desde la bandeja de la entrada a la bandeja de la salida, escribiendo decisiones lindas y largas que nadie va a leer, se requiere dejar de trabajar en las minucias legales y empezar a atender el fondo de los casos, donde se sanciones a los culpables y manden a los inocentes a sus casas.

“Para sintetizar, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional se traduce en una simple fórmula matemática: información, más integridad más procesos adecuados es igual a menos impunidad, a más justicia y menos violencia y más paz social.

“La corrupción afecta el futuro de todos y está en nuestras manos generar un cambio de verdad, en colaboración con varias instituciones del estado ecuatoriano la justicia norteamericana independiente como es ha sancionado civil y penalmente a personas involucradas en actos de la corrupción con nexos en mi país. Así como el Ejecutivo ha revocado las visas de cientos de personas involucradas en estas actividades delictivas inconformes con nuestras leyes.

“En las formas que el sector judicial ecuatoriano desee colaborar con nosotros en la lucha anticorrupción y antiviolencia y contra las redes transnacionales cuentan con nosotros como aliados en capacitación, equipamiento y colaboración activa en casos internacionales. Hacemos nuestra parte.

“El Ecuador requiere sentar cimientos fuertes y duraderos para asegurar que el sistema de justicia cumpla con su misión fundamental, al no ser así perderá su relevancia y vigencia en la vida de 18 millones de habitantes. Y la única ley que opera en este caso será la ley de la selva y todos sabemos cómo es esto, y nadie quiere eso". 

Una nueva queja se presentó al CAL de la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Esta vez se trata de Mireya Pazmiño, legisladora por Bolívar, quien en un memorando al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, denunció que Villavicencio Valencia, "en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, incurrió en una falta administrativa grave contemplada en el Art. 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, toda vez que el señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia incumplió los procedimientos y excedió los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación del informe de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social".

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"El Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, remitió el informe que detallaba, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político, el 09 de noviembre de 2022, fecha en la que el plazo para su presentación había vencido por imperativo legal.

"De igual forma, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Asambleísta Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia tampoco remitió, dentro del plazo de 2 días, esto es hasta el 10 de noviembre de 2022, el informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión", dijo la asambleísta Pazmiño.

Villavicencio, en respuesta, dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma. El 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislatica no aplica a la Comisión de Fiscalización (ni a ninguna otra comisión), ya que no se trata del tratamiento de un proyecto de ley". 

La asambleísta Pazmiño dijo en su queja que Villavicencio incumplió el numeral 4 del Art. 170. Este dice literalmente:

Consituyen faltas graves:

4) Incumplir con los procedimientos, exceder los plazos y términos previstos en esta Ley y los reglamentos institucionales para la presentación de informes para primer y segundo debate.

La norma no habla del trabajo de las comisiones. 

Villavicencio dijo a este portal que "nuevamente quieren sancionarme sin norma". Esta es la quinta queja presentada contra el asambleísta Villavicencio, contra el cual se han presentado también otras tres querellas penales. 

El asambleísta considera que hay una descarada y declarada persecución de carácter político, e incluso acoso laboral, pues la intención sería, desde el bloque que controla el correísmo, alterar su trabajo legislativo para mantenerlo a la defensiva. 

El proceso de juicio y destitución de los vocales del CPCCS tuvo una reconsideración de la votación ante un error de un asambleísta del correísmo que se abstuvo, en lugar que votar de forma negativa por el planteamiento de enjuiciar a los siete vocales. El correísmo y sus aliados buscaban enjuiciar a la mayoría de cuatro vocales, presididos por Hernán Ulloa, lo cual lograron, pero la decisión del Legislativo fue revocada por un juez constitucional.

"Soy el presidente  y comunico las resoluciones del Pleno de la Comisión de Fiscalización. Fue el Pleno quien conoció el resolvió. La reconsideración es un recurso legal que todo legislador puede pedir en la siguiente sesión. Eso hice, puse a consideración la moción de reconsideración propuesta por Marco Troya, la cual fue aprobada por cinco votos. Esa reconsideración fue tramitada dentro del plazo ampliado de 48 horas, que dispone la norma  para presentar los informes de posiciones. Lo que pasa es que el correismo y Pazmiño perdieron y no querían poner a consideración el informe de censura de los 7 y no sólo de los cuatro", dijo a Plan V.

I. Pablo Celi: "asistimos a un montaje"

"Aquí no se ha probado nada". Con esta frase, el ex contralor Pablo Celi inició su alegato en el acto final del llamado Caso Las Torres, investigado y sustentado por la propia fiscal general, ante un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en al que la fiscal Salazar le ha dedicado su presencia permanente y el que más información ha generado la Fiscalía.

"Lo único que aquí se ha probado, continuó Celi, es una confabulación penal fraudulenta ejercida por la fiscal Diana Salazar, con una acusación sin pruebas, donde no concurren ningún elemento de un tipo penal jurídicamente insostenible. Se ah recurrido a una teoría del caso absolutamente errática, donde se parte del absurdo de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, no hay comisión de delitos finales, no existen beneficios económicos finales de ningún tipo, no existen nexos entre hechos y actuaciones. Esto no se trata siquiera de una suposición sino de una construcción malévola que pretende vincular actos administrativos legítimos. En el caso de la Contraloría, en el desvanecimiento de glosas, que ni firmé ni dispuse, se siguió un debido proceso que es competenca de la Contraloría y que no es prerrequisito de pago de ninguna factura en ninguna institución pública. 

"Se acusa sin causación, sin temporalidad, sin trazabilidad, es decir sin fundamentos ni de hecho ni de derecho. Pero lo más grave es que se acusa sin investigación mucho menos una técnica especial, como se presume. Lo que ha existido es un uso doloso de una asistencia penal internacional, la 464 del 2019, donde no consta ni Pablo Celi ni la Contraloría, donde no se refieren a ellos los procesos penales; que es usada sin autorización y transgrediendo de manera engañosa la limitación explícita que pone para su uso la justicia norteamericana. Para esto se han usado peritajes del entorno pericial próximo a la fiscal. ¿Qué podían testimoniar sino las disposiciones que tenían para armar un caso? Introdiciendo chats, reuniones y transacciones que no tienen nada que ver conmigo. Usando testimonios de condena no con testigos protegidos (sino) con hampones encubiertos a quienes la Fiscalía garantiza impunidad. 

"La carga de la prueba se la desplazó a las defensas, más allá de la ley. He tenido que probar mi inocencia con una amplísima carga probatoria y con un cotundente alegato de mi defensa la cual ni siquiera pudieron rebatir ni hacer réplica alguna. La Fiscalía no ha presentado pruebas, a lo que hemos asistido aquí es a un montaje. La sociedad ecuatoriana no está representada en la actuación de una fiscal farsante que hace un uso corrupto del cargo para perseguir por sus intereses políticos. 

II. Fiscal Salazar: "se presentaron 55 pruebas"

La Fiscal General a su vez, dijo haber presentdo 55 pruebas en las cuales se llegó a determinar con certeza la existencia de una estructura organizada, que estaba liderada desde la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, con la ayuda de otras personas que cumplían un rol, (para) hacerse del 20% de una factura de 20 millones de dólares de la empresa Nolimit (4 millones)

Esta trama, como ya fue controlada por las autoridades norteamericanas no se llegó a establecer realmente este pago (de 4 millones de dólares), pero hay pagos chiquitos de otras facturas (del 5%) que se iban pagando en el tiempo. El señor Pablo Celi y Esteban Celi, a través de su sobrino (algo) que ahora ha sido negado, recibieron 500.000 dólares. Esos son los montos que se tienen que reparar y los cuatro millones que iban a ser de la organización.

Para la Fiscalía la investigación tiene relación con otros delitos, por ejemplo el de cohecho, que tiene una trama parecida pero es distinta, porque involucra a otra empresa pero con actores similares: el contralor general del Estado y su hermano se encargaban de desvanecer (glosas) a a cambio cobraban dinero a las empresas. Esta inforomación también nos llegó desde los Estados Unidos. Existe otra cada por lavado de activos también que se ventila en la ciudad de Guayaquil que es a raíz de la conformación de un tramado empresarial porque necesitaban entregar empresas, coordenadas de cuentas para obtener los beneficios económicos y esconder la ilicitud de estos fondos. 

La fiscal general dijo que "este es un hito en la historia de nuestro país, porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones, me refiero al ex contralor general del Estado. Nadie está sobre la ley. Y todo esto ha sido posible por la cooperación, es decir por la confianza de las autoridades de justicia de los Estados Unidos tiene en la Fiscalía General del Estado.

Una delegación bipartidista de cuatro senadores de Estados Unidos, que visitaron el país, pidieron en una carta a Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL, expandir la cooperación de seguridad de los Estados Unidos con Ecuador, aumentando la asistencia económica. Los senadores dijeron que la INL ha entregado USD 31 millones en ayuda al Ecuador, pero que la situación de seguridad del país muestra que no es suficiente. Los desafíos de seguridad son crecientes y urgentes, dijeron.

Esta es la carta suscrita por los senadores estadounidenses. Ver PDF

Luego señalaron logros del país, como que es el país con la tercera mayor cantidad de incautaciones de cocaína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Pero también señalaron los problemas más graves:

Ecuador ha incrementado su papel como centro de transbordo de cocaína y otras drogas y se ha impulsado la expansión de los grupos delictivos organizados transnacionales, particularmente de México y Colombia, en territorio ecuatoriano.

En 2021, la tasa de homicidios del país aumentó más rápido que cualquier otro país de América del Sur, situación que se ha visto exacerbada por motines mortales en las prisiones que han dejado alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021, así como los continuos ataques dirigidos contra policías, fiscales y jueces

La magnitud de estos desafíos de seguridad ha obligado al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a declarar varios estados de emergencia, incluso el mes pasado después de varios ataques explosivos por las pandillas dejaron al menos cinco policías muertos.

"Creemos que el nivel de financiación ya no es suficiente para satisfacer adecuadamente las crecientes necesidades de seguridad de Ecuador", dijeron los senadores.

Además, recordaron al subsecretario Todd que Ecuador es "un socio democrático clave en América Latina que está interesado en fortalecer los lazos bilaterales con los Estados Unidos".

Los senadores que firmaron la carta son los demócratas Bob Menendez y Benjamin Cardin y los republicanos Rob Portman, Richard Burr.