Los Confidenciales
Foto: Diario La Hora
La información relacionada con las negociaciones de todos los acuerdos comerciales que actualmente gestiona el Ecuador, entre los que están incluidos acuerdos con China, Estados Unidos, México, Alianza del Pacífico y otros países no podrá ser conocida de manera pública, luego de que el Gobierno declarara la reserva de dichos datos. El Gobierno decidirá qué informa y qué no, según consta en un acuerdo del Ministerio de Comercio Exterior que fue publicado por el Registro Oficial pero está vigente desde el 18 de mayo pasado. La reserva impide, inclusive, que se apele a la Ley de Acceso a la Información tanto por parte de los medios cuanto de sectores que podrían ser afectados por un acuerdo comercial.
El 6 de diciembre se publicó en el primer suplemento de Registro Oficial 203 el acuerdo MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A del Ministerio de Comercio Exterior, que sostiene que la agenda comercial del actual Gobierno busca acuerdos comerciales con por lo menos 21 países y que en el marco de tales procesos, se elaboran estudios criterios y otros documentos preparatorios, así como se intercambia "información sensible" con otros equipos negociadores que, en criterio del Gobierno, requiere de un "manejo reservado" pues su divulgación, dice el acuerdo ministerial "podría generar un impacto adverso y de difícil reparación para la capacidad de negociación del Ecuador".
La reserva, alega el Ministerio en su acuerdo, es una medida para "salvaguardar la eficacia del equipo negociador", por lo que dispuso "declarar como reservada la información generada en las negociaciones, de todos los acuerdos comerciales que negocia la República del Ecuador". Además, los miembros de los equipos negociadores deberán firma un acta de confidencialidad, con la amenaza de aplicarles el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la divulgación de secretos.
La información que ha sido declarada reservada y por tanto no podrá ser difundida por los medios de comunicación ni conocida por la ciudadanía se refiere a documentos de las negociaciones comerciales intercambiados entre los países, así como los documentos internos técnicos de la negociación, "hasta cuando las partes suscriban el acuerdo". Además: cualquier información que el otro país quiera que sea reservada; comunicaciones sobre propuestas de políticas o proyectos legales relacionados con las negociaciones y la que el Ministerio crea necesaria para la "eficacia del equipo negociador".
"El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Viceministerio de Comercio Exterior y los Jefes Negociadores podrán informar, a través de versiones públicas, el estado de las negociaciones, en la medida que ello no comprometa los intereses del Ecuador en el proceso de negociación", dice el acuerdo, lo que significa que el Gobierno tendrá la potestad discresional de informar solo lo que estime conveniente.
Fotos: Luis Argüello / PlanV
Un ciudadano que pidió que se reserve su identidad, amparado en una norma del COIP, presentó el pasado mes de septiembre de 2022 una denuncia dirigida al presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa.
Según relató, en diciembre del año pasado, suscribió con funcionarios del Consejo de Participación un contrato para el servicio logístico para el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, por un monto de $63.160,73, para lo cual recibió un anticipo del 70%, equivalentes a $44.212,51. Luego, el Consejo dio por terminado el contrato de forma unilateral y pidió la devolución del dinero.
El denunciante asegura que desde junio del año 2021 tuvo conversaciones con ex funcionarios del Consejo, quienes dijeron actuar en nombre del consejero David Rosero, para implementar lo que sería una simulación, al prestar el contratista su nombre y su RUC para obtener el contrato, a cambio del 5% del monto. Sin embargo, los servicios serían prestados por personas cercanas a Rosero, según sostuvo.
Una vez que recibió el dinero del anticipo, el denunciante aseguró que se reunió con ex funcionarios para entregarles el dinero, quienes habrían insistido que los servicios los iban a prestar con la participación de Rosero. Cuando en febrero de 2022, al salir Sofía Almeida de la presidencia del Consejo, se dispuso la terminación anticipada del contrato, y el denunciante se encontró con que debía devolver el dinero del anticipo, que asegura entregó a personas que se identificaron como emisarios de Rosero. Ellos salieron de sus cargos en el Consejo y se negaron a devolver el dinero, explicó.
Con base en esta denuncia presentada ante el Consejo, Ulloa presentó el 16 de noviembre una denuncia en la Fiscalía, en la que traslada los hechos mencionados para la investigación de los fiscales. No menciona qué posibles delitos pudo haber cometido el denunciante al prestarse para la supuesta simulación del contrato a cambio de una comisión del 5%, lo que serían poco más de $3000.
Por su parte, el consejero David Rosero, consultado por este medio digital al respecto, explicó que "es una patraña de un moribundo político que entró por la ventana al CPCCS y va salir por la tranquera", refiriéndose a Ulloa. "La ventaja es que el Ecuador conoce a este tipo que atropella la Ley Orgánica del CPCCS, dónde existe una prohibición expresa en el artículo 45, sobre la divulgación de información que investiga el CPCCS, donde se presentó originalmente esta "denuncia" inventada por el propio Ulloa; y como él sabe que no tiene ni pies ni cabeza, burlan la normativa y difunden esta mentira ante la Fiscalía", sostuvo.
Rosero agregó que "es una acción desesperada frente a su censura y destitución y su responsabilidad en la crisis institucional por su servilismo al Gobierno. En lo personal tengo absoluta tranquilidad".
Los aspirantes pasaron por un concurso de méritos y oposición y un curso de 52 días. Foto referencial: CJ/El Universo
En una sesión extraordinaria, de este jueves 1 de noviembre, el Consejo de la Judicatura nombró a los 14 jueces que tratarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Es la primera vez que el país confirma con un grupo especializado de magistrados para enfrentar el crimen organizado. Los nuevos jueces aprobaron dos etapas: un concurso de oposición y méritos y una capacitación de 52 días.
Los seleccionados fueron ochos fiscales, dos jueces, dos defensores públicos, un catedrático y un secretario de fiscales. Estos son sus perfiles.
Jueces de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha
- Silvana Lorena Velasco Velasco: Silvana Lorena Velasco alcanzó el mayor puntaje: 91.88 sobre 100. Ella es jueza y miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y como tal condenó a un año a un perito acusado por adulterar la transcripción de un audio en el caso Odebrecht.
- Lauro Fernando Sánchez Salcedo: Es otro de los mejores puntuados, obtuvo 91.72; él es fiscal de adolescentes infractores en Azuay. Se inició en el 2003 como asistente de fiscal.
- Byron Leonardo Uzcátegui Arregui: Se desempeña como fiscal de Patrimonio Ciudadano, en Pichincha.
- Esteban Israel Coronel Ojeda: Él es fiscal en Azuay y se encargó de las investigaciones por tortura de los presos en la cárcel de Turi, en 2016. Coronel acusó a 37 de policías de ese delito, pero finalmente fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
- Mabel del Pilar Tapia Rosero: El 5 de abril pasado, la jueza junto a sus colegas Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.
- Wiler Fabricio Chóez Avilés: Es agente fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, en la provincia del Guayas.
Jueces del Tribunal de Garantías Penales
- Clara Elizabeth Soria Carpio: La nueva jueza se ha desempeñado como defensora pública desde el 2012. Es magíster en Derecho Constitucional y en Derecho Penal por la UASB y candidata a PHD por la Universidad Pablo de Olavide. Docente en pregrado y posgrado en áreas relativas al derecho penal, derecho procesal y litigación oral.
- Carlos Patricio Serrano Lucero: Es catedrático. Cursa un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es Máster en Justicia Criminal por la misma universidad.
- Mario Andrés Muñoz Bayas: Es fiscal y en 2019 se postuló para Fiscal General del Estado, concurso en el que resultó ganadora Diana Salazar. Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020.
- Christian Álex Fierro Fierro: Es fiscal especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional. A sus manos han llegado casos por tráfico de drogas y violencia sexual como la violación grupal que sufrió Nicole en 2018 y que terminó con su muerte. También fue el fiscal que investigó una red de corrupción que operó en el Ministerio del Interior, entre 2014 y 2017, y que gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor.
- Jorge Suidberto Sánchez Pico: Se ha desempeñado como agente fiscal en El Triunfo, Guayas. También fue abogado aduanero en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
- Consuelo Marcella Tapia Guerrón: Nació en Tulcán y tiene 41 años. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Tiene dos especializaciones en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Andina, y una maestría en Derecho Procesal, mención en Derecho Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ingresó a la Función Judicial en 2012 primero como defensora pública. En 2013, después de participar en el concurso para fiscales, obtuvo un nombramiento provisional como fiscal de Pichincha. Desde entonces permanece en este cargo y es especialista en género. Tapia fue la fiscal que investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada por un grupo en un bar de Quito. En el concurso para jueces anticorrupción logró el segundo lugar con el puntaje total de 87,20 sobre 100 puntos.
Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales
- Renán Eduardo Andrade Castillo: Nació en Portoviejo y tiene 36 años. Es abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, y tiene una especialización y un máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios adicionales en la Escuela de la Función Judicial en Derecho Procesal Penal. Tuvo un paso breve por la Secretaría Nacional del Agua (hoy extinta) hasta que en 2013 fue designado como defensor público de Pedernales, cargo que ejerció hasta esta designación. Su perfil completo está en este reportaje de PlanV.
- Vicente Fernando Hidalgo Maldonado: Se desempeñaba como secretario en la Fiscalía General. En 2019, fue uno de los enviados a Bogotá y Puerto Tejada, en Colombia, para entrevistarse con testigos del secuestro del político Fernando Balda. Fue enviado por la entonces fiscal general Ruth Palacios.
Fotos: PlanV y Twitter Policía Ecuador
Casi un año después de su detención en Buenos Aires, donde la justicia argentina le prohibió salir del país, el hijo del ex alcalde Jorge Yunda, Sebastián, continúa en esa capital, y ha pedido a Argentina un asilo, según confirmó a este portal su padre.
El ex alcalde capitalino dijo que su hijo salió del país legalmente por sus actividades artísticas, pues es músico, y fue detenido en Argentina en cumplimiento de una difusión roja emitida por la oficina nacional de Interpol. En Quito se adelanta un proceso por asociación ilícita contra el joven, luego de que se filtraran una serie de chats incautados en la Fiscalía en los que presuntamente estaría conversando sobre pagos y comisiones con contratistas del Municipio. La orden de captura internacional se emitió luego de que la justicia determinó que Yunda evadió las medidas cautelares que se le impusieron.
Sebastián Yunda fue liberado el pasado 3 de diciembre de 2021, y desde entonces se presenta periódicamente ante la justicia del país austral, pues tiene prohibido salir de Argentina hasta que se resuelva su situación.
El Gobierno informó, luego de su liberación, que se había iniciado un trámite de extradición contra el hijo del ex alcalde. Pero según Jorge Yunda, su hijo ha pedido asilo a Argentina y no cabe proponer que ingrese a una cárcel nacional, en donde no hay garantías para la vida de los reclusos. Yunda Machado criticó la "cacería" que se lanzó a nivel internacional desde noviembre de 2021 contra su hijo, mientras no hay rastro del ex capitán de Policía Germán Cáceres, implicado en el femicidio de su esposa, María Belén Bernal. Jorge Yunda insistió en la inocencia de su hijo y dijo que se le persigue para hacerle daño políticamente.
Tras retenerle sus documentos personales, incluido el pasaporte, la justicia argentina dejó en libertad bajo Caución Juratoria a Sebastián Yunda, quien debe cumplir varias exigencias, como no ausentarse de su domicilio por más de 48 horas y presentarse ante el juez cada 7 días. pic.twitter.com/ig5aoaHOUp
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 3, 2021
Imagen: PlanV
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, devolvió la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, como constitucionalmente le corresponde, por "no cumplir los requisitos".
Este acto administrativo ocurrió luego de que la mayoría del Consejo, cuatro consejeros, fuese destituida por la Asamblea Nacional en un juicio político denunciado por no cumplir el debido proceso. Hernán Ulloa recuperó la presidencia y otros tres consejeros sus vocalías luego de una decisión judicial de un juez de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La decisión de Ulloa fue una suerte de retaliación en contra del presidente de la Corte Nacional, pues del lado oficialista se acusó al alto magistrado de "conspirar" para tumbarse a los vocales del CPCCS, presididos por Ulloa, en conveniencia con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (primo) y la mayoría correísta-socialcristiana y sus aliados.
El CPCCS presidido por Ulloa se ha negado sistemáticamente a nombrar al titular del Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ, órgano disciplinario y administrativo de jueces, fiscales y abogados del país. Es decir, el que ejerce el control de la administración de justicia. El CNJ es la joya de la corona de la justicia ecuatoriana.
Ahora esta disputa se ha trasladado al seno de la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 magistrados y magistradas.
En un comunicado público, un grupo de jueces nacionales le ha pedido al presidente de la Corte Nacional que convoque aa una sesión extraordinaria del Pleno de la entidad para que la nueva terna a enviar sea consensuada en el Pleno. Según el comunicado que se hizo público en redes, fueron 12 magistrados y magistradas las que firmaron la solicitud. Sin embargo, otros jueces nacionales se han manifestado en contra en las mismas redes. El presidente Iván Saquicela ha enviado dos ternas fallidas, la primera fue retirada por él mismo, y la segunda fue devuelta. Las dos ternas fueron enviadas bajo responsabilidad del titular de la Corte Nacional.
Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura sigue con un presidente encargado.
Es uno de los robustos personajes que aparece en una foto tomada en una piscina de Miami, en la que sería la propiedad de Xavier Jordán y donde también sale el legislador correísta Ronny Aleaga. Fernando Villavicencio los bautizó como "los tetones" y los señaló como autores de posibles actos de corrupción.
Se trata de Leonardo Cortázar, un ingeniero de Guayaquil de 41 años, a quien Villavicencio identificó en la foto de la piscina y, además, señala por supuestos manejos en el sector eléctrico. Cortázar tendría influencia en contratos en CNEL desde la época de Rafael Correa y Lenin Moreno.
URGENTE| El personaje de la piscina de Miami, controla el sector eléctrico, maneja a su antojo contratos en @CNEL_EP @CELECEPOficial nada se mueve sin su consentimiento. En los próximos días el país conocerá cómo funciona esta red que opera desde los gobiernos de Correa y Moreno. pic.twitter.com/hDqpRUGZ15
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) November 21, 2022
La mañana del pasado sábado, Villavicencio esperaba un vuelo para Guayaquil, en donde tenía agenda, acompañado de un policía que le brindaba seguridad, pues ante las amenazas en su contra, que constan en un informe de la Policía, el legislador cuenta con resguardo permanente.
A las 07:26, un capitán de la Policía que acompaña a Villavicencio recibió una llamada del legislador pidiendo apoyo. En el interior de la sala de preembarque en donde iba a tomar un vuelo de Avianca, se había encontrado con Cortázar, quien al verlo se acercó y le dijo: "mírame a los ojos hp..., y dime todo de lo que me acusas en redes sociales y en los medios, mírame hp..., mírame, ya vas a ver lo que te pasa”. El legislador también subió un video de la amenaza del empresario a su cuenta de Twitter.
URGENTE|Leonardo Cortazar, el tipo que aparece en la piscina de Miami con Ronny Aleaga y el prófugo Xavier Jordán, tirado a gallito me amenaza en el aeropuerto de Quito. En qué país estamos. @MinGobiernoEc @MinInteriorEc pic.twitter.com/MfEHESbRI7
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) November 19, 2022
El escolta de Villavicencio y otro policía ingresaron a la sala de preembarque y arrestaron, alegando flagrancia, al empresario, a quien se acusó de amenazas contra el legislador y fue trasladado a la Unidad de Flagrancia en el centro de Quito. Tras varias horas en las mazmorras de Flagrancia, el empresario fue liberado, según la Fiscalía, porque no hubo elementos de convicción para formularle cargos. Sin embargo, se ha iniciado una investigación previa.
ATENCIÓN| La @PoliciaEcuador lleva detenido al hombre de la piscina Leonardo Cortázar. Ahora debe responder por sus amenazas. pic.twitter.com/YRAOHTAvPd
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) November 19, 2022
#ATENCIÓN | #Pichincha: tras la aprehensión de Leonardo C. –registrada este sábado– por presuntas amenazas proferidas en contra de un asambleísta, #FiscalíaEc inició una investigación previa. Ante la falta de elementos de convicción no se le formularon cargos. pic.twitter.com/8EvEH0fkxr
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 21, 2022
De su lado, el empresario, en diálogo con el periodista Alexis Moncayo de Radio Pichincha Universal, dijo que el amenazado fue él y que el legislador presionó a los policías para que lo detengan y no le dejen subir al avión (el parte policial señala que Avianca ya le había cambiado de vuelo ante el incidente) y que presumió varias veces de ser asambleísta y le habría dicho que "va a ver quién manda en este país".
"Vas a ver quien manda en este pais", así amenazó Fernando Villavicencio a Leonardo Cortazar.
— Daniel Granja (@DanielGranja7) November 21, 2022
No le permitieron embarcar un avión por pedido del asambleísta oficialista, dijo Cortazar.
Fiscalia informó que no existen "elementos de convicción" de las amenazas a Villavicencio pic.twitter.com/M8f1OBmsiI
Foto: Archivo El Comercio
Los abogados del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit solicitaron a la Corte de Miami que extienda el tiempo para presentar mociones previas al juicio, que vencían este 18 de noviembre. Sostuvieron que este nuevo plazo no afectara el juicio por lavado de dinero fijado para el 22 de mayo de 2023.
La carta está firmada por los juristas Howard Srebnick y Fernando Tamayo, quienes sugirieron que el plazo para esas mociones sea hasta el 2 de diciembre próximo.
Entre las razones para la prórroga, los defensores dicen que una de las socias legales que trabajan en el caso de Pólit tuvo problemas familiares y que Srebnick ha pasado más de 40 horas en una investigación para otro de sus clientes, en el juicio Caballero v. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otros casos.
Además, hubo otro motivo: “En vista del feriado de Acción de Gracias de la próxima semana, el Sr. Polit solicita hasta el 2 de diciembre de 2022 presentar sus mociones previas al juicio”.
El gobierno de EEUU no se opone a esta prórroga, afirmaron los abogados.
En la foto constan el canciller, Juan Carlos Holguín: el embajador de EE.UU., Michael Fitzpatrick; el ministro del Interior, Juan Zapata y un delegado del gobierno estadounidense. Foto: Ministerio de Gobierno
El memorando de entendimiento con EE.UU. para la trazabilidad de armas de fuego y explosivos es el convenio que faltaba para investigar y atacar el tráfico de armas en el Ecuador. La Policía Nacional y las FF.AA. han incautado miles de armas de fuego, entre ellas armas largas y fusiles de alta gama, incluso de uso exclusivo de cuerpos de élite de otros ejércitos del mundo; armas sofisticadas han sido capturadas en manos del crimen organizado y en las masacres carcelarias.
Ecuador venía insistiendo en la necesidad de que el país ingrese al sistema eTrace, que es un sistema de rastreo y búsqueda de armas e fuego basado en internet. Informes de la Policía Nacional dan cuenta de que entre enero del 2018 y agosto del 2022 se dieron 87 mil delitos con armas de fuego en el país. De estas armas se ha incautado una minoría, pero aún así, de las armas incautadas es muy difícil acceder a su trazabilidad, que es hacer el seguimiento del uso de esa arma hasta su vendedor o fabricante original, si es posible.
El memorando es entre la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT) del Gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio del Interior. Y su objetivo es promover la coordinación, cooperación, y conducción de actividades del cumplimiento de la ley y de investigación relativas al sistema eTrace, para lograr un exitoso procesamiento de hechos punibles cometidos con arma de fuego ilícitas, rastreo y mejorar estrategias de investigación reduciendo la criminalidad, dijo la información oficial.
Una de las condiciones es que el Ecuador notifique a la oficina de asuntos internacionales de la ATF antes de iniciar cualquier investigación internacional independiente sobre el tráfico de armas de fuego que surja o proceda de los datos sobre el rastreo de armas de fuego obtenidos a través de eTrace.
Este paso, se explicó oficialmente, es esencial para el posterior intercambio de información para la investigación y contribuir a asegurar la eficacia y la seguridad general de los agentes investigadores.
eTrace es una aplicación de internet que rastrea el historial de compra y/o uso de armas de fuego utilizadas en delitos violentos. El sistema, disponible en inglés y español, es clave para generar pistas de investigación para ayudar a esclarecer delitos violentos en todo el país. Estas pistas ayudan a las entidades competentes a rápidamente identificar potenciales traficantes de armas de fuego y sospechosos en investigaciones criminales. El rastreo de armas de fuego a través de eTrace permite el rastreo sistemático de un arma de fuego recuperada desde el fabricante o importador original, a través de la subsiguiente cadena de distribución (vendedor mayorista o minorista) para identificar al comprador sin licencia, señala el portal oficial del sistema.
Un inédito panel sobre la situación de la seguridad en el país por la Universidad Hemisferios para el jueves 16 de noviembre generó altas expectativas. El acto académico anunció que, por primera vez, se juntaban los ex ministros del Interior: María Paula Romo, Patricio Pazmiño, Alexandra Vela y Patricio Carrillo. Los dos últimos fueron ministros durante el gobierno de Guillermo Lasso.
El acto se realizaría en modalidad presencial se anunció, a excepción de la doctora Romo, quien vive en Washington DC. Para asistir, el comunicado pedía una inscripción previa a un correo de la Universidad. Días después, desde el mismo correo se comunicó a los inscritos que el acto sería virtual para quienes no eran alumnos, "por razones de seguridad" y se lo haría vía zoom, pero cerrado.
Este medio supo que incluso efectivos policiales hicieron un barrido de seguridad en el salón donde disertarían los ex ministros. Una de las razones tenía que ver, dijeron fuentes vinculadas a la Policía, con el temor de que se fueran a dar incidentes por parte de activistas u opositores políticos.
Fotos: Asamblea Nacional
Un nuevo conflicto político en la Asamblea Nacional podría ser resuelto por la justicia de Pichincha, luego de que el asambleísta Fernando Villavicencio presentó una acción de protección en contra de la sanción de 31 días de suspensión que le impuso el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) por supuestas ofensas a una legisladora correísta en Twitter. La justicia aceptó a trámite la acción y la audiencia para conocer el caso ha sido convocada para este viernes, explicó el legislador. El caso está a cargo de la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Soledad del Carmen Manosalvas.
En el escrito, Villavicencio reseña que cinco de los siete integrates del CAL se hicieron eco de la queja de la legisladora correísta Patricia Núñez, de quien dijo en Twitter que había quedado "como el puerco", lo que ella aseguró se debe a que es mujer y está en la vida pública. Villavicencio descartó en su escrito que haya tenido ánimo de injuriar a la legisladora y negó que en algún momento se haya referido al género de la asambleísta.
Villavicencio relató que había pedido que los correístas Marcela Holguín y Ronny Aleaga, quienes votaron por la sanción en el CAL en su contra se excusaran por su enemistad manifiesta, pero no lo hicieron. Además. Villavicencio precisó que las supuestas expresiones discriminatorias deben darse en el Pleno o las comisiones legislativas, y la ley invocada por el CAL no hace mención a las redes sociales ni otras expresiones públicas.
Para Villavicencio la suspensión le viola derechos constitucionales, como la seguridad jurídica, el debido proceso y la libertad. En el pedido a la justicia, Villavicencio pidió que como medida cautelar se suspenda la resolución del CAL en su contra y que se la declare sin efecto, además del pago de sus haberes y las disculpas públicas de los integrantes del Consejo.
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[RELA CIONA DAS]
