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Los Confidenciales

20 de Diciembre del 2021
La boda entre Santiago Gangotena y Macarena Valarezo agita las redes
20 de Diciembre del 2021

Foto: Twitter

 

Santiago Gangotena no pasa un día. El PhD en física y fundador de la Universidad San Francisco de Quito tiene más de 70 años, pero no los aparenta. Tras una relación de varios años, Gangotena se casó con la ex concejala y ex política socialcristiana, Macarena Valarezo, quien debió declinar su candidatura en las elecciones de 2017 por polémicas declaraciones. 

La polémica ronda a la pareja, que se caracteriza por no tener filtro en sus intervenciones públicas. La boda, a la que asistieron pocos invitados, fue publicada por la ex concejala en su cuenta de Tik Tok. Se trata del segundo compromiso de ambos, pues se separaron de sus anteriores parejas. Valarezo tuvo una relación con el cantante Fausto Miño.

En la boda se evidenciaron las aficiones de la pareja, que se interesa por el budismo y la culturas orientales, en cuyas vestimentas se inspiraron los trajes de ambos. También se retrataron ante un costoso vehículo, que algunos dicen fue el regalo de bodas (aunque más parecía un vehículo decorado para la salida de los novios). La pareja desmintió esa parte de las versiones en redes sociales aunque confirmó su matrimonio. 

Al inicio de la gestión de Jorge Yunda, ambos se acercaron al ex alcalde como asesores externos del Municipio, sobre todo, en el ámbito educativo, pero luego se distanciaron de Yunda y su entorno. Pero ahí fue que empezó a hacerse pública la relación entre ambos. 

Valarezo djo en un debate radial que:“A mí lo que me da terror es que vuelva otro muerto de hambre a la Presidencia y se arregle la vida en cuatro años. Perdónenme que les diga eso, pero es preferible tener a un empresario probo, a una persona que ha demostrado saber hacer empresa y que sabemos que no necesita estar en el gobierno para aumentar sus riquezas ni para ser el hombre más rico aquí o en Ginebra, en Suiza o aquí y en los diferentes ‘Panama papers‘ y los paraísos fiscales (…) sino que simplemente veamos en este momento lo mejor que es para el país”. La polémica por las declaraciones llevó a Valarezo a declinar su candidatura por Compromiso Ecuador en 2016. 

Foto: Twitter

13 de Diciembre del 2021
Soledad Diab pone en suspenso a la Comisión de Fiscalización
13 de Diciembre del 2021

La aprobación, en la Comisión de Fiscalización, del informe sobre las operaciones de Álex Saab en Ecuador se demoró, sobre todo, por los cuestionamientos de la asambleísta por Guayas (PSC) Soledad Diab, quien enfiló contra el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, y su entorno.  La Comisión aprobó el documento con cinco votos, mientras que el correísmo y Diab votaron en contra.  Villavicencio anunció que no se retiró ningún nombre de los presuntos involucrados. 

La pasada semana se espera que el informe pudiera ser aprobado en la sesión convocada para la mañana del viernes, pero eso no ocurrió. Algunos de los integrantes de la Comisión tenían planificado ir a Miami, Florida, para entregar a la Fiscalía norteamericana el documento, así como a Bogotá, Colombia, para realizar la misma gestión. También, entregarlo a la Fiscalía ecuatoriana como una noticia de un delito para que reabra una investigación que fue archivada durante el correato. 

Pero la aprobación se demoró por falta de quórum y apoyo político, a pocos dias de que inicie la vacancia legislativa, este 16 de diciembre. El correísmo insistió en presentar un informe de minoría, que defendió el funcionamiento del sistema de compensación SUCRE, infraestructura estatal que fue utilizada, presuntamente, para lavar dinero.

En un comunicado, la asambleísta señaló que la Comisión se ha quedado sin quórum, y que no se le ha permitido leer todos los documentos para dar sus aportes al informe. Agregó que había "prisa" en la Comisión para traducir el informe al inglés e inclusive para entregarlo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. 

Según la legisladora, Villavicencio le amenazó con investigarle por filtrar el borrador del informe, pues un banco de Guayaquil se dirigió a la Comisión sin haberlo mencionado oficialmente, aunque ella sostuvo que no nunca lo tuvo, y contraatacó acusando a periodistas como Marlon Puertas, de La Historia, de concurrir a la Comisión y anunciar las conclusiones de un informe aprobado que no ha sido aun conocido.  La legisladora arremetió contra el entorno de Villavicencio y señaló que una de las asesoras de la Comisión es sobrina suya. Según fuentes de la Asamblea, varios personajes del círculo socialcristiano y algunos asambleístas de Guayaquil estarían relacionados con la trama de Saab, lo que explicaría la actitud de la legisladora.

De su lado, el periodista Marlon Puertas, a quien la representante de Guayas acusó de ser el verdadero autor de "la sintaxis" del informe (se refería al borrador del documento), negó las afirmaciones de la legisladora. 

La Historia agregó que Arturo Tello, el asistente de Rafael Correa en sus sabatinas, ahora trabaja en el despacho de la socialcristiana. 

 

13 de Diciembre del 2021
El puñetazo en la mesa del embajador Fitzpatrick
13 de Diciembre del 2021

La embajada de Estados Unidos resolvió mover el avispero en el Ecuador tras algunos casos y hechos que, para la misión de ese país, representan señales claras de que el Estado ecuatoriano puede sucumbir ante el embate del crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y la legalidad criminal. 

Las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick al periódico digital Primicias han causado un remezón en las principales autoridades del Ecuador en temas de seguridad y defensa. El embajador fue soltando algunas prendas a lo largo de la conversación con la periodista Adriana Noboa:

"...en este momento, a pesar de los éxitos del Estado ecuatoriano en contra de los carteles, es obvio que hay grupos dentro y fuera del país que quisieran debilitar la democracia y el Estado de derecho, corromper el sector privado y al sector público".

"Esta semana está el caso de los ‘narco generales’ y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres".

"Nadie puede esconderse detrás de una túnica judicial para cometer crímenes. Pero ya estamos investigando todos estos casos y otros como Petroecuador, compras públicas en el sector de salud, esto incluye a los jueces, abogados, funcionarios públicos o privados. Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas. Y colaborando en los casos que tienen nexos con Estados Unidos, sea en lo financiero o en otras acciones tomadas en nuestro país".

Pero la frase que encierra la justificación de las denuncias anteriores se refiere a que: "cuando la sociedad no quiere participar en la defensa de su propio Estado de derecho y de su democracia ya estamos jugando a la defensiva y hay que jugar ofensivamente, para defender la democracia con orgullo y con franqueza sobre nuestras limitaciones".

Esa necesidad de despertar al país y obligarlo a "jugar ofensivamente" es lo que llevó a Estados Unidos a una intervención de esa naturaleza por medio de su embajador en Quito. Según fuentes vinculadas a la cooperación con EE.UU. en materia antidrogas, las declaraciones fueron muy meditadas y destinadas a "mover el avispero" o dar un "golpe en la mesa".

Según las mismas fuentes, la decisión de dar estas declaraciones se tomó luego de la decisión de una jueza de devolver a cuatro generales no ascendidos a la Policía Nacional. La fuente evitó relacionar esas declaraciones del embajador con el caso en específico o si se refería a ellos cuando habló de "narcogenerales".

Para la defensa de uno de los generales en esta demanda en contra de la comandante de Policía, Tanya Varela, esas declaraciones se tratarían de una presión indebida al sistema de justicia. La decisión de la jueza fue apelada por la defensa de la general Varela y debe ser resuelta por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Pero otras fuentes que hablaron con Plan V a condición de reserva dijeron que el mensaje va no solo al sistema de justicia y cómo viene actuando en temas de corrupción (la salida de Ricardo Rivera, tío de Glas, las decisiones de los jueces sobre los acusados en la corrupción en los hospitales, la protección política en la Asamblea a la corrupción en el caso Saab e ISSPOL...), sino también a la Corte Constitucional y, sobre todo, al ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional. Es la primera vez que Estados Unidos menciona directamente la existencia de una penetración del narcotráfico en la fuerza pública incluso al más alto nivel de mando, y no se conoce si el embajador haya dicho lo mismo en privado a las autoridades ecuatorianas. 

Para Estados Unidos, Ecuador y sus autoridades no están dimensionando el peligro que esto significa para el Estado y la sociedad ecuatorianas la situación de penetración del crimen organizado en las instituciones, en la fuerza pública y en el propio sistema normativo ecuatoriano. 

Aunque el embajador de EE.UU. dice que Guillermo Lasso es un gran aliado de su país en esta lucha, la situación de cooperación antidrogas no está en su mejor momento. La reunión de la ministra Alexandra Vela con algunas autoridades estadounidenses no fueron del todo cordiales, sobre todo, se dijo en el entorno de la ministra, un alto delegado de la DEA en el Ecuador habría dicho que el país debía "agradecer" a Estados Unidos por la cooperación internacional. La reacción de la ministra fue que Ecuador reconocía la asistencia estadounidense, como lo hace con todos los países del mundo, pero que eso no implicaba "hacer genuflexiones" por una "ayuda", que significa un poco más de diez millones de dólares y "aunque fuera mucho más" Ecuador era un país soberano. El impase fue zanjado por una alta autoridad del Departamento de Estado que visitó el país y propuso términos más adecuados para la relación diplomática entre los dos países. 

El gobierno reaccionó con un comunicado a las declaraciones de Fitzpatrick. Dijo, en concreto, que no hay un solo oficial general en servicio activo al que se le haya retirado la visa estadounidense y pidió al embajador de EEUU "cordialmente" que entregue información relacionada con el tema a las autoridades ecuatorianas para que sea entregada a las entidades pertinentes.

El alto mando policial ha tomado las declaraciones de Fitzpatrick con prudencia, supo Plan V, y algunos de sus miembros consideran que puede ser una oportunidad para la actual promoción al mando de demostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado. 

Foto: Diario El Universo

 

13 de Diciembre del 2021
Juez prohíbe a Ricardo Rivera hacer negocios otra vez con Glas
13 de Diciembre del 2021

El juez de Garantías Penitenciarias, José Luis Jiménez, prohibió a Ricardo Rivera volver a hacer negocios con su tío, el exvicepresidente Jorge Glas. Esta disposición se encuentra en la sentencia escrita que benefició a Rivera con el régimen semiabierto, es decir pagará el resto de su condena en su casa. La resolución fue publicada en el sistema judicial, este domingo 12 de diciembre. Entre las medidas que dispuso para prevenir la reincidencia de Rivera, el juez dictaminó: “A efectos de cumplir con los fines de la pena, prevenir el cometimiento de un nuevo delito, de garantizar la seguridad ciudadana en general, se prohíbe al ppl (persona privada de libertad) que tenga contacto o vínculos de negocio con los coprocesados que fueron sentenciados conjuntamente con el delito que fue beneficiado en este régimen semiabierto”. 

El 23 de enero de 2018, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Rivera, Glas y a Carlos Alberto Villamarin, Édgar Arias Quiroz (fallecido en la cárcel por Covid) y Ramiro Fernando Carrillo a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Según el juez Jiménez, Rivera ya cumplió con más del 60% de la condena, que es uno de los requisitos para acceder a ese beneficio penitenciario. Otro requisito era tener una buena conducta de mínimo 5 puntos. Según la resolución, Rivera tuvo un puntaje de 7.61. El juez en su análisis también tomó en cuenta las vulnerabilidades de Rivera, quien es un adulto mayor y con una afección cardiaca. La audiencia se dio el pasado 7 de diciembre y dos días después Rivera salió del Pabellón de Atención Prioritaria del Centro de Privación de la Libertad (CPL) Guayaquil Número 4, de Guayas. 

Además de ordenarle no tener negocios con los procesados en su misma causa, también le prohíbe “realizar actos u omisiones (que) tengan como resultado la apertura de una nueva causa penal” y consumir drogas (marihuana, cocaína, heroína, etc.) y bebidas alcohólicas dentro del régimen semiabierto. 

El juez dispuso que Rivera lleve un grillete electrónico y solo pueda moverse en la provincia del Guayas, donde está domiciliado. Sin embargo, hizo una excepción para que el tío de Glas pueda ir a Quito a diligencias correspondientes a una investigación previa en la que estaría vinculado. “Solo podrá ir a Quito a cumplir actividades respecto de esa investigación previa para no limitar el derecho a la defensa que tiene toda persona”. 

Foto de Ricardo Rivera: API

7 de Diciembre del 2021
El Gobierno se esfuerza por desmentir un pacto con Correa, con poco éxito
7 de Diciembre del 2021

Foto: Diario El Comercio

 

La concesión  de beneficios en su condena al tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, reactivó la duda sobre si el Gobierno pactó o no pactó con el correísmo aspectos como beneficios carcelarios para Jorge Glas y su entorno a cambio de la abstención que salvó la reforma tributaria. 

En privado, y según una alta fuente de Palacio, no hubo ningún pacto ni se llegó a negociar con el correísmo su abstención, sino que ellos "se equivocaron" al abstenerse de votar por el archivo de la ley, entiendiendo que la negativa de los informes ya implicaba ese archivo. Desde la visión de Carondelet, fue un "error inducido", algo similar a las "jugadas maestras" que reivindicaban en su momento los morenistas.

Asambleístas del propio correísmo, sin embargo, admitieron que la situación de Glas, quien cumple una condena en el penal de Latacunga por los sobornos del caso Odebrecht, estuvo sobre la mesa en todas sus operaciones políticas, pues consideran que deben intentar obtener mejorar la situación de su ex vicepresidente. 

En público, el embajador itinerante y ministro sin cartera del régimen, Juan Carlos Holguín, cuestionó en Twitter al periodista Andersson Boscán, de La Posta, cuando este sostuvo que los beneficios para Ricardo Rivera formaban parte de un "pacto de la impunidad", aunque no mencionó al Gobierno ni lo responsabilizó de eso. Holguín le preguntó a Boscán si se refería a los jueces o a quién con la afirmación sobre el supuesto pacto.  Un caso típico descrito en aquella frase latina: Excusatio non petita, accusatio manifesta.

En su respuesta a Holguín, Boscán fue más allá, y sostuvo que dado que el Gobierno maneja el SNAI, su papel es clave para que Glas y otros de su entorno puedan obtener beneficios penitenciarios. "Lo que se ve no se pregunta", le dijo, citando a Juan Gabriel.

3 de Diciembre del 2021
Que los niños y niñas vuelvan a clases presenciales (urgente) pide la Unicef
3 de Diciembre del 2021

La exitosa reapertura de las escuelas y colegios y el regreso de estudiantes y maestros a clases presenciales constituyó el indicador más esperanzador de avance en esta lucha contra la pandemia. Un informe de cierre de gestión de la administración Moreno había determinado que cerca de cien mil estudiantes habían abandonado sus estudios, sobre todo en las zonas rurales y empobrecidas de las grandes ciudades, por las dificultades de acceso a las telecomunicaciones y por la imposibilidad de acceder a la educación virtual. Una serie de males confluyeron para esto. Por lo que el retorno a las clases presenciales era un imperativo de los hogares y sobre todo de los niños y niñas. A eso se agregaba la no menos importante salud mental y emocional de los hogares. 

Para el 30 de noviembre del 2021, el propio Ministerio de Educación había reportado que el 66% (10.680) de las escuelas a escala nacional había retornado a clases presenciales. De las cuales 7.172 estaban en la zona rural.  Y los contagios fueron míminos: 0,005% casos en estudiantes (43 casos de 922.300 estudiantes) y 0,0043% en maestros. Apenas 33 escuelas debieron hacer cercos epidemiológicos. 

Con estas cifras exitosas, resultó sorpresivo que el COE y el Gobierno nacional decretaran la suspensión del proceso de retorno a las clases presenciales hasta el 3 de febrero, a propósito de la alarma mundial (infundada para muchos expertos) de la nueva variante del covid, llamada Omicron por el nombre de la letra O en el alfabeto griego. 


Informe del Ministerio de Educación sobre el retorno a clases presencialesVer PDF

Una de las entidades que ha cuestionado esta decisión es la Unicef. Para sustentar su oposición a la medida, el organismo de las Naciones Unidas para la infancia citó un monitoreo propio en el cual se reflejaba que el 70% de los hogares con niños, niñas y adolescentes que están en clases presenciales sostuvo que la reapertura ha sido un proceso positivo e incluso altamente positivo. La encuesta de Unicef demostró que el 95% de estos hogares conoce los protocolos y alrededor del 90% aseguró que se ha implementado el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, y el lavado de manos con agua y jabón.

Según el estudio, en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los niños se sienten más motivados a aprender. La experiencia de las primeras instituciones educativas que han reabierto, dijo la Unicef, "demuestra que las escuelas no son un foco de contagio y que un retorno seguro a las aulas es posible: los protocolos se cumplen, los niños están felices y aprenden más con las clases presenciales".

En contraposición, solo el 47% de los estudiantes que aún no han vuelto a clases presenciales está contento, y el 70 por ciento afirmó que está aprendiendo menos. Este último dato ha incrementado en diez puntos con respecto al año anterior, cita la Unicef.

Pero solo un millón de estudiantes (25% del total) han vuelto a las aulas, señala el organismo, lo cual significa que todavía el 75% de los estudiantes del país continúa sin acceder a la educación presencial.  El país tiene 4'314.777 estudiantes.

“Hacemos un llamado al Comité de Operaciones en Emergencia (COE) a revisar la decisión de posponer la reapertura de escuelas. El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación”, dijo Juan Enrique Quiñónez, representante a cargo de Unicef Ecuador. 

"El no acudir a clases presenciales genera pérdida de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, amplía la brecha entre quienes tienen recursos para continuar con la educación a distancia y quienes no, además, supone menores posibilidades de desarrollar habilidades sociales y repercute en mayor medida en la salud mental", dice el organismo, y advierte:

Los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir lejos de las aulas, de sus docentes y compañeros, su bienestar físico y mental, así como su desarrollo y aprendizaje, están en juego.

 

 

2 de Diciembre del 2021
Así fue la censura a PLANV en el Complejo Judicial Norte
2 de Diciembre del 2021

Eran más de las 11:40 cuando en la sala 405 del piso cuatro del Complejo Judicial Norte, en el sector de Iñaquito, estaba por instalarse la continuación de una audiencia en la que se ventila la acción de protección  que el general de la Policía en servicio pasivo, Víctor Araus, presentó en contra de la comandante Tannya Varela y otros altos cargos del Estado, por lo que considera acciones inadecuadas que concluyeron con su salida de las fuerzas del orden. 

Desde las 11:00, un equipo de este portal integrado por el editor Fermín Vaca y el fotógrafo Luis Argüello esperaban la llegada del demandante y de los abogados de la comandante de la Policía, con la intención de realizar un reportaje sobre la acción que ha presentado el general en retiro. 

En el vestíbulo del edificio judicial, construido durante el correato, uno de los policías de la Escolta Judicial, quienes usan un distintivo arnés blanco, indicó que la audiencia de "mi general" se realizaría en el cuarto piso.

En ese nivel del complejo judicial, una funcionaria atiende a larga distancia desde un teléfono al que le han quitado el auricular. La encargada de las audiencias no conocía en dónde iba a ser la audiencia, aunque la sala 405 queda en frente de su escritorio.

En la sala, 405 una funcionaria que se identificó como la actuaria (una secretaria del juzgado, que tiene varios en esa función, dependiente de la jueza Verónica Medina) miraba la computadora protegida por una mampara transparente. 

En las salas de espera había varias pantallas, pero ninguna tenía información para los usuarios: todas estaban apagadas. En una esquina, el mayor de la Policía Byron Osejo, abogado de la general Tannya Varela, esperaba junto con otro uniformado y varios civiles.

Justo sobre la hora llegó el general (r) Victor Araus. Un policía de la escolta judicial, con un radio, fue informado desde el vestíbulo del arribo del oficial en servicio pasivo.

Aunque PLANV estuvo desde por lo menos media hora antes realizando fotografías y conversando con los asistentes, no fue hasta cuando alguien del grupo en cual estaba el mayor Osejo reclamó porque se hacían fotos que empezó el incidente. Al ser de dominio público que las audiencias, una vez instaladas, no pueden grabarse ni fotografiarse, nos preparábamos a salir cuando la magistrada estuviese en su silla. 

Pero como la jueza no estaba todavía en la sala, la diligencia no empezaba aún, a pesar de lo cual la actuaria le ordenó al policía de la sede judicial, tras asegurar que hacer fotos en la sala 405 estaba "prohibido", que proceda a borrar las fotos de nuestra cámara, por lo que el policía inclusive se acercó a la cámara de Luis Argüello mientras constataba que borre las tomas, que se referían a las personas presentes en el salón, y no aparecía en ellas ni documentos ni gráficos de ningún tipo y en las que no salía la jueza, pues ni estaba presente ni había instalado la audiencia. 

Además de la actuaria y el policía, un funcionario judicial que se identificó como técnico de audiencias reclamó a gritos que se hacían fotos "sin autorización" lo que estaba "prohibido por el Consejo de la Judicatura". Cuando el equipo de PLANV le pidió que exhiba la supuesta prohibición, dijo que no tenía copia alguna, pero que nosotros mismos vayamos al piso 10 a pedirla.

El funcionario, que tenía oculta la mayor parte del rostro con una curiosa máscara de cuero café, insistió en gritar frente a la policía y la actuaria, para luego pedirnos en voz baja que "se le acolite" pues si no "le iban a sancionar a él". Luego, el mismo individuo insistió en tomar fotos de nuestras identificaciones y continuó hablando a gritos hasta que tomamos el ascensor hacia la planta baja.

El incidente ha merecido el rechazo de organizaciones como Fundamedios y la solidaridad del gremio periodístico, que agradecemos. 

 

 

29 de Noviembre del 2021
Torres y Jarrín: dos asambleístas que pierden los estribos en Twitter
29 de Noviembre del 2021

Esteban Torres Cobo (PSC-Tungurahua) no se anduvo con sutiles circunloquios y arremetió contra el periodista José Hernández, de 4 Pelagatos, en los peores términos. Las iras jupiterinas del joven político, quien es hijo del ex legislador y ex alcalde de Ambato, Luis Fernando, fueron gatilladas por un análisis de 4 Pelagatos sobre el reciente debate de la propuesta económica del Gobierno. 

En el análisis, Hernández comentó las acciones y posturas de las diversas fuerzas políticas, en especial, del correísmo y CREO, que parecen haber llegado a un pacto para que la reforma pase por el ministerio de la ley sin que el Legislativo le cambie ni una coma.

Efectivamente, este 29 de noviembre, el presidente la promulgó mediante un decreto ley y en horas de la tarde el Registro Oficial la publicó en un suplemento. 

El análisis, titulado "La política real, náusea incluida" señalaba que "El gobierno no ha dicho en qué consistió el acuerdo. La impresión que queda, oyendo algunas fuentes, es que es mucho menos costoso que la extorsión de la cual habló 4P y que se ve reflejada, esta vez, en un tuit de Fernando Villavicencio. En él habla de entrega de eléctricas, Petroecuador y minería. “Todo querían”, dice el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero, por supuesto, Guadalupe Llori, Esteban Torres, Virgilio Saquicela o el bloque de la ID, por ejemplo, nunca admitirán estar entre los autores de ese tipo de pedidos".

No fue más: Torres respondió enseguida con el insultante tuit que aquí insertamos:

Hasta el momento, el periodista no ha respondido los epítetos del asambleísta ni este se ha disculpado por ellos. 

Pero Torres no es el único asambleísta que no teme cuestionar a la prensa en términos descomedidos. Fausto Jarrín, quien forma parte del bloque de UNES (correísmo) le comentó lo siguiente a un tuit del periodista de Ecuavisa, Paúl Romero:

22 de Noviembre del 2021
El bombardeo militar contra Andersson Boscán
22 de Noviembre del 2021

Desde pasquines en internet hasta un vídeo didáctico, pasando por tuits insultantes, recibió el periodista de La Posta, Andersson Boscán, quien comentó en su programa matinal sobre la inacción del Ejército frente a las masacres en la Penintenciaría del Litoral. Boscán dijo con su peculiar estilo que hasta 700 militares pudieron haber invervenido para evitar los choques, pero en lugar de eso estaban "jugando volley" y "mirando al cielo". 

El comentario de Boscán se refería a la negativa del Ejército a que los soldados invervinieran en las cárceles, que inclusive provocó la salida del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante del Ejército, quienes fueron relevados por el presidente Guillermo Lasso por ese motivo. 

Pero no pasó mucho tiempo antes de que el coronel (r) Alberto Molina, estallara en epítetos contra Boscán, a quien trató de "este vocinglero dice lo que le da la gana, usa un vocabulario vulgar; un altanero malcriado que no respeta a las autoridades ecuatorianas".

 

La indignación del coronel en retiro, quien también da clases en el sistema de educación superior, subió tanto de tono que luego arremetió contra todos quienes piden, desde la opinión, la intervención militar, a los que llamó "los boscanes", al tiempo que también censuró a los abogados que están en contra.

 

De su lado, un ex oficial de la Armada, el capitán (r) Edwin Ortega, quien tuvo que dejar su carrera militar luego de enviarle un correo electrónico cuando menos descomedido al ex presidente Rafael Correa, subió a sus redes un vídeo "didáctico" en donde le explicó a Boscán que los militares se mantienen "en forma" en los repartos militares jugando volley, porque es muy fácil y barato hacer una cancha, por lo que confirmó que, efectivamente, el popular juego de pelota forma parte de la cultura del militar ecuatoriano.

Al fuego granado de epítetos contra el periodista se sumó el vicealmirante (r) Ángel Sarzosa, para quien a Boscán "le falta hombría de buen y conocimiento" por lo que le recomendó que regrese a Venezuela "si se siente un poquito hombre de bien".

También se conoció un pasquín sin firma, pero atribuido a una organización llamada "Promoción 81 Teniente Elvis Molina", en donde Boscán es tratado de "majadero y cobarde" y, nuevamente, lo mandan de regreso a Venezuela.

El cañoneo de insultos y xenofobia provocó el rechazo de Fundamedios y la Red de Periodistas Libres, que emitieron sendos comunicados censurándolo. 

22 de Noviembre del 2021
Enemigos habrían ayudado a alias Fito en liberación de su hija
22 de Noviembre del 2021

José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como alias Fito, contó detalles de la liberación de su hija Michelle Macías y de su amiga, María Villavicencio, quienes fueron secuestradas la noche del pasado miércoles 17 de noviembre.

La liberación ocurrió a las 20:50 de este domingo, 21 de noviembre. La Unase las recogió en El Aromo, Manabí. Fueron llevadas al hospital Santa Marta para una revisión médica, donde se confirmó que estaban en buen estado de salud, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

“En estos dolores, uno se da cuenta que de las personas que menos piensa, que tus propios enemigos se unieron a la causa. ¿Por qué? Porque ellos también tienen hijos y que les hagan lo mismo. Los problemas son con uno, no con la familia. Son códigos, como lo dice el video, códigos que se rompieron”, manifestó en un video que divulgó un medio local.

Alias Fito, quien es uno de los líderes de Los Choneros, confirmó el rescate de las jóvenes. Desde un celular atendió entrevistas de medios locales y divulgó un video donde agradeció a la Policía, a la Unase (unidad antisecuestros), al SNAI y al Gobierno.

Habló de la paz y de “limar asperezas con personas dentro de las prisiones”. “De la violencia no ganamos nada, muchos dirán que pelean (por) algo, y el día en que uno se muera no se llevan nada”.

En otro video, aparece sentado junto a una figura religiosa y detrás hay un cartel que hace alusión a la paz. Dijo que aquella figura le regaló su hija Michelle. Aseguró que tras el secuestro de su hija no pensó en posibles retaliaciones. Manifestó que lleva 10 años en prisión, pero que se ha “reivindicado”. “Me hice abogado, gracias a Dios tengo dos diplomados y estoy con una maestría”.

En 2012, alias Fito fue condenado a 25 años de prisión por asesinato. Pero un año después se escapó de la cárcel La Roca de Guayaquil, junto a otros ocho integrantes de su banda. Fue recapturado tres meses después.

Pero la cárcel no impidió que siga al frente del grupo delictivo que actuaba sobre todo en Manabí. En junio de 2017, cayó parte de su estructura conformada por 36 miembros. Se dedicaban a atentados contra la vida, robo de vehículos, extorsión, clonación de vehículos robados, comercialización de repuestos, microexpendio de droga, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, tráfico de influencias, entre otros delitos. Tras esta acción policial se informó que Fito sería el brazo armado de alias Gerald, mejor conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano y el único connacional que cumple una condena en EEUU.

En ese proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía estableció que Fito era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó, para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban la droga. A través de interceptaciones se conoció también que desde la cárcel mantenía contactos telefónicos directamente con Gerald y sus abogados. En una de ellas se le escucha decir que “vienen ciudadanos de la tierra de Vicente Fernández”. Pero también se lo mencionó  “como el presunto autor del robo de tres millones de dólares en efectivo” de una caleta ubicada en Manta, según el expediente de ese caso. Por ese caso, la Fiscalía pidió 28 meses de cárcel para alias Fita. Pero como él ya estaba en prisión esa pena no se sumó. Tras este caso, se conoció las vinculaciones de esta agrupación con un capitán de la Policía, quien en 2017 fue hallado colgado en una celda de la cárcel de Latacunga.

“Lo que han hecho es algo que no se ha visto en Ecuador, tal vez sí en otros países, aquí había códigos, pero los códigos se rompieron. Yo he tratado de tener una paz, un diálogo, para que todas las personas de las cárceles convivan con tranquilidad. Ya pasaron cosas feas, pero ya pasó”. En lo que va del año, han ocurrido cuatro masacres en las cárceles del país, siendo la Penitenciaría del Litoral el escenario más frecuente.

Después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, el mando de Los Choneros quedó a cargo de alias Fito y alias JR. Pero esto no gustó a las facciones del grupo más violento del país señalado por estar vinculado al narcotráfico, sicariato y otros delitos. Desde entonces hay una disputa entre Fito y JR y estas facciones, entre ellas Los Tiguerones y Los Lobos, que ha dejado 321 muertos en las cárceles y el aumento de muertes violentas y selectivas en las calles.

En ese video, pidió a todas las personas que están en las cárceles hacer un consenso y llegar a un acuerdo para “poder vivir”. 

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