Los Confidenciales
En medio de la campaña por la Alcaldía de Cayambe, un debate entre los candidatos alteró el ambiente político de una de las ciudades más prósperas de Pichincha. Se trata de algo grave para el cantón Cayambe: la pérdida de 4,2 kilómetros cuadrados de territorio, que involucra a la laguna de Angascocha, que es una de las fuentes de agua para el parroquia Cangahua. En un inédito comunicado, firmado por casi todos los candidatos a alcalde, se resolvió exigir al alcalde Guillermo Churuchumbi —candidato a la reelección por Pachakutik— un informe sobre la pérdida del territorio de Angascocha. Este territorio y la laguna ahora pertenecerían al cantón Quito, de acuerdo a la resolución del Consejo Provincial de Pichincha, para la definición de límites internos entre los cantones Cayambe y Quito. La Resolución es la 18-08-2015, del 1 de septiembre del 2015.
Lo escandaloso para los candidatos a alcalde es que esta decisión tiene casi dos años y medio y nadie de Cayambe, ni siquiera los concejales dicen algunos, y menos la Junta Parroquial de Cangahua, fueron informados de esta situación.
El presidente de la República, Lenin Moreno; el vicepresidente Otto Sonneholzer, miembros del Gobierno, autoridades del Estado, políticos y periodistas sobre todo de los canales de televisión hicieron un corto paseo en el Metro de Quito el 18 de marzo.
Abordo de un tren, debidamente bendecido por el arzobispo de Quito, monseñor Fausto Tráves, la clase política capitalina se dio una vuelta en el tren subterráneo desde la Estación Iñaquito, hasta la Jipijapa y de vuelta. En realidad, recorrieron una parada.
Un Mauricio Rodas sonriente fue el anfritrión del paseo en Metro, y aprovechó la tarima para destacar su versión oficial sobre su administración, acosada según él por el correísmo y por una mayoría de concejales opositores e intransigentes.
De su lado, el presidente Lenin Moreno destacó la importancia de la obra y hasta tuvo algunas frases elogiosas para la decoración y los acabados.
En la jornada de dos días que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para debatir el tema del voto nulo en la elección para el Consejo de Participación Ciudadana, todas las posiciones fueron expuestas. Pero en el fondo, lo que algunos expertos en temas electorales sacaron en conclusión es que el CNE no sabe cómo contar el voto nulo en esta elección. La cosa se pone difícil porque con tres papeletas para elegir hombres, mujeres y nacionalidades pueden darse muchas posibilidades. Uno, si se anula una de las papeletas, por ejemplo la de hombres ¿esto anula a las otras papeletas?
El tema de fondo es que el fantasma del correísmo reapareció en el escenario con la posiblidad de que alguno de sus presuntos candidatos gane una plaza para el Consejo de Participación. Desesperación de última hora, porque si tanto les preocupaba esa posibilidad, ¿por qué, los preocupados, no lanzaron buenos candidatos? ¿Por qué lo partidos y movimientos se abstuvieron de promover a su gente o a quien fuera idoneo para el Consejo?
Todd Chapman, embajador de Estados Unidos, perdió la paciencia con la Cancillería, el día en que los embajadores y las ONG fueron convocados para lanzar la iniciativa de la comisión internacional contra la corrupción. El embajador, por lo general paciente y cordial, no perdió su tradicional compostura, pero le dijo al canciller José Valencia que la iniciativa estaba buena, pero en el escritorio del canciller permanece todavía el memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Ecuador, el famoso MOU, para ampliar la cooperación entre los dos países, lo cual incluye la reapertura de la USAID en Quito. Con esa situación, cualquiera puede perder la paciencia, incluso el Gobierno de Estados Unidos, dijo Chapman.
El actual consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, junto con los abogados Mauricio Alarcón, Marcelo Espinel y Carolina Ponce presentó una demanda ante la anterior Corte Constitucional. Se trata de un reparo legal a los mecanismos para la elección, por medio de votación popular, de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como muchas otras demandas presentadas en esa Corte, la de Verdesoto y otros está pendiente de trámite. Cuando la formuló, Verdesoto no sabía que formaría parte luego del CNE, la autoridad electoral encargada de preparar la elección de ese Consejo.
En su demanda, presentada en abril de 2018, Verdesoto, Alarcón, Espinel y Ponce pedían que se derogaran algunos aspectos de la reforma legal con la que la Asamblea implementó la pregunta tres de la Consulta Popular.
Otra demanda contra los mecanismos para la elección por voto popular del Consejo de Participación fue presentada por el abogado Juan Carlos Benalcázar, patrocinado por Rafael Oyarte e Ismael Quintana.
La grabación en la que se escuchó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, conversando con la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre negociaciones políticas para una votación en la Legislatura tiene de cabeza a la Asamblea. Aunque Cabezas admitió que el audio es real, negó haber hecho nada malo. En la grabación se refiere con palabras poco delicadas sobre las madres de sus colegas del bloque del Partido Social Cristiano, quienes votaron a favor de una moción correísta para investigar al presidente Lenin Moreno sobre el caso de los INA Papers.
Durante la conversación, Cabezas le pide a Romo que haga una gestión política para que los socialcristianos no voten a favor de la moción. Al parecer, si la gestión se hizo, fue un fracaso, pues el bloque del PSC se sumó al pedido del correísta Ronny Aleaga.
En el Legislativo se descartó que se haya intervenido el celular de Cabezas, pues no se escucha la conversación con su interlocutora, y que haya habido algún tipo de micrófono oculto sobre el escritorio o en las cercanías del estrado de la Presidencia.
Se cree más bien que, desde el control de audio de la Sala del Pleno, el micrófono de la presidenta fue activado y se grabó, y luego filtró, lo que decía en su celular. Los socialcristianos, de su lado, rechazaron los "arrebatos" de la presidenta de la Asamblea y también anunciaron que no atenderán pedidos "procaces".
De su lado, Aleaga denunció a Cabezas en la Fiscalía por un presunto "tráfico de influencias".
¿Cambian tres secretarios de Inteligencia para que nada cambie? Lo que nada cambia es la presencia de una asesora mexicana en la ex Senain o Centro de Inteligencia Estratégica. La ciudadana extranjera, que tiene acceso —y nadie explica por qué— a temas de seguridad nacional del Ecuador, cuenta ahora con el fuerte respaldo del presidente Lenín Moreno y del poderoso consejero Santiago Cuesta. Con el anterior director del Centro no fue así, pues aunque Moreno le insistía en que "acepte sus consejos", este no dejó que la consultora mexicana impusiera su agenda y ni siquiera que pisara el Centro, ubicado en Lumbisí, en el valle de Tumbaco. El perfil de la asesora mexicana es alto y tiene que ver con temas de grandes ligas. Sin embargo, esta columna llegó a saber de muy buena fuente que también había un interés por un contrato para la adquisición de equipo, que el anterior director se negó a firmar. ¿Se quiere poner un troll center con asesoría mexicana?
El otro tema que preocupa es el papel que juega el Plan Soberanía, que dirige la Fiscalía General y es un sistema de escuchas telefónicas, financiado por Estados Unidos y que tiene que ver con la persecución de delitos de crimen organizado y narcotráfico. Estas cabinas están en un bunker en la sede del Centro de Inteligencia Estratégica, pero nada tiene que ver con el CIE. Solo son vecinos. ¿Qué garantías hay de que este sistema de escuchas, que se supone debidamente controlado, no está siendo usado para otros fines de espionaje político, y no precisamente por este gobierno, sino por responsables de Inteligencia del gobierno de Correa? Las fuentes aseguran que incluso se estaría triangulando información a un centro operativo clandestino que funciona fuera del país, en manos de un poderoso exsecretario de la Senain.
El Plan opera bajo la batuta de un exfiscal general, el cual renunció a ese cargo. El argumento para la renuncia fue que había problemas personales e incluso que tenía amenazas. Nada es cierto: hay planes de aumentar el alcance del Plan y por ello el exfiscal general prefirió este trabajo que el otro, sometido como estaba a constantes presiones políticas.