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Los Confidenciales

14 de Febrero del 2022
La guerra por el Consejo de Participación llegó a Whatsapp y Youtube
14 de Febrero del 2022

Fotos: Diario El Universo

 

La pugna por el Consejo de Participación no solo se evidencia en la disputa física por las oficinas -que de momento va ganando Sofía Almeida, mientras Hernán Ulloa ha convocado una reunión virtual y amenazado con reunirse en un parque si es necesario- sino también se trasladó la semana pasada a la internet.

A los celulares de varios periodistas y líderes de opinión empezaron a llegar mensajes de texto con el siguiente contenido: 

"#BOMBA !!! #URGENTE !!!

(VIDEO) míralo antes que lo eliminen. Se descubre por qué Hernán Ulloa se tomó ilegalmente el CPCCS !!!"

El mensaje, con emoticones como la carita de asco y el dedo índice, arremetía contra los consejeros Estupiñán, Bravo y Rivadeneira, denunciaba supuestos "actos de corrupción" y remitía a tres enlaces en el canal de vídeos de Youtube, que en el consabido empaque de un falso noticiero, presentaban una serie de grabaciones clandestinas entre algunos personajes que estarían realizando cabildeos en algunas instancias del Consejo de Participación.

Las grabaciones han tenido casi nueve mil reproducciones hasta el momento, y se trata de por lo menos 45 minutos de diálogos telefónicos grabados que supuestamente serían indicios de actos de corrupción. 

Mientras tanto, algunas organizaciones populares apoyan a Almeida y a David Rosero, quien sostuvo que sigue despachando desde la vicepresidencia del Consejo.

7 de Febrero del 2022
El coronel Renato González: "a mi no me van a callar"
7 de Febrero del 2022

Foto: ISSPOL

 

Sea en Twitter o en los medios, el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) no tiene pelos en la lengua.

En una radio de Quito le consultaron sobre si tiene apoyo de sus superiores para sus gestiones y, sobre todo, para sus declaraciones contra quienes considera responsables de negocios, al parecer ilícitos, en el ISSPOL.

El coronel dijo que está muy consciente de a quiénes enfrenta, y precisó que cuenta con el apoyo de la Policía y el ISSPOL, así como se siente respaldado por el presidente Lasso y la ministra Vela. Sin embargo, denunció que "un tipo" que se ha sentido aludido por él tiene previsto presentarle una queja en el Comando General de la Policía, y también mencionó una campaña de trolls que pretende sorprender a sus superiores. El coronel dijo que se pretende que alguno de sus superiores le haga "un llamado a la conciencia" para que eventualmente baje el tono de sus declaraciones. 

"Este soy yo (dijo mientras miraba a la cámara) y si cometieron un error al nombrarme director general del ISSPOL qué pena. Pero mientras yo esté en este cargo, seguiré haciendo presencia, porque al poder económico y político hay que combatirlo mediáticamente. Pero si quieren deshacerse de Renato González es cuestión de que me designen a otra plaza en cualquier parte del país y en ese momento yo dejaré de hablar del ISSPOL. Estas son mis facultades y no me van a callar de ninguna manera", enfatizó el coronel. 

 

7 de Febrero del 2022
La prefecta Paola Pabón se confundió de libertador
7 de Febrero del 2022

Foto: Programa En Clave Política

 

Una muy animada Paola Pabón, prefecta de Pichincha, dio el pasado 4 de febrero una entrevista a su entrevistador de cabecera, Orlando Pérez, en el programa En Clave Política. La prefecta defendía la necesidad de que sea el Consejo Provincial el que encabece los festejos del bicentenario de la Batalla de Pichincha, que fue la consumación de la independencia nacional en 1822, como si fuera un festejo más bien local y provincial (y al paso que va no sorprenderá que en eso termine). 

Sentada ante Pérez, la prefecta sostuvo que Pichincha "es un territorio" que ha acogido a "hombres y mujeres de avanzada" y entre ellos, mencionó a la hermana de Eugenio Espejo, Manuela Chúsig, de quien aseguró que "sostuvo ideológicamente la necesidad de la independencia"; se acordó de Manuela Cañizares que, afirmó, conspiraba "todas las noches" contra los españoles y luego evocó a Manuela Sáenz, compañera del libertador Simón Bolívar, que para Pérez fue "una de las primeras feministas de América Latina".

La prefecta destacó que en el Ecuador se dió el encuentro entre los libertadores para planificar el fin de la guerra de la independencia en Perú y Bolivia. Todo iba bien en la lectura alternativa de la historia por parte de la prefecta, hasta cuando en lugar de decir José de San Martín dijo "Martí", confundiendo al prócer cubano, quien vivió varias decadas después, con el libertador argentino que vino a Guayaquil a reunirse con Bolívar.

En descargo de la prefecta, cabe mencionar que el cubano Martí era tocayo de San Martín: también se llamaba José. 

3 de Febrero del 2022
Carlos Andrés Vera le responde a Orlando Pérez: "aquí te esperamos, con los pantalones bien puestos"
3 de Febrero del 2022

Carlos Andrés Vera disparó su réplica a la querella que, por dos tuis publicados el año pasado, presentó el periodista Orlando Pérez, quien lo acusa de calumnia.

"Tendrá que buscarse una forma honesta de ganarse medio millón de dólares, porque no será a costa mía", dijo Vera, tras señalar que la querella incluye una indemnización de por lo menos 500 mil dólares por el presunto delito de calumnia.

En su réplica, titulada "Los calzoncillos de Orlando Pérez", Carlos Andrés Vera le recuerda que fue condenado a prisión por la agresión a una mujer, pena que nunca cumplió pues se escondió hasta que prescribiera, y que pagó $700 por una reparación relacionada con el caso, en donde se viralizó una foto suya en calzoncillos. 

"Al alguien le patina el coco", comentó Vera, tras destacar las aspiraciones económicas de la querella, "pretende que no me refiera a su pasado, porque su pasado es cuestionable". agregó.  "Orlando no solo tiene la cara muy grande, sino que se la quiere lavar a costa mía", agrega Vera, quien insiste en que sus opiniones sobre el periodista, admirador confeso de Rafael Correa, tienen que ver con su idoneidad para ocupar cargos públicos.

"Los que por años le mintieron al país y destruyeron la vida y la reputación de mucha gente, aspiran ahora a convertirse en las nuevas víctimas", destacó el influenciador, quien advirtió que "el destino podrá al intimidador en su lugar y mi reputación permanecerá intacta", anticipó Vera.

En otra parte de la replica, Vera le recomienda a Pérez que se conforme con su salario en Radio Pichincha Universal y busque una forma honrada de ganarse el medio millón de dólares que reclama en su querella. 

"Aquí te esperamos, con los pantalones bien puestos", concluye Vera, tras informar a su rival el nombre y la casilla judicial de su abogado. Afortunadamente, Vera evitó postear la foto de Pérez... en paños menores. 

2 de Febrero del 2022
Orlando Pérez se querella por calumnia contra Carlos Andrés Vera: la mayoría de tuits ya están prescritos
2 de Febrero del 2022

Cansado de que le digan, supuestamente, delincuente, asesino, mafioso y terrorista y de que también la cuestionen por presuntamente haber robado datos de periodistas y opositores para publicarlos en El Telégrafo, medio del que fue director durante parte del correato, Orlando Pérez, gerente de Radio Pichincha Universal, periodista de Telesur, y admirador confeso de Rafael Correa,  se querelló contra Carlos Andrés Vera, simpatizante del presidente Guillermo Lasso y activista. 

Pérez obtuvo de la justicia de Pichincha que se inicie el proceso de citación en contra de Vera, en el marco del juicio 17294-2021-00859 a quien acusa de calumnia por expresiones proferidas en su perfil de Twitter, desde 2016, la mayoría de las cuales, admite el propio querellante, ya están prescritas. El proceso está siendo tramitado por la jueza María Elena Lara. 

En su acusación, Pérez transcribe por lo menos once tuits de Vera, en donde el activista y cineasta comenta hechos como la acusación que recibió de maltratar a una pasante de El Telégrafo con quien mantenía una relación sentimental en Guayaquil; o la ocasión en que Fundamedios emitió una alerta sobre agresiones contra Pérez, lo que para Vera fue defender su derecho a "seguir siendo alfombra de Rafael Correa" o cuando lo llamó "Dinamita Pérez".

Entre los fundamentos de derecho de la querella, Pérez sostiene que Vera "se ha ensañado" con él, lo que ha afectado a dos hijas mayores de edad, quienes serían víctimas de acoso. Pérez precisa ante la justicia que dada la relevancia pública de Vera, sus opiniones le perjudican.

Pero en el mismo apartado, Pérez reconoce que las supuestas calumnias ya prescribieron, salvo dos tuits de junio y julio de 2021. Aquello se debe a que, aunque cita tuits ya bastante viejos, el ejercicio de la acción privada prescribe 6 meses después de cometido el delito, según el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal. En resumen: Pérez se queja a destiempo. 

Hasta el cierre de este confidencial, Vera no había respondido al reclamo judicial de Pérez.

31 de Enero del 2022
Remezón en la Cancillería por un tuit
31 de Enero del 2022

Dos conmemoraciones se recuerdan el 28 de enero. En 1912, el linchamiento del ex presidente Eloy Alfaro y 30 años después, en 1942, la firma en el antiguo Palacio Itamaraty del Protocolo de Río de Janeiro, suscrito por el canciller Julio Tobar Donoso. 

En la cuenta de Twitter de la Cancillería se publicó este mensaje: “Este 29 de enero se cumplen 80 años de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano”. 

Lo que parecía un mensaje de mero trámite desató una tormenta en la Cancilllería, que concluyó con la destitución de una funcionaria de la Dirección de Comunicación, a la que el canciller Juan Carlos Holguín responsabilizó del tuit. 

Las críticas provenieron de ex diplomáticos, como el ex vicecanciller y simpatizante del correato, Fernando Yépez Lasso, quien fue embajador de carrera del Servicio Exterior. Yépez apuntó directamente al canciller Holguín: “el comunicado de la Cancillería por el aniversario de la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro es vergonzoso. Otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante Canciller. La dignidad nacional no admite estos errores”. Según Yépez: “el Protocolo de Río de Janeiro fue impuesto por la fuerza, luego de una guerra de agresión, que significó la desmembración territorial de Ecuador y la negación de nuestros legítimos títulos y derechos territoriales. Ese instrumento no solucionó el problema territorial entre Ecuador y Perú”.

Como se recordará, tras la invasión peruana del 5 de julio de 1941 y el bombardeo de varias localidades sobre todo en El Oro, se acordó la firma del Protocolo, sobre el cual se planteó luego la tesis de la nulidad e inejecutabilidad, sobre todo, por parte del ex presidente José María Velasco Ibarra. Habría que esperar hasta 1998 para la suscripción de un nuevo acuerdo que sellaría la paz definitiva con el Perú. 

Interpelado en Twiter, Holguín respondió: “Más allá de las diferencias personales que mantengo con Ud., coincido plenamente en que es vergonzoso el comunicado. El Protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue un instrumento luctuoso y trágico que consagró una grave pérdida territorial para el Ecuador”. Y precisó que “No hay excusa que quepa, pero el Canciller no fue consultado y el mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. He pedido su remoción inmediata pues no es posible que una funcionaria que ingresó en 1996 no conozca la historia. Le agradezco la alerta”.

El asunto no quedó ahí: Holguín efectivamente ordenó la publicación de un comunicado en donde dejó clara su postura, desautorizó a la funcionaria y dispuso borrar el polémico tuit. 

31 de Enero del 2022
La Policía pide "porte policial" y nada de opiniones personales en las redes sociales de sus efectivos
31 de Enero del 2022

Foto: Policía Nacional. Fotomontaje: PlanV

 


La orden enviada a todo el país sobre las redes sociales. Ver PDF


Aunque ya no se usan los telegramas, algunas disposiciones que se emiten en la Policía siguen teniendo ese encabezado.

Con fecha 20 de enero de 2022, se emitió desde la Inspección General de la Policía la orden 2022-03-IGEN-TLG-D, dirigida a los directores generales, directores nacionales, comandantes de zona, comandantes de subzona, ISSPOL, Cesantía, Contigencia fronteriza, Jefes de Distritos, Jefes de Circuitos, jefes de unidades especiales y directores de las escuelas y a todos los funcionarios policiales en toda la República.

La orden fue firmada por el general Nelson Ortega, y en ella se citan varias leyes, entre ellas, la Constitución, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (que rige la Policía), y varios reglamentos internos y alude al problema de que varios policías "realizan publicaciones y comentarios en las distintas redes sociales", que en opinión del general, "atentan contra la disciplina y afectan la imagen institucional",  por lo que resolvió prohibir, de manera terminante, "la publicación y emisión de comentarios de dicha índole", pues ello "desdibuja el carácter de jerarquizada, disciplinada y profesional" de la Policía. Ortega les recordó a los policías en general que están obligados a respetar "normas, principios y doctrina". Por ello, Ortega dispuso a todos los oficiales el control y supervisión de las redes de sus subordinados, para evitar que esto siga sucediendo.

Y aunque se trata de perfiles personales, el general dispuso que se respete una directiva de la Dirección de Comunicación de la Policía, que dispone que los policías entiendan "la gran responsabilidad" que es tener una cuenta en redes sociales, pues alguna publicación podría "repercutir negativamente en el ámbito institucional". 

Para las opiniones, el manual recomienda "seriedad y buen porte policial" y siempre serán personales y no en representación de la institución.  El manual también advierte de la "responsabilidad ulterior" de las publicaciones que puedan afectar "la imagen institucional". 

Se precisa además que están prohibidas las opiniones personales que contradigan la "doctrina institucional" de la Policía. 

El "telegrama" finaliza diciendo que todos los policías tienen la obligación de delatar a sus compañeros en caso de conocer de alguna infracción administrativa, como sería en el caso de violar estas políticas. 

Hay policías muy activos en redes sociales, como es el caso del coronel Renato González, quien con frecuencia tuitea sobre el caso ISSPOL de manera coloquial.

La orden sobre las redes sociales se produce en momentos en que hay inquietud sobre las tablas salariales de la Policía, lo que motivó al Ministerio de Gobierno a emitir un comunicado al respecto el fin de semana. 

 

27 de Enero del 2022
La justicia ha absuelto a la mayor parte de policías procesados desde 2016
27 de Enero del 2022

Foto: PlanV

 

Desde 2016, solo dos policías han sido condenados por actos de servicio en el Ecuador. Otros dos están en instrucción fiscal, uno en juicio y otros tres tienen sus procesos en etapa de impugnación. Las cifras fueron publicadas por la periodista de Ecuavisa, Jacqueline Rodas, quien cita fuentes oficiales de la Policía. 

En contraste con las dos condenas, por lo menos 29 casos en donde se procesó a policías han sido absueltos, sobreseídos, declarados inocentes o archivados. Al mismo tiempo, se registran por lo menos 102 investigaciones previas contra policías en servicio activo, que sin embargo aún no se convierten en procesos judiciales. 

Las cifras contrastan con declaraciones de abogados que han sostenido que habría más de 900 procesos contra policías, aunque para el abogado Hugo Espín, quien defiende ad honorem al policía Santiago Olmedo, la cifra puede incluir procesos administrativos y disciplinarios que se realizan al interior de la Policía y que no son acciones legales en el sistema judicial. 

En diálogo con este portal, Espín precisó que la cifra fue entregada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía.

Se conoce que hay una unidad de abogados policiales dedicados a tramitar las causas contra los policías por cuestiones relacionadas con sus funciones, pero las cifras evidencian que la mayoría de los procesos contra los uniformados son desechados por la justicia, mientras las investigaciones en la Fiscalía solo han producido, hasta el momento, dos instrucciones fiscales. 

 

26 de Enero del 2022
Salud dedica un tuit a disculpas ordenadas por la Corte IDH
26 de Enero del 2022

Luis Eduardo Guachalá tenía 23 años cuando desapareció. Trabajaba en albañilería.

 

El pasado 20 de enero, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud publicó en su cuenta de Twiiter: “Cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) en el caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador”. El texto está acompañado con una imagen con un párrafo adicional poco legible: “El Ministerio de Salud, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Guachalá Chimbo Vs. Ecuador ofrece disculpas públicas a las víctimas directas del presente caso”.

El escueto comunicado despertó el reclamo de organizaciones como Inredh y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) porque lo consideraron como revictimizante y una “falta de sensibilidad con las familias en búsqueda de su ser querido desaparecido y la nula voluntad del Estado para cumplir con la sentencia de la Corte IDH en el caso Luis Guachalá”.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien tenía epilepsia, desapareció en 2004 mientras estuvo internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara de Quito. La Corte Interamericana de DDHH en su sentencia del 26 de marzo de 2021 falló a favor de su madre, Zoila Chimbo, quien ha sostenido que el Estado fue responsable de esa desaparición.

Las organizaciones recordaron que la sentencia, la Corte IDH dictó como medida de satisfacción lo siguiente: “que el Estado publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, con un tamaño de letra legible y adecuado, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible, por un período de al menos un año, en un sitio web oficial del Estado, de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web (…)”.

La Corte ordenó además que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso, en presencia de altos funcionarios del Estado y de los familiares de Guachalá Chimbo, como una medida de reparación,

El tuit con las disculpas solo se publicó en la Coordinación Zonal 4, que corresponde a las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, pero no Pichincha, donde ocurrieron los hechos. El tuit circuló en redes sociales de hospitales públicos, pero no en la cuenta oficial del Ministerio de Salud, cuestionaron las organizaciones.

En marzo de 2021, el máximo tribunal de DDHH en la región señaló a Ecuador por su trato discriminatorio hacia Guachalá y su familia, y por la violación a su derecho a la salud. También creó un estándar para que todos los pacientes -incluidos aquellos con alguna discapacidad- sean informados plenamente de sus tratamientos.

24 de Enero del 2022
Jorge Sosa crea un incidente en el concurso para la Corte Constitucional
24 de Enero del 2022

Una recusación contra las integrantes de la Comisión Calificadora, Vanesa Andrade y Dunia Martínez, fue presentada por el polémico abogado de Guayaquil, Jorge Sosa, quien pidió que se difiera la toma de su prueba oral, que estaba prevista para este lunes 24 de enero. 

La recusación fue negada por la Comisión, quien rechazó la analogía que Sosa intentó hacer con un proceso judicial y también los duros términos empleados por el postulante contra las dos integrantes. El documento fue enviado este domingo a las 21:00 y atendido a primera hora del lunes. 

Tras negar la recusación, la Comisión Calificadora le contestó a Sosa que tiene la posibilidad de concurir este miércoles a rendir su prueba oral. En cambio, los postulantes Alejandra Cárderas y Richard Ortíz sí concurrieron a la prueba oral, que se rindió en una sala de audiencias de Corte Constitucional, en el centro norte capitalino. En el seno de la Comisión no se descarta que Sosa pueda promover un nuevo incidente con algún tipo de acción constitucional. Sosa superó una impugnación en donde se sostuvo que debía pensiones alimenticias y había formado parte de la directiva de Fuerza Ecuador (FE), el movimiento político de la familia Bucaram. También admitió haber absuelto una consulta legal de la defensa del narcotraficante alias Gerald. 

Las pruebas tomaron cerca de media hora en la que los dos postulantes respondieron a preguntas de los comisionados sobre materia constitucional. 

La semana anterior, en cambio, se tomaron las pruebas escritas, cuya notas se conocen pero sin los nombres de los postulantes. Las notas, sobre 40 puntos, van desde los ocho hasta las 39, pero no se conoce todavía de quiénes son los exámenes, actualmente identificados con un código. 

Según explicó la presidenta de la Comisión, Vanesa Aguirre, "Cuando acabemos las pruebas orales, tenemos que pedirle al candidato que nos diga su nombre, sumamos la dos notas y de ahí pueden pedir revisión de puntaje. Un solo ejercicio. Luego de resolver los recursos de revisión ya estarían listas las notas finales", lo que podría ocurrir la próxima semana.

Las pruebas orales valen 40 puntos, 40 las pruebas escritas y 20 restantes se calificaron sobre los méritos de las carpetas de los postulantes. 

Foto referencial: Diario El Universo

 

 

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