Los Confidenciales
Imagen referencial
En un panel este 17 de agosto último, organizado por Infobae.com y el Instituto Interamericano para la Democracia, un think tank convervador con sede en Miami, la ex ministra de Gobierno en la administración de Lenín Moreno, María Paula Romo, hizo algunas advertencias sobre el futuro inmediato del Ecuador, América Latina y el crimen organizado. Ella dijo que en el Ecuador, la velocidad del crecimiento de los asesinatos se ha duplicado en el último año y medio. En otros lugares, señaló, se ha pasado de los asesinatos selectivos de la guerra entre carteles a ataques indiscriminados a la población civil como mecanismo para debilitar al Estado. Lo visto recientemente en México es grave y tenemos que ponerle atención porque es un cambio de estrategia radical en el continente, dijo Romo. Ya no es el asesinato selectivo entre sectores delictivos sino el ataque a la población como mecanismo último para mostrar la debilidad del Estado y poner en evidencia su incapacidad de hacer lo que define su existencia: monopolizar la seguridad y el uso de la fuerza.
Romo señaló que mientras el crimen organizado está en expansión, el Estado está en retroceso. Mientras el crimen organizado gana espacio, más capacidades e incluso legitimidad, el Estado la pierde. "Vimos en la pandemia una altísima capacidad de adaptación y respuesta del crimen organizado: se generaron nuevos mercados: desde Estados Unidos hasta el último rincón de América del Sur en estos tres años han crecido el consumo y el comercio interno (de droga), cambiando la cara que teníamos sobre el narcotráfico en el continente. Pero ya debemos dejar de mirar al narcotráfico como la mayor industria criminal en América Latina, esta ya es mucho más variada, y el propio narcotráfico ha mutado a otros espacios criminales: el tráfico de especies, la minería ilegal, el tráfico de personas, de armas y el lavado de activos", dijo la ex ministra.
Recordó que tan pronto se reactivaron las actividades económicas tras la pandemia, las industrias criminales fueron las primeras en reactivarse y retomar sus propias cadenas de suministro. Con el descomunal impacto socioeconómico que tuvo la pandemia en América Latina, el crimen organizado encontró nuevos nichos de mercado. Se convirtieron en prestamistas de quienes dejaron de tener acceso al sistema financiero. Se convirtieron en cobradores de deudas de todo tamaño. Están permeando todos los sistemas a través de su capacidad de imponer el terror, de extorsionar y de otras maneras en las cuales los Estados pierden su capacidad de contener y de entregar protección a la población.
Calificó como "escandaloso" el crecimiento de la participación (del crimen organizado) en la trata de personas. Dio cifras: en mayo de este año, Estados Unidos arrestó en la frontera entre este país y México a 239.000 personas, en un mes, batiendo todo récord histórico. El dato más alto antes de este mayo del 2022 fue en marzo del 2000 donde hubo 220.000 arrestos. De esa cantidad, la de mayo reciente, 14.700 eran niños no acompañados. La patrulla fronteriza reportó en ese mes el arresto de 7.700 personas cada día en promedio. Antes de la pandemia, la media diaria era de 1.600 personas.
Además de la tragedia humana que representa, dijo, lo que esto significa en términos de crimen organizado y de industria de dinero ilegal en el continente, es realmente alarmante.
Advirtió que este es un enfrentamiento desigual: las organizaciones criminales tienen cada vez más recursos y armamento, sin límites ni regulaciones y con una creciente narrativa de legitimidad, de heroismo, de mecanismo de crecimiento y movilidad social, con una versión nueva sobre el éxito, el crecimiento, el dinero, la influencia, la fama... Mientras que los Estados tienen recursos cada vez más limitados y cada vez más regulaciones, algunas llevadas al límite de lo absurdo: contó al foro que en el Ecuador se aprobó, a través de la Asamblea, una reforma que hace solidaria a toda la cadena de mando la responsabilidad penal de cualquier policía en el ejercicio de sus funciones, independientemente de la instrucción que los responsables hayan dado. "Llevar la regulación de la fuerza pública a ese nivel de absurdo, lo único que hace es que la inmoviliza y eventualmente la llevará a desaparecer. Si es que no enfrentamos esta inercia, realmente creo que estamos pensando en Estados que desapareceran tal como los conocemos porque serán coptados por las organizaciones criminales y sus brazos políticos", advirtió.
Captura de video e Imagen referencial. PlanV
La alcoholizada entrevista de Luis Vivanco al cantante Martín Galarza AU-D en su programa Castigo Divino, en donde esta vez pasaron de copitas de vino a tomarse una de whisky, provocó la ira del ex presidente Rafael Correa y sus seguidores, que encontraron la ocasión propicia para pontificar contra el periodismo como es su fetiche habitual.
Un Luis Vivanco con la lengua atropellada por el whisky preguntó a Galarza sobre Rafael Correa. "Ecuador necesita a Rafael Correa", le contestó el cantante guayaquileño, nacido en Nueva York, al entrevistador, quien de mala gana le permitió argumentar el porqué.
Y mientras Galarza argumentaba, Vivanco le vaciaba en el vaso lo que quedaba de la "marca auspiciante" de whisky y el cantante explicó que durante los primeros años de Correa había admirado la imagen del ex presidente, que se vendió como "alguien muy pilas" y que al final pudo hacer sido "corrompido" por el sistema.
Apurando lo que le quedaba de whisky en el vaso, con la entonación de comediante mexicano que emplea en su programa, y tras admitir que ambos, entrevistador y entrevistado, ya estaban borrachos, Vivanco accedió a que Galarza le contara su "fantasía sexual": "dos horas con Correa para preguntarle qué chucha te pasó", pues el cantante insistía en que se creyó el cuento correísta y daba a entender que era otro de los "engañados". Y mientras Galarza se confesaba como otro correísta desencantado, Vivanco no dudaba en involucrarlo en actos sexuales con el ex presidente, aunque, se aclaró, la fantasía era de AU-D.
El programa provocó la ira de la feligresía correísta. Ronal González, quien ocupa una curul en la Asamblea en representación de Los Ríos, aprovechó para reencauchar la vieja vulgata correísta antiprensa y sostuvo que la entrevista "en las rocas" de Vivanco "revela la ilimitada (SIC) y vergonzosa escala de una prensa que se jacta de libre y objetiva". "El Ecuador no merece personajes profesionales del insulto y la incoherencia", sentenció.
INTOLERABLE, INADMISIBLE, IRRESPETUOSO
— Ronal González Asambleísta (@AbRonalGonzalez) August 28, 2022
ESTE NIVEL DE PERIODISMO SOLO REVELA LA ILIMITADA Y VERGONZOSA ESCALA DE UNA PRENSA QUE SE JACTA DE LIBRE Y OBJETIVA .
REACCIONEMOS CON UN MÍNIMO DE DECENCIA.
EL ECUADOR NO MERECE PERSONAJES PROFESIONALES DEL INSULTO Y LA INCOHERENCIA pic.twitter.com/JWkCq2Jegw
De su lado, el propio ex presidente reaccionó también en su cuenta de Twitter: aunque él mismo y su entorno han sido víctimas de malévolos comentarios homofóbicos (su propio hermano Fabricio lo acusó de estar rodeado y asesorado por un "círculo rosa" cuyo lema era "hasta la Victoria Secret" en alusión a una marca de lencería femenina) arremetió con insinuaciones del mismo tipo contra Vivanco y Galarza, acusándolos de "amanerados":
Vivanco es un cobarde mediocre. El otro amanerado no sé ni siquiera quién es.
— Rafael Correa (@MashiRafael) August 28, 2022
En todo caso, un espectáculo tan bochornoso sería inadmisible en cualquier sociedad civilizada, pero es al nivel al que han llevado a la Patria.
¿Podrán ver de frente a sus madres o hijos? https://t.co/uk9f8K4H9D
Foto de Jorge Yunda: El Universo
Las sospechas de que algunas sentencias se las envían redactadas a los jueces, los interesados en ganar un caso, no son nuevas en Ecuador. Durante el caso El Universo, se denunció que la sentencia le había llegado lista al juez que condenó al matutino en Guayaquil, luego de que revisar los metadatos del archivo en Word. El hecho se conoció como el caso Chucky Seven.
La tarde del 23 de agosto del 2022, Richard González, el juez sustanciador de la causa en la que le fueron retirados los derechos políticos a Jorge Yunda, dijo mediante providencia que había descubierto que por lo menos dos documentos en Word que habían circulado en el Tribunal Contencioso Electoral para la resolución del caso tenían en los metadatos el nombre de Diego Zambrano como autor. Zambrano es un funcionario municipal, quien patrocinó al actual alcalde, Santiago Guarderas, en la causa contra Yunda.
Según relató el juez en su providencia, descubrió que los documentos en Word en los que han estado trabajando él y sus colegas, así como los secretarios del Tribunal, tienen como autor a Diego Zambrano. Este tipo de metadato se guarda automáticamente cuando una persona redacta un documento en una copia de Word activada con su nombre.
Esta es la providencia en la que el juez González relata sus hallazgos sobre los archivos que luego se convirtieron en sentencia. Ver PDF
El juez González emitió un voto salvado rechazando la decisión de quitarle los derechos políticos a Yunda, que en cambio fue respaldada por el resto de magistrados: Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández. A González le llegó la resolución de la mayoría y ahí aparece el nombre de Diego Zambrano como autor del documento. Ese archivo le fue enviado al juez por la propia Secretaría del Tribunal Contencioso, el pasado 19 de agosto del 2022.
El 25 de julio, en cambio, el juez Jorge Baeza había mandado al juez González su parecer sobre el caso. Al analizar los metadatos, también apareció el nombre de Diego Zambrano, como autor del texto del juez.
Ante estos hallazgos, González dispuso a los funcionarios de la Secretaría del Tribunal Contencioso que le informen quién les hizo llegar el documento que luego se convirtió en sentencia y desde qué correo electrónico. Así mismo, pidió al alcalde Santiago Guarderas que informe si Diego Zambrano es o ha sido funcionario municipal.
En su cuenta de Twitter, Jorge Yunda dijo que se ha cometido un fraude en su contra y es el propio juez de la causa el que lo denuncia.
#Urgentefraude Alerto a Quito, el país y el mundo que el abogado de mi denunciante y empleado municipal fue quien redactó la sentencia del @TCE_Ecuador con la que intentaron quitarme los derechos políticos, el sábado 02h42 am. Lo dice el juez sustanciador de la causa. pic.twitter.com/bAXazVaZpA
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) August 23, 2022
Imagen: Captura de video
El juez procesado Banny Rubén Molina compareció esta tarde ante la Comisión de Participación de la Asamblea. Afirmó que el día 5 de agosto, cuando concedió el habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, Daniel Salcedo y Christian Araujo, estaba con todas sus competencias vigentes.
Eso en relación a la investigación en su contra por presunta usurpación de funciones. Santiago Peñaherrera, director General del Consejo de la Judicatura, denunció a Molina por emitir tres órdenes de excarcelación a favor de Glas, Salcedo y Araujo a las 16:46 del 5 de agosto pasado, cuando ya había sido llamado a juicio el mismo día, a las 12:10. Según la Fiscalía, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.
Molina manifestó este viernes que se ha tratado “de confundir a la sociedad” respecto a su suspensión. Según Molina, esta sanción “surte efecto a partir de su notificación”. El acto administrativo, dijo, le llegó el pasado 10 de agosto a su correo personal. “Actué en plena competencia y jurisdicción en dicho habeas corpus”. Habló de que ese viernes despachó todas las causas que tenía previsto para ese día. “Es más estaba encargado adicionalmente de otro juzgado”, dijo.
Sobre la validez de las boletas, dijo que son legales y que fueron firmadas por él. Agregó que dichas boletas fueron realizadas de forma manual por el actuario de su despacho debido a que el sistema Satje tuvo “varias inconsistencias”. Pero aseguró que las boletas para la excarcelación de los procesados son válidas.
Según él, la libertad de Glas y los otros debió ser inmediata indistintamente de la notificación por escrito de la sentencia. Afirmó que un error de forma -como el número incorrecto en la cédula de Glas- no es un impedimento para que no se cumpla con la excarcelación. “El propio SNAI ha validado mi sentencia por el solo hecho de haberla apelado”. Dijo que, si había inconsistencias, el SNAI pudo pedir al juez encargado de su despacho que remita una nueva boleta porque ya hay una boleta que debe cumplirse. Manifestó que las partes tienen derecho a apelar una resolución, “pero la sentencia es de cumplimiento inmediato”.
Denunció una presunta persecución del Consejo de la Judicatura y calificó su detención como ilegal. Molina está con arresto domiciliario y con grillete. Para él, esta medida es improcedente porque la pena máxima por el delito de usurpación de funciones es de seis meses a un año.
Imagen referencial
Dalo Bucaram, excandidato presidencial y amigo del procesado Daniel Salcedo, se presentó este jueves, 18 de agosto, en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), en sus oficinas de Quito. Fue la mañana y tarde de este día para abogar por la liberación de Salcedo, quien se encuentra interno en la cárcel N. 4 de la capital.
PlanV conoció que Bucaram intentó hablar con las autoridades del SNAI. Llegó junto a Alfredo Arboleda, quien fue abogado de Abdalá Bucaram Ortiz, padre de Dalo. El jurista defendió a Bucaram tras el allanamiento a la casa del expresidente en agosto de 2020 durante una investigación por tráfico de bienes patrimoniales, tráfico ilícito de armas de fuego y delincuencia organizada. Este último caso relacionado con supuestas irregularidades en la venta de mascarillas y pruebas Covid.
Arboleda, sin embargo, no está acreditado en las causas de Salcedo, quien es procesado por delincuencia organizada en la presunta comercialización y venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil, en el que fueron involucrado los hermanos Bucaram. También tiene procesos por fraude procesal, peculado, lavado de activos e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.
Salcedo y Jorge Glas resultaron favorecidos por el dictamen del juez Banny Rubén Molina Barrezueta, que otorgó un habeas corpus a Christian Eduardo Araujo Salgado, un privado de libertad que se encuentra también en la cárcel N. 4. Pero el magistrado lo hizo extensivo ese beneficio para Salcedo y Glas.
El juez Molina -quien ahora está detenido y acusado de usurpación y simulación de funciones públicas- emitió tres boletas de excarcelación a favor de Araujo, Salcedo y Glas. En el caso de Salcedo, sus defensores buscas que se hagan efectivas esa boleta; mientras que por Glas, la presión viene desde varios asambleístas.
Una fuente penitenciaria confirmó que ni Araujo o su representante ha presentado un escrito de reclamo para que se haga efectiva la boleta.
La visita de Bucaram coincidió con una amenaza de bomba en esa dependencia. Hacia las 12:10, hubo una llamada telefónica al ECU 911 sobre la existencia de un posible artefacto explosivo en el edificio. La Policía informó que, después de revisar las instalaciones, resultó ser una alerta falsa.
Foto referencial. Autor: Bolívar Parra. Presidencia de la República
¿Será con o sin corbata? La foto oficial del presidente Guillermo Lasso estaría lista, según escribió en la red social Twitter el director de Fotografía del Palacio, Bolívar Parra. El comunicador, que está con Lasso desde su campaña, es autor de la célebre foto de las embarcaciones en el río Guayas que se popularizó en la segunda vuelta y tiene amplia experiencia en medios de Guayaquil, como el diario Expreso. Actualmente sigue siendo el fotógrafo oficial del presidente.
Según escribió Parra en Twitter, la foto oficial ya está lista, mientras otras fuentes de Palacio confirmaron que hace más de dos semanas el presidente posó para la imagen.
Los nuevos presidentes de la región como Gabriel Boric y Gustavo Petro han presentado sus retratos oficiales, que se usan en embajadas y oficinas públicas como símbolos del país y su Gobierno. Los nuevos mandatarios de Chile y Colombia posaron sin corbata, ante atractivos naturales de sus países, como el mar chileno o una cascada colombiana de varios colores.
A pesar de ser de uso común en la región, durante el Gobierno de Lenin Moreno se evitó tomarle una foto oficial y en su lugar se planteó un curioso programa de retratos de personajes ilustres que cambiaban cada cierto tiempo. El pretexto fue evitar un supuesto "culto a la personalidad" del que había abusado Rafael Correa.
Carondelet no confirmó cuándo se presentaría la foto oficial de Guillermo Lasso.
Leonidas Iza y sus simpatizantes estuvieron en el congreso de la Ecuarinari en busca de la presidencia de la organización. Foto: Ecuarunari
La Ecuarunari, una organización de los indígenas serranos con 50 años, se reunió en su VII Congreso para elegir al nuevo Consejo de Gobierno que tendrá un periodo de tres años. La cita fue en la Corporación Pangor, en el cantón Colta, Chimborazo.
En la elección, que ganó Alberto Ainaguano, nuevo presidente de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, para el periodo 2022 - 2025, se evidenciaron las tensiones entre las distintas líneas políticas al interior del movimiento indígena.
Acto de posesión de la directiva de Ecuarunari por parte de Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Cortesía de Apawki Castro
El candidato del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue Gilberto Talahua, de Bolívar, a quien se acusa de colaborar y haber aceptado cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa. La intención de Iza habría sido que un hombre de su confianza presida la Ecuarunari, por lo que durante su presentación, Talahua ofreció ese trabajo coordinado con la dirigencia nacional. Aunque milita en Pachakutik desde 2003, Talahua se acercó al correísmo durante la década del Gobierno de Correa y fue subsecretario de Pueblos e Interculturalidad en la Secretaría de la Política que dirigía Paola Pabón en el 2016.
Gilberto Talahua, ex funcionario correísta, perdió con más de 100 votos. Foto: Ecuarunari
El discurso de Talagua y su entorno se centró en una renovación generacional y en la crítica a los antiguos dirigentes.
En varias intervenciones durante el Congreso, varios dirigentes pidieron a Iza bajar su tono confrontacional y su estilo "amenazante y autoritario", según asistentes a la reunión. A lo que Iza respondió que va a mantener su actitud de confrontación y su estilo. En el Congreso se cuestionó a las "guardias indígenas" que han sido organizadas por algunas comunidades.
Al final, Alberto Ainaguano venció a Talahua con más de cien votos y fue posesionado por Luis Macas. Para los críticos internos de Iza en el movimiento indígena, su postura "mariateguista" amenaza no solo al Estado burgués mestizo, sino al Estado plurinacional por su incapacidad de generar consensos. También fue simbólico que Macas, el primer presidente de la Conaie y dirigente histórico, haya posesionado a la nueva dirigencia de la Ecuarunari. Macas, según dijeron asistentes al congreso, señaló la importancia de aprender de los mayores.
Apawki Castro, ex dirigente de Comunicación de la Conaie, precisó a Plan V que quien posesionó a la nueva directiva fue el propio Leonidas Iza, y que Luis Macas clausuró el congreso. Negó que hubieran esas diferencias y calificó como "deamasiado odio a Iza" las afirmaciones de sectores internos que asistieron al congreso y son contrarios a las posturas del presidente de la Conaie.
Foto: Presidencia de la República
El Gobierno nacional ha decidido dar un veto parcial a la Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional, también llamada "ley mordaza 2.0". La decisión del presidente Lasso ya fue anunciada, aunque no directamente, cuando dijo durante el homenaje cultural en la Plaza de la Independencia, el 10 de agosto pasado, que recabaría los insumos, para definir los contenidos del veto, entre académicos y comunicadores.
El argumento del régimen para no ir a un veto total es que si se van por ese camino, sólo se estaría pateando la pelota un año más, porque en un año, cuando se deba otra vez tratar la ley en la Asamblea—si las condiciones políticas no cambian— lo más probable es que la mayoría opositora ratifique la ley que aprobó en junio de este año. En cambio, en el Gobierno no saben qué puede pasar en un año.
En cambio, se cree en Carondelet, con un veto parcial se puede negociar con la Asamblea la no insistencia en el contenido de la ley, para lo cual se necesitan las dos terceras partes de los legisladores, es decir 92 votos. Pero también se tiene la gran posibilidad de que si la Asamblea hace caso omiso del veto parcial del presidente y logra los 92 votos para aprobar la ley, esta puede ser llevada a la Corte Constitucional y el alto organismo puede zanjar definitivamente los puntos que a criterio del Ejecutivo y los gremios periodísticos violan los derechos a la libertad de expresión y de prensa.
El veto parcial debe darse un mes después de que la Asamblea enviara, el 25 de julio, el contenido de la ley de Comunicación al Ejecutivo.
El Gobierno se decantaría por la fórmula planteada por el abogado Eduardo Carmigniani, quien en su columna del diario Expreso propuso un veto "mixto", en los siguientes términos:
Consiste en añadir al veto parcial por inconveniencia otro por inconstitucionalidad. La Constitución claramente lo permite cuando establece que “Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad”. El uso de la palabra “también” no deja lugar para la discusión. Es perfectamente posible objetar un proyecto tanto por inconstitucionalidad como por inconveniencia. Y en ese caso la Corte Constitucional debe resolverse primero la inconstitucionalidad.
Si se declara la inconstitucionalidad total, el proyecto se archiva. Si parcial, la Asamblea debe hacer las enmiendas que disponga la Corte, para que el proyecto pase de nuevo al Ejecutivo. Según el art. 165 de la Ley de la Función Legislativa: “El proyecto de ley íntegro, con las disposiciones modificadas en virtud del dictamen de la Corte Constitucional; aquellas no objetadas; las que siendo objetadas no fueron declaradas inconstitucionales; y, aquellas en las que el Pleno de la Asamblea Nacional haya decidido ratificarse en caso de concurrir objeción parcial, será enviado para la respectiva sanción...”.
El secretario Nacional Jurídico, Fabián Pozo, viajó a la CIDH a Washington, para reunirse con el Relator para la Libertad de Expresión y darle a conocer y pedir apoyo político al contenido del veto parcial que enviará a la Asamblea Nacional.
Entre los aspirantes hay jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores judiciales. Foto: Cortesía
El Consejo de la Judicatura hizo pública la lista con las calificaciones de la prueba práctica de los aspirantes a jueces anticorrupción. Ese fue el último examen del concurso que busca seleccionar a 14 magistrados especializados para que conozcan casos sobre corrupción y crimen organizado.
El pasado 8, 9 y 10 de agosto, 53 postulantes rindieron la prueba práctica en el auditorio del Complejo Judicial Norte. Antes, habían pasado por pruebas teórica y psicológica. Durante el proceso, sus méritos también fueron evaluados.
De los 53, al menos 32 aspirantes lograron más de 80 puntos, lo que les permite pasar a la siguiente fase que consiste en un curso de 52 días con expertos nacionales y extranjeros. Quienes completen ese curso y alcancen las calificaciones más altas serán nombrados como jueces anticorrupción.
Estos 14 nuevos magistrados estarán divididos en tres instancias. La primera es la Unidad Judicial Penal, que tendrá dos jueces. En la actualidad, hay nueve aspirantes que tienen aún la posibilidad de ocupar este cargo. Entre estos el mejor puntuado es José Sebastián Cornejo Aguiar, catedrático en la Universidad Técnica del Norte y en la Universidad Nacional de Chimborazo. Le sigue Renán Eduardo Andrade Castillo, quien ha sido defensor público y ayudante judicial. El tercer lugar es de Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, quien se ha desempeñado como secretario de Fiscalía en Pichincha.
Además, existirán dos tribunales, por lo que hay seis cupos para esta instancia. Al menos 10 personas siguen en la carrera por ocupar una de esas plazas. En este grupo el mejor puntuado es Luis Israel Ortega Falcón, quien ha sido secretario de la Fiscalía de Pichincha. El segundo lugar lo ocupa la fiscal Consuelo Marcella Tapia Guerrón, especializada en género, quien investigó el caso de Martha, una mujer que fue violada en un bar de Quito. En tercer lugar, está Carlos Patricio Serrano Lucero, catedrático de la Universidad Técnica de Ambato. Le sigue Tony Hermán Blum Parra, quien laboró como analista en la Prefectura del Guayas.
El quinto lugar es para el fiscal Mario Andrés Muñoz Bayas, excandidato a Fiscal General en 2019. Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020. Y en el sexto lugar está el fiscal Jorge Suidberto Sánchez Pico, del cantón Samborondón, Guayas.
En este grupo también está el fiscal Christian Fierro, especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional.
Finalmente, para jueces de Corte Provincial existen seis cupos disponibles y, al menos, 13 candidatos aún pueden aspirar a uno de ellos. En primer lugar, está Leonardo Vinicio Rosillo Abarca, docente de la Universidad Técnica del Norte. Le sigue la fiscal Nadia Mariuxi Rodríguez Castillo y la jueza Silvana Lorena Velasco Velasco, quien es miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. En cuarto lugar, está el fiscal Lauro Fernando Sánchez Salcedo, de Azuay; le sigue la jueza Ana Gabriela Sánchez Tapia, de Cotopaxi. En el sexto lugar está la fiscal María Esther Cahuana Velasteguí, de Chimborazo.
En esta lista también figura el nombre de la jueza Mabel del Pilar Tapia Rosero figura en la lista. El 5 de abril, ella y los jueces Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.
Asimismo, está el exfiscal general, Edwin Paúl Pérez Reina. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Técnica del Norte. También está el juez Fausto Armando Lana Vélez, del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Esta no es la lista definitiva, pues aún puede haber pedidos de recalificación. La última fase del concurso será la impugnación, donde la ciudadanía podrá cuestionar a los candidatos, antes de que pasen al curso final.
Fotos: Vistazo y Api
La grabación dura pocos minutos y no queda claro si uno de los dos involucrados la filtró al canal Teleamazonas o si es producto de algún tipo de intercepción de la línea telefónica del consejero del Palacio, Aparicio Caicedo.
Pero en un reporte, el canal da cuenta de lo que habría sido una tensa conversación entre Caicedo, quien es considerado la mano derecha del presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Gobierno, y el aspirante a superintendente de Bancos, Raúl González, un hombre que fue propuesto para el cargo por el propio Gobierno, pues llegó en la terna del Ejecutivo al Consejo de Participación y Control Social.
El meollo del asunto es que a pesar de que ellos mismos lo propusieron, luego le quitaron el apoyo, y le pedían insistentemente que renuncie, a lo que el postulado se negó, llegando inclusive a ser designado superintendente de Bancos. Pero la polémica jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, de Larissa Ibarra, zanjó la cuestión anulando todo el proceso y permitiendo al Gobierno el envío de una nueva terna, esta vez, con personas de más confianza del presidente.
En audios se escucha al consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, presionar a Raúl González para que renuncie a la terna a superintendente de Bancos.
— DayannaMonroy (@dayannamonroy) August 9, 2022
González nunca fue posesionado. Una jueza anuló su designación.@teleamazonasec pic.twitter.com/zHne2eIjPk
Un evidentemente molesto Aparicio Caicedo, cuya voz han reconocido personas que lo conocen personalmente, le recrima a González en una llamada que quisieron terminar con él "de buena forma" y le enfatiza que "el presidente de la República no te quiere en su terna", y le pide que renuncie a ella.
González intenta sin éxito replicarle al consejero del Palacio, que no le permite hablar: "Aparicio", repite en varias ocasiones, mientras Caicedo le responde cortante: "Solamente te llamaba a decir eso".
Ante la insistencia de González, Caicedo le dice secamente: "¿Qué quieres" y este le dice que le pide que lo trate con cortesía, a lo que nuevamente, el consejero presidencial le responde que ha faltado a su palabra a pesar de que el Gobierno ha sido con él "increíblemente cortés". El reclamo de Caicedo, siempre según la interpretación de Teleamazonas, se debía a que el acuerdo con el Gobierno consistía en que como no iba a haber quórum para su exposición en el Consejo de Participación, él iba a renunciar a la terna. Pero como sí hubo, eso provocó que el postulante sí interviniera, lo que molestó en Carondelet. Pero Caicedo le precisa que él le había dicho que la sesión "se iba a suspender" y nuevamente le recriminó por no renunciar.
El consejero presidencial también se despacha con epítetos, como "indigno y ambicioso" y le dice que si se sigue presentando en el Consejo de Participación, "vas a ver lo que pasa". Lo que ocurrió después es que lejos de renunciar, González siguió hasta el final en el proceso, pero no se pudo posesionar como superintendente de Bancos debido a medidas cautelares y acciones judiciales que, nuevamente, significaron la intromisión de los jueces en otro poder del Estado.
En un comunicado en Twitter, Caicedo no negó la veracidad de los audios, pero explicó que González había perdido la confianza del Gobierno por conversaciones con asambleístas y sectores políticos y que por ello le pidieron que se comprometa a renunciar, cosa que no hizo.
Amigos. Mi respuesta frente a los audios publicados hoy por @teleamazonasec pic.twitter.com/5RPIG9SUeQ
— Aparicio Caicedo C. (@AparicioCaicedo) August 9, 2022
El proceso fue echado abajo por la jueza de Samborondón Larisa Ibarra, quien el pasado 7 de febrero, también revocó la medida cautelar que le fue otorgada a Sofía Almeida para que no fuera destituida de la Presidencia del CPCCS. Ibarra aceptó la acción de protección de Hernán Ulloa, quien después fue electo como titular del CPCCS. También fue señalada por liberar a una banda de asaltantes de viviendas en la vía a Samborondón. Asimismo, el pasado 17 de abril, la magistrada revocó la prisión preventiva que había contra dos miembros de Los Lobos, una de las facciones de Los Choneros que pugnan por el poder, y los dejó en libertad.
Páginas
[RELA CIONA DAS]
