La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas.

Las primeras movilizaciones contra el régimen se produjeron la semana anterior, convocadas por la Conaie, los movimientos sociales y las centrales sindicales. La postura del Gobierno sobre la minería, el petróleo y los precios de los combustibles podrían provocar nuevas protestas. Dos analistas creen que el Gobierno de Lasso debe recurrir al diálogo y evitar los errores de Moreno.

La líder indígena se ha convertido en los últimos años en el rostro de la lucha antiminera en la Cordillera del Cóndor, de donde se extraen miles de toneladas de cobre y oro. Se ha enfrentado al Estado y a las mineras. Ha sido amenazada y sus comunidades militarizadas en 2020. Es uno de los 22 casos del informe que publicaron 19 organizaciones sobre la persecución y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. De ellos, 16 están relacionados con la minería.

Al reciente escándalo de las glosas desvanecidas en la Contraloría, se suma otro relacionado con una auditoría ambiental a las mineras chinas EcuaCorrientes y Explorcobres, a cargo de los proyectos mineros Mirador y San Carlos-Panantza, respectivamente. En 2013, la Contraloría recomendó revertir las concesiones de esos proyectos. Pero no se cumplió. El Pueblo Shuar Arutam demandó a dos ministerios ante la Corte Constitucional por ese incumpliento. Y en la audiencia del pasado 15 de abril, la Contraloría se retractó a sí misma.