La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas.

En nuestra primera entrega, la historia contada por un morador de Yutzupino fue una radiografía de la operación del crimen organizado que llegó al Napo sediento de oro. Frente al anuncio del Gobierno Nacional, que apunta al desarrollo minero como la “alternativa” para sacarnos de pobres y el decreto 151 con el que se reabre el catastro minero, presentamos este nuevo capítulo para confirmar que, al menos en Napo, la tapiñada minería legal funciona como un manto que camufla la minería ilegal.

La minería ilegal en Napo ha puesto en alerta a las autoridades nacionales. La población local reclamó por la contaminación de sus ríos. El Gobierno desplegó un operativo de control y encontró la presencia de delincuencia organizada. En la zona se reporta gente armada, trata de personas y altos niveles de desempleo.

La líder indígena se ha convertido en los últimos años en el rostro de la lucha antiminera en la Cordillera del Cóndor, de donde se extraen miles de toneladas de cobre y oro. Se ha enfrentado al Estado y a las mineras. Ha sido amenazada y sus comunidades militarizadas en 2020. Es uno de los 22 casos del informe que publicaron 19 organizaciones sobre la persecución y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. De ellos, 16 están relacionados con la minería.