El presente análisis busca desmenuzar, desde las discusiones teóricas recientes, la revisión de las cifras y el eje discursivo-político, que el modelo actual de relaciones laborales en realidad esconde una visión paternalista de las mismas, similar a la que se ha querido implementar en otras esferas.

Es que las fuerzas disciplinarias saben que no es lo mismo darle un puñetazo a un joven de una de las universidades más caras de Quito, cuya padres seguramente contarán con los recursos para defenderse, que a un muchacho del Mejía, que viene de un estrato social diferente y al que la inercia de los sistemas sociales hacendatarios como el ecuatoriano, permiten maltratar de manera inercial.

Decenas de padres y madres de los 60 detenidos en el colegio Mejía la noche jueves 18 de septiembre, luego de la la marcha del 17S, denunciaron la "tortura" y el "secuestro" de sus hijos por parte de la justicia. Su peregrinaje fue por tratar de verlos y por liberarlos. Solo pudieron verlos siete días después de su detención, gracias a sus gestiones. Tienen el apoyo de dos abogados, pero ya no piden perdón, solo justicia. Su recurso en busca de libertad fue negado.

¿Van a estigmatizar a estos jóvenes, a encarcelarlos para negar una marcha de decenas de miles de personas en Quito y otras ciudades este 17 de septiembre? ¿Hasta dónde van a llevar el castigo para cubrir su derrota?