En este mes la Comisión de Justicia deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto para segundo debate sobre cómo regular el aborto en casos de violación. Las posturas de los asambleístas son complejas y el debate es intenso.

En Ecuador, no solo se procesa a mujeres sino también a niñas por abortos. No solo judicializa a quienes decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo, sino a aquellas que sufrieron abortos espontáneos, emergencias obstétricas o necesitaban atención postaborto. Hay mujeres que fueron a prisión por años sin sentencia. Otras fueron convencidas para que se declaren culpables. A otras, en cambio, las llevaron casi desnudas ante un juez para sentenciarlas. Esto es lo que revela una investigación de Human Rights Watch.

Los hombres no podemos seguir decidiendo en un tema que no nos atañe. El camino que tenemos en nuestras manos es no interferir ni juzgar la decisión de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo, desde los espacios en que estemos, y considerando que todavía tenemos predominancia en la toma de decisiones.

Esto no es cuestión de fe. La mínima reparación que merecen las víctimas de delitos sexuales es poder sanar —sea lo que quiera que su sanación implique—. La penalización de la terminación del embarazo debe ser abortada de nuestra legislación.