Mientras el debate por los derechos no sea total, será dudoso. No se puede hablar de un Estado que garantice los derechos de su población si esos derechos se promueven selectivamente y según la agenda del momento: este sí, este no. No se puede hablar de derechos plenos cuando se deslegitima a los sectores de la sociedad civil que demandan derechos. Se nos tacha de minorías, como si las minorías no tuvieran valor, como si se gobernara sólo para las mayorías aquiescentes con el gobierno.

Las mujeres, especialmente las más pobres, son interrogadas y procesadas por la Fiscalía y la Policía en hospitales públicos, a las cuales se les acusa de provocarse abortos, según denuncias de organizaciones de mujeres. Las autoridades, dicen, actúan violando derechos humanos y constitucionales; someten a prisión, interrogatorios y tratos crueles a las mujeres que abortan en el Ecuador. Se ha reportado 58 casos y documentado seis, los cuales han servido para denunciar al Estado ecuatoriano, al gobierno del presidente Correa, ante el Comité de las Naciones Unidas contra toda forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.

El Presidente asume todas las directrices de la estrategia para la prevención del embarazo adolescente y la planificación familiar. Con un decreto desmanteló la institucionalidad que tres ministerios habían levantado durante dos años en el tema, y puso al mando a una sola persona, señalada por los movimientos de mujeres como ultraconservadora y que impondrá valores religiosos en el delicado tema. La asesora presidencial tiene al frente una dura realidad frente al embarazo, el aborto, la violencia sexual y el suicidio en mujeres adolescentes.

La vocera de la iniciativa ciudadana 'Somos 14 millones', Isabel María Salazar, afirma que la ministra de Salud, Carina Vance, tiene una agenda propia que no coincide con la postura del resto del Gobierno. Minimiza las acciones de las feministas que apoyaron el aborto por violación, a quienes acusa de inspirar la agenda de los medios de comunicación.