La Fiscalía volvió a la carga contra opositores, con audiencias de formulación de cargos en contra de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, David Rosero, los policías del 30S, la plana mayor de la Conaie y dirigentes sociales en la Amazonía. Mientras tanto, el Ministerio de Educación disolvió la Unión Nacional de Educadores. El Gobierno se aplica a fondo contra los opositores y disidentes a las puertas de la campaña electoral.

Como en los regímenes totalitarios, también el Gobierno del Ecuador se ha dotado de leyes y de aparatos burocráticos para perseguir el pensamiento disidente y la crítica. Mediocres periodistas de antaño e intelectuales de baja monta, se han convertido hoy en despreciables censores y perseguidores de sus antiguos colegas y empleadores.

El correísmo es hoy un capitalismo de Estado. Su modelo empresarial público busca convertir a la economía ecuatoriana en un sistema donde se estatiza los aportes del Estado a entidades públicas no estatales y se confisca lo privado. Representa lo más agrio del capitalismo de Estado porque se considera dueño de las asignaciones constitucionales a los municipios y a los demás gobiernos locales, a las universidades públicas y cofinanciadas, a los jubilados en forma de pensión y, próximamente, de los sueldos del funcionariado público.

El “modelo” de Correa es un modelo tecnocrático antiliberal, que se valió del populismo para ganar adhesión popular, y que lo revistió de una máscara “izquierdista” y nacionalista, desde la cual libró una “guerra” contra la “partidocracia” y el “neoliberalismo”, bajo una perspectiva economicista.