El Gobierno realizó una nueva designación en cuota política. Se trata del consultor político Roberto Izurieta, residente en Washington, quien recibió el beneplácito de Chile como nuevo embajador del Ecuador en Santiago.

La experiencia chilena sirve de referente para la intención del gobierno de convocar a una consulta popular. El problema del régimen no se deriva únicamente de su ínfima aceptación ciudadana, sino de su desconexión con las realidades concretas de los sectores populares. Estos sectores son los que, a final de cuentas, deciden una votación.

La Constitución, de aprobarse, sería una que, desde mi opinión, se inserta en un constitucionalismo contemporáneo que recoge las olas de creación de derechos propios del constitucionalismo liberal (libertades y propiedad), social (igualdad y derechos), de la diversidad (derechos específicos de grupos y colectividades) y, quizá lo emergente e impostergable del siglo XXI, el constitucionalismo ecológico.

El nuevo Gobierno chileno ha despertado expectativas en la opinión pública de la región. El proceso constituyente chileno plantea una nueva Constitución, que reemplace a la redactada durante la dictadura de Pinochet y que incluiría categorías como los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad. Pero al mismo tiempo, la gestión de Boric provoca reservas y rechazo entre quienes temen que se convierta en un gobierno de izquierda al estilo de los regímenes del socialismo del siglo XXI.