Un correo enviado al Servicio de Impuestos chileno gatilló una investigación cuyas consecuencias cambiaron dramáticamente el panorama político austral en 2014. La denuncia se había realizado en 2012 y daba cuenta de un entramado que, en función de los fallos del sistema de inspección, permitía que las empresas que pedían devolución de impuestos por menos de 20 mil dólares no fueran fiscalizadas.