Este es el alegato testimonial presentado por Enrique Ayala Mora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre los sucesos que derivaron en la destitución de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso, en el 2004. Una sentencia de la Corte Interamericana ha ordenado al Estado ecuatoriano pagar indemnización a los jueces destituidos, mientras que el gobierno ha determinado que los diputados que tomaron esa decisión son quienes deben pagar ese dinero, bajo el principio de Repetición. El historiador Ayala Mora fue diputado en ese entonces, y se pronunció en contra de esa medida.