Los gobiernos revolucionarios que han asolado varios de nuestros países durante estos últimos años parecen conocer muy bien estos mecanismos y por ello no han dudado en utilizarlos: en la práctica abolieron el Estado de Derecho y crearon las condiciones y los instrumentos “legales” para que todo el poder del Estado se halle sometido a la voluntad y capricho de un solo hombre mientras los ciudadanos sufren una profunda indefensión y la extinción de sus derechos.

Luisa Lozano Quizhpe y Amable Angamarca Morocho, de Saraguro, Loja, fueron sentenciados a cuatro años de prisión por interrumpir servicios públicos. La pena mayor por ese delito del Código Penal correísta es de tres años, pero el juez de la causa agregó uno por supuestos agravantes. Esta es la historia de Luisa y Amable, y las razones por las cuales rechazan este fallo. En esta primera parte, aparece el relato sobre Luisa Lozano, una madre de cuatro niños y conserje de una escuela pública, de 39 años de edad.

El presidente ahora dice que no le interesan estos sectores porque son ilegítimos. Entonces ¿qué es legítimo, señor presidente? ¿Que los ecuatorianos paguemos por las carreteras y la infraestructura más costosa del mundo moderno? ¿Que financiemos al tercer gobierno más ineficiente en términos de crecimiento de la región, según la CEPAL? ¿Que estemos en el sótano del desarrollo acompañados de Brasil y Venezuela, países cuestionados por sus pésimo manejo económico y por las denuncias de corrupción en contra de sus gobiernos?

En la revolución ciudadana la violencia es una construcción social de orden fenomenológico, por eso si un guardaespaldas turco muele a golpes a una muchacha ecuatoriana, su acción será percibida como una amable manifestación de amistad entre los pueblos por parte de la policía.