Hablo del 80% de la población interna en nuestras 36 cárceles: jóvenes de entre 18 y 29 años que apenas han terminado el bachillerato, que nunca han pertenecido al sector laboral formal, que no saben lo que es acudir al sistema público de salud o recibir tratamientos subvencionados por sus aportes a la seguridad social. Tampoco lo supieron sus padres, mucho menos lo sabrán sus hijos.

El problema de la universalidad de los derechos humanos sigue siendo la piedra angular de la dificultad de la aplicación de esos derechos. El discurso de los derechos humanos es acusado de encarnar las aspiraciones del Occidente, dejando de lado la diversidad cultural del mundo.

Dentro, ellas conviven el desayuno, son el bus, se encargan de las actividades extracurriculares, no tienen auto ni trabajo ni wifi ni teléfono ni computador ni espacio. Madres presas, presas de sus hijos y también lo contrario.

El principio de equivalencia de las vidas humanas establecido en la Declaración de Derechos Humanos es el que, en Ecuador, está siendo abolido rápidamente por las prácticas del crimen organizado. Se trata de un cambio cultural de gran envergadura que, en lugar de fomentar nuestras mejores inclinaciones, fomenta las peores, la parte más oscura de nuestra naturaleza.