Hay, para la generalidad de las personas, algo más dañino que la opresión: el desorden. En medio del caos sienten que han perdido todo control sobre sus vidas y circunstancias, y claman por alguien capaz de imponer un orden, preferiblemente rígido, porque donde hay orden la vida es más controlable y predecible.

Cuida de sus cactus, lirios y geranios que le gustaban a su hijo desaparecido, Telmo Orlando, y que cuelgan de la ventana de su cuarto, en la sala y en la terraza; donde recibe a cada periodista que lo visita desde el 2012, donde se grabó el vídeo para recolectar fondos y donde se niega a perder la esperanza.

Ecuador sigue siendo un desierto para los derechos humanos. El Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil presentó este abril último el informe Sombra para el Examen Periódico Universal, EPU, del Ecuador ante las Naciones Unidas. Este informe revela que no solo persisten en el país las violaciones sistémicas a los derechos de sus ciudadanos, sino que por la pandemia y otros factores, como la tecnología, estas violaciones son de nuevo tipo y más violentas.

Un ex sargento de la FAE demandó al Ecuador desde el año 2000 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por vulneración de sus derechos humanos. En 1997 la institución militar lo acusó y juzgó por un robo, delito por el cual no presentó una sola prueba. Pero Gustavo Cortez fue encarcelado en un recinto militar y luego en una cárcel común; fue juzgado dos veces por un mismo delito, fue interrogado sin abogado, fue maltratado física y mentalmente. Los impactos de esto le cambiaron la vida. Y ahora, 25 años después de los hechos, el Estado debió responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.