El programador sueco, cuyo caso parece estar en el limbo pues aún no se convoca la audiencia preparatoria de juicio en su contra, ingresó el pasado 8 de octubre un pedido de hábeas data en el sistema judicial. Sostiene que carros sospechosos sin placas, policías de civil y de uniforme le siguen en Quito hasta cuando se corta el pelo y va al supermercado. Además, fuera de su casa vio a individuos desconocidos con una antena desde un carro, que, afirma, podría ser usada para interceptarle el celular.

El acuerdo ministerial 179, que acaba de expedir el ministro de Defensa Nacional, ingresa peligrosamente en el ámbito de la militarización de los conflictos sociales. Pasa del campo de la política al de la guerra interna.

Linchar delincuentes, permitir que presos se exterminen entre sí, encarcelar ciudadanos sin debido proceso, reprimir protestas con uso desproporcionado de la fuerza, son algunos de los ejemplos que se repiten con cierta frecuencia en un gobierno cuyo capital político apuntaba a la “ternura” y a la “misericordia”.

Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua creen que por lo menos 600 personas ha muerto en los disturbios que empezaron el año pasado, cuando el Gobierno de Daniel Ortega intentó una reforma a la seguridad social. No menos de mil personas habrían desaparecido, mientras militares, policías, jueces y fiscales evidencian su parcialidad absoluta. Opositores han sido condenados a más de 200 años de cárcel.