Ana Benalcázar, ingeniera ambiental, asistió a la marcha del 8M y fue una de las agredidas por la Policía en Quito. Ella estuvo en el grupo que encabezó el recorrido y que llevó antorchas como símbolo de su protesta. Mientras tanto, el Gobierno justificó la represión porque las mujeres intentaron ingresar a “zonas restringidas”.

Las organizaciones de mujeres temen que el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sea regresivo en derechos. Rechazan las declaraciones de Guillermo Lasso de vetar la ley y piden a las asambleístas a hacer su mejor esfuerzo para que la normativa garantice los derechos de las víctimas.

La Secretaría de Derechos Humanos inició el 2022 con tropiezos. Lanzó un nuevo reglamento para la selección y entrega de recursos a casas de acogida y centros de atención de víctimas de violencia. Pero la nueva modalidad para entregar 2.17 millones a estos servicios no convence. Casa Amiga, que atiende Sucumbíos, unas de las provincias con altas tasas de violencia, confirma su cierre por la falta de recursos. Pero Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría, dice no conocer esa situación.

Cuando el periodismo de investigación interpela a las mujeres que se encuentran circunstancialmente en el poder, algunas de ellas –en lugar de desarrollar sus funciones a través del ejercicio diario de la transparencia y la rendición de cuentas– prefieren apelar a la revictimización como respuesta ante cualquier crítica frente a los indicios de anomalías en su gestión.