La lucha contra el lavado de activos revela la enorme debilidad institucional del Ecuador. El país tiene un sistema antilavado en el que participan nueve instituciones públicas. De estas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es el centro operativo. Sin embargo, la descoordinación y la falta de capacidades técnicas y financieras impiden tener resultados efectivos en contra de este fenómeno criminal. Este es un reportaje realizado en el marco de las becas de producción periodística de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, y Transparencia Internacional.

Mientras más armas de fuego tiene una sociedad, más homicidios intencionales hay. Esta norma se aplica perfectamente en el Ecuador, donde desde hace tres años el ingreso y fabricación de armas de fuego es imparable. Y esto coincide con el aumento dramático de asesinatos, sobre todo entre el 2022 y el 2023. Nueve de cada 10 de víctimas cayeron por arma de fuego.

En relación con los estados de excepción, el Comité recuerda al Estado que deben ajustarse a las obligaciones contraídas en el ámbito internacional, incluida la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Hablo del 80% de la población interna en nuestras 36 cárceles: jóvenes de entre 18 y 29 años que apenas han terminado el bachillerato, que nunca han pertenecido al sector laboral formal, que no saben lo que es acudir al sistema público de salud o recibir tratamientos subvencionados por sus aportes a la seguridad social. Tampoco lo supieron sus padres, mucho menos lo sabrán sus hijos.