La izquierda y la derecha populista; los economistas ultraliberales y los heterodoxos; las organizaciones indígenas y sindicales; los grandes empresarios y los empleados públicos; los ricos y los pobres, todos, por fin, se han puesto de acuerdo para lanzar al país al abismo.

El sistema político ecuatoriano, el gobierno específicamente, se muestran purulentos. No están corrompidos solamente, exudan copiosamente descomposición, putrefacción.

¿Qué puede hacer una sociedad en la que la política se ha convertido en el principal mecanismo de apropiación privada de los fondos públicos? Las implicaciones son terribles desde el momento en que esa manera de concebir y hacer política se convierte en el motor de las expectativas de quienes aspiran a ser políticos o ya lo son. «El Estado soy yo y el Estado es mío», es el criterio que orienta aquella conducta.

Para la Comisión Nacional Anticorrupción el tema no solo es el hospital de Pedernales sino el fondo de reconstrucción del terremoto de Manabí, USD 3 500 millones de dólares que se usaron, según el organismo de manera dolosa. Como prueba, muestran por primera vez el acta de la última reunión del Comité de Reconstrucción, presidida por Jorge Glas, el 22 de mayo del 2017. Dos días antes de entregar el poder, ese Comité dispuso o legalizó la realización de casi 600 obras, por más de USD 2 900 millones.