Una adolescente, violada por su padre, tuvo un niño a sus 12 años. Ella manifestó un profundo rechazo a su hijo. Su caso llegó a un juez, pero este negó separarla definitivamente del niño porque hacerlo sería “atentar contra la familia”. Un caso más de maternidad forzada y las nulas opciones que tienen las menores violadas para dar en adopción a sus hijos.

¿Quién y qué las ayudará a evitar los riesgos como los embarazos prematuros y no deseados? No la ley. Pero sí la educación que crea saberes y nuevas actitudes para tomar las mejores decisiones. No la ley sino una familia abierta al mundo. No la familia que se apropia de las hijas sino aquella que las guía hacia la libertad. Una familia que, al reconocer que se viven nuevos tiempos, apoya el desarrollo de las propias y nuevas libertades.

Un estudio inédito revela el alto precio que paga el Estado ecuatoriano por la falta de prevención del embarazo adolescente. El informe evidencia el fracaso del extinto Plan Familia implementado en el Régimen anterior y plantea la necesidad de que el Estado ejecute políticas enfocadas a la reducción de los estigmas en salud sexual y de la criminalización en relación al aborto.