Si triunfan quienes se han pronunciado en favor de mantener el petróleo bajo tierra, se puede esperar que la decisión mayoritaria de los ecuatorianos se cumpla inmediatamente.

La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.

Ecuador avanza hacia la incorporación plena a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés), un estándar internacional que permite conocer los detalles y las cifras de la explotación de recursos naturales, como el petróleo y los minerales. En varios países de la región ya opera este mecanismo de transparencia.

El discurso de que la megaminería generará grandes ingresos para el país es una ilusión: más allá de cualquier propaganda, incluso las cifras oficiales proyectan ingresos relativamente muy pobres.