La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.

Ecuador avanza hacia la incorporación plena a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés), un estándar internacional que permite conocer los detalles y las cifras de la explotación de recursos naturales, como el petróleo y los minerales. En varios países de la región ya opera este mecanismo de transparencia.

El discurso de que la megaminería generará grandes ingresos para el país es una ilusión: más allá de cualquier propaganda, incluso las cifras oficiales proyectan ingresos relativamente muy pobres.