La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.

Ecuador está atrapado en una vorágine de violencia, criminalidad y corrupción. El gobierno de Guillermo Lasso se ha refugiado en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin que logren revertir la tendencia ascendente en la tasa de homicidios. Al cabo de once meses de gobierno, cuatro masacres carcelarias y más de 3000 seres humanos asesinados en las cárceles y en las calles, es innegable que la política de seguridad es un fiasco.

Se sabe que es un ex cabo del Ejército, de ascendencia esmeraldeña y de cerca de 35 años y la Inteligencia Militar admitió que entró por lo menos tres veces desde el 15 de marzo al complejo de La Recoleta, cuartel general de las Fuerzas Armadas en el centro de Quito. Por medio de una página web recibía "inversiones" en un esquema piramidal cuyos rendimientos pagaba usando el sistema financiero nacional.

Cuando se habla de infiltraciones del narco en la fuerza pública no se puede hablar, obviamente, de una generalidad. Pero basta que los capos toquen a unidades élite para que la ilusión de la seguridad del Estado caiga como un castillo de naipes.