Ese fiscal que archivó un caso flagrante de peculado, ese juez que firmó una sentencia elaborada por los servidores de su jefe. Ese otro que persiguió a quienes osaron criticar al caudillo. Todos ellos permanecen en su sitio. La justicia sigue su camino y, cuando se encuentra con ellos, los rodea y pasa de largo.

Desde el 2007 hasta julio de 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2.037 informes con responsabilidad penal, de alrededor de 566 instituciones públicas, entre ellas está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, la Asamblea, la Corporación Aduanera, CNT, Petroecuador, IESS, CNJ, CFN, la misma Fiscalía del Estado, entre otras. Aunque en esta cifra no se incluyen los informes de las obras faraónicas, la cifra expresa que la corrupción y la impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental. Entre Carlos Pólit, contralor, y Galo Chiriboga, fiscal general, se pasan la pelotita.

Los hechos que constan a la ciudadanía y en particular la actitud del Fiscal General al aceptar que el ocultamiento existió y que lo cometió él, con pleno conocimiento de causa y de los resultados de su acción, exigen su renuncia como una conducta mínimamente digna. Un análisis de la ex asambleísta.