La economía política de la criminalidad no se entiende narcotizándola. Al contrario, eso encubre una realidad que ningún gobierno quiere asumir. Cuando todo –o casi todo– se reduce al narcotráfico se deja por fuera el resto de las economías criminales, cuyos efectos sociales son más perniciosos.

El problema para los sectores sociales es que asistimos a un vaciamiento de la tercera vía, abierta por el levantamiento de octubre del 2019 y mostrada en el proceso electoral del 2021. La ausencia de una línea autónoma tanto en el Parlamento como fuera de él, las seducciones del poder, las divisiones en la representación, las contradicciones internas no resueltas en el movimiento indígena, las caídas éticas, la endeble presencia de los otros movimientos sociales, han debilitado las perspectivas del paso a una alternativa propia, de unidad de las diversas iniciativas de resistencia y lucha, que se mantienen activas a escala local.

El presidente Guillermo Lasso se instaló en el antiguo Salón Protocolar de Palacio, en donde ha colocado la oficina presidencial. El despacho donde trabajaban Rafael Correa y Lenin Moreno ha sido adecuado para funcionarios.

Pasarse la Constitución por el forro ratifica una práctica profundamente arraigada en nuestra política: el poder se ejerce en otras esferas y con mecanismos más pragmáticos. Por eso, precisamente, las reformas constitucionales terminan pareciéndose a un bastidor, tras el cual se dirimen los verdaderos conflictos y pujas políticas.