La cifra que el Gobierno publicita sobre personas que accederían a la afiliación voluntaria para las amas de casa está construidas sobre supuestos frágiles. Para asambleístas de oposición como Ramiro Aguilar y Cristina Reyes, hay dudas sobre cuán viable es que esa cantidad de personas se afilien al IESS en este año solo para obtener lo que es el equivalente de un fondo de jubilación.

Mientras el debate por los derechos no sea total, será dudoso. No se puede hablar de un Estado que garantice los derechos de su población si esos derechos se promueven selectivamente y según la agenda del momento: este sí, este no. No se puede hablar de derechos plenos cuando se deslegitima a los sectores de la sociedad civil que demandan derechos. Se nos tacha de minorías, como si las minorías no tuvieran valor, como si se gobernara sólo para las mayorías aquiescentes con el gobierno.

Entre todas estas luchas que llevó adelante la sociedad ecuatoriana, con sus movimientos sociales de izquierda, una de las más emblemáticas fue, sin lugar a dudas, la lucha en defensa del Seguro Social, siempre amenazado con ser privatizado, como de hecho ocurrió en otros países donde se aplicó el neoliberalismo, como por ejemplo en Chile y su "milagro económico".

El control total de la Asamblea por parte del oficialismo le permitió pasar una reforma legal que no garantiza el pago de un porcentaje fijo de las pensiones jubilares, mientras que las deudas pendientes y oficialmente reconocidas por el Gobierno son motivo de polémica. Gobierno y oposición, con calculadora en la mano, se enfrascaron en una guerra de cifras sobre si el IESS puede o no cumplir con sus obligaciones con afiliados y pensionistas con el dinero que tiene. La aprobación de las reformas, que provocó la ruptura con el movimiento Avanza de Ramiro González y la salida de este del Gabinete presidencial.