En la dinámica de expansión y penetración del capital transnacional, los denominados gobiernos progresistas de América Latina han cumplido, paradójica y lamentablemente, un rol funcional. La atenuación de la conflictividad social mediante una hábil y eficiente combinación de retórica radical e inversión pública, ha terminado pasando la factura a los territorios indígenas, precisamente porque son las zonas con mayor potencial para la generación de ingresos fiscales.