Human Rights Watch documentó doce casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del consejo o del Ministerio de Justicia, o asesores de Correa, directa o indirectamente sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas. Cuando los jueces no acataron las instrucciones, el Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra, y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos.

Amparo Peñaherrera es coordinadora de Casa de Amiga, un centro dedicado a la protección de mujeres sobrevivientes de violencia en Sucumbíos. Ella junto a Geraldina Guerra, de la Red Nacional de Casas de Acogida, retratan la situación de las mujeres en una de las zonas más violentas del país. Ellas desmitifican que el hogar sea un lugar seguro para los menores de la familia. En la frontera norte solo hay dos casas de acogida. La otra está en el Coca y se llama Casa Paula.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, a las puertas de una nueva elección en la entidad gremial, señala los temas por los cuales la entidad ha dado un giro total hacia una gestión encaminada a la defensa de derechos, gestión no exenta de polémica.

El patrón es el mismo: corrupción, falsificación y victimización, y a eso le llaman “lawfare”. Se trata de un repertorio de delitos, ideologías y justificaciones fundidas en el mismo molde populista. Después de ser atrapados delinquiendo y de ser procesados por las justicias de sus países por crímenes en contra de los derechos humanos o de la administración pública, estos reos se creen la víctimas de una lucha asimétrica, en donde una fuerza imaginaria lleva la delantera para detener su pretensión inmaculada de fundar nuevas patrias, pero de enriquecerse al mismo tiempo con el dinero de todos.