Más allá de cómo termine el asunto de Pelaccini, lo que debería importar ahora a la sociedad ecuatoriana es convertir este hecho en un tema para debatir en lo más profundo este tipo de situaciones y generar actitudes —no reglamentos ni controles policíacos— que sean producto de una severa autocrítica.

Arropada con el debido disfraz de derechos y corrección política, la ley antinoticias sacrifica la transparencia y el debate de temas de interés público en nombre de una concepción de la intimidad mojigata y artera.

Siete instituciones públicas, incluida la Fiscalía, no han respondido ni a las familias ni a una veeduría sobre los avances del caso o sus acciones para evitar que este quede en la impunidad. A esto se suma el candado que puso el Cosepe a las actas de sus reuniones. Aún hay pericias pendientes y preguntas referentes al secuestro y a la falsa liberación que nadie quiere responder. Este es un balance a tres años del peor crimen que se ha registrado en el país contra un equipo periodístico en plena cobertura.

Esclarecer con detalle lo acontecido en Argentina conduce de inmediato a vincular esta represión con los ataques sistemáticos a la palabra escrita en la prensa ecuatoriana, durante el gobierno democrático del ex presidente Rafael Correa. Todas sus ejecutorias demostraron cuán funestas fueron, pues estuvieron dirigidas a dañar la actividad informativa plural y a entronizar la palabra oficial como la esencia de la verdad.