Canadá se ha convertido en el mayor inversor minero en Ecuador. El Gobierno de Noboa alcanzó millonarios acuerdos para futuras extensiones. Mientras tanto, grupos ambientalistas y pueblos indígenas reclaman la vulneración de derechos. Este es el panorama de concesiones canadienses en Ecuador.

Nuestro equipo fue invitado a la Colpin 2023 una de las conferencias más respetadas en el mundo del periodismo para exponer una de nuestras investigaciones recientes. Se trata del reportaje sobre Mirador, la concesión de mega minería que está generando toneladas de desechos mineros en la Amazonía ecuatoriana.

Las políticas subsidiarias de diesel y electricidad para la industria minera le cuestan millones al Estado. La Contraloría señaló que Ecuacorriente, operadora de la concesión minera Mirador, desvió el río Tundayme, afectando la calidad del agua y a las especies de la zona y construyó una planta de explosivos sin autorización.

La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.