La declaratoria de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado es un subterfugio para confrontar militarmente a los campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas que obstaculizan los proyectos mineros. Desde la perspectiva de las élites que impulsan este modelo extractivista, dentro y fuera del país, la violencia política ha sido el único instrumento para neutralizar y diezmar a las comunidades afectadas. Para ello se valen de los militares, estructuras paramilitares y grupos criminales.