La líder indígena se ha convertido en los últimos años en el rostro de la lucha antiminera en la Cordillera del Cóndor, de donde se extraen miles de toneladas de cobre y oro. Se ha enfrentado al Estado y a las mineras. Ha sido amenazada y sus comunidades militarizadas en 2020. Es uno de los 22 casos del informe que publicaron 19 organizaciones sobre la persecución y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. De ellos, 16 están relacionados con la minería.

Al reciente escándalo de las glosas desvanecidas en la Contraloría, se suma otro relacionado con una auditoría ambiental a las mineras chinas EcuaCorrientes y Explorcobres, a cargo de los proyectos mineros Mirador y San Carlos-Panantza, respectivamente. En 2013, la Contraloría recomendó revertir las concesiones de esos proyectos. Pero no se cumplió. El Pueblo Shuar Arutam demandó a dos ministerios ante la Corte Constitucional por ese incumpliento. Y en la audiencia del pasado 15 de abril, la Contraloría se retractó a sí misma.

En Pacto, los comuneros mantienen un plantón desde hace más de 80 días para evitar la salida de material aurífero. Piden a las autoridades que reviertan las concesiones mineras y se incaute decenas de costales con piedras mineralizadas que, aseguran, están en esos campamentos. Prefieren que la agricultura, en especial el cultivo de caña y la producción de panela, sean el principal sustento de estas familias. Una de las empresas mineras señaladas se defiende.

¿Permitirá la sociedad ecuatoriana que la minería ilegal sea el escenario donde mejor y más rápido se lava el dinero negro en el que confluyen delitos como la prostitución y trata de personas, el trabajo infantil, la explotación a discapacitados y tercera edad, el tráfico de estupefacientes, armas y substancias prohibidas como el mercurio y el cianuro?