Muyuyacu es un agujero negro en el mapa minero ecuatoriano. Considerada una de las más grandes reservas de oro de América Latina, este sector es, según fuentes de inteligencia, un feudo de zares mineros, que controlan la operación sin que las autoridades del Estado cumplan, hasta hoy, lo que se ofreció luego de que pasó a manos oficiales en el 2012: la legalización de los pequeños y medianos mineros, para evitar el chantaje, la extorsión y el pago de desconocidas sumas para continuar operando. Son 6.9 millones de onzas de oro —algo más de 8000 millones de dólares— es lo que está en juego. Esta es la primera de un informe de dos partes.

Sólo enseñan su lanza y omiten su mensaje, sólo les permiten ser noticia cuando estallan: abono comunicacional para la militarización, del sur minero y el norte petrolero de la provincia. En ambos conflictos —diciembre en Nankintz y enero en Taisha— solo se pudo escuchar la explicación oficial, la de los Ministros de la Seguridad. Y el silencio de la provincia fue garantizado con la prohibición de todos los noticieros locales. En su remplazo se escuchó sólo Radio Pública, y en tiempo de elecciones.

Los shuar explican la situación de sus territorios después del conflicto en Nankints y la califican de inhumana. Piden al Gobierno que elimine el estado de excepción para iniciar un diálogo. Rechazan la versión de que en sus territorios existan grupos armados.

Conversamos bajo reserva con varios habitantes de Nankints en Morona Santiago, con líderes del sindicato TUNTUIMI; con dirigentes de la organización Maytuan, y con líderes comunitarios de San Carlos, Lodroña, Panantza y Los Encuentros. De su lado, Inredh y los shuar denunciaron la presencia de un gran contingente del Ejército del Ecuador en el que consideran su territorio, apoyado por tanquetas y helicópteros.