¿Cómo se permitió que se hiciera un tráfico ilegal de oro, que podría llegar a los 800 millones de dólares, sin que las autoridades actuaran por más de tres años? La captura de los accionistas de Guayaquil, en junio del 2016 y el testimonio en Plan V de dos productores de oro dan cuenta de los muchos cabos suelos que dejan estos hechos. Un minero productor y exportaron denuncia que "el Estado les creó el sistema legal apropiado. Si no había este esquema de los artesanales, no hubiera pasado esto. Les crearon el hueco y por ahí entraron".

Excelente la postura del Ecuador en París 2015, porque el país deberá rendir cuentas al mundo. ¿Cómo explicará, por citar un caso, el desalojo en Tundayme, en beneficio del extractivismo y en desmedro de la naturaleza y de las comunidades afectadas?

Mientras el Gobierno militariza los campamentos de extracción de oro ilegal para desalojar a los pequeños mineros de territorios concesionados, el aeropuerto de Guayaquil es una coladera de los cargamentos del metal de origen sospechoso. OjoPúblico, tras viajar a Ecuador y acceder a sus hasta ahora desconocidos registros de exportaciones de oro, identificó que 140 empresas enviaron en vuelos comerciales 74 toneladas de oro al exterior que tuvieron como principales destinos las compañías estadounidenses NTR Metals y Republic Metals Corporation entre el 2011 y 2014. El 70% del mineral fue de origen ilícito o nunca fue declarado y hay indicios de que parte del oro sucio del Perú se intenta lavar por Ecuador.

La justicia ambiental es tanto local como nacional, y tanto nacional como planetaria. Es como que se dijera que los derechos humanos son sólo parte de una ciudadanía planetaria, y no deberían ser asegurados en cada municipio o dentro de cada país