La trayectoria de Cristina, quiteña de nacimiento y guayaquileña de corazón, empresaria, casada, de 40 años y madre de dos niños, está retratada en periódicos y revistas como representante de una de las empresas de data más influyentes en el mundo. Pero ese camino no ha sido nada fácil.

“En estos lugares, los niños de 11 años empiezan a robar. Luego, a los 17, son parte de las redes del crimen organizado. Si eres una chica que vive en Socio Vivienda, en Guayaquil, por ejemplo, ¿qué opciones de vida tienes si no convives con esta red de violencia? La respuesta es sobrevivir": Karol Noroña.

La Secretaría de Derechos Humanos inició el 2022 con tropiezos. Lanzó un nuevo reglamento para la selección y entrega de recursos a casas de acogida y centros de atención de víctimas de violencia. Pero la nueva modalidad para entregar 2.17 millones a estos servicios no convence. Casa Amiga, que atiende Sucumbíos, unas de las provincias con altas tasas de violencia, confirma su cierre por la falta de recursos. Pero Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría, dice no conocer esa situación.

En Quito, solo 27 de 160 convenios ha firmado el MIES con organizaciones que atienden a adultos mayores, personas con discapacidad o niños y niñas, muchos de ellos víctimas de violencia. Y aquellas que lo han firmado aún no reciben los recursos. Llevan entre siete y cinco meses impagos, lo cual pone en riesgo la permanencia de estas casas e instituciones para los más vulnerables. El ministro Vicente Taiano deja el cargo sin responder a los pedidos de entrevista.