El mensaje es claro: está prohibido hablar. Está prohibido legislar, está prohibido fiscalizar, y hoy, además, ser prohíbe hablar a los legisladores. Sí, hablar. Hablar en nombre de todos, no solamente en nombre de sus electores. Hablar para rendir cuentas sobre sus gestiones públicas y decisiones políticas ante los medios y la sociedad; hablar para representar los intereses nacionales; hablar para hacer posibles las acciones de legislación y fiscalización.

Muchos todavía están en el gobierno de Lenín Moreno. Antes detestaban el diálogo, odiaban a la prensa privada, calificaban de hambreador al empresario, al político opositor lo tildaban de ser de derecha. Tienen las mañas correístas (como usar dinero ajeno para protervos ataques personales) que las usan con más desfachatez y audacia. Lenín Moreno ya conoce algunas. Ojalá actúe.

Mientras los bandos se enfrentan, la masa tendrá que prepararse para seguir pagando impuestos, porque de allí saldrá todo el presupuesto para el próximo gobierno. Siempre fue así y siempre será así en este sistema. Por ello, en parte, es la apatía de algunas personas frente al voto. Cualquiera que gane, la masa llamada pueblo, seguirá pagando su derecho por existir en un territorio.

Dos fenómenos se pueden percibir en la actual coyuntura electoral: los indecisos y los desencantados. Y ambos universos son de difícil detección desde las encuestas. La única predicción posible, en tales circunstancias, es que habrá segunda vuelta (a menos que la manipulación electoral logre torcer la voluntad popular). También se puede afirmar que muchos indecisos no votarán por el binomio del oficialismo. Por simple deducción: si luego de diez años de clientelismo, propaganda y demagogia el correísmo no ha logrado adherirlos, difícilmente lo hará ahora. En ese sentido, AP cuenta única y exclusivamente con su voto duro, que bordearía el 30%.