El procurador del Estado cuestiona que, en el caso El Comercio, la CIDH pretenda suplantar a la Fiscalía en la investigación, como si el Ecuador fuera un Estado fallido. Además, no descarta que algunos de los procedimientos en los arbitrajes internacionales puedan ser realizados por los abogados de la institución en lugar de pagar hasta $20 millones al año a buffetes en el extranjero. El acuerdo de Topic con funcionarios del Gobierno no lo exculpa de posibles responsabilidades que deben determinar los jueces.