La semana anterior reflejó en las calles la división clasista, ideológica y estratégica de las distintas oposiciones al correísmo. Aunque el Presidente insinuó que el motivo de los opositores es claramente impío -sabotear la visita del líder de la Iglesia Católica- y desafió a sus contradictores a ir hacia la revocatoria del mandato, solo un sector se tomó en serio el anuncio. Mientras tanto, las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y otras ciudades se convirtieron en escenarios de una movilización social inédita durante el Gobierno de Correa.

La solución óptima no es la salida abrupta del actual presidente. Las experiencias de los derrocamientos de 1997, 2000 y 2005 nos enseñaron que la ruptura constitucional debilita la institucionalidad democrática. No nos conviene un golpe de estado contra el mandatario en funciones y que lo sustituya alguien autorizado por los militares. Pero tampoco nadie quiere que se siga demoliendo la democracia desde el gobierno.

¿Que el Estado se encargará de administrar la riqueza y la herencia social, económica y cultural? Bien, pero primero habría que ir a la pregunta original: ¿qué es el Estado? El Estado soy yo (L'état c'est moi), respondió Luis XIV, desde su prepotencia. Pero el Estado no es ni el presidente ni el legislador. El Estado es la infinita complejidad de realidades y funciones que no caben ni en un organismo y menos aun en una persona. El Estado somos todos.

Si no es cierto que se quiere sancionar al heredero, es inobjetable que, por lo menos, el discurso oficial evidencia un ataque a las nociones de herencia y fortuna, detrás del cual se oculta no poco de revancha, prejuicio, ideas anticuadas y flagrantes contradicciones, para no hablar de cinismo o hipocresía.