Atentados con explosivos enviados a periodistas, balaceras entre bandas criminales con muertes violentas, la fuga de una exministra sentenciada por corrupción, la instalación de un eventual juicio legislativo en contra del presidente. Todos estos hechos, aunque por separado, abonan al caos y a la crisis institucional, apuntando a una sola dirección: la perpetración de un golpe de estado.
¿Qué significa que la Asamblea Nacional, una institución con el 94% de rechazo ciudadano, quiera destituir al presidente Lasso, un mandatario con el 90% de rechazo ciudadano? ¿O que los más conocidos dirigentes políticos del país ostenten un rechazo ciudadano que oscila entre el 65 y el 80%? ¿O que nueve de cada diez ecuatorianos no confíen en la administración de justicia?
A estas alturas del siglo XXI, escuchar a un ministro de Estado hablar de “tribus amazónicas” para referirse a los pueblos indígenas de esa región y sostener que vivían tradicionalmente en guerra unos con otros hasta que llegó la paz gracias a la industria petrolera, resulta tan chocante como sería verlo vestido ahora con la misma ropa que habrá utilizado en 1970. Así de anacrónico, como los discursos de esa época que lanzaban loas al petróleo que nos iba a sacar de ser un país pobre y endeudado para convertirnos en un boyante “país petrolero”.
En un país cada día más violento, con acciones que repudian a la razón en todos los sentidos, resulta realmente digno de una novela tratar de entender cómo funciona nuestro sistema judicial, cuya miopía se evidencia en las noticias de crónica roja y sus meridianos seguimientos. Por un lado, el esfuerzo en la calle de mujeres y hombres policías que literalmente arriesgan sus vidas física y jurídicamente por detener a infractores violentos y por otro lado fiscales y jueces indolentes que aplican a “raja tabla” sus propias interpretaciones de la ley penal.
5.3 mil millones de dólares es la recaudación que por concepto de impuesto a la renta ha recibido el gobierno nacional en el año 2022. Esto significó un incremento significativo respecto al año 2021, pero sin duda será un valor menor respecto al año 2023 cuando se termine el periodo para declaración y pago del impuesto.
En el país, el movimiento antidemocracia crece y, de alguna manera, incluso se fortalece gracias a los defectos y debilidades de la misma democracia. También tiene que ver la presencia del correísmo que, desde su propia ignominia, no cesa de promocionar a su líder pese a estar sentenciado a prisión por graves crímenes.
No es casual que la “mega-carcel” de Bukele en El Salvador se promocione como un modelo “exitoso” de seguridad. Vista en perspectiva comparada, es el complemento ideal de las “ciudades inteligentes” (smart cities) que promueve el Foro Económico Mundial.
“¿Qué es ese bulto negro que está ahí?”, dice ella. Me acerco a la baranda de madera del pasillo y allá, en un rincón de la cornisa del muro del patio delantero, veo un ave, del tamaño de los mirlos que acostumbran visitar la casa, con las plumas erizadas. “Es un pájaro negro, le respondo, parece que está enfermo. Por eso está acurrucado ahí y no se mueve”. Como la cornisa está a unos diez metros de altura y tengo vértigo no me atrevo a rescatar al pájaro.
La cruzada golpista que apunta a destituir al presidente Lasso reedita prácticas antidemocráticas que marcaron el inicio de los atentados contra el sufragio libre en el Ecuador y que fueron el antecedente de una prolongada inestabilidad política que desembocó en la derrota que sufrimos frente al Perú en 1941.
Los ciudadanos se sienten indefensos y algunos han optado por embestir con sus vehículos a los delincuentes, dispararles, lincharles. Los barrios se organizan para autoprotegerse, situación que es aprovechada por los políticos de los levantamientos que estarían activando a sus guardias.
Esta situación se refleja en las siguientes acciones:
