Los fiscales Juan Antonio González y Michael N. Berger, así como Glenn S.Leon, jefe de la sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU., y los abogados Jil Simon y Alexander Kramer, de la misma dependencia, rechazaron el pedido que hiciera el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit para que sean desestimados los cargos que existen en su contra por presunto lavado de activos. 

El pasado 9 de diciembre, Howard Srebnick y Fernando Tamayo, abogados de Pólit, sostuvieron que cinco de los seis cargos que enfrenta el exfuncionario ecuatoriano habían prescrito y, por lo tanto, solicitaron a la jueza Kathleen Mary Williams, de la Corte de Miami, que los rechace. La defensa de Pólit dijo en sus escritos que los hechos que se le imputan a Pólit ocurrieron hasta el 2017 y que la justicia norteamericana tuvo cinco años para acusarlo, pero lo hizo. 

Los fiscales de EE.UU. recordaron, en su respuesta escrita del 6 de enero, que el 25 de marzo de 2022, un Gran Jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal contra Pólit por ser parte de una conspiración para lavar dinero y participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. La acusación incluyó para todos los cargos que la “actividad ilícita especificada” es “un delito contra una nación extranjera, específicamente Ecuador, que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público”.

Estos cargos, afirmaron los fiscales, surgieron de la solicitud y recepción de Pólit de más de $ 11 millones en pagos de sobornos mientras se desempeñaba como Contralor General de Ecuador desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2017. En apoyo del esquema, la acusación alega que Pólit buscó enriquecerse ilegalmente aceptando sobornos a cambio de usar su posición oficial como contralor para proporcionar ventajas comerciales indebidas, incluida la eliminación de multas y sanciones monetarias, así como influir en la adjudicación de contratos gubernamentales. 

Con la ayuda del co-conspirator 1- siguieron los fiscales-, Pólit promovió el esquema de soborno y ocultó las ganancias a través de transacciones financieras que ocurrieron, en parte, en los EE.UU. Se refieren a transacciones bancarias en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, así como a la compra de bienes raíces y otros activos en la Florida.

La acusación dice además que Pólit fue involucrado en tres cargos de lavado de dinero, específicamente por transferencias electrónicas que suman más de $3.7 millones y dos cargos por la participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas por más de $5 millones. Ambos montos, según la justicia de EE.UU., son producto de los sobornos.

El exfuncionario pidó que la acusación sea desestimada porque además “no identifica el ‘delito contra una nación extranjera’ que contaminó el producto supuestamente derivado de ‘actividad ilícita especificada…’, por lo tanto, Pólit aseveró que no está adecuadamente informado de las acusaciones en su contra. Además, alegó que “no está claro si el Gran Jurado recibió instrucción legal y encontró causa probable en cuanto a todos los elementos esenciales de los delitos imputados en la acusación”. 

Para los fiscales, estos argumentos no tienen fundamento y argumentaron que nada en la jurisprudencia norteamericana respalda que se requiera que el Gobierno de EE.UU. alegue una violación específica de la ley extranjera en una acusación. También dijeron que el acusado no tiene derecho a la transcripción del Gran Jurado “Ha sido durante mucho tiempo la política de la ley que los procedimientos del Gran Jurado se mantengan en secreto”, argumentaron. 

“Debido a que la acusación establece suficientemente los elementos esenciales de los delitos imputados, los argumentos del acusado se contradicen con el texto legal y la jurisprudencia”, manifestaron los fiscales y por eso pidieron a la jueza Williams que rechace la moción de Pólit para desestimar la acusación, su solicitud de transcripciones del Gran Jurado y su pedido de una audiencia probatoria porque la acusación establece suficientemente los elementos esenciales de los delitos imputados.