El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit ha revelado la estrategia legal con la que espera que la Corte de Miami desestime los cargos que existen en su contra por presunto lavado de activos. El pasado 9 de diciembre, en el límite del plazo para el ingreso de mociones previas al juicio, su defensa ingresó tres solicitudes que deberán ser analizadas por la magistrada Kathleen Mary Williams antes del juicio del exfuncionario previsto para el 22 de mayo de 2023.

Howard Srebnick y Fernando Tamayo, los abogados que han acompañado a Pólit desde el inicio de su proceso en EEUU, firman los documentos. El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Según los fiscales norteamericanos, bienes a nombre de empresas relacionadas con Pólit se compraron con el dinero producto de los sobornos en Miami.

En una de las mociones, la defensa de Pólit sostiene que cinco de esos cargos han prescrito y por lo tanto deberían ser rechazados. Esos cargos, dicen los juristas, se ‘completaron’ antes del 24 de marzo de 2017. “La última transacción que da lugar al cargo I ocurrió en algún momento de 2017 (la acusación no lo especifica), la transacción que da lugar al cargo II ocurrió el 2 de diciembre de 2015, la transacción que da lugar al cargo III ocurrió el 22 de marzo de 2016, la transacción que da lugar al cargo IV ocurrió el 7 de octubre de 2016 y la transacción que da lugar al cargo V ocurrió el 27 de mayo de 2016. Estos cargos están presuntamente prescritos”, sostienen los defensores de Pólit.

Según Srebnick y Tamayo, EEUU tuvo cinco años para procesar a Pólit por cualquier transacción financiera ilegal. “El Gobierno (de EEUU) optó por retrasar la presentación de cargos contra el Sr. Pólit, y esa decisión tiene consecuencias. Los cargos prescritos deben ser desestimados”, mencionan.

Ellos aseguran que la investigación contra el ecuatoriano inició en 2019, año en la que se encontraba bien “encaminada”. Para sostener este argumento hacen un recuento histórico del caso donde mencionan al exfiscal General, Carlos Baca Mancheno, y a miembros de la familia Eljuri.

Pólit se enfila contra el exfiscal Baca Mancheno

La defensa de Pólit en EEUU asegura que, durante la gestión de Pólit como contralor, se iniciaron investigaciones contra “varios funcionarios ecuatorianos” que habían participado en actos de corrupción. El análisis habría comprendido el periodo entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014.

“Entre esos funcionarios nombrados en el informe estaba Carlos Baca Mancheno, el hombre que más tarde sería nombrado para servir como Fiscal General de Ecuador en abril de 2017”, dice el escrito. Los presuntos actos estaban relacionados con la comisión especial que conformó el expresidente Rafael Correa para investigar la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010. Para Correa esos hechos fueron un intento para sacarlo del poder. Los juristas de Pólit, en cambio, lo describen como un “falso golpe”.

“En esencia, el Sr. Pólit descubrió que Baca Mancheno había utilizado la comisión para enriquecerse y enriquecer a sus socios, violando la legislación ecuatoriana. El problema era que el Sr. Pólit tenía que denunciar la mala conducta de Baca Mancheno al Fiscal General en funciones de Ecuador, Baca Mancheno. Como era de esperar, Baca Mancheno no optó por presentar cargos penales contra sí mismo y sus aliados políticos”, dicen los abogados del excontralor.

De esa manera, los abogados de Pólit revivieron el episodio de inicios de 2018 cuando baca, Pólit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, entraron en disputa. Después de que se publicara el informe, Baca puso en duda la autenticidad del informe y más bien reveló un audio con una conversación entre Serrano y Pólit, en donde el primero se refiere al segundo como “compadrito lindo”.  

Ese informe del 30S habría sido el origen, según la defensa de Pólit, de “una campaña para desacreditar y destruir al Sr. Pólit” y de la denuncia penal por haber recibido sobornos de Odebrecht. Fue una “venganza por haber sacado a la luz su corrupción (se refiere a Baca Mancheno)”. Este juicio terminó con una condena de seis años contra Pólit por el delito de concusión, en julio de 2018. Los abogados de Pólit dicen que este proceso fue lo suficientemente publicitado incluso antes de la acusación de EEUU. 

Ese habría sido el origen, según la defensa de Pólit, de “una campaña para desacreditar y destruir al Sr. Pólit” y de la denuncia penal por haber recibido sobornos de Odebrecht. Fue una “venganza por haber sacado a la luz su corrupción (se refiere a Baca Mancheno)”. Este juicio terminó con una condena de seis años contra Pólit por el delito de concusión, en julio de 2018. Los abogados de Pólit dicen que este proceso fue lo suficientemente publicitado incluso antes de la acusación de EEUU.

El inicio de la investigación en EEUU y su relación con los Eljuri

Los abogados de Pólit revelaron en sus escritos que la investigación de EEUU contra Pólit y su hijo, John, inició en abril de 2019, casi un año después de la sentencia contra el excontralor en Ecuador. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estuvo a cargo de las indagaciones sobre sobornos de Odebrecht. El relato de los juristas continúa así:

Ya en noviembre de 2019, DHS había hablado con Santos (José Conceição Santos), quien continuó afirmando que había pagado sobornos al Sr. Pólit como parte de su papel con Odebrecht. Santos también proporcionó los nombres de corporaciones y entidades que, según él, estaban controladas por el Sr. Pólit o el hijo del Sr. Pólit, John, donde Santos supuestamente dirigió a Odebrecht para enviar los sobornos.

Y para septiembre de 2020, los testigos habían dicho al DHS que John estaba en el negocio de invertir en bienes raíces en el sur de Florida y proporcionaron los nombres de empresas y bancos supuestamente utilizados para ese negocio. Sin embargo, los testigos también habían dicho al DHS que la principal fuente de dinero para el negocio de inversión inmobiliaria era la familia Eljuri, una familia muy conocida y muy rica en Ecuador.

Los abogados dicen que para procesar a Pólit, EEUU tendrá que demostrar que el dinero utilizado para las inversiones inmobiliarias que tiene su familia, en el sur de Florida, procedía de supuestos sobornos pagados al excontralor y “no de fondos de inversión legítimos recibidos de la familia Eljuri”.

La defensa reveló que el 6 de mayo de 2021, el DHS entrevistó a Antonio Álvarez, miembro de la familia Eljuri, sobre los tratos entre el Grupo Eljuri y Carlos y John Pólit. La defensa de Pólit deslizó el siguiente argumento a favor de su cliente: “En esa entrevista, la DHS se enteró de que hasta 2014, los vastos intereses comerciales de la familia eran dirigidos principalmente por Jorge Eljuri, quien falleció en 2014, dejando a su hermano Juan Eljuri asumir el papel de administrador de la riqueza de la familia. Lamentablemente, el 10 de mayo de 2021, Juan Eljuri también falleció. Esto significó que ya no había ningún miembro de la familia Eljuri disponible para confirmar que los Eljuri, y no los supuestos sobornos de Odebrecht, financiaron las inversiones inmobiliarias del sur de Florida”.

Este tema ya se ventiló en la audiencia del pasado 12 de abril cuando se discutió un pedido de rebaja de la fianza para que Pólit enfrente en libertad su proceso. PlanV accedió a las transcripciones de esa diligencia y en ella el fiscal Michael Berger mencionó un restaurante, vinculado a Pólit, que fue comprado por USD 1,8 millones. “El dinero que financió eso vino de una transferencia de un individuo ecuatoriano rico que ahora está difunto. Hemos tratado de averiguar, (pero) nosotros sólo no podemos”, afirmó el fiscal. Berger sostuvo que en esa situación no podrían saber si se trató de un soborno o una inversión. “Porque hubo dinero de sobornos entremezclado con inversión en esta especie de cuenta embudo que se utilizó para comprar activos”, afirmó.

Pero aseguró que los bienes sospechosos fueron adquiridos durante el curso de la conspiración con “mucho dinero en efectivo cuya fuente fueron los sobornos”, dijo el fiscal. Y comentó lo difícil que implica rastrear dinero en efectivo. La historia completa de esta audiencia fue publicada en este artículo. 

Para Pólit, Juan Eljuri pudo ser el mejor testigo para vincular sus “inversiones inmobiliarias” a fondos legítimos de esa familia.

La defensa de Pólit afirma que los fiscales del caso de Pólit no han logrado justificar debidamente la suspensión de la prescripción de los cargos. “Por las razones expuestas, el Sr. Pólit solicita respetuosamente a este honorable Tribunal que desestime los cargos en su contra debido a la privación del debido proceso causada por la decisión del Gobierno de retrasar la acusación hasta después de que los testigos críticos para su defensa hubieran fallecido”, concluye.

Pólit solicita una audiencia

En un segundo escrito, la defensa del excontralor añade más argumentos para que los seis cargos contra Pólit sean desestimados. Estos alegan que existió una “actividad ilícita especificada”, es decir, “un delito contra una nación extranjera, específicamente Ecuador, que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público”.

Pero la acusación, dice la defensa de Pólit, no identifica los elementos de lo que constituye el soborno de un funcionario público o la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos. Tampoco hace referencia al código penal ecuatoriano que prohíbe esos delitos.

Eso ha dejado a Pólit, dicen sus abogados, en una situación de desventaja, pues no ha sido adecuadamente informado de las acusaciones en su contra.

Por esas razones, el exfuncionario solicitó a la Corte a que lo autorice a acceder y revisar las transcripciones del Gran Jurado y los testimonios, en una audiencia a puerta cerrada. El Gran Jurado es el encargado de llevar a cabo la acusación, por lo que su función consiste en indicar si existen razones suficientes que indiquen que se ha cometido un delito y que una o varias personas pueden ser las culpables.

Pólit quiere blindar su correo personal

En el tercer escrito que su defensa presentó a la Corte, el excontralor solicitó que se supriman todas las pruebas obtenidas directa o indirectamente como resultado de la revisión de su correo personal de Hotmail. Para ese registro, los fiscales norteamericanos solicitaron una orden para la incautación “al por mayor” de todos los correos electrónicos en esa cuenta durante un lapso de ocho años.

El documento no revela el año de inicio de la incautación de esos correos, pero sí dice que esa orden permitió al Gobierno de EEUU buscar en los correos electrónicos “amplios temas y categorías que efectivamente concedió a los agentes discreción sin límites”. Eso, manifestaron los abogados, es una violación a la Cuarta Enmienda, que protege dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.