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18 de Diciembre del 2023
Historias
Lectura: 61 minutos
18 de Diciembre del 2023
Redacción Plan V
Jueces suicidas, fiscales asesores, abogados sobornadores: la teoría del caso Metástasis (I)
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Portada. Fotomontaje: PlanV

 

Esta es la transcripción de las acusaciones que hizo la fiscal Diana Salazar contra los 31 detenidos por el caso Metástasis. Plan V pone a disposición de sus lectores este documento histórico que revela el nivel de penetración del crimen organizado en el Estado. Esta es solo la primera parte de la maratónica audiencia de formulación de cargos, del pasado 14 y 15 de diciembre.



Durante más de cuatro horas, la fiscal Diana Salazar expuso los resultados de una investigación denominada Metástasis sobre una empresa criminal -como la llama- que operó para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero mientras estuvo en prisión. Plan V transcribió esta audiencia y, en esta primera parte, publica cada una de sus afirmaciones que hizo Salazar sobre el entramado de jueces, fiscales y más funcionarios que ayudaron a Norero y a sus familiares procesados por lavado de activos. Este es un documento histórico sobre el nivel de penetración del crimen organizado en la justicia y también en la política, pues la Fiscal ha adelantado que se vienen más revelaciones.

En estas 17 páginas o más de 50.000 caracteres que contiene esta primera parte, está la teoría del caso Metástasis. Es decir, el detalle de los roles que cumplió cada uno de los 31 detenidos. Pero existen también cuatro prófugos: Cristian R.M., persona de confianza de Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura; Daniel Salcedo, sentenciado por la venta irregular de medicinas; el fiscal Víctor Hugo Alcívar Bejarano, de Santo Domingo; y Gilmar C.B., alias Yankee, un experto informático.

Para mayor entendimiento, Plan V dividió el extenso relato en bloques. En un segundo artículo se publicarán los elementos de convicción (evidencias) que ha recogido la Fiscalía contra cada uno de los involucrados y que apoyan la teoría del caso.

Una empresa criminal a todo nivel

(Aquí inicia el relato textual de la fiscal Diana Salazar. Los subtítulos corresponden a Plan V)

Señor juez, para nadie es desconocido que el Ecuador es un país frágil institucionalmente. Característica que ha permitido que el Estado sea utilizado por grupos criminales organizados, sobre todo en esta ocasión en el ámbito de la justicia, que hasta ahora su uso, a merced de la impunidad, no ha sido más que meras murmuraciones en el día a día de nuestra sociedad.

Hasta hoy, que estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia y como ésta ha sido vejada sin discriminación por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial.

Jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, guías penitenciarios y abogados en libre ejercicio y un largo etc. El presente caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas.

El presente caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas’.

¿Por qué digo esto? A raíz del asesinato de Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, las investigaciones emprendidas por la fiscalía esbozaron la obtención de varias evidencias, entre las cuales se encontraban los dispositivos celulares con los que el hoy fallecido, me refiero al señor Norero, habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

El privado de la libertad manteniendo comunicación con toda su drama de delincuencia. Precisamente lo que nos aboca a estar presentes en esta audiencia, señor juez, el día de hoy, es la información que se desprendió de la explotación de los referidos celulares, que dan cuenta que desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, esta empresa criminal, es que no se puede llamar de otra manera, empresa criminal, se gestó desde el 25 de mayo del 2022, mismo día en que Leandro Norero Tigua, sus hermanos Israel y Johanna y su esposa Lina Romero, fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de un gran investigación por lavado de activos, que fue en conjunto con el gobierno norteamericano, por aquellas agencias que luchan contra el narcotráfico.

Dicho sea de paso, señor juez, los sobrevivientes familiares de Leandro Norero, ahora gozan de libertad y ya va a ver usted por qué. A partir de este suceso, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y sobre todo la impunidad, se convierten en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero Tigua.

Dos abogados en la cúpula criminal y compra de votos en la CNJ

Metas que, por obvias razones, eran imposibles sin la integración de un grupo estructurado que concerte en estos fines, uniendo para él dos armas letales para toda institución democrática, la corrupción judicial y la delincuencia organizada.

Esta última, conformada por varios frentes, como el financiamiento, la dirección, la planificación, que se conjugaba con la participación y aporte de la cúpula criminal, en donde se han identificado como miembros a los ciudadanos, Helive Paúl Á.B., alias el Estimado, porque señor juez se manejan (con alias y) Xavier Alexander N.A., alias Novi o Novita, cada uno de ellos con intervenciones principales dentro del propósito de cometer varios delitos para conseguir los beneficios de seguridad de la cárcel, libertad e impunidad de Leandro Norero Tigua y sus familiares.

Quiero dejar sentado, señor juez, que en esta audiencia únicamente van a ser referidas las personas que se encuentran privadas de la libertad y sobre quién se realiza esta audiencia. Más adelante se realizará, conforme lo establece la ley, aquellas vinculaciones de los prófugos y de las personas que no han sido llamadas a esta audiencia por ahora. Entonces, estas intervenciones de diversa índole como Helive Paúl Á.B., alias Estimado o alias Larry, era el encargado de direccionar y planificar sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia del país, en este edificio, señor juez, aquí se fraguó uno de los hechos; de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; de la Corte Provincial de Cotopaxi; de la Corte Provincial de Guayas y de la Judicatura de Santo Domingo.

Helive Paúl Á.B., alias Estimado o alias Larry, era el encargado de direccionar y planificar sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia del país, en este edificio, señor juez, aquí se fraguó uno de los hechos’.

Además de varios fraudes procesales destinados a justificar los activos ilícitos de Leandro Norero Tigua, de planificar alteración de evidencias, articulando la infiltración en miembros de la policía, planificando delitos en contra de la eficiencia, en contra de la eficiente administración pública, por medio, por ejemplo, del gobierno autónomo descentralizado de Manta, en coordinación con el ahora fallecido Agustín Intriago (alcalde de Manta, asesinado el 23 de julio de 2023), gestionando en ciertos casos la distribución y pagos de dinero a la organización, así como planificar sicariatos a periodistas e incluso planificar atentados a la fiscal titular del caso de lavado de activos, llegando incluso a solicitar hacerse cargo del crimen.

Sobre esto último, señor juez, se va a dar cuenta durante el desarrollo de esta audiencia cómo la mano de la organización llegó a efectuar seguimientos por medio de georreferenciación a fin de consumar el asesinato a la funcionaria fiscal, a la funcionaria que no pudieron corromper, porque su círculo sí fue corroído, poniendo el aparataje estatal a merced, a servicio de la delincuencia. Lo dicho con suficiente sustento en los elementos de convicción que se expondrán en la presente causa, por nombrar algunos.

El ahora procesado planificaba y coordinaba comprar votos en la Corte Nacional de Justicia para la libertad del hermano de Leandro Norero, Israel Norero. Estoy desarrollando la participación del señor Helive Paúl Á.B., alias el Estimado. Entonces, él planificaba y coordinaba comprar los votos en la Corte Nacional de Justicia, en aquella sala que iba a ser la encargada de resolver la apelación para la libertad de Israel Morero.

¿A través de qué, señor juez? A través de los tan conocidos habeas corpus. A cambio, porque esto siempre tiene una contraprestación y que no era otra cosa presuntamente de 450 mil dólares. Eso iba a costar ese fallo. O la planificación de cambiar el teléfono iPhone rojo, por ejemplo, la evidencia incautada en el operativo original del lavado de activos. Es decir, cambiar, borrar la evidencia. Y un sinnúmero de intervenciones como parte de la cúpula delictiva. Usted me ha dado únicamente una hora y voy a tratar de ser muy breve.

El abogado alias Novi compró una fiscal con una cadena

Xavier Alexander N.A., alias Novi o Novita. Artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el Poder Judicial, pero esta vez en Guayas. Interviene directamente en la oferta, pago y negociación de sobornos a cambio de beneficios de orden judicial. ¿Para quién? Para nuestro actor principal, Leandro Norero Tigua, y que dejó su evidencia al haber fallecido. Y no solamente de él, sino también de sus familiares, dentro de varios procesos penales, como el de lavado de activos, que es la génesis de este caso, el tráfico de drogas, la tenencia ilegal de armas, la desnaturalización -nuevamente aparece- de habeas corpus, revisión de medidas, presentación de acciones de protección. Usted, señor juez, me va a entender el porqué de la denominación de este caso.

Asimismo, señor juez, la participación de alias Novi, como miembro principal del grupo organizado, se sustenta en sólida evidencia como haber entregado una cadena de alrededor de 8.000 dólares a la fiscal María José Aguirre, también procesada, a cambio de reformular el tipo penal del caso de (tráfico de) armas. Es que así funciona la corrupción judicial.

La participación de alias Novi, como miembro principal del grupo organizado, se sustenta en sólida evidencia como haber entregado una cadena de alrededor de 8.000 dólares a la fiscal María José Aguirre, también procesada’.

Así como la reunión que mantuvo con el juez Ronald Guerrero para entregarle los documentos de arraigo sobre los cuales se iba a justificar su decisión de sustitución de medidas dentro del caso de lavado de activos a uno de sus familiares. Es decir, señor juez, los abogados del grupo criminal se reunían con el juez que tenía a cargo la causa de Leandro Norero, y es que no solamente es ese abogado, aquí faltan más abogados que están en calidad de prófugos hasta esta hora.

Señor juez, la dinámica en la que actuaban estas personas permiten entender las razones de las decisiones jurisdiccionales, de aquellas que nos sorprendemos, que vemos en los titulares a través de los medios de comunicación, de esas libertades o decisiones escandalosas que la sociedad ecuatoriana ha tenido que presenciar perturbada, sin tener idea de toda la podredumbre que habría por detrás de estos.

Por su parte, como en todo grupo criminal organizado, no puede funcionar únicamente con los aportes de la cúpula, pues para ejecutar lo planificado requieren de la intervención de colaboradores u operadores que hayan facilitado la ejecución de los actos direccionados por la cabeza criminal. Dicho brazo operacional, lamentablemente, fue el sistema judicial, con todos sus intervinientes, con los actores que hoy forman parte de esta audiencia.

Estadía privilegiada para Leandro Norero

En la esfera penitenciaria tenemos Dany Daniel M.V. Ese señor guía penitenciario colaboraba con la finalidad de la organización por medio de conductas de cómo introducir artículos prohibidos para Leandro Norero Tigua, mientras se encontraba privado de la libertad, así como fungir de facilitador para conseguir los insumos que el líder del grupo criminal le requería bajo la contraprestación de beneficios económicos depositados a su esposa Pilar H. Aquí se quejaba algún privado de la libertad que no tenía ese confort que requieren las personas, ese confort le brindaba el guía penitenciario a Leandro Norero.

Daniela Ximena B.P., funcionaria del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, calidad que le permitió manejar información judicial de manera discrecional y en beneficio del brazo armado de Leandro Norero, como son los alias Cuyuyuy y Madrid. Ahora señor juez, no solamente usted, sino que toda la sociedad va a entender cómo se liberaban a personas sobre quienes pesaban sentencias condenatorias a discreción.

Una vez que Leandro Norero tenía asegurada una estadía privilegiada en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, estaba entonces listo y dispuesto para construir su camino a la impunidad y libertad de la mano de varios operadores del sistema judicial. Pero es que aquí nos hace falta algo, señor juez. Estos guías penitenciarios no podían ejercer su labor de manera independiente sin tener el aparataje, la protección de su máximo, de quien fungía como máxima autoridad en ese entonces. Ya me voy a referir a él también, ahora procesado.

El papá de los pollitos de la Corte Nacional de Justicia

Ahora bien, nos vamos a trasladar a la Corte Nacional de Justicia en donde el señor Álex Francisco P.S., él se desempeñaba como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia a la época de los hechos y actualmente se desempeña como director provincial del Consejo de la Judicatura, designado por el coprocesado Wilman Terán. Porque, señor juez, Álex Francisco P.S., goza, no es que gozaba, goza de la confianza del señor Wilman Terán. Su rol de colaboración en la organización criminal se estructura con base a sus influencias, poder y control otorgado por su superior, el señor Wilman Terán, dentro de la Corte Nacional de Justicia y a partir de ello asesoraba a Helive Paúl A.B., alias Estimado, sobre la forma de cómo comprar la decisión de los jueces, de la Sala, de la Familia, Niñez, Adolescentes Infractores que iba a conocer un habeas corpus a favor de los familiares de Leandro Norero.

El referido asesoramiento alcanza incluso a verificarse con varios chats en los que hace mención específicamente a Álex Francisco P.S., como por ejemplo las afirmaciones de Helive Paúl A.B., alias Estimado, que dicen que Álex Francisco P.S. es el coordinador de Wilman Terán, (que) iba a hacer las vueltas en la corte. Es que también tiene todos los ingredientes de delincuencia organizada, señor juez. Estamos viendo (el) alias, uso de jerga criminal, usted va a ver, incluso (que) era identificado por la cúpula de la organización como el papá de los pollitos de la Corte Nacional.

Estamos viendo (el) alias, uso de jerga criminal, usted va a ver, incluso (que) era identificado (Alex P.S., persona de confianza de Wilman Terán) por la cúpula de la organización como el papá de los pollitos de la Corte Nacional’.

Cabe también hacer notar a usted que Alex P.S. tenía vínculos laborales y afines con el señor ahora prófugo Cristian R.M., quien es persona de confianza del actual presidente del Consejo de la Judicatura, existiendo evidencia que dan cuenta que Helive Paúl Á.B. llegó a la Corte Nacional precisamente al despacho del señor Wilman Terán cuando tenía la calidad de juez de la Corte Nacional de la Sala de la Niñez. Una persona que le es ajena no llega al despacho de un juez de la Corte Nacional, veamos si un ciudadano común puede acceder a las oficinas privadas del juez.

Alias Estimado, ejecutor de sobornos a jueces, visitó a Wilman Terán

Wilman Gabriel Terán Carrillo, en ese entonces se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia a la fecha de los hechos. Aquí queda clarificado y sentado, que no es por su función como presidente del Consejo de la Judicatura. Este proceso es por su labor en calidad de juez de la Corte Nacional de Justicia a la fecha de los hechos, que si el día de hoy el señor Terán no fungía como presidente de la Corte Nacional de Justicia (posiblemente la fiscal quiso referirse al Consejo de la Judicatura) le era indiferente a la Fiscalía General del Estado, si era un abogado en libre ejercicio también iba a ser procesado por su participación en esta trama de corrupción.

Su rol de colaboración radica en la esfera de la planificación que el grupo criminal se proyectaba para comprar las decisiones de los magistrados nacionales frente a una eventual presentación de ese habeas corpus en favor del hermano de Leandro Norero Tigua. Dicha participación, como ya había indicado, se la realiza con la intervención de su mano derecha, Alex P.S., cuyas conductas cuentan con evidencia suficiente.

Como, por ejemplo, como ya referí, alias el Estimado, el coprocesado, Helive Paúl Á.B., se tomó una foto en la misma oficina del ahora procesado Wilman Terán, como lo referí. Porque mañana van a decir ‘es que yo no resolví la causa’, ok, ‘es que yo no lo recibí’. ¿Acaso se reciben a particulares en los despachos? ¿Se recibe al común de las personas en los despachos? Y así como también los mensajes entre  Helive Paúl Á.B. y Álex P.S., que dan cuenta que su jefe -que no era otro y que no es otro, porque hasta la actualidad es Terán- le dispuso que el tema de la coordinación del cohecho planificado, se lo trate de forma personal. El señor Terán no quería chats, mandó a su emisario, que no era otro que Álex P.S.

Alias el Estimado (Helive Paúl Á.B.) se tomó una foto en la misma oficina del ahora procesado Wilman Terán (...) mañana van a decir ‘es que yo no resolví la causa’, ‘es que yo no lo recibí’. ¿Acaso se reciben a particulares en los despachos? ¿Se recibe al común de las personas en los despachos?’

Participación de colaborar en la venta de decisiones que se torna incuestionable si revisamos, por ejemplo, el chat de Cristian R.M. -quien ejercía la dirección de la defensa del ciudadano Leandro Norero- le informaba sobre las dinámicas sobre las cuales Wilman Terán se manejaba en los pactos de sus resoluciones. Cuando manifiesta, por ejemplo, ‘solo de repente es bueno hacerle saber, jefe, que el doctor Roberto Guzmán, que es otro jota del tribunal, no le copia a Wilman Terán’. ¿Y quién sí le copia entonces? Es parte de nuestra investigación que va a continuar durante estos 90 días.

Intervención del juez: Solo una aclaración a la Fiscalía para los sujetos procesales. ¿Hay algún informe, alguna foja sobre este informe?

Responde la fiscal: Señor juez, en este momento estoy aportando la teoría del caso. Después me voy a referir a los elementos. Y voy a graficar también. No se preocupe.

Intervención del juez: Bien. Está muy bien.

Un juez de Guayas, alias la Momia, quiso 300 mil dólares por un fallo

En la judicatura del Guayas, Ronald Xavier Guerrero Cruz, alias la Momia, y pieza clave de colaboración desde su calidad de juez de Garantías Penales del Guayas, quien en dicha posición conoció la sustanciación del caso principal de lavado de activos de Leandro Norero y sus familiares. (Su) importancia radicaba en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados a cambio -obviamente- de sobornos entregados por el narcotráfico de la mano o provenientes de Leandro Norero, luego de haberlos planificado por medio de los miembros de la cúpula de la organización criminal. Recordemos, señor juez, quiénes son los miembros colaboradores de la cúpula de la organización criminal: los abogados.

Dicho funcionario, el juez Ronald Guerrero, iba a recibir altas cantidades de dinero como se va a escuchar más adelante en la descripción de los elementos de convicción que motivan esta formulación de cargos. Por mencionar algunas, treinta K a recibir por parte del abogado Novillo (se refiere a Xavier Alexander N.A.) sin dejar a un lado la pretensión final del juez, que no eran solamente esos treinta K -que nuevamente aparece la jerga treinta K (igual) a 30 mil (dólares)-. Era la pretensión recibir 300 mil dólares a cambio del sobreseimiento en este caso referido, en donde se dilucidaron incluso beneficios patrimoniales en la negociación de los sobornos. Por ejemplo, planificaba la adquisición de un departamento frente a la playa, llegando incluso a asesorar sobre estrategias procesales a Leandro Norero. El juez se convirtió en el asesor del defensor de Leandro Norero, del narco.

Era la pretensión recibir 300 mil dólares (se refiere al juez Ronald Guerrero) a cambio del sobreseimiento en este caso referido, en donde se dilucidaron incluso beneficios patrimoniales en la negociación de los sobornos’.

Jueces al servicio del narco

Adolfo Richard Gaibor Gaibor, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Él brindó su colaboración gracias a su posición en la función judicial al haber formado parte del tribunal que conoció el recurso de apelación de la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero, Israel Norero. Este rol de facilitación se desempeñó también a cambio de beneficios económicos como 5 mil dólares entregados por gente de confianza de Leandro Norero, sin dejar de mencionar que su rol de contribución en la organización no se agota con dicho pago. Existe evidencia suficiente que da cuenta que Richard Gaibor, lejos de honrar a su función de juzgador, se proyectaba a seguir vendiendo resoluciones para beneficio de Leandro Norero y su familia, encontraron la gallina de los huevos de oro.

Tanto así que, uno de los abogados de la cúpula de la organización, me refiero a Xavier Alexander N.A., alias Novi, afirma que cuenta con el voto seguro del referido juez. Prácticas de vieja data que venían siendo costumbre en su diario desarrollo de su labor, por cuanto también ya había actuado de forma similar en los procesos en los que se relaciona Daniel Salcedo también ahora prófugo.

Señor juez, como un buen criminal Leandro Norero, registraba todas las negociaciones que hacía a través de su teléfono celular, les exigía a los miembros de la cúpula que eliminen los mensajes de la aplicación pero él tenía guardada toda la evidencia.

Señor juez, como un buen criminal Leandro Norero, registraba todas las negociaciones que hacía a través de su teléfono celular, les exigía a los miembros de la cúpula que eliminen los mensajes de la aplicación pero él tenía guardada toda la evidencia’.

Jhoan Gustavo Marfetan Medina, alias Puma, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, que conjuntamente con Gaibor, formaron parte del tribunal de la referida apelación a la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero, me refiero a Israel. Su colaboración tiene, por ende, la misma naturaleza que la de Gaibor, existiendo incluso evidencia que determina la recepción completa de los sobornos a cambio de la venta de decisiones judiciales cuyo monto radicó en 70 mil, por cada miembro de la familia Norero.

Glenda Elizabeth Ortega Marcial, jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, que ingresa en la esfera de colaboración gracias a que el proceso por el delito de tráfico ilegal de armas -que se desprendió a consecuencia del allanamiento a la casa de Leandro Norero dentro del caso de lavado de activos- recayó en su conocimiento. Dicha posición privilegiada de jueza sustanciadora en la administración de justicia permitió condicionar su decisión de sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba en contra de Leandro Norero también -como es la dinámica- a cambio de beneficios económicos cuya participación se proyectó incluso a emitir posteriores beneficios en pro del grupo criminal organizado.

Christian Gabriel S.C., alias CR7, secretario judicial de Ronald Guerrero. Su rol giraba en torno a viabilizar las decisiones de su superior jerárquico que ya se encontraban condicionadas bajo la recepción o promesa de pagos económicos. A su cargo se encontraba la coordinación y preparación de arraigos conjuntamente con alias Novi, con el abogado Xavier Alexander N.A., de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos. Llegando, inclusive, a tener contacto directo con Leandro Norero, quien desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi le daba instrucciones respecto a cómo debía proceder en el cierre de la instrucción fiscal. Eso también usted podrá evidenciar de la captura de la videollamada en cuestión. Es decir, señor juez, el privado de la libertad, el narcotraficante, el lavador de activos le marcaba las pautas al juez a través del secretario. Él disponía, por eso es el líder. Habiéndose convertido estos operadores judiciales en simples alfiles del narco, (en) servidores de rodillas por el dinero.

El narcotraficante, el lavador de activos le marcaba las pautas al juez (Ronald Guerrero) a través del secretario. Él disponía, por eso era el líder. Habiéndose convertido estos operadores judiciales en simples alfiles del narco, (en) servidores de rodillas por el dinero’.

Una funcionaria buscaba jueces suicidas para Norero

Mayra Carolina S. M., funcionaria judicial de la provincia del Guayas quien también mantenía contacto directo con Leandro Norero. Es que señor juez no es posible que los funcionarios judiciales en lugar de tener contacto con la ciudadanía que busca atención, un servicio ágil, estén al servicio del privado de la libertad. Su rol de colaboración se efectuó desde el ámbito administrativo, armando escenarios idóneos, que podía favorecer los fines de impunidad y libertad que pretendía la organización criminal. Esto comprendía identificar jueces dispuestos a suicidarse, así llaman a los jueces que apoyan a la delincuencia, el suicida. Y que no son otros los que estaban dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos. ¿Y por qué suicidas? Porque tenían la amenaza de la persecución penal de la titular de la acción penal, por eso dicen que perseguimos a los funcionarios judiciales por su corrupción.

Así llaman a los jueces que apoyan a la delincuencia, el suicida. Y que no son otros los que estaban dispuestos a recibir dinero o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos. ¿Y por qué suicidas? Porque tenían la amenaza de la persecución penal’.

Ella negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero. Pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la Sala de la Corte Provincial de Cotopaxi. Y, además, manipulaba el sistema de sorteos para que caigan donde los jueces suicidas, que no eran otros que los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi. Que ya vamos a ver que les tocó devolver. Desviando de esta manera -con la acción de Mayra Carolina S. M.- la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal.

Todo esto, como es propio de esta estructura criminal, a cambio de dádivas y beneficios de orden material. Y además existen los depósitos que se realizaban en la cuenta de la señora Mayra Carolina S. M. y también la entrega de objetos como un computador. Estas prácticas de corrupción le eran muy comunes para Mayra Carolina S. M., pues el propio Daniel Salcedo da cuenta de esta dinámica delictiva en los sorteos de las causas judiciales seguidas en su contra. También, por eso, se entiende por qué esas causas judiciales únicamente recaen sobre estos jueces que ahora están privados de la libertad. Y que les daban la libertad a los narcos y a los sentenciados.

Jueces asesores de Norero

En la Judicatura de Cotopaxi, por ejemplo, Santiago Paúl Zumba Santamaría, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, brindó su colaboración gracias a su posición en la función judicial al haber formado parte del tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero. Rol de facilitación que desempeñó a cambio de beneficios económicos como los 6 mil y 8 mil dólares que le fueron entregados a través de Sofía Natalia G.M. y César A., respectivamente.

Sin dejar de mencionar que su rol de contribución en la organización no se agotó con dicho pago. Pues existe evidencia que da cuenta que incluso asesoraba sobre la línea de defensa que el equipo jurídico de Leandro Norero debía argumentar en la audiencia respectiva para que su decisión comprada -obviamente- cuente con una apariencia de legitimidad.

José Luis Segovia Dueñas, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, que conjuntamente con el juez Zumba formaron parte del tribunal del referido habeas corpus de la hermana de Leandro Norero. Su colaboración tiene, por ende, la misma naturaleza que la de Zumba. Existiendo incluso evidencia que determina la recepción completa de los sobornos a cambio de la venta de sus decisiones en la función judicial cuyo monto radicó en 14 mil dólares.

El abogado Cristian R.M, rey de Santo Domingo, y la mansión del juez Curipallo

Y nos vamos desplazando a lo largo del país. Nos vamos a ubicar ahora en Santo Domingo de Tsáchilas. En donde el actor principal es el juez Emerson Geovanny Curipallo Ulloa, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo. A cargo de procesos judiciales de Cuyuyuy y Madrid. Que no son otros que los brazos armados de Leandro Norero. Los gatilleros de Leandro Norero se beneficiaron de la libertad que les pagó el jefe para que salgan a asesinar a gente en las calles. Ahora Madrid fue asesinado también. Es que así termina la delincuencia.

Su rol de colaboración (se refiere al juez) radicó en la concesión de la libertad de los dos ciudadanos a través de acciones legales por medio de la planificación directa ejecutada por  Cristian R.M., al ser el abogado de la organización criminal. Quien afirmaba tener controlado todo el sistema de justicia en la provincia de Santo Domingo. Era el rey de Santo Domingo, el abogado Cristian R.M. Dichas decisiones judiciales, a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales, representaron un incremento ilegítimo al patrimonio del juez Curipallo como consecuencia de la venta de sus sentencias. Por eso se explica las mansiones en las que viven, señor juez. Porque la función pública no da para vivir de esa manera. Y no se critica eso. Pero hay que ser coherentes.

Dichas decisiones judiciales (...) representaron un incremento ilegítimo al patrimonio del juez Curipallo como consecuencia de la venta de sus sentencias. Por eso se explica las mansiones en las que viven’.

Lindao, otro juez suicida, y un fiscal fugado

Ángel Harry Lindao Vera, juez de la Unidad Multicompetente del cantón de la Concordia, (quien) a la fecha de los hechos, conoció la acción de protección dentro de la causa 2303-2022-074 que la organización criminal interpuso a través del abogado Kevin Prendes con la finalidad de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre los bienes de Leandro Norero a raíz de las incautaciones y prohibiciones de enajenar en el proceso penal de lavado de activos. Recuerde, señor juez, que el proceso penal radicó su competencia en Guayaquil. Sin embargo, se consiguió a este juez suicida para que libere esos bienes. De forma ilegítima, obviamente. Y a cambió de dinero.

Como era propia la dinámica de este grupo estructurado, la decisión judicial de esta garantía constitucional fue vendida por parte del referido juez, conforme se puede evidenciar en las conversaciones de los chats entre Leandro Norero, por ejemplo, con Helive Paúl A.B., alias el Estimado, y el abogado Romero, en donde claramente menciona que Leandro Norero solicita que se apoye al juez en los temas disciplinarios que le ocasionó su decisión ilegal y comprada. Es que esta esfera no solamente se agota en lo judicial, también va a lo administrativo. Y también, por eso se entiende, que hay jueces que pese a tener todas las denuncias en el ámbito disciplinario jamás fueron sancionados. Más bien, regresaron.

Ese es el caso, por ejemplo, de otro de los prófugos, el fiscal Alcívar (Víctor Hugo Alcívar Bejarano), que gracias a la acción de este juez Curipallo le conminó a la Fiscalía a pagar como indemnización más de 300 mil dólares. Porque no solamente se han enriquecido del narcotráfico, también se enriquecen del Estado.

La cadena Cartier, una fiscal que siguió órdenes de Norero y una videollamada entre un fiscal y Norero

Ahora, en la Fiscalía del Guayas, que con mucho dolor tengo también que exponer, María José Aguirre Carbo, agente fiscal Fedoti de Samborondón, cuya participación en la esfera de colaboración gira alrededor del mal uso de sus facultades legales en beneficio de los fines de la organización criminal. Pues fue la titular de la acción penal que inició por el delito de tráfico ilegal de armas en contra de Leandro Norero, porque cuando se le allanó el domicilio se encontraron armas y se le tenía que iniciar una causa independiente. Pero, ¿qué hace María José Aguirre Carbo? En lugar de cumplir lo que le establece la Constitución y la ley, facilita, es complaciente, para cambiar el tipo penal por el delito de tenencia ilegal de armas, que le significa una pena menor. Pero esto no es gratuito, señor juez. Ella hace esta acción a cambio de una cadena Cartier avaluada en 8 mil dólares.

Esta participación como colaboradora le llevó incluso a tener cercanía con Leandro Norero, evidenciada a través del abogado Xavier Alexander N.A., a fin de que sus intervenciones en pro del grupo criminal no se agoten en esta participación específica. Como, por ejemplo, en otro hecho, pidió prisión preventiva a los funcionarios de Inmobiliar, detenidos el 23 de junio de 2022, que trataban que los bienes de Leandro Norero no sean entregados al narco.

La fiscal, en lugar de estar del lado del Estado, se puso del lado de los delincuentes por solicitud de Leandro Norero y procesó a los funcionarios del Estado. Pero esto no queda aquí, señor juez, es aún más grave. La finalidad de la prisión preventiva no era asegurar la comparecencia para las siguientes etapas procesales. La finalidad de Leandro Norero era de que estos funcionarios -que se habían atrevido a quitarle los bienes al narco, al capo- vayan en prisión preventiva para ordenar asesinarlos en el Centro de Rehabilitación Social. Porque, dicho sea de paso, Leandro Norero controlaba no solamente la cárcel donde se encontraba privado de la libertad, sino en otras circunscripciones territoriales.

Por solicitud de Leandro Norero, (la fiscal María José Aguirre Carbo) procesó a los funcionarios del Estado (...) La finalidad de Norero era que estos funcionarios -que se habían atrevido a quitarle los bienes al narco- vayan en prisión preventiva para ordenar asesinarlos’.

Jhon Fernando Campuzano Fiallos, agente fiscal Fedoti, en su momento fue un fiscal supuestamente asignado a la Unidad de Delincuencia Organizada, de Guayaquil. Sin embargo, resulta que este funcionario se encargaba de asesorar directamente a Leandro Norero. Existe, señor juez, usted va a ver la videollamada entre el fiscal y el narco. En la esfera de preparar estrategias de defensa con el fin de dilatar la audiencia de formulación de cargos dentro de otro caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, impulsada en Unidot, y que se deriva de la información remitida por Fedoti.

Policías que filtraban información y que pedían correcciones a Norero

Ahora bien, vamos a otra esfera del Estado, la Policía Nacional. Aquí, el coronel de Policía, Lenín Neicer M.S., su rol de colaboración es reiterada y de diversa índole, pues va desde la filtración de información -así como se filtró ayer la información de este operativo, señor juez, porque hay funcionarios todavía que le responden al crimen organizado-. Era el encargado de proporcionar la información y proporcionar incluso seguridad policial a la vivienda incautada de Leandro Norero, pasando también este servidor policial por captar a más personal de su institución de los diferentes ejes como preventivo, inteligencia e investigativo.

Dichas intervenciones de facilitación las coordinaba de manera directa con Leandro Norero a cambio de recibir por varias ocasiones un sinnúmero de beneficios económicos entregados por medio del resto de la cúpula criminal como Gilmar C.B. , ahora prófugo, alias Yankee. Es que señor juez, ¿sabe por qué existen personas prófugas? Porque se filtró la información, porque publicaron en las redes sociales para que se pongan a buen recaudo los encargados de financiar al narcotráfico. Alias Yankee, que ahora está prófugo, se benefició de esa filtración de información y también formaba parte de esta estructura con él y con Braulio Gabriel M.O. , alias Rayo, convirtiendo a la fuerza pública en un servicio de los intereses de un grupo criminal estructural.

Edinn Alexander I.C., cabo segundo de policía, su rol de colaboración estaba ligado directamente con Leandro Norero. Consistía en desarrollar actividades operativas a favor de la organización como, por ejemplo, simular operativos policiales a fin de salvaguardar los bienes muebles que se encontraban en el interior de la propiedad incautada, esto es en Riberas del Batán. En lugar de cuidar a los ciudadanos estaban encargados de cuidar los bienes del narcotráfico.

Héctor David P.F., agente investigador de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat), encargado (como) oficial del caso dentro del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia, quien habría planificado la manipulación de elementos de convicción conjuntamente con Helive Paúl A.B, alias el Estimado, hasta allá llegaron los tentáculos de esta organización.

Dicha participación estaba enfocada en la impunidad que pretendía la organización criminal, pues incluso llegó a modificar y manipular el informe policial integrado que fue presentado en el caso de lavado de activos y que dicho sea de paso aún se encuentra sustanciando la audiencia de juicio, tal y como usted señor juez podrá apreciar de los elementos de convicción que se detallarán posteriormente. Siendo un punto principal el hecho de que el informe referido no fue puesto primero en conocimiento de la fiscal, fue puesto primero en conocimiento de Leandro Norero para que haga correcciones, enmiendas y solamente cuando les dé el ok el narco lo presentaron en la Fiscalía. Pero, obviamente señor juez, este señor Norero no podía llegar al policía, (al) agente investigador sino era ¿a través de quien si él se encontraba privado? De los abogados.

Héctor David P.F. (agente investigador) llegó a manipular el informe policial que fue presentado en el caso de lavado de activos (...) no fue puesto primero en conocimiento de la fiscal, fue puesto primero en conocimiento de Leandro Norero para que haga correcciones’.

Cristian Reinaldo Ch.Ch, alias Daniel López, también agente de investigador de la Dilat, que formaba parte del equipo policial encargado de la investigación dentro del proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia y, por ende, su rol tenía la misma naturaleza que la de Héctor David P.F., quien planificó la manipulación de elementos de convicción con alias el Estimado, con el abogado en libre ejercicio.

Es decir, señor juez, se puede evidenciar que no sólo las instituciones del eje de justicia fueron captadas por el crimen organizado, sino que también la institución encargada del orden público, los investigadores. Los investigadores no trabajaban para la Fiscalía como suelen decir, es que la Fiscalía tiene el servicio de los policías, (pero estaban) al servicio del narco, se supone que debían servir y proteger a la ciudadanía, pero no lo hicieron, pasaron a servir y proteger al narcotráfico.

Ángel Danilo L.P., también agente investigador, pero en esta ocasión de Dinased, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones. Su rol de participación se efectuó al proporcionar información reservada respecto de diferentes operativos, así como se filtró la información a los brazos armados de la organización criminal para eludir el control de la fuerza pública y, a su vez, asesoraba sobre la destrucción de indicios al momento de cometer actos ilícitos con el fin de no dejar rastro de sus delitos.

El policía que hurtó un token para que sus compañeros no ingresen al teléfono de Norero

Aquí viene Gabriel Genaro G.C., alias Doble Rueda, policía nacional. Su rol de colaboración se centró en impedir que sus compañeros policiales puedan abrir e ingresar la información que reposaba en el teléfono incautado a Leandro Norero dentro del proceso penal por lavado de activos, llegando incluso este funcionario público a hurtar el token de propiedad de la Policía Nacional, facilitando el beneficio de la impunidad que pretendía la organización.

Su intervención la realizaba bajo la coordinación y planificación de Gilmar C.B., alias Yankee, a través del uso de sus conocimientos en informática, así como la posición de su expareja en la sala de escuchas de la Policía Nacional. Por eso es una empresa criminal y el nombre del caso, todo está contaminado.

Armando Heriberto R.T., mayor de policía, su rol de colaboración se basa en desvirtuar el delito de lavado de activos en la causa principal de Leandro Norero y sus familiares a través de la utilización de sus negocios como es la compra y venta de automóviles, un caso claro de testaferrismo. Dicha facilitación se podrá evidenciar con varias capturas de cheques del Banco Pichincha y Produbanco que Leandro Norero pide que le sean entregados directamente a él. Es que hay varios delitos aquí.

Abogados y testaferros

Ahora bien, vamos con abogados, los que están detenidos al momento. Armando Vicente F.I., abogado en libre ejercicio, cuya colaboración dentro de la organización se basaba en fungir como testaferro de los bienes de Leandro Norero Tigua, a más de brindar asesoramiento legal en la espera tributaria empresarial destinada a cometer fraudes procesales en la justificación de bienes incautados por el delito de lavado de activos. Por eso, luego el discurso se desvaneció, la Fiscalía no puede probar. Mentira, señor juez, es que cometen otros delitos para beneficiar al narcotráfico. Y se quejan que el lavado de activos campea en el Ecuador, es que se manejan así.

Kevin Alexandre P.V. Abogado en libre ejercicio, cuya función principal radicaba, en cambio, en viabilizar la compra de la justicia y fraudes procesales que se habían planificado para obtener la libertad e impunidad. Como, por ejemplo, la acción de protección que interpuso, incluso sin ser abogado, en otra circunscripción territorial, en La Concordia, cuya decisión fue comprada al juez Ángel Lindao y aterrizó en el levantamiento de la casa incautada de Leandro Norero, ubicada en la urbanización Riberas del Batán. Y es que una vez que levantaron las medidas, inmediatamente empezaron a fraguar el cambio de dueño del inmueble.

Sofía Natalia G.M., abogada en libre ejercicio. Su intervención de colaboradora para la organización surge de su relación con Mayra Carolina S. M., quien capta sus servicios con la finalidad de viabilizar la entrega de sobornos a los jueces Zumba y Segovia, que conocieron la acción de habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero. Su participación se sustenta incluso con evidencia de los depósitos de los sobornos a su cuenta bancaria, para posteriormente hacerlos llegar a los operadores de justicia. Corrupto y corruptor.

César Manuel A., también abogado en libre ejercicio, quien recibió el pago simultáneo destinado a los jueces Zumba y Segovia a través de su cuenta bancaria, cuyo monto asciende a 8 mil dólares. Es decir, a los jueces provinciales de Cotopaxi se les pagó a través de estos dos abogados en libre ejercicio. Y vamos terminando.

Un recadero y un general como colaborador más

Como personas particulares tenemos en los roles de cada uno a Braulio Gabriel M.O., alias Rayo. Su rol de colaboración radica en fungir de recadero de Leandro Norero, a fin de gestionar la dinámica de entrega y recepción del dinero destinado a corromper la justicia. Su participación se sustenta con suficiente evidencia que da cuenta, que Braulio Gabriel M.O. incluso pagaba sobornos a los funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y también llevaba las cuentas de todo lo gastado en su finalidad delictiva.

Pablo Efraín Ramírez Erazo, general de policía. A la fecha de los hechos se desempeñaba como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Es decir, tenía a su cargo el traslado de las personas privadas de la libertad a los diferentes centros de rehabilitación social del país. Por ende, su participación gira en torno -como referí anteriormente- de los guías penitenciarios- no podían actuar si no tenían la protección de su inmediato superior. ¿Y qué era? A través de facilitar favores penitenciarios administrativos a Leandro Norero, conforme se desprende de la evidencia que a continuación se expondrá, de las cuales dan cuenta que Pablo Ramírez fungía también como un colaborador más del crimen organizado, un narco general.

‘Como no se alinean, hay que eliminar’

Como se puede apreciar, señor juez, en el relato de estos hechos ha existido una convergencia de un sinnúmero de actuaciones propias de una delincuencia organizada, ya que este tipo de criminalidad busca paraísos jurídico-penales donde las conductas ilícitas puedan ser cometidas y salgan exentas de responsabilidad penal.

En este contexto, los factores de financiamiento, planificación y dirección dirigidos a la compra de impunidad toma evidente relevancia, pues la tendencia del crimen organizado en relación con la corrupción estatal es la utilización de facilitadores y proveedores de escenarios corruptos y, a su vez, deslindar a las personas que no se prestan a sus legítimas intereses y que resultan incómodas para estos grupos de poder. Como no se alinean, hay que eliminar. Como no se alinean, hay que destituir. Como no se alinean, hay que censurar.

Recordemos, señor juez, cuentan con financiamiento ilegal. ¿Cuál es el financiamiento ilegal que proporcionaba alias Yankee? El tráfico de drogas. Compran seguridad y confort mientras se mantienen en los centros de privación de libertad. Necesitan sillas reclinables para estar confortables. ¿A través de quién? De su centro de mando. Ubican a funcionarios corruptos en las instituciones que manejan los procesos y, cuando no se alinean, planifican atentar contra la vida.

Recordemos, señor juez, cuentan con financiamiento ilegal. ¿Cuál es el financiamiento ilegal que proporcionaba alias Yankee? El tráfico de drogas. Compran seguridad y confort mientras se mantienen en los centros de privación de libertad’.

Acuden como corruptores bajo el título de abogados para conseguir desviar la administración de justicia a su favor y luego se venden como profesionales exitosos. Exitosos nada, señor juez. Son delincuentes. Captan elementos de la fuerza pública que, en lugar de brindar la seguridad a los ciudadanos, brindan seguridad al crimen organizado. Y, por último, luego de cometer un sinfín de delitos, consiguen sus fines. La impunidad, la libertad, o terminan asesinados como en el caso de Leandro Norero.

Circunstancias que advierten las características que ya la misma Corte Constitucional ha observado y será traído con seguridad a esta sala de audiencia, en este caso, respecto al crimen organizado en la sentencia 13-14-21, en cuyo párrafo 50 determina. “se habla de crimen organizado cuando en esa organización participan y colaboran más de una persona. Este grupo de personas se organizan en la comisión de delitos, estableciendo una continuidad temporal. Su objetivo y deseo es perdurar en el tiempo. En cuanto a la motivación que poseen estos grupos, podríamos decir que la misma está basada en la obtención de beneficios, por lo que su existencia se justifica en la medida que sea rentable para sus miembros”.

Lo particular de este caso, señor juez, es que nace desde las mismas fauces de la podredumbre del sistema de justicia, sin involucramiento de factores exógenos con sesgos viciados por intereses particulares ni por información indirecta, mutilada o por meros murmullos. Sino que surge desde la misma columna vertebral de la organización delictiva. Es decir, los mismos miembros de esta estructura son los que nos van a ir relatando, dibujando los hechos que demuestran la comisión de este delito y su responsabilidad.

Hechos, entonces, que se subsumen en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, antes de las reformas del presente año que, usted conoce la ley señor juez, o si quiere, me permito dar lectura.

Interviene el juez: ¿la imputación es por el artículo?

Responde la fiscal: 369 del Código Orgánico Integral Penal, esto es delincuencia organizada, inciso 1 e inciso 2.

Juez: Se indica únicamente para garantizar el derecho a la defensa el artículo 369 reformado o el artículo...

Responde la fiscal: El anterior a la reforma, por eso había referido.

Juez: Bien, solo para ejercicio del derecho a la defensa, los hechos, ¿en qué época han ocurrido?

Fiscal: Desde mayo del 2022 hasta la muerte de Leandro Norero, esto es octubre del año 2022, 3 de octubre.

Para culminar este segundo punto, señor juez, este caso retrata el estado de las instituciones en el país, cómo el narcotráfico ha permeado las sensibles funciones de la justicia y para mayor detalle, como ya referí, ayer mismo cuando estábamos preparándonos, nosotros también estamos sin dormir y dicho sea de paso, señor juez, nos tocó subir 14 pisos porque nos apagaron el ascensor del Consejo de la Judicatura. Una persona con discapacidad tuvo que subir las gradas, no nos quejamos de la falta de comodidad.

Y mientras estábamos preparándonos para este operativo, se filtró la información. Para eso solo hay que revisar la cuenta de la red social X del prófugo sentenciado, señor Correa, que posteaba que se realizarían allanamientos, ofuscado, claro, y logró su cometido. Fugaron aquellos que ahora no están en esta audiencia. Y además, con la difusión de videos desesperados desde una institución pública, me refiero al Consejo de la Judicatura, llamando a la autoridad. Y fuimos. Y nos recibieron apagando los ascensores, teniendo que subir 14 pisos, para encontrar únicamente colillas de cigarrillo y whisky, porque se fueron a la casa a resguardar el dinero.

¿Y qué buscan entonces señor juez? Que los investigados huyan para que no se los pueda procesar. ¿Qué vínculo tiene la política con este caso? Esto vamos a develar durante el desarrollo de esta instrucción. ¿Hasta dónde llegan los hilos de Norero? Y aún se mantiene. Y no solamente de Norero, porque no es el único narcotraficante que ha campeado en el país y que además tiene impunidad. Estas preguntas las responderemos en la siguiente etapa procesal porque hay mucho que investigar y a muchos que vincular.

¿Qué vínculo tiene la política con este caso? Esto vamos a develar durante el desarrollo de esta instrucción. ¿Hasta dónde llegan los hilos de Norero? Y aún se mantiene. Y no solamente de Norero, porque no es el único narcotraficante que ha campeado en el país y que además tiene impunidad’.

En este momento es hora de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas impasible o inmutada, derrotada ante sus agresores, mientras que los funcionarios que no hemos cedido a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a la narcopolítica, en la Fiscalía y en la Judicatura, actuemos bajo los principios de ética que rigen nuestra vida en sociedad.

Este es un gran desafío señor juez, que nos ha tocado vivir tanto a los operadores de justicia aquí, en esta misma corte, donde antes se planificaban los beneficios para el narcotráfico, ahora vamos a poner la luz sobre el país. Hasta aquí la relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se les imputa. Reitero, delincuencia organizada.

 

 

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