La masacre del pasado 3 de octubre, en la cárcel de Latacunga, dejó 16 fallecidos y 43 heridos. Una de las víctimas fue Leandro Norero, quien estaba detenido por dos procesos, uno por lavado de activos y otro por tenencia de armas. Pero el mismo día de su asesinato iba a ser involucrado en un nuevo delito: narcotráfico. Norero era considerado como el presunto financista de bandas como Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones, todos rivales de Los Choneros.

Pero recientes investigaciones de inteligencia policial sostienen que Norero estaba en conversaciones con Los Choneros. En un video publicado después de su muerte, Norero aseguró que “hablaba con todo el mundo”, incluso con alias Fito y alias Junior, cabecillas de Los Choneros. “Hasta nos hemos reído, no tengo ningún problema con ellos”, dijo el exlíder de la agrupación Jalisco Nueva Generación, que conformaron las facciones de Los Choneros tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias JL. El asambleísta Fernando Villavicencio difundió el video.

URGENTE| En un video (07-22) Leandro Norero, excabecilla de Jalisco Nueva Generación, confirma las buenas relaciones y diálogos con Fito y JR cabecillas de los Choneros (Sinaloa). ¿A quién le interesaba silenciar a la persona que hacía negocios con Xavier Jordán y políticos? pic.twitter.com/lOSgeuK9GA

— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) October 17, 2022

Una alta fuente gubernamental en temas de seguridad aseguró que Norero fue asesinado por haberse convertido en un “satélite” de la banda contraria. Esta ‘traición’ a Los Lobos, que dominan la cárcel de Latacunga, fue descrita en un reportaje del medio digital La Posta, donde el periodista Anderson Boscán contó lo que asegura fueron los últimos minutos de vida de Norero. Sostiene que Norero y su guardia fueron baleado cuando ingresó al pabellón de mínima seguridad.

Norero podía circular por todo el recinto penitenciario, pero estaba en una celda del área transitoria en donde se lo ubicó por razones de seguridad. En varios de sus pedidos de habeas corpus para salir de la cárcel, sostuvo que su vida estaba en constante peligro. El SNAI lo ubicó en esa zona para aplicar un plan de contingencia en caso de disturbios en la cárcel como se lo hacía con el exvicepresidente Jorge Glas, quien estuvo en transitoria. Este lugar está cerca del área administrativa y tiene mejor seguridad. Pero el día de su asesinato fue llevado a mínima.

Norero después de ser acribillado fue decapitado, según confirmaron fuentes penitenciarias a PlanV.  Fue reconocido por un tatuaje y una marca en su pecho de un atentado que sufrió cuando estaba libre. Pero no fue el único que fue decapitado. Según un informe oficial reservado, de las 15 personas que murieron junto a Norero el 3 de octubre, 10 tuvieron heridas con armas blancas y cinco, disparos por armas de fuego.

Se conoce que la mayoría de los asesinados pertenecían a la escolta personal de Norero dentro de la cárcel. Sobre uno de ellos, Alexis Adrián G. A., el informe describe que fue degollado. Él fue detenido en 2016 y sentenciado por trata de personas a una condena de 16 años.

Al revisar los antecedentes de los 15 asesinados, a excepción de Norero, 11 estaban en Latacunga por asesinato u homicidio. Según sus registros judiciales, la mayoría fue detenida tras atentar contra personas al estilo de sicariato con armas de fuego. Los otros cuatro tenían procesos por estafa, narcotráfico y trata de personas. La mayoría no supera los 40 años y sus lugares procedencia son las provincias de Guayas, El Oro y Sucumbíos, entre otras.

Del grupo asesinado, 10 tuvieron más de dos procesos. Dos de ellos ingresaron a la cárcel durante el 2022 y no tenían sentencia, al igual que Norero. Ricardo Paul E.L fue quien más tiempo llevaba en prisión. Fue condenado a sus 21 años, en 2012, a 20 años de cárcel por el asesinato de un taxista.

De los 15, el que más procesos enfrentó fue César Emilio N.C., de 33 años, cuyo último ingreso a prisión fue en mayo pasado. Fue llamado a juicio por el asesinato de un hombre a piedrazos en Esmeraldas. También fue acusado por robo y tenencia de armas. Otra víctima de ese día Leonardo Enrique T.G., quien registró siete procesos en la última década. Se inició en una banda de asaltantes en Quito de jóvenes, de entre 18 y 23 años, y luego derivó en sicario en Esmeraldas.

Los hermanos de Norero con amenazas

Un día después de la masacre en Latacunga, Johanna Z.T. solicitó un habeas corpus a la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, que no admitió ese trámite porque la peticionaria se encontraba en Latacunga. Esta Corte criticó al abogado de la hermana de Norero por tratar de “inducir” a un error a los jueces al decir que desconocía el lugar donde estaba recluida Johanna Z.T.

Después de su detención en Guayaquil, Johanna Z.T. fue trasladada al pabellón de mujeres en la cárcel de Latacunga. El 3 de octubre, mujeres en ese centro pidieron ayuda a sus familias. Johanna Z.T. asegura que está amenazada.

El caso fue enviado a la Corte Provincial de Cotopaxi. En su solicitud, la procesada dijo que había amenazas en su contra y que teme por su vida. Johanna Z.T. fue detenida y enviada a la cárcel de Latacunga, junto con Norero y otro de sus hermanos, Israel. Los tres y otras personas y compañías están procesadas por lavado de activos. “Nuestras vidas corren peligro por las múltiples noticias difamatorias en contra de mi hermano y en las cuales nos incluyen”, afirmó Johanna Z.T en su pedido.

En el escrito contó, a través de su abogado, que las amenazas provienen del grupo llamado “Los Fantasmas” y de otras personas. Ellos “han manifestado que van atentar contra la vida de Leandro Antonio Norero Tigua, en los próximos días, puesto que conocen donde se encuentra privado de la libertad y todos los pormenores en cuanto al tratamiento de la misma, así también han manifestado que van atentar contra la vida de la beneficiaria por haber sido identificada por los medios de comunicación como financista de bandas criminales”.

Pero la procesada fue trasladada a Quito tras la masacre, por lo que la Corte de Cotopaxi afirmó ya no tener competencia para resolver ese trámite y envió el expediente a la capital. Hasta el cierre de esta edición, no se había fijado la audiencia para el habeas corpus.

‘No fue un motín, sino un acto deliberado’

El asambleísta Fernando Villavicencio aseguró que lo sucedido en la cárcel de Latacunga no fue un motín sino “un acto deliberado para silenciar a una persona que tiene vínculos con otras estructuras delictivas en el país”. Lo dijo durante el Pleno de la Asamblea, el pasado 11 de octubre. En su intervención dio pistas sobre los hechos en la cárcel y relacionó a uno los implicados en la muerte de Don Naza en ese episodio. “Y ahora es uno de los principales implicados en la operación que acabó con la vida de Leandro Norero”.

Villavicencio se refiere Jonathan Fabricio P.O., quien estuvo detenido en la cárcel de Latacunga hasta que, el 13 de septiembre pasado, el juez Pedro Troya Aldaz cambiara esa medida y lo dejara en libertad con el uso de un dispositivo electrónico. El aparato le fue colocado el 30 de septiembre, pero un día después se lo retiró. Jonathan Fabricio P.O., es considerado como uno de los líderes de la banda de Los Lobos.

“Ecuador es víctima de una guerra no declarada de estructuras mafiosas del narcotráfico”, manifestó el legislador para quien amerita una investigación del rol de la justicia en esos casos.

Además, agregó que tiene información sobre la existencia de “un ejército paralelo, incluso superior a nuestra fuerza pública”. Aseguró que existen 100.000 armas sin registrar en el país que están en mano de bandas. “Solo Los Tiguerones tienen un ejército de 15.000 personas armadas, 4.000 en la provincia de Esmeraldas”.

Cuestionó que aún no se hayan instalado los escáneres para controlar la exportación de cocaína en los puertos, sobre todo de Guayaquil, por donde sale el 90% de la droga. “¿Cuántos meses debemos esperar que se instale los radares en Manabí para identificar las aeronaves cargadas de dinero y cocaína?”, se preguntó.

Citó la labor del Senado mexicano, que debate a un nivel más alto la presencia de los carteles de narcotráfico en la política mexicana, según Villavicencio. “Yo creo que es hora señor presidente de que enfrentemos con valentía este tema. No es un tema local es transnacional (...) Más allá de los odios que existan, este tema debe ser una causa común”.

“Mañana sin duda vendrán contra este Parlamento”, dijo Villavicencio sobre las amenazas del narcotráfico a periodistas y medios de comunicación que cubren este tema y no descarta que la Asamblea pase por la misma situación. “Yo no quiero que el día de mañana, señor Presidente, empecemos a vivir el relato que vivió Colombia con un dinamitazo al periódico de mayor circulación, que fue El Espectador, con un dinamitazo a un avión de Avianca, con un dinamitazo y asalto a la Corte de Justicia”.

Escasas explicaciones oficiales

La semana pasada, dos comisiones de la Asamblea convocaron a siete ministros y secretarios de Estado para explicar la masacre de la cárcel de Latacunga. Pero solo asistieron tres: Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Paola Flores, secretaria de DDHH; y el general Freddy Ramos, viceministro del Ministerio del Interior.

En la sesión del 12 de octubre de la Comisión de Seguridad, Ramos informó que la hipótesis que tienen sobre la masacre del pasado 3 de octubre. Dijo que hubo “la infiltración de miembros de delincuencia organizada identificados con los Águilas y Fatales (brazos armados de Los Choneros) a través de los ppls (privados de libertad) con los alias Cuyuyui, Madrid, Norero, etc, -a fines de los Chone Killers- para retomar las actividades ilícitas”. En esa corta explicación solo agregó que en el centro de Latacunga predominan Los Lobos. Esta banda, según investigaciones preliminares, sería la autora del asesinato de Norero. 

El 4 de octubre, en reacción a esos hechos, hubo una nueva matanza en la Penitenciaría del Litoral, que dejó 15 muertos más. En ese lugar, las detonaciones empezaron en un lugar conocido como ‘el callejón de la muerte’. En solo dos horas, en todos los pabellones del centro se registraron “alteraciones de orden”.

Ante los cuestionamientos de los asambleístas por la falta de acción policial para controlar rápidamente los incidentes, el general aseguró que la reacción fue rápida desde los diferentes comandos provinciales, pero el ingreso no fue inmediato porque primero deben hacer un análisis de riesgo sobre donde están atrincherados los presos y las armas que poseen.

En esa misma sesión, Cobo contó que el CIES contribuyó en la captura de Norero, pero que las labores de inteligencia solo llegan hasta cuando el caso pasa a la justicia, según Cobo. Manifestó que el CIES sí ha investigado cómo se financian estos grupos y por eso siguieron a Norero. “Hay que seguir el tema (y) donde golpear a los narcotraficantes”. Y aseguró que por ser información reservada no podría hablar más sobre este tema.

Ante los cuestionamientos de los asambleístas por la falta de resultados en el CIES y en el SNAI cuando estuvo a cargo de esa institución, Cobo manifestó: “A mí me duele mucho lo que está pasando en el país”. Afirmó que sí se han dado alertas para evitar otras masacres.

Cobo negó que haya sido extorsionado mientras estuvo en el SNAI, en respuesta a la pregunta de Rodrigo Fajardo, asambleísta por la ID, quien le dijo: “si no da la talla debería dar un paso al costado”. “Vaya a preguntarle al que está extorsionado, que no es Fausto Cobo, siempre he dado la cara, y me he ido preso cuando he tenido que irme. Defendiendo mis principios, a mí nadie me extorsiona”.